Cuenta la leyenda que el origen de Amnistía Internacional se encuentra en una carta así titulada que habría redactado el abogado británico Peter Benenson y publicado el periódico The Observer, en su primera página, el 28 de mayo de 1961. Aparentemente como reacción al arresto de unos jóvenes portugueses que se habían atrevido a brindar por la libertad durante la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar.
Pero Benenson nunca estuvo preso ni olvidado, con el respaldo de The Observer su libelo se leyó en medio mundo y de inmediato comenzó a recibir miles de cartas de adhesión de todos los confines de la Commonwealth. Con verdadero espíritu imperial, A.I. ha establecido oficinas de representación en más de 150 países, incluso Venezuela.
Desde el principio, la carta fue presentada como una “plataforma” para una campaña “no sectaria” por la amnistía de los que definieron como “presos de conciencia”, esto es, “cualquier persona que esté físicamente limitada a expresar cualquier opinión que ella misma honestamente mantenga y a través de la cual no defienda o justifique violencia personal”. Aclarando: “También excluimos a aquellos que han conspirado con otro gobierno extranjero para derribar el propio”.
Luego presentan algunos ejemplos advirtiendo que “ninguno de ellos es político”.
El primero es “el destacado poeta angoleño Agostinho Neto”, médico, cuyos “esfuerzos por mejorar los servicios sanitarios de sus compatriotas eran inaceptables para los portugueses. En el pasado junio, la Policía Política entró en su domicilio y lo azotó arrastrándolo fuera. Desde entonces se encuentra encarcelado en las Islas de Cabo Verde, sin ningún cargo ni juicio”.
Sería demasiado arduo hacer un recuento de la trayectoria política de Agostinho Neto, pero no es difícil de averiguar. En verdad, había estado preso en muchas ocasiones anteriores y en una de ellas, en 1956, fundó el Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), organización que presidió desde 1959. En 1960 fue preso una vez más, pero no “por mejorar los servicios sanitarios de sus compatriotas” sino, según su biografía, “por su militancia anticolonialista”.
Las revueltas que originó su detención fueron de tal magnitud que fue deportado a las Islas de Cabo Verde. En 1961, coincidiendo con la declaración de Benenson, el MPLA se declaró marxista-leninista e inició la lucha armada contra Portugal. En 1965, de acuerdo con un guión conocido, Agostinho Neto estaba en La Habana celebrando una alianza estratégica con Fidel Castro en su guerra global contra “el imperialismo”.
Este hombre, que “no es un político”, según la declaración fundacional de A.I., en 1975 se autoproclamó primer presidente de la República Popular de Angola, una vez que se produjo la retirada del ejército portugués. Entonces, con el apoyo de Cuba y la URSS, inició la más larga y cruenta guerra civil que haya conocido el África, que se prolonga aún en nuestros días.
Patrocinó la ocupación de su país por un ejército cubano de más de 50.000 hombres para enfrentar la invasión sudafricana y los ejércitos rebeldes del FNLA y UNITA, hasta que firmaron en New York el acuerdo trilateral Cuba-Suráfrica-Angola, en 1988.
Pero esto no lo vió Agostinho Neto que había fallecido en Moscú en 1979 durante un tratamiento médico, según la lacónica versión oficial. Para entonces las bajas en Angola, en cuatro años de revolución socialista, eran apenas 500.000 muertos.
Como se ve, este hombre es la antítesis punto por punto de las características que había establecido A. I. en su “plataforma fundacional” para definir sus “presos de conciencia”. ¿Sabía entonces Benenson cuál era el perfil de su defendido? Pero sin duda lo supo después, puesto que murió recién el 25 de febrero de 2005. ¿Alguna vez intentó una explicación, justificación, rectificación, aclaratoria, retractación? No se sabe; pero lo más sorprendente es que nadie se la pidió.
Los británicos, extraordinariamente acuciosos investigadores, nunca pusieron de relieve hechos que están a la vista, ni jamás cuestionaron al bienintencionado, ingenuo, desprevenido, desinteresado o cándido doctor Benenson.
La quemante pregunta es si A.I. fue siempre, desde su origen, lo que solamente ahora venimos a darnos cuenta, por causa de su desconcertante actitud de convalidación y complicidad con la situación de los presos políticos en Venezuela.
La bancarrota moral y política del socialismo (nacional e internacional) arrastra consigo la quiebra de A.I., como empresa colonial.
YO ACUSO
El antecedente más notable de la carta de Benenson quizás sea el conmovedor alegato así titulado redactado por Emile Zola, publicado a su vez por el periódico L’Aurore, el 13 de enero de 1898. El motivo fue el juicio y condena de Alfred Dreyfus, oficial (de origen judío) del estado mayor del ejército francés, confinado en la Isla del Diablo siendo inocente.
Por alguna razón misteriosa, esta flagrante injusticia soliviantó la conciencia del escritor y su panfleto, difundido por L’Aurore en trescientos mil ejemplares, que incluso hoy en día es una tiraje respetable, partió en dos a la opinión pública francesa, llevándola al borde de una conflagración civil.
La pregunta es hoy más pertinente que nunca: ¿Por qué “la espantosa denegación de justicia” sufrida por un solo hombre pone en peligro la existencia de la República? Para Zola la respuesta es evidente. Si Dreyfus es inocente, entonces el poder judicial francés es culpable. Y mucho más allá, siendo que esta intriga se urdió en los pasillos del alto mando, todo el Estado Mayor sería indigno de confianza. “Conozco a muchas gentes que, suponiendo posible una guerra, tiemblan de angustia, ¡porque saben en qué manos está la defensa nacional!”
Clemenceau, director de L’Aurore y responsable político de la conducción de los defensores de Dreyfus, parecía tener claro que “una infracción de los derechos de un hombre es una infracción de los derechos de todos los hombres”. Este punto de vista tiene como base una concepción contractualista del Estado, perfectamente resumida en la frase, cara a la cultura francesa, “todos para uno, uno para todos”, que todavía hoy resuena en el fundamento espiritual de la unidad nacional no sólo en Francia sino en todo el mundo.
El punto es demasiado apremiante para dejarlo de lado. ¿Cómo es posible que un caso judicial atinente a una sola persona y acaso a su familia pueda conmocionar a toda una sociedad, aún en el siglo XIX? En cambio, en Venezuela, los presos se cuentan ya por decenas y las charadas judiciales por miles y ¡a nadie parece importarle!
Dice Zola y quizás tenga toda la razón: “Cuando un pueblo desciende a esas infamias, está próximo a corromperse y aniquilarse”. El factor de disolución es la ruptura del pacto social. Cuando las personas no son defendidas en sus vidas y en sus bienes por el Estado, entonces lo que viene es un “sálvese quien pueda”, una situación anterior al Estado Civil, esto es, la barbarie. Pero tampoco se le debe acatamiento a tal Estado, que es un enemigo más en la contienda.
Es la situación del millón de empleados desamparados en Cuba a su propia suerte y de toda persona que no forme parte del actual régimen en Venezuela, para las que no existe protección legal alguna y se dejan abandonadas a la intemperie. Esas personas no tienen ninguna razón jurídica ni política para obedecer a semejante régimen, como no sea por la amenaza de la fuerza bruta.
Este es el fin de la política y el paso a la violencia, el prolegómeno de la guerra civil, según las teorías jurídico-políticas más aceptadas. Todos los derechos se vuelven precarios y ceden a las vías de hecho. El único árbitro es la fuerza que despliegue cada cual, como “poder” retornado a la comunidad por la disolución del Estado.
Con la renuncia a sus funciones propias, las FFAA pierden también lo que les es más consubstancial, “el monopolio de la violencia legítima”. Ahoratoda violencia sería legítima.
LA CARTA DE LA OEA
Esta última carta haría innecesarias todas las anteriores, porque su propósito debería ser formalizar las aspiraciones que aquellas expresaban en términos más bien morales, mientras que ésta es un instrumento jurídico, un tratado, incluso de rango supra constitucional, no obstante, lo que ha mostrado es la más desalentadora esterilidad, se ha convertido en letra muerta.
La ineficacia jurídica de la Carta es apenas una de las consecuencias, ni siquiera la más grave, de la esterilización política de la OEA, por causa del control que ejerce sobre ella el socialismo internacional a través de su secretario general, el socialista chileno José Miguel Insulza.
Para no desorientarnos en la alfombra roja tendida a la dictadura castrista, en sus abominables ejecutorias contra Honduras, la complicidad con las farsas escenificadas en Bolivia y Ecuador, la agresión de Nicaragua contra Costa Rica, limitémonos por un momento al caso venezolano.
La OEA y su secretario general José Miguel Insulza deben ser juzgados no tanto por lo que hacen sino por lo que no hacen. Por ejemplo, en el trágico caso del señor Franklin Brito, seguramente se podrán revolcar todos los archivos del organismo sin encontrar el menor rastro de nota escrita, ni testimonio de conversación alguna en que hayan pedido que lo desalojaran del frente de sus oficinas en Caracas.
Pero es un hecho grande como un templo que tampoco hicieron el más mínimo gesto cuando lo desalojaron, ni cuando lo secuestraron sin proceso alguno en el Hospital Militar, ni cuando murió en circunstancias tan oscuras, ni nunca después, ni siquiera una cínica nota de condolencia: Para la OEA, como es propio de la mentalidad socialista-estalinista de su secretario general, el señor Franklin Brito nunca existió.
Otro tanto puede decirse del rocambolesco pronunciamiento sobre la llamada Ley Habilitante, donde lo hilarante no son los pasitos para adelante y para atrás, sino el contenido mismo de su declaración. En Venezuela lo único objetable es esa ley, todo lo demás, está bien.
Incluso José Miguel Insulza debería saber que cuando en un país se reúne el comando militar y la potestad legislativa en una misma persona eso se llama “dictadura”, desde la antigua Roma hasta nuestros días; pero no, a él le parece que esa es la peculiar forma en que los venezolanos entendemos la democracia.
La actitud ante el caso de la juez María Lourdes Afiuni no sería menos grotesco si no coincidiera plenamente con la de la canciller española Trinidad Jiménez y la inefable Amnistía Internacional. Todos dicen que van a observar el caso “concreto” de la juez, que les causa cierta “preocupación”.
Pero caso concreto significa individual, aislado; ergo, todo esto ocurre en un contexto de democracia y libertad incuestionables: los otros presos políticos no existen.
Los socialistas han aprendido a “aprobar condenando”. Cuando les queda muy mal el aplauso, entonces “rechazan” un hecho puntual, particularmente despreciable, con lo que todo lo demás pasa por debajo de la mesa.
Esta ingeniosa fórmula socialista sólo hace más repugnante su inmoralidad, aparecen como si se desvincularan de lo que patrocinan.
Luis Marín
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