MARÍA PILAR GARCÍA-GUADILLA - ¿ESTÍMULO O CONTROL, EXCLUSION Y DISTRACCION DEL INVESTIGADOR?

Estimados colegas y amigos que creemos en la CIENCIA sin calificativos (de socialista o capitalista) y tambien en la libertad de decidir nuestras reglas mediante pares:

Me preocupa hondamente la poca información que existe sobre el PEI, sobre todo por parte de los profesores/as jóvenes, algunos de los cuales se han acercado  inquiriendo sobre el mismo y preguntando "si se debe o no aplicar al mismo". Lo triste es que muchos/as no han leido el Reglamento y estan aplicando sin conocer exactamente a qué principios éticos y a qué imposiciones le estan dando el visto bueno. Me contenta que que se haya frenado la Ley de Universidades pero me preocupa que se acepte la imposición de  este Reglamento AUTORITARIO del PEI, mas improvisado aún que el proyecto de LEY anterior.Por ello, intento las siguientes reflexiones como justificación de mi posicion de "DESOBEDIENCIA ACTIVA".

Como investigadora activa desde su creación en el año 1990 (Nivel IV), habiéndome leído detenidamente el Reglamento del Programa de Estimulo al Investigador (PEI)  y habiendo sido co-partícipe con Estrella Laredo, en representación de la Sociedad Galileana, en la creación del PPI y presidenta del mismo por Ciencias Sociales y Humanidades, no pude contener el deseo de compartir con ustedes estas inquietantes inquietudes (y perdonen la redundancia pero no encuentro otro lenguaje).

AUTORITARISMO, INJUSTICIA Y DISTRACCIÓN

Resulta altamente preocupante que sin haber evaluado el PPI, éste se haya eliminado; más aún, que el rico bagaje de experiencia acumulada a lo largo de estos veinte  años se haya lanzado por la borda sin darle razones o, sin rendirle cuentas como requiere nuestra constitución, a la comunidad científica y a la sociedad. De haberse tomado en cuenta las múltiples evaluaciones que existen, aquellos que desean cambiarlo a ciegas sin criterios derivados de una evaluación profunda, se hubieran percatado que durante los casi veinte años del programa, LA COMUNIDAD CIENTÍFICA ha ido modificándolo  y mejorándolo constantemente para adecuarlo a la realidad nacional. Gran parte de tales modificaciones, que fueron acordadas por la comunidad científica y las instituciones correspondientes, pues representaban adaptaciones necesarias y deseadas por todos, fueran llevadas a cabo en el actual periodo de gobierno (2000-2008).

Sin lugar a dudas, el PPI ha tenido un alto impacto positivo en lo que concierne a la soberanía científica y al desarrollo socioeconómico y tecnológico del país bien sea a corto, mediano o largo plazo pues cada una de las ciencias aporta en igual medida a estos conceptos aunque en plazos diferentes. Dicho impacto que ha sido reconocido por el FONACIT en numerosas oportunidades debe ser la base de nuestra demanda: reponer el PPI y continuar respondiendo a las obligaciones que el gobierno asumió con los investigadores. Ello no significa que no deba revisarse de forma continua tal como se ha hecho desde su creación.

Ni el concepto de innovador popular que puede perfectamente tener cabida en el sistema (de hecho ya la tenía en reconocimientos y premio a la inventiva y por supuesto pudiera ampliarse) ni las líneas estratégicas prioritarias que siempre existieron y para lo cual se crearon comisiones de evaluación de proyectos paralelos donde se asignaban cantidades mucho mayores (por ejemplo la de Vivienda y Urbanismo que funcionó por lo menos hasta el 2002), justifican de forma alguna la eliminación del PPI.

Mas allá de tiempo para seguir incumpliendo con sus obligaciones, ¿qué se gana borrando la base de datos única que ya existe y que constó tanto construir?. ¿Es que acaso, se desdibujan y desaparecen los investigadores y debemos reconstruir una historia nueva de la investigación?.

En momentos de tanta necesidad, nadie cortaría un árbol frondoso que da sombra y esta creciendo ni derrumbaría un edificio construido sobre fundamentos sólidos que ha demostrado una alta capacidad de adaptarse a las cambiantes condiciones para construir algo nuevo sobre terreno inestable y con múltiples incertidumbres. Por supuesto que el árbol o el edificio ya construido deben recibir el mantenimiento idóneo para que puedan seguir cumpliendo su función.

Yo creo que TODOS/AS TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE LEER EL REGLAMENTO pues en mi opinión no solo afecta a los investigadores sino que afecta la esencia misma de la universidad tal como la conocemos y soñamos. Esta en juego en primer lugar, nuestra dignidad pues de reclamantes justos de los premios de mérito que nos ganamos contribuyendo a generar y crear conocimiento y cultura según las normas y reglas universales y acordadas entre las partes, nos están convirtiendo en mendicantes y nos están distrayendo de nuestros justos reclamos. Todo por los próximos dos años que durará supuestamente esta convocatoria pues después de ese lapso, no se garantiza la continuidad (Lean el Reglamento).

Tampoco su acreditación en el sistema y la consecuente aprobación de su solicitud por la Comisión Evaluadora garantizan que recibirá el tan ansiado premio: debe tener un proyecto de investigación aprobado y rendir cuentas continuas sobre el mismo para ganarse ese supuesto mérito (el PEI dice que no es  salario). (Arts. 19 y 20). Si usted incumple con el proyecto o la Comisión considera que sus resultados no contribuyen a la soberanía o no tienen impacto social, usted no cobra.

La verdad que de parte del gobierno es pura ganancia y de parte de los investigadores, pura  pérdida: Nos eliminaron injustamente el PPI, se apropiaron de los fondos de la LOPTI y ahora con esos fondos, además de pagar su burocracia, obligan al investigador a hacer proyectos en las líneas que unilateralmente y sin suficientes criterios han definido como prioritarias, para recibir la limosna; siempre sujeta ésta a evaluaciones de IMPARES y según criterios de equidad y no de mérito ni científicos.

En mi opinión, el Reglamento del PEI es un instrumento impuesto desde arriba sin criterios que lo legitimen, sin la necesaria continuidad histórica que rescate la experiencia acumulada, totalmente desfasado de las exigencias de participación constitucional de los sujetos investigadores, carece de la objetividad necesaria, peca de falta de coherencia conceptual y termina resultando en un instrumento para EXCLUIR a los investigadores, en lugar de incluirlos aun mas. Insisto, para INCLUIR, no se debe EXCLUIR pues todos cabemos y hemos demostrado desde que se creó el PPI hace mas de veinte años, que tenemos los mismos deseos de colaborar con el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.

¿Cómo se puede llegar a acuerdos sobre las siguientes imprecisiones conceptuales?:

Art. 4 : "El PEI cumplirá los siguientes objetivos:
1) Propiciar la formulación y ejecución de proyectos de innovación y de investigación sustentable, mediante la generación de conocimientos, (que) contribuyan a alcanzar la plena soberanía nacional y el bienestar social"

En primer lugar, el Reglamento  define reiterativamente "innovación" pero nunca hace la distinción entre innovación e investigación; ni siquiera define a la "investigación". Pareciera que lo novedoso del sistema PEI y el gran descubrimiento es la innovación y que solo ella crea nuevo conocimiento pues, hasta donde sabemos, la investigación implica nuevo conocimiento.

En segundo lugar, ¿qué es un proyecto de innovación o de investigación, sustentable?. ¿Quién define y cómo se define la sustentabilidad? ¿Qué requisitos deben incorporar  los proyectos que generan soberanía nacional y quien lo define y cómo?. ¿Es que hay dos tipos de conocimiento?: el conocimiento bueno (que genera soberanía y conocimiento malo que no la genera?. ¿Que requisitos deben incorporar los proyectos que generan
bienestar social?. ¿Es que hay dos tipos de conocimiento: los que generan bienestar y los que no lo generan?

Cada acápite de cada articulo es altamente debatible por lo no puedo desglosar uno por uno. No obstante, revisen el referido a los requisitos para Investigadores:

Art. 9: "Haber participado (Investigador A y B) o dirigido (Investigador C) exitósamente en los últimos cinco años en proyectos de investigación enmarcados en las áreas prioritarias  de ciencia, tecnología e innovación"

Me pregunto: 1)¿qué significa y quién define la ambigüedad del término "haber participado exitosamente".

2) Hasta donde conozco, la ley no se acepta la retroactividad de la normas lo que estaría implícito en aplicar el criterio de que los proyectos "han debido estar enmarcados en las áreas prioritarias" las cuales han sido definidas a posteriori.

3) Por otro lado, por experiencia se que en los últimos años ha sido casi imposible contar con recursos para garantizar la continuidad de los proyectos de investigación de parte de la instancia institucional que ahora lo exige.

Otro requisito para acceder al PEI es:

"Haber realizado actividades de ciencia, tecnología e innovación, con impacto en espacios comunales y sociales".

En primer lugar, los impactos sociales incluyen a los comunales. En segundo lugar, ¿cómo se va a medir el impacto social?. Si es por el número de publicaciones, debe considerarse que el gran apoyo que el FONACIT le dio a la emergencia y consolidación de revista arbitradas y de calidad, hace tiempo ya no  existe y, lastimosamente, revistas que tanto bregaron para mantenerse con alto nivel de calidad están desapareciendo por discontinuidad del apoyo financiero.

¿CO-PARTICIPACION O CONTROL?

El Art. 30 reza:

"Los aspectos operativos del PEI, serán llevados por la Comisión Central, la cual estará integrada por cinco (5) miembros, a saber..":
3 del ONCTI (presidente, y dos funcionarios), un (1)  representante público y un investigador o innovador

En todo caso, en la Comisión Central estará solamente un representante de los investigadores e innovadores. En el caso (cuya probabilidad es de 50% por lo menos) de que sea el innovador el seleccionado como representante también de los investigadores, a éste no se le exige ningún nivel educativo (ni siquiera bachillerato); basta que sea clasificado en la ambigua categoría de innovador.

La pregunta es: ¿qué participación tenemos los investigadores en ese Comité que se llama, tal cual, "Comisión Central". La otra pregunta es: ¿quién elige a ese innovador o investigador que se sentará junto con los designados por la ONCTI  y el Sector Publico?. Entendemos que los mismos serán elegidos por el Comisión Central creándose un circuito de centralización-falta de participación-exclusión.

Pero se dirá que para eso están las ocho Comisiones de Evaluación en áreas científicas y humanísticas y una novena comisión o cajón de sastre que se denomina "Tecnología e Innovación" que en mi opinión implica que los Ingenieros y otros profesionales que tienen sendas comisiones separadas, no hacen tecnología.

Se dirá que existen las comisiones evaluadoras de las diferentes áreas. Los cinco miembros se elegirán entre innovadores, investigadores y servidores(as) públicos. No se define quienes son los servidores públicos ni se menciona si los servidores públicos serán la mayoría o minoría en tal comisión científica evaluadora ni si se les dará permiso para atender al proceso evaluativo.

Suponemos que tales servidores públicos, los cuales tienen la misma participación que los investigadores-innovadores en la Comisión Central y por lo menos, igual, en la Comisión Evaluadora constituyen otra categoría de "investigadores y/o innovadores" que perfectamente pueden substituirnos pues a nosotros no se nos califica como "servidores públicos". En tal carácter, entran en el sistema del PEI bajo la ambigüedad conceptual que arropa todo el Reglamento.

Les sugiero además, revisar la composición de tales comisiones de evaluación que en ningún momento señalan la paridad o la excelencia o el conocimiento como criterios sino que pretende ceñirse estrictamente al principio de equidad de género(¿?), étnica (¿?), además de regiones, instituciones y disciplinas. Si bien la equidad de género y étnica pudiera constituir un avance en casos como el de los partidos políticos le han negado el acceso paritario o candidaturas a cargos de representación a las mujeres y otros grupos, me pregunto; ¿qué tiene que ver esta equidad con la necesidad de aplicar criterios de conocimiento para poder evaluar la ciencia y la tecnología, la creación y, por que no, la innovación?

De cualquier manera, quienes eligen a estos miembros de las comisiones evaluadoras (en investigación o innovación) es la Comisión Central arriba mencionada lo que significa que la Comisión pudiera ser muy "equilibrada" pero no tener ni un solo investigador sino servidores públicos e "innovadores". Mas aún, si usted esta en desacuerdo con la evaluación que tal comisión evaluadora hizo de su caso, puede recurrir a la Comisión de Revisión compuesta por 18 miembros elegido por los procedimientos anteriores; es decir, bajo el criterio de equidad de género, étnica, regional..etc., etc..

EXCLUSION Y CONTROL

Art. 17

Parágrafo Primero:"Los(as) innovadores(as) e investigadores (as) acreditados(as) podrán optar a programas de financiamiento promovidos por la Autoridad Nacional, para llevar a cabo actividades, tales como: asistencia a congresos, difusión y divulgación de actividades de ciencia, tecnología e innovación, edición de productos, organización de eventos científicos, gestiones de registro de Derecho de Propiedad Intelectual y escalamiento industrial que contemple el Estado Venezolano"

Significa lo anterior que si voluntariamente un investigador decide no inscribirse, será excluido de todos los beneficios que el Estado debe ofrecer a todos los ciudadanos. ¿Será entonces un paria científico que ni siquiera tendrá derecho a inscribir sus patentes y propiedad intelectual?

Art. 29:

"Si el acreditado está fuera del país por mas de seis meses durante la vigencia de la acreditación deberán notificarlo previamente a la Comisión Central del PEI , a fin de procesar la suspensión temporal dentro del programa".

¿Significa que si usted sale a una pasantía de investigación relacionada o no con su proyecto o va de vacaciones y congresos por un lapso mayor de seis meses en dos años que dura la acreditación en otra forma, le suspenden del programa?

¿Cuál ES MI PROPUESTA?

Para ser coherente con las ideas anteriormente expresadas, mi propuesta es que el PPI debe mantenerse y que la discusión para esa transformación necesaria debe partir de lo ya existente. La participación que exigimos no es la de negociar sobre un documento que no hicimos y que no hicieron ni siquiera nuestros pares, sino sobre un documento elaborado conjuntamente entre las instancias gubernamentales pertinentes y los sujetos que tienen que ver con el tema.

Estoy consciente que eso lo lograremos solo si hay unidad pues la UNIDAD HACE LA FUERZA frente  a las improvisaciones, el autoritarismo, las irracionalidades y el intento de desconocer que existimos, los investigadores.  No he escuchado a ningún colega que esté de acuerdo con el PEI pero he escuchado a  varios que si bien, están en desacuerdo, señalan que -es posible que apliquen-.

Deseo llamar a la conciencia ética de estos últimos para que relean el Reglamento y reflexionen sobre los principios que lo rigen y finalmente decidan, no con base en la posible limosna temporal que recibirán a cambio de sus principios, sino en esos principios que forman parte de nuestro acervo como personas y como investigadores. Para mi, al menos, los principios e ideología en que se basa el Reglamento, incluyendo su referente, La Ley de Ciencia y Tecnología, me parecen inaceptables desde el punto de vista ético, científico, constitucional y personal.

POR ESO, NO VOY A APLICAR AL PEI Y CONVOCO PARA MANIFESTARNOS EN DESOBEDIENCIA Y RECHAZO ACTIVO.

MARÍA PILAR GARCÍA-GUADILLA

mpgarcia@usb.ve

Leer mas!

LUIS MARÍN - PEÑA ESCLUSA, A JUICIO

Como era previsible el juez Cabrera tramitó el pase a juicio del “caso” APE, a pesar de la falta de substanciación y los ostensibles vicios procesales, con base en dos cargos: primero, “asociación para delinquir” (sin asociados, ni delitos) y segundo, “tráfico de armas de guerra en modalidad de ocultamiento” (sin tráfico, armas de guerra, ni ocultamiento).

Estos supuestos cargos requieren de análisis conjunto porque no podrían sostenerse el uno sin el otro y, como se verá de inmediato, el primero es necesario para poder llegar al segundo así como al caer por su propio peso arrastra al otro tal como lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

La razón es muy simple: el Código Penal no contempla el tipo del segundo cargo, por lo que se hizo necesario utilizar la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada (LOCDO), que tiene un supuesto más amplio pero dentro de un ámbito más restringido de acción, por ser una ley especial.

La misma aplicación de esta ley prejuzga sobre la inclusión del caso dentro de la modalidad de “delincuencia organizada”, lo que hace sorprendente que la Fiscalía pueda utilizarla sin la carga de mostrar la existencia de tal sociedad criminal ni exhibir ningún delito que ella hubiera cometido.

La afirmación de que se trata de una asociación para delinquir sin asociados ni delitos no es exagerada, APE está siendo juzgado él solo: ¿Quiénes son sus asociados, según la Fiscalía? ¿Cuáles son los delitos que se le imputan a tal concierto de personas inexistentes?

La única sociedad que se le conoce a Peña Esclusa se llama “Fuerza Solidaria” que es una asociación civil perfectamente legal, de actividad pública conocida y que, curiosamente, a pesar de la persecución contra su principal dirigente, no ha sido proscrita por el régimen, ni se le involucra en ninguna actividad delictiva.

La otra organización que preside APE, esta vez a nivel internacional, es “Uno América”, una federación que agrupa cientos de ONGs en Latinoamérica, cada una de ellas perfectamente legales en sus países respectivos, incluso algunas en Estados Unidos.

Hay algo insultante en la aplicación de esta LOCDO y es que prejuzga las actividades legales de personas honestas comodelictivas; pero sin llegar a las consecuencias necesarias del prejuicio, que es la razzia, la persecución en masa. ¿Quiénes son, dónde están esas personas asociadas con la intención de cometer los delitos previstos en la LOCDO que justifican su aplicación? ¿Cuál es el cuerpo del delito?

Esto nos lleva al segundo cargo, que es más descabellado que el primero. Como se sabe, las normas penales son de derecho estricto, no admiten la analogía, la aplicación extensiva, la sinonimia, ni el intercambio de un tipo por otro. De manera que cuando la LOCDO dice: “Quien trafique u oculte de forma indebida algún arma o explosivo, será castigado…”, separa las armas de los explosivos, taxativamente.

Luego añade: “Si se trata de armas de guerra la pena será…”. Aquí sólo habla de armas, no se refiere para nada a explosivos, que incluso resultaría extraña al lenguaje común la expresión “explosivos de guerra”.

El recusado juez Cabrera acoge la acusación de la Fiscalía por “tráfico de armas de guerra en modalidad de ocultamiento”, siendo que según ellos mismos, lo que se encontró en la residencia de APE fue poco menos de un kilogramo de un material conocido popularmente como C-4 y unos detonadores térmicos, esto es, elementos para fabricar “explosivos”, pero nunca “armas de guerra”.

No se pueden sembrar “explosivos” en la residencia de un ciudadano y luego acusarlo de ocultar “armas de guerra”, porque son cosas enteramente distintas, no equivalentes, ni intercambiables los unos por las otras. Ninguna ley asimila las armas a los explosivos, sino al contrario, los separan expresamente y lo que el legislador separa, no lo puede reunir el intérprete.

Subrepticiamente la Fiscalía se deslizó desde unos elementos inocuos y dispersos a dónde quería llegar, a las “armas de guerra”, sin especificar cuáles son, sin remitir a la Ley sobre armas y explosivos. Pero esta expresión vista desde afuera, en abstracto, sugiere algo como si hubieran encontrado un arsenal, por sí sola tiene un carácter agresivo completamente ajeno a la realidad.

El supuesto delito no está tipificado en la LOCDO, el Código Penal, ni en ley alguna, por lo que no puede ser utilizado en una acusación penal, además de ser una expresión contradictoria en los mismos términos.

“Tráfico” supone desplazamiento, “ocultamiento” que algo yace encubierto, sustraído a la simple vista. Uno, sugiere que el material se encontró en un vehículo, buque, avión, en paso fronterizo o aduanero; si estuviera oculto, ésta figura se subsume en el tráfico. El otro, como forma autónoma, sólo puede ser en alguna forma inmueble, completamente ajena al tráfico.

En el caso APE no puede imputarse el tipo “tráfico”, que es malicioso y rebuscado; pero tampoco “ocultamiento”, puesto que la policía dice encontrar los objetos sospechosos en un lavadero, un closet y el escritorio de una menor, junto con objetos habitualmente exhibidos a la vista, como ropa y útiles escolares. Tan es así que dicen hallarlos sin escavar, romper o descubrir nada. Luego, no estaban ocultos.

Si bien no se trata de “armas de guerra” es discutible que se trate de “explosivos” puesto que, según la opinión de los expertos, no explotan por sí solos, sino que deben adminicularse en un dispositivo más complejo.

Se trata de ingredientes para fabricar explosivos, que requieren un conocimiento técnico especializado en la materia, condición que no se ha demostrado que cumpla el imputado, de quien se sabe que ha escrito libros y es conferencista, pero no que sea “explosivista”.

Como se ve, es una acusación insostenible, por lo que habría que buscar su explicación en otra parte.

HIPÓTESIS PARA UN CRIMEN

Mirando al pasado, puede pensarse que el régimen trata de desquitarse de su derrota en Honduras, a la que APE prestó una gran contribución política y moral, que se ha prolongado en una relación fraterna con el presidente Micheletti.

Considerando que este régimen sigue dando trato de Jefe de Estado a Manuel Zelaya, si fuera cierto que sigue desplazándose en un jet privado de bandera venezolana y que recibe una asignación en dólares de PDVSA, el cerco contra APE resultaría ser la exacta contrapartida de aquella situación de privilegio.

Pero mirando al futuro, resulta que el régimen se estaría “curando en salud” puesto que supone que APE está haciendo algo que, aunque no pueda precisar lo que es, da por sentado que no le conviene.

En caso de presentarse una situación de defensa de la Constitución como la que se dio en Honduras, la experiencia y los conocimientos recabados por APE en un caso real, en vivo, serían de muchísima utilidad para la liberación de Venezuela de la tiranía castrista, además de que contaría con apoyo internacional garantizado.

En ambos escenarios, la prisión de APE cumpliría un efecto de demostración, con el fin de intimidar a eventuales opositores y sembrar terror en la población, por el viejo expediente de: “Si así tratan a los líderes qué quedará para los legos”.

Pero si esto explicara la actitud del gobierno, habría que explicar también la actitud de la llamada oposición, que ha guardado un silencio cómplice frente a éste y otros casos emblemáticos de persecución política.

En primer lugar, perciben a APE como un rival político, un potencial candidato presidencial no inscrito dentro de los límites trazados por la Mesa de la Unidad Democrática Ampliada (MUDA).

Segundo, desde que se autodefinen como “alternativa democrática” creen y pretenden hacer creer que cualquier otra alternativa al menos es “no democrática”, por no decir de una vez, “golpista, fascista, pitiyanqui, burguesa”, etcétera.

Todos los voceros de la MUDA condenan “el golpe” en Honduras y hasta llaman “gorilas” a los militares hondureños que se han apegado a la Constitución de su país; epíteto que nunca usan contra los militares cubanos, ni los de otros países en que se han divorciado flagrantemente de los principios consagrados en las respectivas constituciones.

Es inevitable recordar que Pedro Nikken, egregio defensor de los Derechos Humanos, con un pié en el avión que lo llevaba a Costa Rica, no se sabe a qué diligencia relacionada con el caso Honduras, con exaltado autoritarismo socialista cristiano declaró que había que reponer a Zelaya en la presidencia “y punto”.

Mismo señor que se ocupa de repetir en cuanta audiencia internacional quiera escucharlo que en Venezuela “no hay una dictadura”, aunque (a veces añade enigmáticamente) nos encontremos encaminados hacia ella.

¿Qué tiene esto que ver con la actitud de organizaciones supuestamente humanitarias como Amnistía Internacional y Human Right Watch? Lo mismo que la MUDA y la Internacional Socialista: tienden un cerco justificador contra los presos políticos con el expediente de que ellos son demócratas y los demás “golpistas”.

Lo extraño en que no vean “golpismo” en Zelaya y sus aliados de la ALBA.

AISLAR Y SILENCIAR

Son los verbos más conjugados por los socialistas de todo el mundo. Su concepción de la libertad consiste en que todo el mundo pueda hablar, siempre que se garantice que nadie escuche.

Las cadenas son una violación masiva de derechos humanos no sólo porque uno es el que habla, sino porque todos los demás son obligados a callar, reduciendo al silencio a millones de ciudadanos teóricamente iguales en derechos, rebajados a la condición de oyentes pasivos.

El monólogo implica la destrucción del espacio público para el diálogo, con lo que desaparece el ámbito de la democracia, el oxigeno de la libertad, para darle paso a la imposición por la fuerza, que es la negación misma de la civilidad.

La pregunta clave es: si los argumentos no valen nada, si las decisiones judiciales son tomadas de antemano por dictados políticos ¿qué nos queda? ¿Qué sentido tienen los debates en estrados si se sabe que una Razón de Estado gobierna las decisiones de los jueces, que son tan rehenes de la situación como los acusados?

Lo único que nos queda es demostrar otra vez que el Derecho es algo más que el puro poder, que la voluntad del que tiene las armas. Ese “algo más” es lo que inevitablemente orienta la conducta de los hombres hacia la búsqueda constante de la verdad y la justicia. Si no fuera así, nunca se hubiera conocido el Holocausto, el Gulag o las matanzas de Katyn.

No importa la política nacionalsocialista de “circo y circo”, del escándalo cotidiano sobre trivialidades para ensordecer al público y sepultar a los presos y exiliados bajo un manto de silencio y olvido.

El verdadero problema es que haya fiscales y jueces que se prestan para montar estas farsas judiciales, para armar la propaganda del socialismo hacia el exterior.

¿Qué juez dictaría siquiera una medida de juicio en libertad teniendo enfrente el caso de la juez Afiuni como escarmiento?

Luis Marín

27-02-11

Leer mas!

MARCO POLESEL - EL ORIGEN SOCIALISTA DE LA HIPOCRESÍA GLOBAL

Es algo que genera una repulsión vomitante. Indignante la actitud asumida recientemente por los países de la ONU, frente al caso de Libia. ¿Es acaso ahora que se dan cuenta, quién era Muammar al-Gaddafi?, un personaje con el cual hasta hace pocos días, los estados miembros de la ONU, que hoy lo condenan, hacían acuerdos y negocios sin importarles en lo más mínimo las violaciones a los DDHH que se venían acometiendo desde hace décadas.

Pues bien, estamos asistiendo a la más grande demostración de cinismo, hipocresía y transformismo jamás vista en la historia. Ahora vemos como todos los países que hasta ayer ignoraban a conveniencia la monstruosidad del régimen líbico, y en honor a ese dicho que dice “Hacer Leña del árbol Caído”, pues ahora, con sus caras bien lavadas, condenan a un sujeto como Gaddafi. Es algo intolerable; toda esa inmoral burocracia internacional, financiada con dineros de todos nuestros países, que cuando les estaba cómodo, Gaddafi era un interlocutor válido, es más, Libia era un país miembro del consejo para los Derechos Humanos de la ONU… ¡Por favor!

Supongamos el caso que Gaddafi sea derrocado. Las nuevas autoridades que tomen el poder en Libia deberían pedir compensación e indemnizaciones a todos esos países que colaboraron con el fortalecimiento de ese régimen, haciendo acuerdos comerciales y grandes negocios Estado-Estado. Que enriquecieron a esos dictadores y fortalecieron a sus órganos represivos, sin importarles un pepino los DDHH; en fin, que contribuyeron para que esas tragedias duraran tantos años.

Pero por el contrario, supongamos que Gaddafi logra resistir y continuar en el poder. No sé que irán a hacer esos estados que antes hacían negocios con Gaddafi y que ahora le retiraron el apoyo y condenaron. No sé qué hará Gaddafi con esos transformistas, eso está por verse.

Eso es lo que sucede cuando los negocios se hacen entre Estados y no entre los ciudadanos de cada estado. En el socialismo las empresas están en manos del estado, por lo tanto los negocios los hace el estado y por ende es el estado (sus funcionarios) los que se enriquecen, situación que los fortalece y los entroniza en el poder. Nosotros los liberales insistimos en que el estado debe dedicarse a sus funciones propias: Orden, Seguridad, Justicia y Obras Públicas, y no a ser dueño de empresas, porque no solo descuida sus funcione propias, sino que sucede algo aun más grave, se vuelven sumamente poderosos, compuerta que ocasiona los abusos y violaciones a los DDHH.

Esta historia nos deja una moraleja muy importante. En la vida, desde una posición personal o en funciones públicas, los principios deben conducirnos siempre por un solo y coherente camino, el de la moral, la legitimidad y la justicia. De aquí en adelante se debe rescatar una gran pregunta ¿Están los DDHH por encima de los acuerdos comerciales o no? Nuestro régimen mantiene invariable el apoyo a Gaddafi, en eso por lo menos hace honor a una criminal fidelidad que solo entre mafiosos se logra ver, ¿será porque que nuestro régimen es igual o peor al de Geddafi?, y son muchos los estados que hacen negocios con nuestro régimen.

Si algún día logramos librarnos de esta tragedia, personalmente me comprometo con todos ustedes a conformar un comité que se encargará de pedir indemnizaciones a todos los países con los cuales este régimen haya tenido acuerdos o negocios, es más, no sería mala idea si se lo vamos advirtiendo desde ya a esos países, porque una cosa es cierta; no les vamos a aceptar una condena a posteriori…. “Las Tortillas se voltean”.

Marco Polesel

 mpolesel@msn.com/ twitter: @mpolesel

Leer mas!

STALIN, GADDAFI Y GP

Profesor ¿es verdad que el gobierno fue derrotado por los huelguistas  de hambre? Mire Don Antero pienso que el régimen se vio obligado a buscarle una salida al problema ante el peligro de que se produjesen situaciones nada deseables que aumentaran la inestabilidad que caracteriza este ex país.

¿Pero qué tiene que ver  la tal inestabilidad con eso de que el gobierno le buscara una solución a la huelga? Yo veo esta llamada revolución bien estable, ya lleva 12 años.

Pero no es así, Don Antero, aquí tenemos  inestabilidad continuada desde el 27F-89. Se hizo presente en la defenestración de CAP, en el desastre de Caldera II y en estos tiempos de polarización, guerra de baja intensidad, alto desgaste y creciente destrucción.

¿Usted me quiere decir que se hace el arreglo con los estudiantes por lo de la inestabilidad? Don Antero, la crisis hoy es tan profunda que al ver el gobierno como prendía esta protesta, advirtió el peligro que se le venía encima y decidió negociar con los muchachos para evitar acciones de calle que identificaran al golpista presidente (GP) con el Cnel. Gaddafi.

Pero bueno, profesor ¿acaso los dos no son la misma revolución socialista?  Sí lo son, pero la de Libia ya se desató como seguidora de la tradición de los criminales encabezados por el camarada Stalin.

Hasta ahora socialismo es fuerza, imposición, destrucción, persecución, torturas, asesinatos y todo pasado por el tamiz de un supuesto modelo de justicia, libertad, solidaridad e igualdad.

¿Y aquí también la cosa es asi? Lamentablemente Don Antero. El tal socialismo no es más que la continuación por otras vías de los males capitalistas, explotación y crímenes incluidos. Para Gaddafi quien se opone a su poder es una rata que debe ser fusilada. Y aquí el GP se ha cansado de apuntar hacia los escuálidos y sólo falta la orden para apretar más el  gatillo.

¿Eso quiere decir, profesor, que aquí hoy o mañana se puede prender una guerra como la de Libia? Sí, y con el agravante de que a lo interno del PSUV los radicales no aprueban arreglos con los enemigos del proceso. Por eso marcan distancia con El Aissami y el error cometido a la hora del  acuerdo con los enemigos huelguistas de hambre.

Profesor, pero el juego hacia la democracia se ve trancado por todas partes. Así es, Sancho, aquí todo está dispuesto para el avance del modelo Stalin-Gaddafi-GP!  T: ablancomunoz@

Últimas Noticias, 26 de febrero del 2011.

Leer mas!

RÓMULO LARES - FRAUDE, CEGUERA Y AUSENCIA DE DIGNIDAD FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

La Dra. Virginia Contreras, destacada profesional, ex embajadora del régimen ante la Organización de Estados Americanos-OEA, en reciente artículo: ¿FRAUDE O CEGUERA? (www.frentepatriotico.com 9FEB2011) nos presenta excelentes reflexiones y  manifestaría su sorpresa por la actitud ante las denuncias del fraude electoral de  “…los partidos políticos opositores, algunas ONG, e individualidades, quienes frente a tales denuncias se comportan como si los acusados fueran ellos, o como si de la comprobación de dichos fraudes, dependiera su desaparición del espectro político venezolano”.

ALGUNOS ANTECEDENTES POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS

A partir del año 2002, los tres grupos referidos por la distinguida articulista asumieron una postura que explicaría el comportamiento actual descrito. Mientras el CNE atendía las legítimas peticiones de la Sociedad Civil documentadas por más de 2.6 millones de solicitudes y convocaba el 2FEB2003 de manera constitucional el Referéndum Consultivo sobre la gestión del para la fecha legítimo presidente Hugo Chávez, el régimen bajo sus órdenes ejecutó el sabotaje integral de la convocatoria mediante acciones que subvertían el orden constitucional, entre otras muchas, suspendiendo los flujos de fondos de la Tesorería Nacional para el funcionamiento del CNE debidamente aprobados por la Asamblea Nacional y por el propio Poder Ejecutivo, lo que nos condujo a organizar la alternativa del financiamiento ciudadano, al solicitar el CNE contribuciones para cumplir con nuestra obligación constitucional, recibiendo como respuesta del público en tan sólo 36 horas depósitos bancarios por alrededor de 2700 millones de bolívares, un tercio del presupuesto requerido.

El régimen acorralado, utilizó entonces la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para suspender el Referéndum Consultivo, en una decisión que además de que invadía las competencias de otro poder público nacional autónomo, puede también calificarse de bochornosa y subversiva, porque fue ejecutada por una Sala Electoral Accidental conformada irregularmente, que quedará en la Historia planetaria de la Justicia en el Siglo XXI como un símbolo de la vergüenza y muestra de la inexistencia de la dignidad de los involucrados.

Frente a estas grotescas decisiones recurriríamos, algunos de los miembros del CNE actuando en nuestra condición de representantes del Poder Público Nacional Electoral ante el TSJ desprestigiado y sumiso al Poder Ejecutivo, obligados por la necesidad de agotar la instancia nacional y así poder elevar la denuncia y el recurso a instancias internacionales, introduciendo una denuncia-recurso por violación de los derechos humanos, civiles y políticos de todos los venezolanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDDHH (Washington-OEA).

La CIDDHH acusó recepción de la denuncia sustanciada No. P-282-03 el 21JUL2003, pero ha venido actuando al margen de su normativa y evadiendo su competencia porque jamás se desarrolló el proceso establecido, encubriendo e ignorando una acción emblemática que demostraba la desviación totalitaria ya en práctica en Venezuela, documentada a partir de 1999, aunque ahora en particular nos referimos a los años 2002 y 2003. Existieron adicionalmente acciones directas del CNE ante las embajadas del “Grupo de Amigos de Venezuela” (España, Estados Unidos, Brasil, México, Chile y Portugal), organizados alrededor de la Mesa de Diálogo Negociaciones y Acuerdos que había promovido la propia OEA, bajo la coordinación del Secretario General César Gaviria, ex presidente de Colombia, quien se residenció más de ocho (8) meses en Caracas con ese propósito.

El CNE cursó correspondencias de denuncia a todos los estados, gobiernos y pueblos de América y a las instituciones nacionales electorales del Continente americano, exponiendo la gravísima situación institucional así como los riesgos para la democracia y la libertad venezolana. Con el mismo propósito, miembros del CNE  participamos en reuniones de los presidentes de los organismos electorales regionales en Lima y Panamá.

El CNE se encontraba también procesando la solicitud de más de 3,6 millones de ciudadanos para la convocatoria de un Referéndum Revocatorio del Jefe del Estado, que estaría planificado y en proceso de preparación para convocarse y realizarse a mediados de septiembre de 2003. Quienes administrábamos de forma directa el Poder Electoral-CNE, observamos que “los partidos políticos, algunas ONG e individualidades” pactaron con el régimen en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al margen del Estado de Derecho, en lo que serían las bases de la promoción del fraude electoral permanente y continuado, al invadir las autonomías del Poder Legislativo-Asamblea Nacional y del Poder Electoral-CNE, nombrando arbitrariamente y de facto el 23AGO2003 otro CNE (Carrasquero, Zamora, Mejías, Rodríguez, Battaglini, Lucena), el Consejo de Participación Política (Carlos Delgado Chapellín+, Teodoro Petkoff, Hernando Grisanti Alvarado-renunció- y Guillermo García Ponce+) y sus organismos subalternos, derribando las compuertas para que se estableciera la práctica libre y la institucionalización del fraude electoral que la mayoría del CNE legítimo (Avella, Zerpa, Lares, Rangel+, Pizani) había venido impidiendo y en contra de la que venía luchando en defensa del orden constitucional a partir del 28MAYO2000.

¿Cómo no se van a comportar como si los culpables fueran ellos?, cuando en realidad lo han sido. La primera decisión del CNE de facto promovido por ellos fue la anulación de las 3,6 millones de firmas y la suspensión del Referéndum Revocatorio de Chávez en preparación para SEPTIEMBRE2003, para patrocinar y conducir al país a otra de las etapas políticas más bochornosas, indignas, de burla permanente y continuada del colectivo durante todo un año, en la convocatoria el 15AGO2004 de un Referéndum “Ratificatorio” inexistente en la Constitución ni la ley, que nunca debió haberse realizado en tales circunstancias y que sin embargo, envueltos todos en la pantomima político-electoral del CNE, cometió éste la torpeza e invirtió la publicación de los resultados, el NO por el SI , al olvidar que NO-Revocar se había transformado ilegalmente en SI-Ratificar, publicado en el libro “blanco” que tuvo que ser recogido apresuradamente y desaparecido-incinerado.

Los grupos referidos por la Dra. Contreras representados en la denominada “Mesa de Diálogo, Negociaciones y Acuerdos”, que durante la madrugada del 15AGO2004, ante la súbita incapacidad física de su vocero Enrique Mendoza, alternando Henry Ramos Allup anunciaría al país en cadena nacional que en “las próximas horas entregaremos las pruebas del fraude”. Debemos recordar hoy que para las mayorías del país perdieron toda credibilidad, cuando aún esperan las pruebas del fraude, que por lo demás ya ha sido conocido mediante innumerables investigaciones publicadas, como una actitud consecuente ante las evidencias que determinaron la destitución automática de la Presidencia de Hugo Chávez, quien a partir de esa fecha usurpa el cargo, así como la representación del Estado y la jefatura de las Fuerzas Armadas.

El bochornoso Referéndum “Ratificatorio” disfrazado de Revocatorio tuvo la consecuencia referida de determinar la fractura del orden constitucional del Poder Ejecutivo y el origen claro de la dictadura de Hugo Chávez, aunque habría sido un acto que nunca debió haber sido realizado que también estuvo repleto de vicios e inconsistencias, pero obtuvo el respaldo de “…los partidos políticos opositores, algunas ONG e individualidades…” generando suficiente carga como “para sentirse como si los acusados fueran ellos”, porque esa es una realidad irrefutable después de siete (7) años; son también ellos los primeros responsables de la sucesión de fraudes político-electorales hasta 2010 así como de los que se preparan,  por lo que debería ser lógico que también se sientan “…como si de la comprobación de dichos fraudes dependiera su desaparición del espectro político venezolano”.

A partir de agosto 2003, mediante acciones personales, entre otras, recurriría ante el Premio Nóbel de la Paz, Óscar Árias, Presidente de Costa Rica, como nación anfitriona de la Corte Interamericano de Derechos Humanos en San José, solicitando sus buenos oficios sobre el Caso Venezuela ante la CIDDHH. Así como recurrí a la Audiencia Nacional del Reino de España, en su Juzgado 5to. de Instrucción a cargo del Juez Baltasar Garzón en Madrid, solicitándole que admitiera un recurso que permitiese, que con los mismos argumentos contenidos en la decisión de ese tribunal para ordenar la detención en el extranjero del ex dictador Augusto Pinochet, ordenase la detención en el extranjero del usurpador de la representación del Estado venezolano, dadas las grandes similitudes en las violaciones de los Derechos Humanos de los ciudadanos de ambos países por parte de ambos dictadores, y el antecedente reciente de la orden de detención de un presidente en ejercicio dictada por la Corte Penal Internacional de La Haya contra Omar Bashir de SUDÁN.

LA VERDADERA NATURALEZA DEL RÉGIMEN

Para comprender la verdadera naturaleza del régimen venezolano, debemos asimilar su condición totalitaria militarista, promotor-asociado a la subversión regional y mundial, a las industrias del crimen organizado transnacional, al narcotráfico, a la legitimación de capitales y a la militar convencional y nuclear, en asociación con países considerados forajidos por la comunidad internacional y a la injerencia política, financiera y militar en los asuntos internos de otras naciones.

Pocos estados poseen tales características, aunque para todos, la violación de los derechos civiles, políticos y económicos de sus ciudadanos es una cuestión de rutina, de manera que el fraude electoral es corriente. Ahora bien, en el caso del régimen venezolano, uno de los aspectos que nos coloca en la vanguardia mundial totalitaria habría sido el desarrollo de una estructura propia político-administrativa-tecnológica, mediante el diseño integral del sistema electoral y de las condiciones socio-políticas indispensables para su manipulación práctica, como instrumentos fundamentales del ejercicio de la “violencia electoral” para el control totalitario de la nación.

Aprehender esta realidad conduciría a entender el resto, así como a explicar la sorpresa de la Dra. Contreras.

HAY QUE QUERER VER LA REALIDAD

Para interpretar esta respuesta, de entre las otras posibles, es necesario primero querer ver la realidad: la representación del Estado, su jefatura y la de las Fuerzas Armadas así como las del resto de los poderes públicos nacionales son usurpadas, se ejercen al margen del Estado de Derecho y violando los derechos humanos. Observar esta realidad es un objetivo mucho más difícil para quiénes lo siguen reconociendo como su superior y “su gobernante”. Esta condición de facto contribuye con la legitimación de esa otra pantomima también grotesca y depravada escenificada en el Palacio Legislativo, para admitir que dentro de éste se tendría alguna capacidad para el debate y para dictar leyes, cuando su razón principal es la de simular la existencia de un Poder Legislativo plural como imagen-símbolo de una democracia.

Las discusiones y los debates democráticos y electorales restringidos y asfixiados por un ambiente nacional con el grado extremo de descomposición como el descrito seguirán siendo imposibles. En consecuencia, podríamos afirmar que todo acto electoral del CNE-“oposiciones” no será sino otro fraude político-administrativo más, y jamás podría calificarse alguna de esas pantomimas programadas como “otro de los procesos electorales más importantes”. Ya en las condiciones sociales y políticas establecidas en Venezuela desde 2003 no era posible hablar con seriedad sobre las elecciones del CNE, porque antes de las inaceptables condiciones electorales cuyo deterioro ha seguido produciéndose hasta la total descomposición referida, también se requieren condiciones político-administrativo-judiciales y sociales mínimas que tampoco existen.

Leer mas!

VIRGINIA CONTRERAS - ¿FRAUDE O CEGUERA?

Los acontecimientos políticos, durante la última década en el mundo, demuestran la coincidencia en cuanto a las razones de las crisis existentes.

Si nombráramos al azar ciertos gobiernos, como el de Irak con Saddam Hussein, Irán, Costa de Marfil, Zimbabue, Túnez, Egipto, y Nicaragua y Haití en este lado del mundo, apreciaremos una constante; y es que sus gobernados: sociedad civil, partidos políticos, y demás sectores representativos, han insistido en acusar a estos regímenes de violación de los derechos humanos, irrespeto al Estado de Derecho, condiciones infrahumanas para su subsistencia debido al desempleo y alto costo de la vida, y “fraude electoral”.

En todos estos casos también ha habido otra coincidencia, y es que los distintos sectores de la sociedad civil, como se ha evidenciado recientemente en los casos de Túnez y Egipto, han manifestado públicamente a fin de demostrar hasta qué punto están hartos de tanta burla a la soberanía popular por parte de sus respectivos gobiernos. Estos últimos, aprovechándose de su absoluto poder, y bajo la mirada impotente de los electores, han impuesto condiciones electorales contrarias a sus leyes, garantizándose la permanencia indefinida en el poder.

Si comparáramos todas estas circunstancias con el caso de Venezuela, encontraríamos una situación excepcional, y es que en los casos mencionados anteriormente, es la sociedad civil, opositora a estos regímenes, quien reacciona enérgicamente frente a la existencia de un fraude masivo en sus procesos electorales, mientras que en Venezuela la situación pareciera ser a la inversa.

Si bien es cierto que en ciertas oportunidades, algunos sectores de la sociedad habían denunciado el fraude electoral en Venezuela,  en la actualidad, en vez de ser el gobierno bolivariano –por razones obvias- el primer detractor de dichas denuncias de fraude, son los partidos políticos opositores, algunas ONG, e individualidades, quienes frente a tales denuncias se comportan como si los acusados fueran ellos, o como si de la comprobación de dichos fraudes dependiera su desaparición del espectro político venezolano.

Quienes otrora acusaban al régimen venezolano, así como a los organismos electorales, de la utilización del fraude para garantizar el triunfo de sus partidarios, actualmente no sólo parecen haberlo olvidado, sino que reaccionan en contra de quienes de alguna forma se atreven siquiera a mencionar tal posibilidad.

Partidos políticos que con anterioridad afirmaban poseer pruebas de dichos fraudes, hoy en día no sólo ni mencionan la posibilidad remota de su existencia, sino que propician abiertamente la participación electoral. No importa que desde la época de sus denuncias, hasta el momento, las condiciones de falta de transparencia, equidad y objetividad hayan empeorado, y haya sido modificada en diversas oportunidades la legislación electoral en beneficio del régimen, y en detrimento de la ciudadanía. Lo importante “es votar”, dicen ellos. Esto ha llegado hasta el extremo de justificar tal actuación bajo la excusa de que así, si votamos masivamente, las condiciones negativas desaparecerán, e incluso hasta podrían revertirse en contra del gobierno, como si por arte de magia, el registro electoral permanente irregular (y secreto), la cedulación masiva de ciudadanos, las nacionalizaciones a extranjeros sin cumplir los requisitos legales, las migraciones de electores de sus centros de votación hasta lugares extremos del país, la participación de una dudosa empresa de facilitación de la votación, como “Smartmatic”, sin la obligatoria existencia de un proceso de licitación, entre muchos otros vicios, pudieran desaparecer.

Conocidas ONG, cuyo objetivo fundamental- razón por la cual habían recibido cuantiosas sumas de dinero como aportes- era la “lucha en beneficio de la transparencia electoral”, han modificado su discurso; de tal manera que lo que en el pasado fue un fraude electoral, en el presente simplemente es un mero “abuso” del gobierno.

Individualidades que se habían hecho eco de tales denuncias de fraude, no sólo han olvidado los fundamentos de sus afirmaciones, sino que incluso, hasta se presentan como candidatos electorales.

Medios de comunicación que en el pasado facilitaban, o por lo menos permitían, la divulgación de algunos de estos elementos que vician de nulidad dichos procesos electorales, ya no le dan cabida a tales circunstancias.

Sectores de la sociedad que regularmente han servido de plataforma en defensa de los valores fundamentales de la democracia en el país, si bien han sido capaces de organizar manifestaciones, marchas, y todo tipo de operativos a fin de defender el derecho a la vida, la denuncia por la existencia de presos políticos, el derecho al trabajo, a la autonomía universitaria, a la propiedad, a la independencia de los poderes públicos, a la necesidad de unas condiciones dignas de vida,  en ningún momento, en doce años de gobierno, se han atrevido a participar organizando eventos en la búsqueda de la “transparencia electoral como garantía de la soberanía popular”.

Faltan 23 meses para que se produzca uno de los procesos electorales más importantes al cual se haya tenido que enfrentar la sociedad venezolana, como es el de las elecciones generales, a fin de designar al presidente de la República y demás autoridades de la organización político territorial del país.  Durante todo este tiempo los venezolanos tendremos que enfrentarnos a infinidad de retos, producto del interés de nuestro gobernante Hugo Chávez, de destruir al país mediante la eliminación de los factores de producción, del derecho al trabajo, a la educación, a la propiedad, al libre tránsito, y en general, de todos aquellos derechos inherentes a la persona humana y a la institucionalidad democrática.

Los ejemplos sobran, pero basta con señalar la Ley Habilitante dictada recientemente por la Asamblea Nacional al presidente de la República, para entender hasta qué punto llega la acción aniquiladora de la democracia, como política de Estado. Pero así como los retos señalados son una realidad, otro no menos importante, e incluso de mucha más trascendencia en el tiempo, es la necesidad de la lucha por adecuar las condiciones electorales a lo que establecen la Constitución y Leyes de la República.  De su observancia dependerá la escogencia y el triunfo de un candidato presidencial capaz de sustituir la política de destrucción de la Patria, por otra que restablezca los valores democráticos y el espíritu de superación que los venezolanos siempre habíamos mantenido.

Para ello es importante no sólo nuestra participación exigiendo el cumplimiento de los principios electorales reconocidos mundialmente, sino la presencia del sector democrático que actualmente nos representa en la Asamblea Nacional. No es posible que hasta el momento nos limitemos a escuchar larguísimos discursos respecto a los vicios y virtudes de los diputados electos, o a lo que dijo o no dijo el Mandatario Nacional en su discurso ante el organismo legislativo, mientras el tiempo pasa irremediablemente y nadie se acuerda de las garantías electorales vitales para revertir cualquier posibilidad de fraude.

Para quienes insisten en defender lo indefendible, ofuscándose cada vez que se habla de este tema,  debemos recordarles que frente a la duda de fraude no existe mejor antídoto que la existencia de un proceso rigurosamente transparente. De allí que, indistintamente de sus posiciones, bastaría con preguntarles; ¿Cuál es el problema de exigir la adecuación del organismo electoral (CNE) a los principios que establece nuestro ordenamiento jurídico en materia electoral?  ¿Cuál es el miedo de luchar porque se cumpla le Ley y se garantice el respeto a nuestra voluntad popular?  ¿Será que tienen algo que perder; o es que no se dan cuenta que al final perderemos todos? 

·                                  

09 de febrero del 2011.
Leer mas!