ALGUNOS ANTECEDENTES POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS
A partir del año 2002, los tres grupos referidos por la distinguida articulista asumieron una postura que explicaría el comportamiento actual descrito. Mientras el CNE atendía las legítimas peticiones de la Sociedad Civil documentadas por más de 2.6 millones de solicitudes y convocaba el 2FEB2003 de manera constitucional el Referéndum Consultivo sobre la gestión del para la fecha legítimo presidente Hugo Chávez, el régimen bajo sus órdenes ejecutó el sabotaje integral de la convocatoria mediante acciones que subvertían el orden constitucional, entre otras muchas, suspendiendo los flujos de fondos de la Tesorería Nacional para el funcionamiento del CNE debidamente aprobados por la Asamblea Nacional y por el propio Poder Ejecutivo, lo que nos condujo a organizar la alternativa del financiamiento ciudadano, al solicitar el CNE contribuciones para cumplir con nuestra obligación constitucional, recibiendo como respuesta del público en tan sólo 36 horas depósitos bancarios por alrededor de 2700 millones de bolívares, un tercio del presupuesto requerido.
El régimen acorralado, utilizó entonces la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para suspender el Referéndum Consultivo, en una decisión que además de que invadía las competencias de otro poder público nacional autónomo, puede también calificarse de bochornosa y subversiva, porque fue ejecutada por una Sala Electoral Accidental conformada irregularmente, que quedará en la Historia planetaria de la Justicia en el Siglo XXI como un símbolo de la vergüenza y muestra de la inexistencia de la dignidad de los involucrados.
Frente a estas grotescas decisiones recurriríamos, algunos de los miembros del CNE actuando en nuestra condición de representantes del Poder Público Nacional Electoral ante el TSJ desprestigiado y sumiso al Poder Ejecutivo, obligados por la necesidad de agotar la instancia nacional y así poder elevar la denuncia y el recurso a instancias internacionales, introduciendo una denuncia-recurso por violación de los derechos humanos, civiles y políticos de todos los venezolanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDDHH (Washington-OEA).
El CNE cursó correspondencias de denuncia a todos los estados, gobiernos y pueblos de América y a las instituciones nacionales electorales del Continente americano, exponiendo la gravísima situación institucional así como los riesgos para la democracia y la libertad venezolana. Con el mismo propósito, miembros del CNE participamos en reuniones de los presidentes de los organismos electorales regionales en Lima y Panamá.
El CNE se encontraba también procesando la solicitud de más de 3,6 millones de ciudadanos para la convocatoria de un Referéndum Revocatorio del Jefe del Estado, que estaría planificado y en proceso de preparación para convocarse y realizarse a mediados de septiembre de 2003. Quienes administrábamos de forma directa el Poder Electoral-CNE, observamos que “los partidos políticos, algunas ONG e individualidades” pactaron con el régimen en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al margen del Estado de Derecho, en lo que serían las bases de la promoción del fraude electoral permanente y continuado, al invadir las autonomías del Poder Legislativo-Asamblea Nacional y del Poder Electoral-CNE, nombrando arbitrariamente y de facto el 23AGO2003 otro CNE (Carrasquero, Zamora, Mejías, Rodríguez, Battaglini, Lucena), el Consejo de Participación Política (Carlos Delgado Chapellín+, Teodoro Petkoff, Hernando Grisanti Alvarado-renunció- y Guillermo García Ponce+) y sus organismos subalternos, derribando las compuertas para que se estableciera la práctica libre y la institucionalización del fraude electoral que la mayoría del CNE legítimo (Avella, Zerpa, Lares, Rangel+, Pizani) había venido impidiendo y en contra de la que venía luchando en defensa del orden constitucional a partir del 28MAYO2000.
¿Cómo no se van a comportar como si los culpables fueran ellos?, cuando en realidad lo han sido. La primera decisión del CNE de facto promovido por ellos fue la anulación de las 3,6 millones de firmas y la suspensión del Referéndum Revocatorio de Chávez en preparación para SEPTIEMBRE2003, para patrocinar y conducir al país a otra de las etapas políticas más bochornosas, indignas, de burla permanente y continuada del colectivo durante todo un año, en la convocatoria el 15AGO2004 de un Referéndum “Ratificatorio” inexistente en la Constitución ni la ley, que nunca debió haberse realizado en tales circunstancias y que sin embargo, envueltos todos en la pantomima político-electoral del CNE, cometió éste la torpeza e invirtió la publicación de los resultados, el NO por el SI , al olvidar que NO-Revocar se había transformado ilegalmente en SI-Ratificar, publicado en el libro “blanco” que tuvo que ser recogido apresuradamente y desaparecido-incinerado.
Los grupos referidos por la Dra. Contreras representados en la denominada “Mesa de Diálogo, Negociaciones y Acuerdos”, que durante la madrugada del 15AGO2004, ante la súbita incapacidad física de su vocero Enrique Mendoza, alternando Henry Ramos Allup anunciaría al país en cadena nacional que en “las próximas horas entregaremos las pruebas del fraude”. Debemos recordar hoy que para las mayorías del país perdieron toda credibilidad, cuando aún esperan las pruebas del fraude, que por lo demás ya ha sido conocido mediante innumerables investigaciones publicadas, como una actitud consecuente ante las evidencias que determinaron la destitución automática de la Presidencia de Hugo Chávez, quien a partir de esa fecha usurpa el cargo, así como la representación del Estado y la jefatura de las Fuerzas Armadas.
El bochornoso Referéndum “Ratificatorio” disfrazado de Revocatorio tuvo la consecuencia referida de determinar la fractura del orden constitucional del Poder Ejecutivo y el origen claro de la dictadura de Hugo Chávez, aunque habría sido un acto que nunca debió haber sido realizado que también estuvo repleto de vicios e inconsistencias, pero obtuvo el respaldo de “…los partidos políticos opositores, algunas ONG e individualidades…” generando suficiente carga como “para sentirse como si los acusados fueran ellos”, porque esa es una realidad irrefutable después de siete (7) años; son también ellos los primeros responsables de la sucesión de fraudes político-electorales hasta 2010 así como de los que se preparan, por lo que debería ser lógico que también se sientan “…como si de la comprobación de dichos fraudes dependiera su desaparición del espectro político venezolano”.
A partir de agosto 2003, mediante acciones personales, entre otras, recurriría ante el Premio Nóbel de la Paz , Óscar Árias, Presidente de Costa Rica, como nación anfitriona de la Corte Interamericano de Derechos Humanos en San José, solicitando sus buenos oficios sobre el Caso Venezuela ante la CIDDHH. Así como recurrí a la Audiencia Nacional del Reino de España, en su Juzgado 5to. de Instrucción a cargo del Juez Baltasar Garzón en Madrid, solicitándole que admitiera un recurso que permitiese, que con los mismos argumentos contenidos en la decisión de ese tribunal para ordenar la detención en el extranjero del ex dictador Augusto Pinochet, ordenase la detención en el extranjero del usurpador de la representación del Estado venezolano, dadas las grandes similitudes en las violaciones de los Derechos Humanos de los ciudadanos de ambos países por parte de ambos dictadores, y el antecedente reciente de la orden de detención de un presidente en ejercicio dictada por la Corte Penal Internacional de La Haya contra Omar Bashir de SUDÁN.
Para comprender la verdadera naturaleza del régimen venezolano, debemos asimilar su condición totalitaria militarista, promotor-asociado a la subversión regional y mundial, a las industrias del crimen organizado transnacional, al narcotráfico, a la legitimación de capitales y a la militar convencional y nuclear, en asociación con países considerados forajidos por la comunidad internacional y a la injerencia política, financiera y militar en los asuntos internos de otras naciones.
Pocos estados poseen tales características, aunque para todos, la violación de los derechos civiles, políticos y económicos de sus ciudadanos es una cuestión de rutina, de manera que el fraude electoral es corriente. Ahora bien, en el caso del régimen venezolano, uno de los aspectos que nos coloca en la vanguardia mundial totalitaria habría sido el desarrollo de una estructura propia político-administrativa-tecnológica, mediante el diseño integral del sistema electoral y de las condiciones socio-políticas indispensables para su manipulación práctica, como instrumentos fundamentales del ejercicio de la “violencia electoral” para el control totalitario de la nación.
Aprehender esta realidad conduciría a entender el resto, así como a explicar la sorpresa de la Dra. Contreras.
HAY QUE QUERER VER LA REALIDAD
Para interpretar esta respuesta, de entre las otras posibles, es necesario primero querer ver la realidad: la representación del Estado, su jefatura y la de las Fuerzas Armadas así como las del resto de los poderes públicos nacionales son usurpadas, se ejercen al margen del Estado de Derecho y violando los derechos humanos. Observar esta realidad es un objetivo mucho más difícil para quiénes lo siguen reconociendo como su superior y “su gobernante”. Esta condición de facto contribuye con la legitimación de esa otra pantomima también grotesca y depravada escenificada en el Palacio Legislativo, para admitir que dentro de éste se tendría alguna capacidad para el debate y para dictar leyes, cuando su razón principal es la de simular la existencia de un Poder Legislativo plural como imagen-símbolo de una democracia.
Las discusiones y los debates democráticos y electorales restringidos y asfixiados por un ambiente nacional con el grado extremo de descomposición como el descrito seguirán siendo imposibles. En consecuencia, podríamos afirmar que todo acto electoral del CNE-“oposiciones” no será sino otro fraude político-administrativo más, y jamás podría calificarse alguna de esas pantomimas programadas como “otro de los procesos electorales más importantes”. Ya en las condiciones sociales y políticas establecidas en Venezuela desde 2003 no era posible hablar con seriedad sobre las elecciones del CNE, porque antes de las inaceptables condiciones electorales cuyo deterioro ha seguido produciéndose hasta la total descomposición referida, también se requieren condiciones político-administrativo-judiciales y sociales mínimas que tampoco existen.
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