¿DÓNDE ESTAMOS?
Humberto García Larralde,
economista, profesor (j),
Universidad Central de Venezuela,
humgarl@gmail.com
A pesar del apoyo abrumador que los venezolanos dimos a la “extracción” del dictador Maduro y su esposa el 3 de enero, nos encontramos, hoy, ante expectativas poco claras, que generan confusión e incertidumbre. Uno se pregunta dónde nos encontramos en el ansiado proceso de transición a la democracia. Ante los acontecimientos que van sucediendo, el plan inicial de Marco Rubio, aparentemente muy prístino y coherente –estabilización, recuperación y transición democrática– parece irse desdibujando. Veamos.
Las ilusiones que despertó la aprobación de una Ley de Amnistía, así como las actitudes –aparentemente conciliatorias– asumidas por los hermanos Rodríguez desde los poderes Ejecutivo y Legislativo para con los venezolanos, parecieran no terminar de cuajar. Por un lado, la lentitud, discrecionalidad y arbitrariedad con que se viene aplicando esta Ley, afianzada en lagunas, sesgos y despropósitos en su articulado que han sido señalados por respetados expertos en la materia, sugieren la ausencia de intención real por desmontar el aparato de terror fascista con el que se ha sostenido hasta ahora el poder de la presente camarilla. Negar la amnistía a Perkins Rocha y a la periodista Nakary Mena Ramos, entre otros, revela un poder judicial abyecto, constituido como herramienta de persecución política, en contraste con el sentido que, se supone, tiene esta norma.
La amenaza no tan velada a María Corina Machado si regresa pronto a Venezuela, amparándose en el cuestionado artículo 9, es señal de propósitos de persecución personal, retaliativa, al margen de los derechos constitucionales. El ejercicio del libre arbitrio del fascista más conspicuo del régimen, Diosdado Cabello. Por otro lado, que sigan todavía presos centenares de personas por razones políticos evidencia la aplicación caprichosa, no universal, de esta ley, que se anunció como fundamento de la reconciliación entre los venezolanos. Como señaló el domingo el director de El Nacional, Miguel Enrique Otero, la razón es que cada preso tiene un dueño. “Son ciudadanos a los que han capturado y secuestrado por orden de alguno de los civiles o militares miembros del cártel, como venganza personal, para extorsionar a la familia, para quitarle su vivienda o su empresa, para complacer a algún amigo de la dictadura.”
¿Entonces, dónde estamos? En un limbo entrecruzado por directrices de un poder imperial que considera a Venezuela su comodato, y las de sus vicarios locales, otrora “revolucionarios antiimperialistas”, en aras de posicionarse para conservar, cada uno, espacios de decisión dentro del mandato estrecho que les toca cumplir. Porque lo que queda del chavismo es eso, una coalición heterogénea de cómplices del despojo nacional, desmoralizados y sin ideología ni proyecto político alguno que los anime, procurando sobrevivir y conservar algo de sus privilegios, sobre todo, de sus riquezas mal habidas. Y el vehículo para eso está en el recurso, ahora más simulado, a los mecanismos de terror que vienen manejando desde el Estado, en particular, el miedo. ¿Hay razones válidas, distintas a la vigilancia de sus jefes estadounidenses, para confiar en que ahora sí han cambiado y que van a colaborar con las ansias de libertad de los venezolanos?
Difícil pensar que quienes han cultivado tanto las prácticas propias del fascismo hayan experimentado, desde el 3 de enero, una suerte de epifanía ante la cual decidieron ser buenos y obrar en beneficio del pueblo. Y es que su estupidez los delata. Siguen apegados a su narrativa de clichés. Convocan a una mítica consulta popular de “proyectos comunitarios” –a la cual prácticamente no acudió nadie–, y repiten el absurdo reclamo de que sea devuelta la pareja “secuestrada” de Nicolás Maduro y Cilia Flores, tildando al primero de “presidente constitucional” (¡!). ¡Vamos! Lo primero que deberían hacer Delcy y Jorge para fortalecer su posición es intentar recuperar algo de credibilidad ante un pueblo harto de sus burlas y muy consciente de que derrotó abrumadoramente a Maduro en las elecciones del 28 de julio de 2024. El robo de esos comicios, en complicidad con el truhán, Elvis Amoroso, y la descarnada y masiva represión a quienes, indignados, salieron a protestar este atropello, sitúan a Nicolás en las antípodas de toda atribución constitucional. Fue un dictador, cruel y sanguinario como ninguno. ¡Y todavía quedan Diosdado, Padrino y casi todos sus esbirros!
¿Puede confiarse en que se estabilice el país en tales circunstancias? Porque la fulana estabilización requiere avanzar, además, en la recuperación económica y ésta requiere de pasos concretos en la conquista de condiciones propicias al restablecimiento del orden constitucional, es decir, hacia la llamada transición democrática. Veamos lo primero, la recuperación económica. Delcy y Donald Trump se ufanan de la entrada de centenares de millones de dólares con la administración de las ventas de crudo por parte de EE.UU. Pero sucede que, desde el 5 de enero, el dólar oficial que publica el BCV se ha encarecido en casi el 50%. La inflación, según las cifras que acaba de sacar el Instituto Emisor, llegó para finales de febrero a 52%. Y los sueldos, en particular, de los empleados públicos, están congelados desde hace años y las prestaciones han desaparecido por la bonificación de las remuneraciones. Servicios públicos por el suelo, la precariedad de los sistemas de salud y educación y la inaccesibilidad de muchos bienes expresados en dólares, han desatado la angustia y el justo reclamo por un perentorio aumento del salario mínimo. Se aspiran niveles de, por lo menos, $250 / mes. Lamentablemente, el fisco carece de recursos para ello y un Estado fallido como el venezolano destruyó sus capacidades para enderezar estos y otros entuertos en beneficio de la población.
La puerta que queda, la de la asistencia financiera y técnica internacional de los multilaterales, no abre sin pasos concretos mínimos para el regreso del país a cumplir con las reglas y garantías que rigen los mercados financieros internacionales. Y la base de ello es, claro está, el restablecimiento –y cumplimiento– del orden constitucional venezolano. El reconocimiento de Delcy que hizo Trump como encargada de la presidencia no basta para abrir esta última puerta. Sin transición democrática y garantías, no hay real.
Y de parte de quienes, realmente, tienen agarrada la sartén por el mango, el equipo puesto por Trump, ¿está entre sus prioridades asegurar que lo antes referido marche debidamente, en consonancia con los intereses sentidos de los venezolanos? Difícil afirmar o negarlo, más cuando deben responder a los caprichos y ánimos cambiantes de alguien tan voluble y veleidoso como es su jefe. Y se ha presentado, además, un factor muy preocupante (y reprobable), que es la acción militar ordenada por Trump contra Irán y las reacciones que, sin duda, va generando entre antiguos aliados y en la opinión pública de su país por los efectos que trae el encarecimiento del combustible. El presidente republicano, engolosinado por la facilidad con que sacó a Maduro y la obsecuencia para con sus directrices que encontró en Delcy, pensó que ocurriría lo mismo con el régimen de los ayatollahs.
No entendió que, a diferencia del vacío ideológico y de valores del madurismo, ese régimen, tan oprobioso, cruel y sanguinario como ninguno, se apoya en un fundamentalismo ciego que conmina a sus fanáticos a vengarse del Gran Satán que mató a su líder. Puede argumentarse que no tienen con qué imponerse a los gringos y que la mayoría de los iraníes quisieran su remoción, pero la incursión de Trump podría estar contribuyendo a atrincherar a su Guardia Revolucionaria, además de provocar crecientes complicaciones políticas en el mundo. Ante eso, sus prioridades en Venezuela serán afincar su rol de factoría mineral y petrolera, no la “exquisitez” de procurar condiciones para una transición democrática.
Todo apunta a que sacar a Venezuela del limbo en que se encuentra requiere la movilización activa, cada vez más protagónica, del pueblo, tanto tiempo postergado y humillado en sus preferencias y aspiraciones. Y ello implica concretar, perentoriamente, condiciones para una consulta electoral creíble y confiable, requisito para poder reconstruir las instituciones fundamentales de la democracia y del Estado de derecho, en particular, al poder judicial, los servicios públicos, las fuerzas armadas y las policías. Ello se hace muy cuesta arriba si no hay plena libertad de opinión y de circulación de ideas, libertad de asociación y de participación política y la recuperación efectiva de los derechos ciudadanos, sindicales, económicos y sociales en general. Ello lleva, necesariamente, a desmontar lo que queda del Estado fallido actual, secuestrado por la cofradía criminal, militar-policial que se cogió el país. Pero la reforma del Estado para abrirle posibilidades a la participación popular en esta reconstrucción obliga a concertar un fuerte empréstito con la banca multilateral y contar con apoyos y asesorías externas. Supone un gobierno legítimo, calificado y con apoyo masivo de la población a las transformaciones decisivas que darán al traste con los remanentes fascistas. La transición democrática no puede verse como eslabón final de un proceso de liberación, recuperación y estabilización en Venezuela, es su condición de viabilización.
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