LUIS FERNÁNDEZ AGUILERA - NO HABRÁ REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO

Nos sorprendió mucho ver como el pasado 5 de marzo de 2012, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por fin admitió uno de los tantos recursos presentados en contra de la Ley Habilitante. La pregunta que nos hicimos en ese momento fue ¿Por qué a falta de tres meses de su vencimiento – la Habilitante vence el 17 de junio de este año- se admite este tipo de recurso? Sobre todo teniendo en cuenta que a través de la habilitante se han dictado una serie de normas que le han traído amplios beneficios políticos al Presidente de la República.

Nuestra respuesta saltó a la vista inmediatamente: “Para no sacar la reforma de la LOT”. Sí el TSJ declara la Habilitante como inconstitucional, le quitaría al Presidente la posibilidad de legislar. Esto traería como consecuencia que la reforma de la LOT deba ser discutida entonces en la Asamblea Nacional, donde el gobierno no tiene la mayoría necesaria para aprobar modificaciones de las leyes orgánicas. Eso significa, que el gobierno tendría que negociar la reforma con la oposición, y cuando los partidos no afiliados a la visión del Presidente de la República rechacen los proyectos que hasta ahora se han planteado, los oficialistas dirán que ellos quieren reivindicar los derechos de los trabajadores “conculcados por la cuarta república” pero por culpa de “la derecha” apátrida que está en la Asamblea y del “imperio”, etc., etc., etc. los trabajadores no van a tener sus prestaciones sociales.

Claro, para esto primero el gobierno presentará un proyecto acabado y pulido que no sólo consagrará la retroactividad de las prestaciones y propondrá una reducción de la jornada, sino que planteará cuanto cambio populista sea necesario para que el proyecto gane valor político. 

Una vez que el proyecto sea vendido por el oficialismo como la solución a todos los problemas laborales del país, entrará en acción el capitulo de esta trama donde no es posible que el Presidente promulgue la tan anunciada reforma, en virtud de que el TSJ declararía la Ley Habilitante como inconstitucional.

Esta sería una jugada política fantástica para la campaña electoral, porque con ello el Presidente ganaría  apoyo de la clase obrera, la cual, después de 13 años, por fin habría visto plasmada en una propuesta presidencial sus expectativas laborales. Al mismo tiempo, esta táctica le ahorraría al Estado el enorme gasto económico en pasivos laborales que le representaría, como mayor empleador del país, una reforma de esta naturaleza.

Adicionalmente, con este paso político el Presidente conseguiría un nuevo aire democrático a nivel internacional, ya que aceptaría el fallo del TSJ “como todo un demócrata”, aún y cuando esta sentencia le “prive de satisfacer los intereses de su pueblo hambriento de reformas laborales”.

Ahora bien, sí después de publicada esta nota, los estrategas del gobierno decidieren no aplicar la vía de la “inhabilitación de la Habilitante” y pasaren a promulgar una reforma de la Ley del Trabajo, se podrían prever tres escenarios: i) Un primer escenario donde promulgan la Ley pero retrasan su vigencia hasta después de las elecciones presidenciales. De esta forma no tendrían que soportar el peso económico que significarán los cambios, pero el candidato recibirá el crédito político por la aprobación de la reforma; ii) aprueban la reforma pero someten la administración de las prestaciones sociales a un Instituto que nunca será creado como no ha sido creado nunca la Tesorería de Seguridad Social que tenía que reemplazar al Seguro Social para remover la carga de los trabajadores de aportar al Seguro Social (Este instituto debió crearse en el 2006 después de la publicación de la reforma de la LOPCYMAT); y iii) un escenario poco probable, donde una reforma es aprobada y entra en vigencia de manera inmediata con un régimen transitorio, que no hará más que descubrir la falta de liquidez del gobierno para pagar las deudas de prestaciones sociales que ni siquiera con las leyes actuales son honradas en su totalidad.

En todo caso, creemos que una reforma a la LOT en este momento es poco probable ya que se estima que genere descontentos en el sector que salga menos favorecido, cualquiera que corra con esta suerte -o los empleadores, los trabajadores o los sindicatos. Quizás en cualquier otra coyuntura, el gobierno apelaría a su ya clásica estrategia de exacerbar el descontento socio-económico entre estos tres actores, pero, como estamos en año de campaña electoral, hacer esto sería un lujo que el Presidente no estaría dispuesto a darse, a juzgar por las campañas electorales precedentes.

luisaguilera82@hotmail.com