Oswaldo Guayasamin
MAFIAS VS. MERCADO
LA DISYUNTIVA QUE
ENFRENTAN LOS VENEZOLANOS
Humberto García
Larralde
I.
Mercados competidos y transparentes, en los que se conocen
precios y calidad de lo que se transa, constituyen la forma más eficiente de
satisfacer los requerimientos de la sociedad con los recursos y capacidades
disponibles. Cualquier desajuste entre demanda y oferta de un bien encuentra
expresión inmediata en su precio, incentivando la concurrencia de nuevos
oferentes cuando sube o desplazando a aquellos menos eficientes en caso
contrario. En competencia, el sistema de precios orienta a los consumidores hacia
las mejores ofertas y señala oportunidades de negocio a los emprendedores.
Además, presiona a cada firma a perfeccionar su oferta, so pena de que un
competidor satisfaga mejor la demanda y la desplace del mercado. Esta dinámica
incentiva la innovación, mejorando la calidad de los bienes y servicios
producidos, disminuyendo sus costos y generando espacios para la inversión, el
crecimiento y el empleo productivo.
Corresponde a los gobiernos estimular la competencia, promover
la transparencia de los mercados, regular los monopolios naturales[1] y
forjar condiciones que promuevan la innovación y el cambio tecnológico. Deben
procurar los equilibrios macroeconómicos que están en la base de la estabilidad
de precios, del financiamiento competitivo y del intercambio provechoso con el
extranjero. Asimismo, es menester un marco institucional que promueva la
confianza y la iniciativa de inversionistas, productores y comerciantes. A la
vez, el Estado debe producir los bienes públicos[2] que
demanda la sociedad y compensar por las ineficacias ocasionadas por la
presencia de externalidades[3].
Pero maximizar la eficiencia y lograr, por ende, el mayor
crecimiento a través de mecanismos de mercado, en absoluto garantiza la equidad
en el provecho de sus frutos. Por esta razón, un régimen democrático debe
procurar que los más pobres puedan valerse de las oportunidades que ofrece la
igualdad ante la ley. Apela, para ello, a sus potestades redistributivas,
pechando a los más ricos para obtener los recursos con los cuales atender las
necesidades de los de menores ingresos.
El alcance de este empeño dependerá de cómo se expresen los
valores de justicia social en el país, pero no debe interferir con los
mecanismos de mercado, ya que mataría “la gallina de los huevos de oro” de la
iniciativa privada. En esta difícil combinación entre equidad y eficiencia se
mueve el mundo moderno, desde el “capitalismo salvaje” tipo chino, escaso en
derechos laborales, del consumidor y ambientales, así como en libertades
civiles y políticas; a países democráticos cuya protección social tiende a ser
omnicomprensiva, como la de los escandinavos, que exhiben la mayor equidad en
el mundo con niveles muy altos de bienestar material; pasando por los EE.UU.
II
Pero Venezuela tiene petróleo. A partir de su producción
comercial a gran escala los gobiernos se sintieron ungidos financieramente para
tutelar la modernización de la nación invirtiendo en obras de infraestructura,
servicios de educación, salud y seguridad, y formando una burocracia estatal
que administrara estos desarrollos. Desde el llamado “trienio adeco” –con la
trágica interrupción de la dictadura de Pérez Jiménez- fueron incorporándose
sectores otrora marginados al usufructo de una amplia gama de derechos. Pero en
este proceso el Estado buscó la justicia social, no por medio de políticas
redistributivas, sino interviniendo los mecanismos de mercado.
Con el boom del
mercado petrolero internacional de los ’70, la economía se indigestó con una
plétora de recursos que no pudo absorber productivamente. Se afianzó un
PetroEstado dispendioso que desplazó al rol del sistema de precios en la
asignación eficiente de recursos por incentivos perversos asociados a la
búsqueda de rentas. Ello apartó a los agentes económicos del esfuerzo
productivo y aupó actividades especulativas. Políticas populistas y
clientelares fueron minando la vinculación entre eficiencia, competitividad y
nivel de vida, corrompiendo la ética ciudadana con una conducta paternalista
del Estado, según la cual el disfrute de derechos en absoluto obligaba al
cumplimiento de deberes.
Cuando bajaron los
ingresos del petróleo en los ’80, la ilusión de bienestar creciente se vino
abajo. Los gobiernos sumieron al país en una serie de controles y regulaciones
en procura del “paraíso” extraviado, que terminó desdibujando los criterios de
justicia social con que el bipartidismo de AD y COPEI había forjado su
legitimidad. Se diluyó el carácter inclusivo del Estado de Derecho, que pasó a
depender de mecanismos discrecionales, prestos a la manipulación política a
cambio de favores. Los intentos de superar el rentismo con las reformas pro
mercado de CAP II hicieron aflorar los costos reprimidos por años de los
controles y los subsidios. Se desató un fuerte rechazo de parte de los
dolientes del viejo esquema, que entrabó este proceso de cambio.
