De nuevo realizo una reflexión sobre la aguda crisis presupuestaria por la que atraviesan las universidades autónomas de Venezuela cuestión que ahora, a raíz de la huelga de hambre que llevan a cabo estudiantes, trabajadores y profesores en las afueras de la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas, pone de nuevo en evidencia el asedio político y cerco económico-financiero que desde hace cinco años ha tendido el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria en perjuicio de las universidades autónomas, impidiendo que éstas desarrollen actividades académicas en forma adecuada.
Es oportuno recordar que esta problemática es de vieja data. En efecto, solo basta hacer un seguimiento de todas las movilizaciones, paros, huelgas y protestas realizadas por los universitarios durante cinco décadas, principalmente en los últimos cinco años.
Al igual que ayer, hoy desde el gobierno se diseñan acciones dirigidas no solo a doblegar sino a reducir, y si fuera posible, desaparecer la imagen de la universidad venezolana como el ente educativo llamado a cumplir el rol formativo de las generaciones de relevo de profesionales, técnicos, científicos, académicos y humanistas necesarios para posicionar y mantener a Venezuela en un nivel honroso en la escala de valoración del índice de Desarrollo Humano Sostenible (DHS), establecida por el PNUD.
Es cierto que al interior de nuestras universidades existen muchas debilidades institucionales que son bien conocidas por la comunidad universitaria pero muy factibles de corregir toda vez que existen propuestas, surgidas desde el mismo seno de estas comunidades, pero que los gobiernos de turno nunca han mostrado interés alguno, actitud que ha limitado iniciativas de transformación institucional, sustentadas en las fortalezas que ellas poseen en lo científico-tecnológico-humanístico y educativo-cultural-artístico, que serían suficientes para que fuera visible el impacto positivo de un proceso de transformación social, económica y política en la Venezuela del siglo XXI.
Los cambios institucionales no se imponen desde el gobierno y menos a la fuerza. Ellos solo son posibles mediante diálogos y acuerdos estimulados, por una parte, desde el interior de las instituciones universitarias y, por la otra, fortalecidos por el gobierno a través del aporte de los recursos que sean necesarios para que las universidades funcionen con regularidad.
Por supuesto, desde el gobierno se debe exigir eficiencia y eficacia en la gestión universitaria a través de rendiciones de cuentas oportunas sobre la ejecución de los recursos asignados por el Estado a las universidades públicas.
Para que la relación Gobierno-Universidad redunde en beneficios mutuos es imprescindible que el ente gubernamental anteponga el interés nacional sin imponer a las universidades su visión socio-política e ideológica.
Por su parte, el deber de la Universidad es garantizar la mejor formación académica y profesional de sus educandos en un contexto de democracia donde priven la pluralidad política y la diversidad ideológica, más allá de que en el gobierno predominen tendencias capitalistas o socialistas.
Es dentro de ese contexto donde hay que dar los diálogos y los debates para generar acuerdos. Esas vías han sido puestas en práctica, en forma unilateral, por los estudiantes, profesores y trabajadores universitarios en los últimos cinco años, sin que el Ejecutivo Nacional atienda y de respuestas pertinentes a los requerimientos, por demás justificados, que formulan las comunidades universitarias.
Si hoy estudiantes, trabajadores y profesores acuden a la huelga de hambre es para radicalizar la denuncia-protesta ante el gobierno y hacerla visible en lo internacional con el fin de mostrar que aquí en Venezuela sus instituciones universitarias están en condiciones precarias de funcionamiento, con infraestructuras ruinosas para realizar actividades académicas como en cualquier universidad del mundo, así como para denunciar la acumulación de deudas laborales y violación de normas de homologación salarial que hoy tienen a profesores y trabajadores universitarios devengando sueldos miserables, y a estudiantes con becas muy bajas y servicios básicos deficientes.
Es el momento oportuno para que el gobierno reconozca y valore, en su justa dimensión, el papel que han cumplido la docencia y las investigaciones científicas, tecnológicas, humanísticas y del arte desarrolladas desde las universidades en beneficio del pueblo venezolano.
Edgar Jaimes
Profesor Titular Jubilado del NURR-ULA, Trujillo.
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