Nelson Mandela, quien pasó 27 años preso, para luego convertirse en Presidente de Sudáfrica, afirma que el grado de civilización de una nación, se determina por las condiciones de sus cárceles y el trato que reciben sus presos.
Tiene razón. Y qué mejor y lamentable ejemplo que nuestro propio País. Hoy en día Venezuela es un caos. La anarquía impera por doquier, los niveles de violencia son alarmantes y la inseguridad abrumadora. La pérdida de valores éticos y morales, de conciencia ciudadana, de empatía hacia el prójimo hacen difícil la vida en nuestro territorio. Y ese es el escenario de afuera.
NUESTRA REALIDAD PENITENCIARIA
ES UN INFIERNO
El de adentro, el de las personas que se encuentran privadas de su libertad, es mucho peor. Ese es simplemente grotesco. Nuestra realidad penitenciaria puede ser descrita con una sola palabra: infierno. Lo que ocurre muros adentro en ese submundo que es el mundo de nuestras cárceles, no tiene ningún tipo de justificación. Nadie, ni el peor de los delincuentes, merece vivir en las condiciones que nuestros centros de reclusión le ofrecen.
Es sabido que luego de la vida y la dignidad, el bien más preciado que tiene el ser humano es la libertad. De allí, que cuando se infrinja la Ley con hechos graves que se encuentren tipificados como delitos, la pena que se impone es la privación de esa libertad. Es más, en nuestro País no existe la pena de muerte. La Constitución expresamente consagra la vida y establece que ninguna persona podrá recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pero nos encontramos lejos de esas letras y de ese papel que todo lo aguantan. ¿De qué sirven la Constitución y las leyes si la realidad es totalmente ajena a ellas? Pues nos sirven de norte, de luz hacia donde debemos dirigirnos.
EN LA VENEZUELA PENITENCIARIA
EXISTE DE FACTO LA PENA DE MUERTE
Lo cierto es que en Venezuela sí existe de facto la pena de muerte y ella se materializa sistemáticamente en nuestras cárceles. Resulta absolutamente vergonzosa la realidad a la que se enfrentan nuestros presos. Las condiciones higiénicas son inexistentes, de su salud nadie se ocupa, no tienen un colchón digno donde dormir (ni catre y mucho menos cama), la alimentación y su vestimenta depende de sus familiares y su integridad física nadie se las garantiza. El ocio y la promiscuidad es el escenario cotidiano, donde la violencia es la principal protagonista.
PARA EL 2010 CERCA DE 450 REOS
PERDIERON LA VIDA
De acuerdo a estadísticas serias que manejan algunas Organizaciones no Gubernamentales, como el Observatorio Venezolano de Prisiones, cerca de 4.506 personas han muerto en los últimos 12 años, como consecuencia de la violencia que se ha producido dentro de nuestros centros de reclusión. Para el 2010, con una población penitenciaria cercana a los 44.000 detenidos, se calcula que un poco más del 10% perdió la vida, es decir, 450 personas aproximadamente. Aún cuando cada vida es fundamental e irremplazable, realizar un ejercicio comparativo, nos puede ayudar a entender mejor esta tragedia. Para el 2010 en Colombia, de una población reclusa de 80.000 personas, se reportaron 16 fallecidos producto de la violencia carcelaria; en Brasil con 420.000 presos, murieron 36 y en México con 350.000 se constató la muerte de 37 detenidos.
Las cifras anteriores son aterradoras. Pero la realidad va aún más allá. Conocemos la cantidad de muertos pero no hay registro de las violaciones, de las lesiones ni de las múltiples humillaciones que a diario padecen nuestros presos.
UN ESTADO AUTOR Y CÓMPLICE
DE ESTA TRAGEDIA
Ahora bien, ¿no debemos preguntarnos cómo es posible que el control de las cárceles lo tengan los presos y no las autoridades? ¿no debemos preguntarnos cómo ingresan las armas a los planteles penitenciarios si la visita es vejatoriamente requisada? Y en definitiva ¿no debemos preguntarnos a todas estas dónde está el Estado? Las respuestas son claras y el Estado está allí, observando y participando, siendo autor y cómplice a la vez, porque es el responsable directo de esta tragedia nacional.
Es al Estado al que le corresponde velar por sus detenidos, por sus presos. Garantizarles un juicio justo y oportuno y condiciones de vida digna mientras se encuentran privados de su libertad ya sea porque esperan sentencia o porque ya fueron condenados. Pero en Venezuela ni los jueces de ejecución ni los fiscales del Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo hacen su trabajo. Mucho menos el Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia, a quien compete directamente las cárceles, que ha demostrado o que no le importa el tema o que es absolutamente incapaz de resolverlo o siquiera manejarlo.
NUESTRAS CÁRCELES NO PUEDEN SEGUIR SIENDO
DEPÓSITOS DE DESECHOS HUMANOS
Siempre la situación carcelaria en Venezuela ha constituido una vergüenza nacional. Pero el deterioro sufrido en estos últimos 12 años es sencillamente gravísimo, inexcusable y fuera de todo contexto. Debemos hacer algo. Se hace imperativo tomar cartas en el asunto. Nuestras cárceles no pueden continuar siendo un depósito de personas que son tratadas como deshechos. La descentralización de las mismas, la eliminación de la Guardia Nacional como responsables de la custodia externa, la eliminación del ocio y el efectivo control por parte de las autoridades son sólo algunas de las medidas que se deben tomar para poder garantizar a nuestros reclusos el efectivo ejercicio de sus derechos.
Los presos son gente. Son personas. E independientemente de los errores que hubieren podido cometer, merecen respeto. Si cometieron un delito deben pagarle a la Sociedad por él, pero pagar no es ser tratados como escoria. Pagar, es estar privados de su libertad en condiciones dignas que les permitan la reinserción social una vez cumplida su pena.
Jesús Urdaneta Hernández
C.I. 4.391.814
Twitter @jesusurdanetah
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