NI TAN SANTO
Luis Marín
El primer gesto hacia Venezuela de Juan
Manuel Santos, alias Juan Pa, alias Santiago, apenas asumió la presidencia de
Colombia, fue declararse como el nuevo mejor amigo de Chávez, para desconcierto
general incluso de los chavistas, que embarraron las paredes con pintas que
todavía se ven muy cerca del Palacio Presidencial de Miraflores.
Sería interminable relatar los vaivenes
de amor y odio que han signado las relaciones de ambos países en estos largos
seis años, hasta arribar a este cierre técnico de la frontera, previa expulsión
indiscriminada de humildes colombianos; pero el hilo conductor estuvo claro
desde el principio: la relación con el régimen venecubano es un engranaje
esencial en las negociaciones de La Habana que JMS convirtió en la piedra angular
de su segundo mandato.
Nunca más se habló de los campamentos de
las FARC en la frontera, apenas un reportaje de la televisión española se
atrevió a mostrar el modus vivendi establecido entre una
soldadesca descalza del lado venezolano con los muy bien equipados guerrilleros
que deambulan con absoluto dominio del terreno.
Los venezolanos observan con la mayor
impotencia como los otrora cobradores de vacuna han pasado a monopolizar la
propiedad de las fincas, no sólo en la frontera sino al centro del país,
mediante métodos que serían cómicos sino fueran trágicos, como cuando le
ofrecen a un hacendado una suma razonable por sus tierras y éste responde que
muy bien, pero el problema es que su finca no está en venta.
“Qué vaina -replica el oferente-. Entonces
tendremos que comprarle a la viuda.”
Cuando esporádicamente la violencia
salpica a la opinión pública, indefectiblemente el gobierno acusa a los
paramilitares, pero nunca admite que haya guerrilla en la frontera, que se pone
en evidencia por episodios como el reciente en que se denunció del lado
colombiano que las columnas guerrilleras que tomaron la población de El Conejo,
en la Guajira, para hacer “pedagogía de paz” fuertemente armados, provenían de
Venezuela escoltados por efectivos venezolanos, algunos vistiendo prendas
militares venezolanas.
Los líderes negociadores de las FARC se
desplazaron en lujosas camionetas blindadas, decenas de ellas matriculadas en
Venezuela, específicamente en el Estado Carabobo, bien lejos de la frontera,
pero con un gran vinculo sentimental con el canciller Rodrigo Granda,
inolvidable, porque cuando fue capturado en diciembre de 2004 por el comando
antiextorsión y secuestro, resultó ser vecino de Francisco Ameliach, entonces
presidente de la Asamblea Nacional y hoy gobernador de ese Estado.
Su esposa, Yamile Restrepo y su hija
Diana siguieron en el país, de hecho, la revista Semana publicó que regentan la
empresa Inversiones Granda-Restrepo & Cía, S.C.S., dedicada a la
explotación y comercio de oro, un negocio sanguinario en Venezuela.
El caso es que las FARC son aquí un
importantísimo actor político y económico, pero actúan como una banca de
segundo piso, completamente fuera de la vista del público y no van a ceder en
nada, sea lo que sea que se firme en La Habana.
Son como la policía y el ejército cubano
de ocupación, el poder sin aspavientos.
EL SUEÑO DE GABO
Apenas consiguió su reelección JMS nos
encajó otra sorpresa todavía mayor: “Hoy, colombianos, al recibir su voto de
confianza para un segundo período de gobierno, me comprometo con ustedes a
trabajar por ese país que soñó Gabo y soñamos todos nosotros.” Pero, ¿qué
país podría ser ese? ¿Quiénes serán ese “nosotros”?
Veamos, Gabo era comunista, más que
amigo, fiel emisario y propagandista de Castro. El país soñado por Gabo no
puede ser sino aquél por el que siempre luchó (aunque vivía espléndidamente en
México). Pronosticó que para 1985 Cuba sería una potencia, con todos sus
problemas resueltos. “Nosotros” no puede referirse sino a los revolucionarios,
quienes comparten el sueño de Gabo de una sociedad comunista.
En sus memorias se autodefinió como no
creyente, que en buen cristiano quiere decir “ateo”. Para más señas, relata una
misa profana que habría oficiado en agosto de 1959 en la Capilla de la Clínica
Palermo de Bogotá el “cura guerrillero” Camilo Torres para bautizar a su
primogénito Rodrigo con testigos de excepción, Plinio Apuleyo Mendoza, Susana
Linares y la madre, Mercedes Barcha.
Lo de profana viene porque ninguno era
creyente, por lo que no acompañaban el ritual de la misa y cuenta García
Márquez a título de chiste que como por milagro aparecieron unos campesinos
(quizás llevados por el mismo Camilo) que rezaban, se persignaban, arrodillaban
y levantaban cuando era propicio, lo que ninguno de ellos hacía.
Camilo Torres Restrepo es una prueba
ambulante, si hiciera falta alguna, de que el conflicto colombiano no es
horizontal, entre ricos y pobres, como quiere vender la propaganda
castrocomunista, sino un conflicto vertical, entre la oligarquía conservadora y
liberal a la que se debe añadir la oligarquía comunista.
Los jefes rebeldes, histórica y
actualmente, provienen de sectores privilegiados que, por razones que sería
arduo explicar, insurgen contra la sociedad que los ha mimado. Sus vástagos
estudian en Suiza, conocen los aeropuertos mejor que la selva y ganan premios
de viajeros frecuentes, tal como los herederos del Castrismo.
El biógrafo de Camilo, Walter Joe
Broderick, cura y revolucionario errante, cuenta: “Sé que Camilo Torres estaba
oficiando el matrimonio de una pareja de la alta sociedad bogotana que estaba
emparentada con la familia Santos Calderón y Camilo era el oficiante”. De resto
no sabe, pero otros testimonios revelan los vínculos del hermano de JMS,
Enrique Santos Calderón, con la guerrilla del M-19.
A principios de año JMS dio instrucciones
públicas para que el ejército iniciara el proceso de búsqueda y exhumación de
los restos de Camilo Torres como un gesto simbólico para allanar las
negociaciones con el ELN.
Un acto público teatral porque se sabe
que los restos siempre estuvieron guardados en el Panteón de la V Brigada de
Bucaramanga, capital del Departamento de Santander, muy cerca del Municipio de
San Vicente de Chucurí, donde fue abatido en el lugar conocido como Patio
Cemento, el 15 de febrero de 1966, según el libro publicado por el general
Alvaro Valencia Tovar, quien realizó las operaciones y que también resulta ser
íntimo amigo de la familia.
El cuerpo fue exhumado a fines de enero
muy oportunamente para la conmemoración del cincuenta aniversario de su muerte.
Un hecho curiosísimo es que la certificación del ADN tuvo que esperar que
se enviaran las pruebas desde Cuba, donde reposan los restos de su madre,
Isabel Restrepo Gaviria, que falleció en La Habana, el 14 de enero de 1973, a
los 73 años de edad, alabando a sus tres amores: Fidel, el Che y Camilo.
Los vínculos directos de Castro con
todas las guerrillas de Centroamérica y el Caribe, incluyendo a Puerto Rico,
saltan a la vista de modo que es imposible ignorarlos; así que resulta
increíble que ahora los presenten como los grandes pacificadores, que traen
armonía y concordia a todo el Universo.
El país que soñó Gabo es la pesadilla de
Venezuela.
EL DIABLO LEGISLADOR
JMS argumenta que tiene un mandato de
los colombianos (en mayoría muy precaria, por cierto) para negociar la paz a
cualquier precio; lo que no aclara de dónde proviene la legitimidad de los
negociadores de las FARC. ¿Quién los eligió a ellos?
Sabemos que es una organización tiránica
creada por alias Tirofijo, que dirigió hasta su muerte, como es usual en todas
esas organizaciones llamadas de liberación nacional en Asia, África y América
Latina, que sería extenuante reseñarlas todas, baste decir que se convirtieron
en empresas vitalicias, hereditarias y harto lucrativas.
El problema no es de profesores
acostumbrados a recitar que la Constitución y las Leyes definen las
atribuciones del Poder Público y a ellas debe limitarse su ejercicio, a quienes
resulta engorroso explicar cómo es que una organización que ni siquiera es
legal en Colombia puede modificar su ordenamiento jurídico, crear normas de
carácter general, vinculantes para todos, vale decir, que se elevaron a la
condición de legisladores.
Y esto concierne no solo a las FARC, que
no tiene personalidad jurídica, que no es un ente de Derecho Internacional
Público, que ni siquiera es “una” organización, sino un archipiélago de frentes
actuando por su cuenta, que no poseen el monopolio de la paz y no podrían dar
lo que no tienen; sino al Ejecutivo, que actúa con abuso y desviación de poder,
más allá de sus límites legales.
Por ejemplo, la creación de una
enrevesadísima Jurisdicción Especial de Paz que, más allá del eufemismo, es
como la militar o de menores, para personas que se encuentran en una condición
singular que las hace diferentes a los demás ciudadanos y que merecen un trato
diferenciado. En Venezuela se habla cotidianamente de “justicia transicional”
como sinónimo de “impunidad”.
Un negociador está obligado a
preguntarse: ¿Podemos hacer esto? ¿No será necesaria una ley del Congreso para
crear una jurisdicción? ¿Y especial para quienes, para guerrilleros,
terroristas, secuestradores, narcotraficantes, en general, desconocedores del resto
del ordenamiento jurídico? ¿No se inhabilita con esto a los demás jueces? ¿Cómo
queda el principio del juez natural?
El argumento de JMS es proverbial: no se
puede someter a la jurisdicción ordinaria a quienes se han rebelado contra ese
ordenamiento, al que consideran injusto, clasista y todo el resto del discurso
rebelde. La cuestión es que no se ve cómo admitir esto sin ponerse en el lugar
del revolucionario, sin convertirse también en un insurgente, cosa que no le va
nada bien a un Presidente que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución.
El marco para estos excesos lo dan unas
condiciones extraordinarias de paz que son el equivalente perfecto a las
circunstancias extraordinarias de guerra que permiten tomar medidas que serían
inconcebibles en condiciones normales: “Paz” en sentido soviético.
En el fondo, todos los gobiernos
colombianos establecieron una especie de costumbre de negociar con las
guerrillas sin pensar mucho en las consecuencias doctrinales, si se permite la
expresión, a largo plazo. Claro, una cosa es negociar con unos secuestradores
el rescate de rehenes sin que esto implique ningún reconocimiento del
interlocutor, que además ni siquiera pretende ningún derecho y otra negociar,
por ejemplo, una reforma del Código Penal, que es vinculante y cambia el
ordenamiento jurídico.
Todos hicieron malabarismos para impedir
que los grupos irregulares alzados en armas lograran el status de beligerantes,
a despecho de celebrar negociaciones con ellos, no pocas veces encubiertas;
pero el gobierno de JMS se fue al otro extremo y les ha otorgado la condición
de constituyentes, atribuyéndose unas competencias exorbitantes, sin
precedentes en la historia jurídica latinoamericana y quién sabe si mundial,
cuyas consecuencias son imposibles de predecir.
Lo más inquietante es que como resulta
imposible acercarse a un extremo sin alejarse simultáneamente y en la misma
proporción del otro, las concesiones a las FARC implican injuriar y golpear en
idéntica medida a sus víctimas y enemigos.
JMS sigue la cartilla diseñada en La
Habana que ya hemos sufrido en Venezuela: la judicialización de la persecución
política de la oposición democrática y liberal. Esto significa que para
garantizar la impunidad de subversivos y hampa común es inevitable llevar a la
cárcel a ciudadanos esencialmente honestos.
El Fiscal General de la República se
convierte en verdugo, brazo ejecutor de los fines políticos del Ejecutivo, cada
vez más dictatorial. La doctrina, si mereciera ese nombre, es la “justicia
diferencial” castrista, que permite que personas que realizan idénticas
actividades sean juzgadas de modos opuestos según sean adeptos o no al régimen.
Las garantías de generalidad e igualdad ante la Ley son arbitrariamente
desaplicadas. Ni hablar del uso repugnante de “testigos estrellas” tan
conocidos en Venezuela.
Es alarmante que se manipule a
delincuentes que por los cargos que se les imputan tendrían comercio con miles
de personas, para luego ir cerniendo sus actividades a ver si alguna tiene que
ver con personas del Centro Democrático o del entorno del Presidente Álvaro
Uribe para procesar exclusivamente a éstos, dejando de lado a todos los demás,
que no tendrían interés político.
La oposición cae en un juego semántico
de llamar zonas de concentración a lo que el gobierno denomina zonas de
ubicación o de localización, que los cubanos impusieron en Venezuela como
“zonas de paz”, con resultados que están a la vista: son aliviaderos de la
delincuencia dejando la población civil a su merced.
Es igualmente aberrante que el
paramilitarismo se considere en abstracto, independiente de la guerrilla,
siendo que la autodefensa fue su consecuencia y no al revés, condenando aquél y
perdonado a ésta como idealista.
Aquí los hacendados se negaron a crear
autodefensas argumentando que esa es una función de las FFAA, que para eso
están, poniendo a Colombia como ejemplo, que las crearon para una cosa y luego
se volvieron contra ellos. En verdad, es lo que ha ocurrido históricamente
desde que el Senado de Roma confió su seguridad en fuerzas mercenarias.
El caso es que en Venezuela se quedaron
sin el chivo y sin el mecate.
Otra vez este país es el espejo en que
se refleja el futuro de Colombia.
Luis Marín
13-03-16
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