sábado, 14 de octubre de 2017

REFLEXIÓN SOBRE LAS REGIONALES




 REFLEXIÓN SOBRE LAS REGIONALES
Carlos Blanco

Las elecciones regionales se han convertido en objeto de controversia dentro de la oposición. Unos se pronuncian a favor de votar y, con el mismo fervor, otros proclaman su decisión de no hacerlo. No todas las votaciones alcanzan este grado de disputa; la más reciente, la del 16 de julio, fue objeto de un entusiasmo unánime, y la anterior, aunque no gozó del mismo entusiasmo previo, fue abrumadora en participación y en celebración, lo que dio como resultado la mayoría calificada en la Asamblea Nacional.

Ahora, sin embargo, la controversia domina el espacio público opositor por su significado político. Institucionalmente las elecciones regionales actuales no significan nada en términos de la descentralización iniciada en 1989. La descentralización está muerta y murió enredada en las patas del caballo chavista; ahora la discusión es otra. Estas líneas intentan contribuir con elementos para que el lector tenga más ingredientes para considerar este espinoso tema. 

La lógica del votante:

No es de dudar que muchos opositores y chavistas descontentos vayan a votar por los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática. Las razones pueden ser simples y claras: sólo tengo el arma del voto y la debo emplear; seguramente, el ciudadano piensa que no tiene sentido renunciar al instrumento del cual dispone porque puede volver a propinarle una derrota contundente al régimen de Maduro, dado el descontento y las magnitudes del rechazo al orden rojo. Si no hay militares que se pronuncien, ni la calle logró los objetivos de generar un gobierno de transición, ni la presión internacional va a producir el quiebre político, entonces parece obvio que, para el ciudadano, una derrota electoral es el instrumento disponible más próximo y con menor riesgo.

No ignoran los millones de venezolanos opositores que la disposición al voto puede verse tamizada por las trampas y el fraude electoral. La respuesta que suelen dar los dirigentes, y que comparte muchísima gente, es que no hay fraude electrónico y que, en consecuencia, el fraude sólo ocurre en los lugares donde no hay vigilancia opositora en las mesas de votación, aparte del ventajismo estructural que siempre se da por descontado desde 1999 en adelante. Hay argumentos que avalarían esta visión, dadas las victorias obtenidas en el referéndum constitucional de 2007 y en la Asamblea Nacional en 2015.

La conclusión es que en determinadas condiciones, aun con este CNE y con el ventajismo estructural, se ha podido derrotar al régimen en elecciones. Esta lógica es perfectamente comprensible y tiene demostraciones en aquellos dos hechos históricos, aparte de la comprobación reciente de una fuerza electoral robusta al haberse obtenido 7.6 millones de votos en el plebiscito del 16 de julio de este año. 

¿Es posible la victoria?

Frente a los razonamientos precedentes, tan claros que parece que nadie debería objetarlos, surgen impugnaciones. Hay unas claramente controversiales: como por ejemplo, los que argumentan que el CNE va a impedir que se refleje la mayoría opositora; pero, como se ha dicho, ha habido oportunidades en que a pesar de la sumisión del CNE al régimen no han podido impedir la victoria opositora. Para afirmar que ahora el mismo CNE no la admitiría habría que agregar nuevos elementos que harían que esta vez no fuese admitida un triunfo democrático. Si se ha podido otras veces, ¿por qué no ahora?

Otro argumento controversial es sobre la eficacia de las elecciones para provocar la salida del régimen (“dictadura no sale con votos” o “dictadura sí sale con votos”); tema que ha propiciado el retorcimiento de la historia propia y ajena para hacerle decir lo que interesa que diga; siendo que lo cierto es que las elecciones no han derrocado las dictaduras pero su ocurrencia en muchos casos ha servido como paso esencial para lograrlo.

En relación con la idea de que a este CNE se le han ganado elecciones, puede decirse que esto es un hecho; no una interpretación. Tal cosa ha ocurrido. La pregunta es si esta próxima elección tiene las mismas posibilidades de que el CNE no pueda impedir la eventual victoria opositora. Aunque se pueden esbozar hipótesis sobre el grado de importancia que para el régimen tiene perder la mayoría de las gobernaciones en medio de la debacle que vive, lo cierto es que no se puede afirmar si está dispuesto a llevarse por los cachos todo el tinglado electoral o si requiere que en alguna medida se mantenga el statu-quo –y por tanto, admita/no pueda impedir la victoria opositora en la mayoría de los estados-.

En la hipótesis de que el régimen no tenga fuerza para una trampa o fraude que distorsione el resultado de los comicios en forma determinante, el resultado de 23 gobernaciones opositores sin duda sería fulminante. Se entiende que 23 en manos de la oposición es una exageración, pero es la manera de decir una mayoría determinante de unas 18 a 19 gobernaciones.




Los cambios de políticas:

Los ciudadanos no inclinados a votar o ya decididos a abstenerse tienen razones que emanan de un ángulo diferente del asunto. Unos afirman que con este CNE no es posible ganar o que “dictadura no sale con elecciones” y, por tanto, los procesos electorales son una distracción innecesaria respecto del objetivo central. Más arriba se han señalado las características controversiales de ambas afirmaciones. 

Sin embargo, hay razonamientos que son más sólidos. El más importante de los cuales se refiere al abandono del objetivo de la salida del régimen que toda la oposición unida había promovido (en el caso de algunos partidos) o admitido (en el caso de otros). Hay que recordar que desde el 9 de enero, cuando la AN destituyó a Maduro “por abandono del cargo”, toda la línea opositora se concentró en el cambio de régimen. Las jornadas de protesta; el sacrificio de más de 130 jóvenes; la cárcel y los juicios, la persecución y el exilio, fueron testimonio de ese esfuerzo.

Cabe entonces preguntarse, ¿por qué se plantearon esos objetivos? ¿Eran posibles? ¿Acaso todos los partidos políticos los compartieron?

El objetivo principal: salir del régimen

En realidad en la oposición ha habido distintas aproximaciones a los objetivos que deben plantearse, aunque desde que se ganó la Asamblea Nacional el propósito principal se definió como el de cambiar al régimen lo más pronto posible. Sobre este asunto, los partidos tuvieron diferencias y, en algunos casos, severas contradicciones que, a la postre, liquidaron el movimiento que procuraba la salida de Maduro.

Bajo la presidencia de Henry Ramos Allup en la AN y con el impulso de una mayoría poderosa y entusiasmada, se propuso la salida del régimen desde enero de 2016. La opinión pública asumió que el nuevo Presidente de la AN planteaba la eyección de Maduro en seis meses; más adelante aclararía que no era exactamente así sino que en ese período habría una propuesta específica para lograrlo. En todo caso, la idea era que el objetivo lo asumía la MUD y que era factible. Las fórmulas constitucionales estudiadas no se impulsaron y en el camino tomó fuerza la propuesta de Henrique Capriles de llevar a cabo un referéndum revocatorio presidencial. Parecía posible lograrlo por un mecanismo constitucional claro, y ya se conoce que el régimen maniobró con destreza, los tribunales de los estados fueron el instrumento de la artimaña para anular el RR, y en ese instante la respuesta ciudadana fue un estado de insurrección. Los dirigentes de la MUD detuvieron la protesta y dieron paso a un diálogo tramposo con Zapatero y otros ex presidentes, en el cual Maduro ganó tiempo, se deshizo la fuerza popular avasallante y la desesperanza se instaló. No sólo sufrió la exitosa lucha que enarbolaba el RR sino que la dirección política se hundió en significativo desprestigio, entre otras cosas porque algunos eludieron los focos de la prensa y dejaron a otros cargando el muerto.

En 2017 y bajo la presidencia de Julio Borges en la AN hubo un nuevo impulso destinado a cambiar el régimen. El 9 de enero se produjo la decisión de la AN de destituir a Maduro por "abandono del cargo". El tono generalizado de los dirigentes a partir de entonces parecía conducir a ese propósito: 350 y rebelión. En tal marco, el designio del régimen de despojar a la AN de sus atribuciones a través del Tribunal Supremo de Justicia, disparó de nuevo la protesta hasta los niveles heroicos que llegó a tener desde abril hasta julio de 2017.

Las diferencias:

Pronto aparecieron las diferencias entre los partidos, aunque soterradas por el estruendo de la calle en rebelión. El liderazgo táctico de la protesta (dónde, cuándo y cómo manifestar y marchar) lo tuvieron desde el comienzo Primero Justicia y Voluntad Popular, con sus jóvenes diputados y activistas al frente. Acción Democrática participaba en la calle pero no parecía estar en la dirección operativa ni asistía con frecuencia a las reuniones de la MUD. Avanzada Progresista de Henri Falcón y Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales, se deslindaban –en general en forma discreta- del objetivo de eyectar a Maduro. Vente Venezuela, con María Corina, y Alianza Bravo Pueblo, con Antonio Ledezma, compartían el objetivo central pero eran tratados como socios incómodos en la MUD y, en la práctica, no participaban de las decisiones centrales.

PJ y VP dominaron la dirección de la protesta hasta que un nuevo actor –La Resistencia- comenzó a aparecer de una manera vigorosa, temeraria, a veces parecía organizada y a veces anárquica. La Resistencia comenzó a darle sentido a marchas que una y otra vez no podían franquear determinados lugares y que, al terminar en enfrentamientos muchas veces envueltos en tragedia, significaban para todos los participantes que la pelea se estaba dando; la estaban dando todos. Los muchachos eran la vanguardia, pero el cuerpo principal de la ciudadanía estaba allí como muralla, apoyo y retaguardia. La protesta impactó el mundo entero y fue factor eficiente para el aislamiento internacional de Maduro.

Esta lucha llegó a un punto fundamental con la consulta del 16 de julio (evento que merece análisis por separado), en la cual se produjo el mandato de desconocer la Asamblea Nacional Constituyente que el régimen se había sacado de la manga y se iba a elegir el 30 de julio; se hacía un llamado a la Fuerza Armada para colocarse al lado de la democracia; y planteaba la renovación de los poderes públicos (TSJ, CNE, etc.) para tener elecciones libres y limpias y arribar a un gobierno de unidad nacional. Fue clamoroso el esfuerzo y el resultado. 

Mientras tanto, cuatro factores comenzaron a sobrevolar el panorama opositor: primero, el indudable desgaste de la protesta; cuatro meses heroicos en las calles no habían logrado el objetivo propuesto y la represión más brutal se había ensañado contra la vanguardia y muchos dirigentes; segundo, Maduro lanzaba de nuevo el “diálogo”, al cual ya estaba aferrado UNT y del cual era partidario Falcón aunque excluido por la MUD; tercero, el régimen lanzó en forma calculada el tema de las elecciones regionales que suele seducir a los liderazgos en los estados; y, cuarto, se inició el proceso de elegir la Constituyente espuria, una especie de brazo institucional de la represión: sin la protesta ciudadana la Constituyente pasaba a ejercer la represión institucional que en la calle ejercían la Guardia Nacional y la policía.

AD asumió las elecciones regionales de una vez. En el fondo, era su estrategia más permanente al considerar que no era posible o no convenía la salida anticipada de Maduro; más bien allí, comparada con otras organizaciones, podría demostrar músculo, como en efecto ocurrió en las elecciones primarias. UNT y AP asumieron esas elecciones de modo inmediato dado que nunca habían estado comprometidos con la tesis del cambio inmediato de régimen. María Corina con Vente y Antonio Ledezma con ABP plantearon la necesidad de continuar con el objetivo trazado desde las luchas de 2014, 2016 y de 2017: la salida del régimen. Todas las posiciones anteriores eran más o menos previsibles.

El cambio más radical fue el de PJ y VP. Estos partidos tenían en ese momento dos de los activos más importantes para las fuerzas democráticas: Borges, presidente y representante del legítimo poder de la AN, y VP con el enorme caudal que en ese momento representaba el martirio de Leopoldo López. PJ y VP no sólo substituyeron el objetivo del cambio inmediato de régimen que habían proclamado sistemáticamente, con un inmenso esfuerzo y sacrificio de muchos de sus jóvenes dirigentes, sino que se vieron envueltos en los entretelones que aparecían como más sórdidos del diálogo auspiciado por Rodríguez Zapatero.

Este cambio drástico de PJ y VP, de la vanguardia política de la calle a unas elecciones regionales que varios de sus dirigentes negaron buscar, ha sido el núcleo de la desazón en el campo opositor. Desde luego que hay responsabilidades compartidas, pero esa inesperada metamorfosis política de dos de los que aparecían más comprometidos, fue terrible.

Las razones de los abstencionistas:

En este marco es que hay que analizar la posición de los que se plantean la abstención como política en las próximas elecciones regionales. Fuera del ruido de quienes los insultan, lo cierto es que se refieren a un marco de decisión diferente al de los que afirman que con su voto se obtendrán 23 gobernaciones y el año que viene se vencerá a Maduro en las elecciones presidenciales. Lo que hoy los partidarios de la abstención se plantean es una de dos cosas o las dos a la vez: la creencia que con el voto se legitima el orden que Maduro quiere crear con la Asamblea Constituyente como supremo poder, y, por otra parte, se sancionan las inconsecuencias que le atribuyen a la MUD, que, como se analizó más arriba, se centran en dos de sus partidos (lo que explicaría, por cierto, que AD salga menos chamuscado de esta enredina que otros).

La incomprensión de las razones de los abstencionistas es lo que ha llevado a los promotores del voto y, en especial, a su “guerrilla comunicacional” a insultar en vez de convencer: los tratan como si a aquéllos no les importara la pervivencia del régimen, cuando en realidad su actitud es porque asumen que la participación electoral implica la continuidad de Maduro.

Al ser los marcos de referencia diferentes, los partidarios del voto para infligirle una derrota brutal a Maduro, y los partidarios de la abstención, para no permitir que Maduro logre comprar tiempo hasta 2019, tienen razones válidas que los hacen divergir radicalmente hoy, pero cuyo sentido, paradójicamente, promete el reencuentro después del 15 de octubre.

El papel de la Constituyente:

El impacto de la Asamblea Nacional Constituyente instalada por el régimen cambia el sentido de las variables y es el nuevo instrumento del régimen para intentar cumplir, si puede, el propósito de permanecer en el poder al margen de la voluntad ciudadana, sea que se manifieste a través del voto, de la opinión pública o de la protesta. No hay que olvidar que el 30 de julio pasado el régimen no sólo cometió el fraude que unas veces más y otras menos ha cometido, sino que lo hizo al descampado, con la exhibición pornográfica de la hiperinflación de votos que nadie vio. El fraude fue exhibido con impunidad, lo que también hace alarde de la decisión –si pueden- de no salir de ninguna manera democrática del poder.

Esa ANC colocó bajo su control la realización de las elecciones anticipadas (las pasó del 10 de diciembre al 15 de octubre), ratificó a los rectores del CNE para mostrar su capacidad institucional de hacerlo, y ha amenazado –sin cumplir hasta la fecha- a los candidatos opositores con inhabilitarlos antes de los comicios o impedir, si son electos, el ejercicio del cargo. Como corolario de la intimidación está el intento de obligar a los eventuales electos a juramentarse ante la ANC para exhibir el control absoluto del poder. La decisión del régimen es aceptar gobernadores opositores sí y sólo sí se someten a la ANC e impedir este escenario no es una cuestión de ganas (o su falta) de hacerlo sino de poderío. Es obvio que desde esta perspectiva y en la suposición de que no hay fuerzas civiles de calle movilizadas o militares que puedan actuar al lado de los demócratas, el poder establecido no puede permitir lo que una elección libre y limpia consagraría, que no es otra cosa que el arrase opositor.

El panorama hacia adelante:

Pongamos dos extremos para apreciar los escenarios políticos futuros. Supongamos que los dirigentes convencen –como debería ser su misión y oficio- al país nacional de la conveniencia de votar por gobernadores de oposición y que se logra impedir la trampa y el fraude por parte del CNE, para obtener los 23 gobernadores (o 18/19 que es equivalente, como golpe político). En este caso, la victoria política de la MUD sería indudable, especialmente de AD y también de PJ y VP, que así tendrían la justificación de su viraje. 

El otro extremo es patético. Piénsese en lo que significaría tener seis o siete gobernaciones opositoras y la mayoría capturada por el régimen, lo cual sólo podría explicarse por las trampas y por la ausencia de motivación del electorado opositor (aunque no hay que olvidar que la abstención también afecta a los rojos). En este caso, la derrota de la MUD sería indudable aunque la experiencia enseña que la dirigencia en vez de hacerse a un costado por sus fracasos, suele atribuir la culpa a otros. En esta situación, el relevo opositor se pondría a la orden del día.

Lo más probable es un resultado en el que el régimen asuma una victoria, con el argumento de que a pesar del cerco imperialista y la confusión de las masas, logra un número para ellos satisfactorio. Por su parte, puede ocurrir que la oposición también asuma una victoria, sólo “empañada” por los abstencionistas que habrían impedido obtener las 23 gobernaciones. En este caso, la historia recomenzaría otra vez y Maduro intentaría juramentar a los gobernadores opositores ante su Constituyente. Maduro habría ganado esta partida si es que no hay imponderables.

Estimado lector, espero que este análisis contribuya a su reflexión.

Carlos Blanco
Asesor Político
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GABYMAR Y TOTO POZA



GABYMAR Y TOTO POZA
José Domingo Blanco

Amanecí con ganas de añadir una subtrama a mi Novela Bolivariana. Esa que escribí en julio de 2014 y fue vetada por El Universal; pero, que fue publicada en otros portales que no temieron las represalias. La verdad es que sigo sin entender por qué la censura: todo lo que escribí en aquella oportunidad, si tenía algún parecido con la realidad, no fue mi culpa. Ciertamente, el país está lleno de cuentos que inspirarían a más de una Delia Fiallo y serían la delicia de cualquier escritor deseoso de ser contratado por Univisión. Venezuela está llena de “historias arrancadas de la vida misma”. Y eso fue, exactamente, lo que me ocurrió a mí.

Me inspiré y escribí el primer capítulo de la novela. ¿La recuerdan? Celina de La Rosa y Nicomedes Pintón eran la pareja romántica del momento. Bailaban, se besaban, no sentían pena de mostrar su ardiente amor. Hoy, tres años después, imagino para este nuevo capítulo, que Celina y Nicomedes siguen bailando y apareciendo juntos; pero, ya no con esa chispa de pasión que les encendía las emociones y los ponía a menearse al ritmo de unas congas y un bongó.

También había otros personajes que, para esa fecha, gozaron sus horas de popularidad. Disfrutaban el poder y no le temblaban las manos a la hora de derrochar billetes verdes y lujo. Pero, ¡las vueltas que dan las tramas! El curso de esta ficción, los ha puesto en segundo plano y ahora solo hay unas breves referencias, populares por algunos minutos, porque los compatriotas que viven en cualquier rincón de este amplio globo terráqueo, les hacen escrache en los restaurantes capitalistas donde se presentan a comer. Así pasa: hay personajes que, si comienzan a opacar a los protagonistas, los relegan y les hacen perder fuerza mandándolos de misioneros a otras naciones. ¡Después de ser, incluso, los zares del oro negro!

La vida de Diógenes Pelambre ha sido otra cosa. Es un actor de carácter, en mi novela, que ha tomado fuerza. No podemos ignorarlo porque ha sabido capear las tormentas, los escándalos y las denuncias. A lo bravucón de barrio. Gruñe, amenaza, azuza y censura. Y sigue ahí: defendiendo el legado porque no tiene más opciones. No se atreve a ir más allá de Machurucuto o la Península de Paraguaná; su zona de confort, su arraigo y su pasión por lo nacional, oculta otras verdades que lo aterran y le hacen despertar gritando, en medio de la noche, porque en sus pesadillas, el FBI le pone las esposas y lo obliga a vestir una braga naranja.

Pero hoy estoy inspirado para escribir otro capítulo para mi Novela Bolivariana. Dentro de esta trama, hay una subtrama de amor: la de Gabymar y Toto Poza; una pareja que no pegaba ni con cola loca, pero que de pronto fue trending en las revistas rosas. Aparecían juntos: ella tan morena y tan criolla; y él tan ojos verdes y caucásico. Él, galán y ella, hija del intergaláctico. Se hacían selfies, aparecían acaramelados, viajaban; se amaban ante la mirada recelosa de Celina y Nicomedes quienes envidiaban la juventud y el desparpajo de la alocada pareja.
Las candidatas al Miss Venezuela lloraban inconsolables y se preguntaban qué tenía Gabymar, que no tenían ellas; mientras un embelesado Toto, aparecía en mítines, caravanas y campañas electorales luciendo la franela del partido que fundó el papá de su doncella.

Una novela no sería melodramática si las calumnias, las maldades y las vueltas del destino, no pusieran a prueba el amor… Como la espuma del café con leche, las pasiones se fueron transformando. Desvaneciéndose lentamente. Gabymar fue designada a una misión de alto calibre para la que no estaba, ni nunca ha estado preparada. Agarró sus maletas –Louis Vuitton- y sus vestidos CH. Ordenó que le hicieran unas transferencias y dejó al Toto bien conectado para que el despecho no le diera por la bebida y las mujeres, sino por los emprendimientos. Y así incursionara, ya no como galán de telenovelas, sino como un gran empresario de la industria petrolera.

El divorcio geográfico que ocurre cuando las parejas tienen que vivir en países distintos, siempre pone a prueba las promesas de amor. El dolor de las infidelidades, de la distancia y de los desplantes superó con creces la pasión. Los negocios de Toto no resultaron del todo como esperaba. Y comenzó a ocupar titulares, ya no por su influyente novia, ni por el éxito de sus protagónicos, sino por aparecer como el responsable de unas asignaciones especiales de la moneda más codiciada en Venezuela. Algo así como dos millones. Nada comparado con los miles de millones que, dicen algunos, quedaron en las cuentas bancarias americanas -de otros capopersoneros- congeladas por la DEA.

Su detención, la de mi nuevo personaje en la Novela Boliviariana, ocurrió mientras él comía en un lujoso restaurante de Altamira, acompañado de gente vulgar, bulliciosa, mal vestida y con peores modales que, sin miedo a los precios del menú, “ordenaban sopa, seco y güisqui”, ante la cara de “vergüenza ajena” de un mesonero - con maestría en Gerencia de la UCV- que tiene que trabajar atendiendo mesas, y no como gerente de finanzas de una empresa, soportando la ordinariez de estos nuevos ricos que llegan con su dinero mal habido, prestos a “chabacanizar” el lugar.

Fin del segundo capítulo, de una novela que promete continuar…

@mingo_1
Instagram: mingoblancotv 
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PLAGIO OPORTUNO….NECESARIO


PLAGIO OPORTUNO….NECESARIO
Ante desvarío epidémico venezolano
Rómulo Lares Sánchez*

En esta hora difícil, quizás la más fatídica de nuestra historia, deseo hacer llegar a los hogares de todos mis compatriotas, mis conciudadanos, tanto en la patria como en el extranjero, este mensaje que les expreso a todos con la misma emoción profunda como si cruzara su puerta y les hablase personalmente a cada uno.

Por segunda vez en la Historia de nuestra nación desde el 5 de julio de 1811, estamos en guerra. Una y otra vez hemos tratado de encontrar una salida pacífica de las diferencias entre nosotros y los que ahora son nuestros invasores quienes ocupan nuestro territorio con los traidores que los sirven, pero ha sido en vano. Nos han forzado a un conflicto. Hemos sido llamados por nuestros aliados para afrontar el desafío de un principio que, si tuviera que prevalecer, sería fatal para cualquier orden civilizado en el mundo.

Es el principio que permite a un Estado la búsqueda egoísta del poder, que hace caso omiso de los tratados y sus solemnes promesas, que consciente y promueve el uso de la fuerza o la amenaza con ella contra la soberanía y la independencia de su propio pueblo y de las de otros estados.

Este principio, instaurado en nuestra nación y despojado de su máscara, es sin duda la simple doctrina primitiva que dice que la fuerza es el derecho fundamental, que en el siglo XXI es del ámbito del crimen organizado transnacional que si llegase a instaurarse en todo el mundo, la libertad del resto de la Comunidad de Naciones estaría en peligro. Pero mucho más que eso, los pueblos del mundo serían sostenidos en la esclavitud del miedo, todas las esperanzas de paz que nos formáramos y de la justicia y la libertad entre y dentro de las naciones estarían acabadas.

Esta es la última cuestión que nos enfrenta. Por todo el bien de lo que nos es querido y del orden y la paz mundial, es impensable que nosotros nos neguemos a cumplir este desafío.

Es por este alto objetivo que ahora convoco a mis compatriotas, a mis conciudadanos, en sus hogares y a los que están en el exterior escapando del acoso y la persecución promovida por algunos y absurdamente tolerada por las mayorías confundidas por el terror, para que hagan propia nuestra causa. Les solicito que se mantengan firmes, en calma y unidos en estos tiempos de prueba. La tarea será difícil.

Puede haber días más oscuros por delante y la guerra no se limita al campo de batalla, pero sólo podemos hacer lo correcto, como vemos lo justo, y con reverencia comprometer nuestra causa a Dios.

Si todos y cada uno nos mantenemos firmemente fiel a ella, listos para cualquier servicio o sacrificio que se pueda exigir, entonces, con la ayuda de Dios, prevaleceremos.

Que Él nos bendiga y nos guarde a todos.

Jorge VI de Inglaterra
Palacio de Buckingham
3 de septiembre de 1939.


Rómulo Lares Sánchez*
15OCT2017


(*) Miembro del Poder Electoral de Venezuela en el “exilio” a partir de 22AGO2003.




Este famoso discurso y las circunstancias que rodearon la personalidad del Rey Jorge VI (padre de Isabel II), han inspirado la novela que ha sido llevada al cine, en la película “El Discurso del Rey”. Segundo, en la sucesión al trono llega a ser rey, luego que su hermano Eduardo VIII abdicara para casarse con una plebeya. Este, por su parte, arrastra desde su infancia serios problemas de dicción que conoce su pueblo. Sin embargo, la encrucijada histórica lo coloca ante una Europa amenazada por Hitler en los albores de la Segunda Guerra Mundial, y en la necesidad de superar sus miedos y su tartamudez en esos momentos difíciles, para trasmitir unidad y tranquilidad a los ingleses que  lo necesitan.  “El discurso del rey” es el que tiene que transmitir por radio al pueblo en 1939 para pedir unidad frente al peligro nazi y que ahora publicamos.  http://constitucionweb.blogspot.com/2011/01/el-discurso-del-rey-discurso-original.html
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martes, 3 de octubre de 2017

APUNTES SOBRE LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA JUSTICIA DISTRIBUTIVA Y LA CORRUPCIÓN



APUNTES SOBRE LA ECONOMÍA POLÍTICA
DE LA JUSTICIA DISTRIBUTIVA
Y LA CORRUPCIÓN

Humberto García Larralde
  
Criterios de justicia para la distribución del producto social

Para la teoría económica neoclásica, la justicia distributiva se sustenta en criterios basados en la competencia mercantil. En un mercado de competencia perfecta,[1] cada quien debe obtener una retribución a su esfuerzo productivo igual al valor de su productividad marginal. Este valor lo determina(n) quien(es) consume(n) sus servicios, al pagar por ellos en ese mercado transparente y competido. Emerge un constructo de justicia distributiva que no depende de la imposición o apetencias de personas u organizaciones específicas, sino de un criterio impersonal, “objetivado” a través de múltiples transacciones independientes. Nadie puede imponer su voluntad.

Los epígonos del libre mercado sostendrían que ello corresponde a un estado ideal al que se debe tratar de aproximar, libre de interferencias ajenas que podrían trastocar la racionalidad y eficiencia de sus mecanismos. Mercados distanciados de la competencia generarán dinámicas distributivas perversas, pero sus intentos de “corrección” a través de controles o redistribuciones alejaría aún más la solución “ideal”.

Una distribución más equitativa del ingreso dependería de la promoción de la competencia y de una mejor capacitación de quienes reciben bajas remuneraciones, de manera de elevar el valor de su productividad marginal. Un marco político inclusivo (Acemoglu y Robinson, 2012) contribuiría con el logro de estos propósitos. La corrupción se asocia a la percepción de ingresos por medios enfrentados a la racionalidad mercantil y violatorios de sus preceptos legales.
             
                                             Carlos Marx 


Pero el capitalismo real no se apega a los patrones ideales de la competencia. Marx y otros señalaron tendencias concentradoras y centralizadoras del capital como frutos de la lucha competitiva. Ello acaba con la competencia e introduce asimetrías de poder de mercado. Es decir, los grandes capitales gozan de un margen más favorable para imponerse. En la visión de Marx, la superestructura política que emanaba de las relaciones sociales de producción imperantes contribuiría a acentuar las iniquidades al defender a los capitalistas, iniquidades que, de paso, no se derivaban de la ausencia de competencia sino de la naturaleza explotadora del sistema.

Pero esta visión determinista de Marx tampoco se aviene a la realidad, pues el estado es escenario del encuentro y contraposición de múltiples intereses. Por demás, esta postura marxiana se desdice con las abundantes denuncias de los inspectores de trabajo ingleses de los cuales se valió el alemán para criticar las condiciones de trabajo capitalistas en su obra magna, El Capital. Uno de los pocos marxistas que entendió lo de la “autonomía relativa del estado” fue Nicos Poulantzas, aunque desde una visión restringida por su apego a la lucha de clases.

 
                                      Daron Acemoglu

El estado y la justicia distributiva

Sin entrar en consideraciones sobre lo que es o no es el estado, debe ser evidente para todos que, mientras más desarrollados, extensivos e inclusivos sean los mecanismos democráticos en un país, más difícil será que quienes manejan las palancas del poder político puedan defender intereses particulares. Esto de ninguna manera pretende argumentar que el estado es neutral. Siendo un organismo complejo, no siempre coherente o consistente en sus propósitos, y entrecruzado por múltiples intereses, sus decisiones tenderán a ser permeables a la influencia de quienes detentan mayor poder.

Y aquí la palabra “tenderán” es muy importante, pues hay que considerar la actitud de individuos clave en la administración de la cosa pública. Es decir, la “autonomía relativa del estado” no sólo resulta de la miríada de intereses que lo entrecruzan, sino también del libre albedrío o, en todo caso, de la influencia de valores y hábitos, de individuos en posiciones decisorias que pueden contrariar los intereses de los poderosos.

Estas disquisiciones poco rigurosas buscan simplemente enfatizar el papel de las instituciones democráticas como contrapeso a la acumulación excesiva de poder. En el plano político, la autonomía y equilibrio de poderes propuesto por Montesquieu resultó en un marco institucional capaz de contener las apetencias autocráticas del jefe del Ejecutivo e, indirectamente, la sumisión del mundo militar a la voluntad soberana.

En el plano económico, un estado permeable a las demandas y aspiraciones de sus ciudadanos tiende a responder a éstas, acotando el marco ante el cual discurren las actividades económicas. Históricamente podemos hablar de conquistas sociales y políticas que han redundado en derechos civiles, laborales, de los consumidores y ambientales, ante los cuales, en países con una institucionalidad fuerte, debe inclinarse la actividad mercantil. La distinción de Acemoglu y Robinson entre instituciones inclusivas y extractivas ilustra esta relación entre lo político y lo económico.

En conclusión, no existe la competencia perfecta que redundaría en una situación de justicia o equidad correspondiente a los criterios de la economía neoclásica. Por demás, la acumulación de capital, dejado a solas, resulta en crecientes iniquidades. El capitalismo, como sistema económico, ha demostrado ser muy eficiente -lo reconoció Marx al tildar a los capitalistas de fuerza revolucionaria de transformación-, pero no asegura un usufructo equitativo del producto social.

La búsqueda de la equidad (según criterios sociales predominantes) debe provenir, por ende, de fuera de la esfera mercantil, del mundo político. Esta puede tomar dos formas. La primera, respetando los mecanismos mercantiles, pero poniéndole acotaciones a partir de las cuales puedan desenvolverse. La segunda, interviniendo o -en extremo- aboliéndolos, con base en criterios distributivos político-ideológicos para generar resultados diferentes a los que resultarían del libre accionar de las fuerzas de mercado. El primero aborda el problema de las condiciones para la equidad ex ante, el segundo lo intenta procurar ex post, alterando los resultados.

La economía social de mercado

Defendemos el rol de la democracia en hacer valer reglas de juego que, de manera ex ante, acoten el ámbito en el cual se desenvuelve la iniciativa privada, de manera de asegurar el respeto a los derechos civiles, laborales, de consumidores y ambientales, conquistados por la sociedad. La distribución del producto social seguiría determinada por los mecanismos autónomos, “objetivados”, del intercambio mercantil, pero -en la medida en que se ejerce una democracia efectiva, con transparencia de la toma de decisiones políticas y rendición de cuentas- dentro de un contexto que se encuentra fuertemente condicionada por las aspiraciones de justicia de la sociedad. Aunque los grandes capitales estarían siempre pendientes de sacarle provecho a su poderío, incluyendo el uso de medios ilícitos, estarían sujetos a medidas punitivas al descubrirse sus faltas, suponiendo un estado de derecho fuerte.

Cabe señalar que aquí no se está afirmando que un marco institucional que sustente la igualdad ante la ley garantiza la igualdad de oportunidades. El campo de juego, por más democrática, abierta e inclusiva que sea la sociedad, nunca estará totalmente nivelado. Individuos poco preparados y en minusvalía para ejercer sus derechos están en desventaja ante esta igualdad de oportunidades. Y siempre habrá circunstancias en las cuales el peso de los poderosos hará que se incline a su favor. Pero de ahí, precisamente, viene el desafío democrático liberal: una lucha permanente por rebajar estos privilegios y empoderar a los relegados en beneficio del ejercicio efectivo de esa igualdad de oportunidades. No hay fórmula mágica para la equidad, solo un medio para ella, la lucha democrática en un estado liberal de derecho.

El socialismo como solución mágica


                                    Poulantzas

Cabe señalar que en sus análisis de coyunturas políticas (La Guerra Civil en Francia, El 18 Brumario), Marx fue bastante más abierto y crítico que sus posteriores epígonos en relación con el rol instrumental que supuestamente tenía el Estado como defensor de las clases dominantes. Pero lo que prevaleció para la acción política de la izquierda radical en el siglo XX fue la visión simplista de que representaba el Estado Mayor político de la burguesía, resultante de su dependencia, como superestructura, de la base económica -aunque fuese solo “en última instancia” (Poulantzas dixit).

De acuerdo con esta visión, la única manera de conquistar la equidad sería desplazando a la burguesía del poder político para convertir al Estado en instrumento (dictadura) del proletariado. La expropiación y socialización de los medios de producción convertiría automáticamente a éstos en instrumentos de la justicia distributiva: “de cada quien según sus capacidades, a cada quien según su trabajo”. Pero ello sería sólo mientras no se llegase a la sociedad de la abundancia que, en el pregón de Marx, sería el comunismo:

“cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital; cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá inscribir en sus banderas: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual según sus necesidades!”[2] (negritas mías, HGL)

El “derecho burgués” ahí referido se refiere no es otro que las reglas del intercambio mercantil. Solo que bajo el socialismo el intercambio sería equitativo por que se estarían transando bienes contentivos de iguales cantidades de trabajo (“socialmente necesario”). El problema es que, mientras no se lograba la sociedad de la abundancia habría escasez y, por ende, necesidades insatisfechas. En un plano menos abstracto, habría todavía pobreza e injusticia social. Como ello era inaceptable para la prédica revolucionaria, había que tomar atajos mientras se materializaba la anhelada jauja comunista. Esto implicaba intervenir los procesos de intercambio mercantil, sujetándolos a criterios políticos.

Como las revoluciones comunistas ocurrieron en países atrasados, donde las fuerzas productivas estaban poco desarrolladas, el imperativo de afrontar el problema de la pobreza y de la injusticia social era aún más apremiante. Se enfrentó cortando el nudo gordiano de la construcción del comunismo a-lo-Marx, instaurando desde ya el reparto según las necesidades, no según el trabajo. Se obvió la relación entre las fuerzas de mercado y el desarrollo de las fuerzas productivas, que estaban en la base del argumento marxiano.

Para instrumentar estos mecanismos alternos de distribución del producto social había que desmantelar las instituciones -reglas de juego- que sustentaban el intercambio mercantil, el “derecho burgués” antes referido. Se obviaron los mecanismos “objetivados” e impersonales de distribución, sustentados en un intercambio mercantil en competencia y en el Estado de Derecho, para instaurar mecanismos políticos que no podían derivarse de otra cosa que no fuese la estructura de poder dominante.

 En la terminología de Acemoglu y Robinson, el control político excluyente del poder por parte de los comunistas se expresó en instituciones políticas extractivas que instrumentaron el desarrollo de instituciones económicas, también extractivas. Se tendió así la cama para todo tipo de prácticas corruptas, siempre y cuando pudiesen legitimarse ideológicamente.

El populismo


                                   Carlos Andrés Pérez

Pero estos “atajos” no eran prerrogativa exclusiva de regímenes comunistas. El populismo, por lo menos el latinoamericano, consideraba necesario intervenir los mecanismos de mercado con controles de precio y aumentos administrativos de salario. Supuestamente ello no tendría consecuencias negativas sobre el crecimiento, pues ampliaría el mercado para bienes básicos, “no sofisticados”, y estimularía la inversión doméstica, mejor posicionada para atender estas demandas. En un país petrolero como Venezuela, estas prácticas consiguieron amplio sustento financiero en la captación de formidables rentas en los mercados internacionales de crudo. En última instancia, los desajustes e insuficiencias podrían resolverse a “realazos”.


La arrogación por parte del Estado de decisiones estratégicas sobre el desarrollo, así como sobre la propiedad de industrias consideradas básicas, los controles de precio y la suspensión de las garantías económicas, dibujan un contexto institucional poco favorable al desarrollo de una economía de mercado basado en la competencia. Se asocia, más bien, a una basada en la discrecionalidad en la toma de decisiones por parte de funcionarios públicos, permeable a presiones y favoritismos de los poderosos. Por más que la ideología dominante de los gobiernos populistas venezolanos estuviese imbuida en la prosecución de la justicia social, las oportunidades de aquellos de torcer las reglas a su favor -dada la debilidad o plasticidad de muchas instituciones-, se traducían en resultados percibidos como injustos.

Ello se torna aún más patente cuando, agotadas las posibilidades del desarrollo hacia adentro, el gobierno de Jaime Lusinchi refuerza los controles en respuesta a la crisis del sector externo y la inflación. Un mercado poco competido y sujeto a pautas que respondían a prioridades cambiantes, estimuló prácticas especulativas que premiaban, no el esfuerzo productivo, sino la astucia para sacarle provecho a estos cambios. Junto a prácticas clientelares con que se instrumentaron las políticas asistencialistas a los sectores más golpeados, se forjó un ámbito maleable al poder y a las influencias.

Paradójicamente, como lo reveló el rechazo de los intentos de corrección de estas aberraciones por parte del gobierno de CAP (II), los venezolanos se inclinaron, no por el fortalecimiento de las instituciones impersonales del Estado de Derecho y de la competencia mercantil, sino por un intervencionismo aún mayor, en la forma de un vengador justiciero que enderezaría las cargas a favor de quienes se habían sentido relegados, tanto por la crisis del modelo proteccionista anterior, como por las reformas introducidas para asignarle un papel más protagónico al mercado.

El socialismo del siglo XXI


                                       Hugo Chávez Frías 

La prevalencia del Estado como ductor de la economía encontró en las gestiones de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro sus expresiones más acabadas. El gobierno de Chávez se caracterizó por articular un dispositivo macroeconómico para maximizar la disponibilidad de ingresos en manos del fisco para la prosecución de sus fines políticos, saltándose los controles sobre su usufructo y aplicación. Ello se enmarcó dentro de lo que el propio Chávez denominó “socialismo petrolero”.

La formidable base financiera que se logró acumular se volcó en un gasto público discrecional, incluyendo la instrumentación de diversos mecanismos para transferir recursos a sectores de bajos ingresos a través de las misiones, que constituyeron su base política de apoyo por excelencia[3]. No puede negarse que durante los años de bonanza petrolera el consumo de estos sectores mejoró. Pero ello ocurrió en un marco de abatimiento de las instituciones del Estado de Derecho, en particular, las referentes a la rendición de cuentas, y a la acción contralora de poderes autónomos y de los medios de comunicación social, lo cual facilitó el usufructo de los recursos públicos en función de intereses particulares o grupales.
                        


El desmantelamiento del Estado de Derecho se expresa en la centralización del poder y la toma de decisiones en manos de la Presidencia de la República, y la sumisión a él de los demás poderes. Se ha dado al traste con el equilibrio y autonomía de los poderes públicos, llegando al extremo de desconocer abiertamente las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y pretender suplantarla con una Asamblea Nacional Constituyente conformada con partidarios del gobierno, en violación de los mecanismos constitucionales existentes. Instrumental en este golpe de estado ha sido la actuación de un TSJ designado por la anterior Asamblea Nacional -dominada por el chavismo- para “avalar jurídicamente” el atropello al Estado de Derecho.

En el plano económico el régimen se ha arrogado la fijación de precios de los bienes y servicios, y de los canales a través de los cuales deben ser comercializados; decide quién contrata con el Estado y bajo qué modalidades, qué cosas importar y cómo, y a quiénes se les entregan dólares preferenciales. Asimismo, asume la prerrogativa exclusiva de asignar concesiones mineras y petroleras y se reserva otras a discreción, sin rendir cuentas y eximiéndose de la acción contralora de la Asamblea Nacional y de los medios de comunicación. Más allá, un TSJ írrito “valida” que se salten los controles y resguardos que establece la Constitución en materia presupuestaria: una patente de corso para ignorar cualquier limitación a la abierta expoliación de los recursos pertenecientes a todos los venezolanos por parte de quienes están en el poder.
  

                                                                                 Nicolás Maduro

Por si fuera poco, Maduro le da cobijo a quienes están señalados afuera como incursos en hechos delictivos, nombrándolos a altos cargos públicos. No hay restricción institucional alguna, una vez abatido el Estado de Derecho, para evitar que los dineros públicos sean apropiados para cualquier manejo irregular que puede ocurrírsele a la oligarquía que detenta actualmente el poder. El país está sujeto a su libre albedrío.

Los resultados económicos de este arreglo han sido sumamente adversos. Además de la severa caída en la actividad económica y una inflación que, por mucho, ha sido la más alta del mundo por cuatro años consecutivos, el empeño del Ejecutivo de privilegiar el pago de la deuda externa, aun con la drástica caída en los ingresos por exportación del crudo, ha significado una reducción brutal de las importaciones, agravando severamente el desabastecimiento de alimentos y medicinas, y avivando aún más las alzas de precio.

En consecuencia, la población ha sufrido un proceso acelerado de empobrecimiento, con graves secuelas en materia de hambre y desnutrición, muertes por no conseguir los medicamentos y/o los tratamientos requeridos, incremento en la mortalidad infantil y de madres parturientas, además de la malnutrición y la morbilidad relacionada con distintos padecimientos.


El Estado Patrimonial

Al aumentar las medidas de intervención y de control de la economía, y al asignarse los recursos del rico estado petrolero a discreción del presidente, aparecieron inusitadas oportunidades de lucro que, en ese contexto de anomia e impunidad creciente, auspició la emergencia de complicidades entre “revolucionarios” atrincherados en los nodos decisorios del estado para sacarles provecho. Al amparo de la prédica socialista, se fue destruyendo el “estado burgués” para acomodar prácticas delictivas que fueron desarrollándose, en torno a los cuales se forjaron lealtades a cambio de participación: “póngame donde haiga”. Por esta puerta entró también la gerontocracia cubana, mentora ideológica de este desastre, para apropiarse de suculentas tajadas a cambio de asesoría en represión y seguridad de Estado.

El socialismo de precios y de tipo de cambio controlados, de leyes punitivas, confiscaciones arbitrarias “en defensa del pueblo” y de controles de fronteras ante la “guerra económica”, resultó ser la excusa perfecta para prácticas corruptas muy lucrativas: sobrefacturación de importaciones y empresas de maletín para ponerse en los dólares a Bs. 10; “contrabando de extracción” de gasolina y de productos regulados; monopolización de importaciones de alimentos y medicinas con escandalosos sobreprecios; contrataciones y otras negociaciones turbias de PdVSA; otorgamiento de concesiones petroleras y mineras en la sombra; apoyo a la guerrilla colombiana (narcotráfico); etc., etc. Hoy estas fortunas salen a la luz por los escándalos ventilados en relación con bancos anglo-suizos (HSBC), de Andorra, España, República Dominicana, Panamá, USA y Portugal (Banco Espirito Santo).

El discurso socialista permitió a una mafia apoderarse progresivamente del aparato estatal. Quebró sus líneas de mando y de rendición de cuentas, vulnerándolas y entrecruzándolas con lealtades de grupo para conformar mafias sectorizadas. Éstas fueron fagocitando “cotos de caza” que, a veces llevaba a que se presentaran conflictos entre ellas. El liderazgo carismático de Hugo Chávez y la enorme renta que captó el estado hasta finales de 2014 por la venta internacional de crudo -porque había real para todos- disolvieron muchos de estos conflictos. Cuando no era posible, se dirimían con denuncias de corrupción que sacaban del juego al menos “enchufado”.


                               
                                                                                          Max Weber 

Se “legaliza” abiertamente un Estado Patrimonialista (Max Weber, 1978) caracterizado por la confusión del patrimonio público de la Nación, con el patrimonio privado de quienes están al frente del Estado. En nombre del socialismo fueron privatizados los bienes públicos por parte de una oligarquía que detenta el poder para la prosecución de sus fines particulares. En su defensa desató una ofensiva ideológica que procuraba legitimar ante los suyos los desmanes ocasionados, bajo el pretexto de estar enfrentando “enemigos” que están al servicio del imperialismo, culpables de desatar una “guerra económica” contra la “revolución”.

Las características de la ideología en este atrincheramiento del Madurismo en el poder, afrontan los preceptos constitucionales referidos a la alternabilidad democrática y el respeto por los derechos individuales, civiles, políticos, económicos y sociales. Lamentablemente, las medidas de control y regulación sobre las que se fundamentan las acciones depredadoras de la oligarquía en el poder, así como el usufructo discrecional de la renta petrolera hecho posible por la violación de las normas establecidas en la Constitución y las leyes, se nutren de la cultura rentista a que se hizo referencia al comienzo. Por demás, la destrucción de la capacidad productiva doméstica y el rezago en el ajuste del tipo de cambio han exacerbado la dependencia del ingreso petrolero y, con ello, las apetencias por participar en su usufructo excluyente.

El Estado se arroga la potestad de determinar cómo deben abordarse las necesidades de la población, esgrimiendo un difuso proyecto “socialista” para ello. En el imaginario construido para justificarse ante los suyos, una “guerra económica” atenta contra las supuestas “conquistas” de la “revolución”, obligando al Estado a fijar precios de los bienes y servicios, y a determinar sus condiciones de distribución y comercialización. Los contratiempos y/o consecuencias negativas de este intervencionismo obligan, en el marco de este esquema, a reforzar aún más los mecanismos regulatorios y de control, y a complementarlos con medidas de expropiación o confiscación de activos privados, supuestamente para resguardar los intereses del pueblo.

Desde esta perspectiva, el acoso al sector privado no sería tal, sino el resultado de su negativa a someterse a los cánones que definen el bien común, responsabilidad del Estado. Ella se ceba en la cultura paternalista y en las expectativas de muchos de que corresponde al Estado asegurar las condiciones de vida amenas demandadas, en desapego de criterios de corresponsabilidad para que éstas puedan generarse.

La acción del Estado contra la empresa privada respondería, en este imaginario, a criterios de justicia social y de protección del débil. La conducta expoliadora de la oligarquía se nutre también de la precaria cultura ciudadana del venezolano, lo cual lo hace vulnerable a prédicas demagógicas que buscan someterlo a los propósitos de control de regímenes autocráticos.  Como la empresa privada sólo persigue intereses subalternos, muchos de los cuales atentan contra las “conquistas” del pueblo, corresponde a los funcionarios públicos administrar directamente los asuntos económicos para ponerle coto.

Comentarios finales

No hay receta mágica para la justa distribución del producto social, pero sí mecanismos para avanzar hasta dónde sea posible en la prosecución de este fin: la promoción de la competencia en el marco de un estado social de derecho que vele por los derechos civiles, laborales, de los consumidores y ambientales.

 La profundización de la democracia es condición sine qua non para poder progresar en la justicia distributiva, conforme a los valores preponderantes de la sociedad. Dejar su instrumentación en manos de individuos preclaros, de sectas ideológicas que alegan ser los únicos garantes genuinos de la felicidad y la justicia humana, solo puede llevar a la autocracia y la imposición de criterios discrecionales.

Estas suplantan los mecanismos objetivados e impersonales de distribución, propios de mercados competidos en el marco de un estado de derecho liberal, por mecanismos personales, vulnerables a las apetencias de intereses particulares. Los vericuetos que abren los intentos de control y regulación, así como la instrumentación de normativas punitivas, constituyen el mejor caldo de cultivo para la corrupción, sobre todo si logra ampararse de clichés “revolucionarios” para legitimarse ante quienes detentan el poder o, mejor aún, logran convertir a éstos en cómplices.

Referencias
Acemoglu, Daron y Robinson, James (2012), Por qué fracasan los países. Ediciones Deusto, España.

Weber, Max (1978), Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology, edited by Guenther Roth and Claus Wittich, University of California Press, Berkeley.

Humberto García Larralde
Economista, profesor de la UCV
humgarl@gmail.com






[1] Implica movilidad de factores, información completa y simétrica, productos homogéneos, inexistencia de externalidades y múltiples agentes interactuando desde la oferta y la demanda
[2] Crítica del Programa de Gotha.
[3] Entre otras aplicaciones de estos cuantiosos recursos está la “compra” de aliados internacionales a través de ventas de petróleo generosamente financiadas, exoneraciones de deuda y otras ayudas.
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