UNA ABERRACIÓN QUE HA DURADO DEMASIADO

 

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UNA ABERRACIÓN QUE HA DURADO DEMASIADO
Humberto García Larralde

 

El peor gobierno de la era petrolera

A finales de 2018, concluía el período constitucional de Nicolás Maduro. Advenido a la presidencia en virtud de un cuestionado triunfo electoral en 2013, nos encauzó a la peor tragedia sufrida por país alguno que no estuviese en guerra. Bajo su mandato, redujo la economía a la mitad, desplomándose las actividades de construcción (-90%), comerciales y de reparación (-76,4%), la de las instituciones financieras (-74,9%) y la manufactura (-71,6%)^[1]. La producción petrolera se encogió en 50%, obligando a la importación de gasolina y otros productos para satisfacer la demanda interna, y de petróleo liviano para mejorar los crudos pesados. Incrementó la descomunal deuda dejada por su predecesor a niveles muy por encima del valor del PIB venezolano. La caída en más de dos tercios de las exportaciones petroleras hizo imposible cancelar su abultado servicio, colocando al país en default. Valiéndose de un control de cambio que estimuló todo tipo de corruptelas, Maduro intentó generar excedentes para pagar este servicio, contrayendo las importaciones en 2018 a apenas la quinta parte de las de 2012. Contrajo el consumo privado por habitante (promedio) a los niveles de 1970, víctima, además, de la terrible hiperinflación que desató el financiamiento monetario de los déficits generados por su irresponsable gestión. En consecuencia, el poder adquisitivo del salario mínimo disminuyó un 70%, deprimiendo la estructura general de remuneraciones. En fin, Maduro descargó sobre los hombros de los venezolanos todo el peso de un severísimo ajuste contractivo, mucho peor que los denostados ajustes “neoliberales”, producto de las distorsiones que ocasionó su conducción (y la de Chávez) de la economía.

Pero los daños infligidos a la población no se reducían al ámbito económico. La represión de manifestaciones de protesta, con más de 200 muertos a manos de militares y colectivos fascistas, y la detención arbitraria y tortura de muchos opositores --denunciadas por Foro Penal y otras ONGs--, añadían un cariz terriblemente inhumano a la gestión de Maduro. A ello habría que agregar la sumisión de los venezolanos a las arbitrariedades, extorsiones y exacciones de militares, policías y otros funcionarios, dada la anomia resultante de la destrucción del Estado de Derecho. Luego está la indignante corrupción, abierta y desmedida, en tantas ejecutorias del Estado, despojando a los servicios públicos, entre otros, de recursos y degradando la calidad de vida de la población. Finalmente, el régimen pisoteó la voluntad popular que eligió una mayoría calificada de demócratas para la Asamblea Nacional en diciembre, 2015, anulando todas las prerrogativas de ese cuerpo, persiguiendo y encarcelando a muchos de sus diputados, y usurpando sus funciones con dictámenes de un tsj rastrero y una asamblea constituyente tramposamente constituida. No en balde, la desaprobación del gobierno se encontraba, en la mayoría de las encuestas, por encima del 80%.

La aberración de Maduro

Todo lo anterior era razón de sobra para haber cambiado de gobierno, una vez vencido el período de Maduro. Pero, como sabemos, ello fue impedido. Además de sabotear el referendo revocatorio de su mandato en 2017, se hizo reelegir en una pantomima comicial, con dirigentes y partidos opositores proscritos, sin auditoría del registro electoral ni participación de observadores internacionales de confianza, y bajo un CNE constituido con militantes del oficialismo. El régimen que de ahí surgió en absoluto responde a la voluntad popular y rompe, por ende, con el ordenamiento constitucional. Es, en términos políticos, una aberración. El diccionario define este término como: “Acción, comportamiento o producto que se aparta claramente de lo que se considera normal, natural, correcto o lícito.” Por tanto, el mando impuesto por Maduro no debería existir. Constituye un extravío inadmisible, que debe ser eliminado. Lamentablemente, la complicidad activa de militares corruptos, que emplean el terrorismo de Estado contra opositores, ha permitido que cumpla dos años. Son dos años en guerra contra la población venezolana, usurpando funciones que debería haber asumido un gobierno democráticamente elegido.

Las consecuencias de tal aberración no podían ser más trágicas. La economía se redujo adicionalmente en más de un 40%, terminando el 2020 con un tamaño que es solo la cuarta parte de cuando Maduro accedió por primera vez a la presidencia. Se profundizó la destrucción de la industria petrolera, que actualmente produce unos 400 mil barriles diarios, un 17% de la cantidad de entonces. La hiperinflación multiplicó el alza de precios unas 230 veces más, haciendo de Venezuela el país más pobre de América Latina, según estimaciones basadas en la encuesta de las universidades, ENCOVI. Por otro lado, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos en Venezuela, del Consejo de Desarrollo Humano (CDH) de la ONU^[2], confirmó las denuncias que venían realizando diversas ONGs nacionales e internacionales con relación a la violación extendida de derechos humanos por parte del régimen. Documentó lo que consideró crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población, señalando responsabilidades en los más altos niveles del Estado. Ello fue confirmado también en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de esa organización, Michele Bachelet. Finalmente, la Corte Penal Internacional encontró “fundamentos razonables” para creer que en Venezuela “se cometieron crímenes de competencia de la corte desde al menos abril de 2017”^[3].

La eliminación de la política

Hoy sabemos que la tragedia venezolana. no es resultado de la ignorancia o de errores de política. Es deliberada, resultado de acciones tomadas conscientemente por Maduro y sus cómplices, militares y civiles, a fin de asegurar oportunidades para depredar al país. La eliminación del Estado de Derecho y la sumisión de las actividades económicas a sus dictados obedecen a los imperativos de expoliación de la riqueza social. Y, al aniquilar los derechos del ordenamiento constitucional, reprimir los medios de comunicación independientes y perseguir a las organizaciones civiles (y políticas) autónomas, acabaron con las condiciones para relevarlos por vías democráticas. Desnudaron a Maduro como dictador.

Su insistencia en cobijar su dictadura bajo formas democráticas --eso sí, totalmente adulteradas para vaciarlas de toda capacidad de expresar la voluntad popular-- ha confundido a algunos opositores, que se empeñan en circunscribir la lucha política a los métodos propios de una democracia. En otros, la retórica utilizada y la tutela cubana llevan a percibir al régimen –en mi opinión, de manera equivocada— como una clásica dictadura comunista. Asumen que lo impulsa un proyecto ideológico, conducido por un Partido Comunista –en este caso, el PSUV-- monolítico y disciplinado, que, desde el poder, impone acciones con base en el patrón doctrinario conocido de los países de la antigua órbita soviética.   

Pero lo que cohesiona a la dictadura no es ningún imperativo ideológico, sino el tinglado de alianzas y concesiones que se ve obligada a concertar con las distintas agrupaciones que expolian al país, para mantenerse en el poder. La dinámica que se desprende de esa red de complicidades tejidas entre militares, “boliburgueses”, agentes cubanos –Maduro, los hermanos Rodríguez y otros— y agrupaciones criminales (colectivos, pranes, FARC, ELN), es la que determina las acciones de gobierno. El poder terminó siendo capturado, como tantas veces se ha denunciado, por una confederación de mafias que conviven y rivalizan entre sí para explotar las oportunidades de lucro surgidas con la destrucción del Estado de Derecho. En el estado de anomia resultante, prevalecen los más fuertes y los que logran aliarse con estos. Esto hace de los militares corruptos el eje de la alianza mafiosa, capaces de detener, torturar e, incluso, matar a quienes se interponen. Son los artífices de las extorsiones, confiscaciones, exacción de comisiones a toda transacción con el Estado, tráfico de estupefacientes, etc. y otras ejecutorias basadas en la fuerza, el pegamento que mantiene a las mafias cohesionadas como régimen.

El neofascismo bolivariano

La consustanciación del régimen con acciones de fuerza y de violencia por parte de militares corruptos, autoridades civiles y bandas paramilitares, lleva a categorizarlo de fascista o neofascista. Comparte sus métodos totalitarios o proto-totalitarios, pero camuflado en un populismo extremo para proyectarse como campeones del pueblo. Ahora la ideología no ejerce la función de inspirar un proyecto político, en pugna con otras opciones de poder, sino como burbuja en la cual refugiarse para escapar de la realidad del mundo circundante, resistente a sus propósitos. Sirve como credo para invocar lealtades y reclamar la obsecuencia de sus partidarios. Edifica una realidad falsa, conformando una secta de fanáticos que se identifican con ella, refractaria a toda posibilidad de convivencia con quienes piensan diferente. Sus nociones de verdad y de razón se construyen a partir de su funcionalidad para con el ejercicio del mando y la preservación de sus oportunidades de lucro, no de su capacidad para explicar la realidad existente, mucho menos como referencia para proponer soluciones. Representa un blindaje contra acuerdos de política basadas en criterios racionales aceptables para los demócratas. Éstos deben ser aplastados. Las objeciones desde afuera, señalando los sufrimientos de la población, en absoluto lo perturban^[4].

La mitología comunista, al justificar la liquidación del Estado de Derecho, por burgués, y someter a las fuerzas del mercado para sustituirlas en el reparto de la riqueza y del producto social con criterios políticos –basadas en relaciones de fuerza--, ha sido de utilidad para legitimar la expoliación del país. Se destruye, así, la economía, pero echándole la culpa a una “guerra económica” contra la “revolución” por parte del imperialismo y la burguesía. La burbuja ideológica sirve, asimismo, para criminalizar toda protesta, tildándola de “terrorista”, y justificar toda suerte de disparates, siempre y cuando contribuyan a galvanizar a sus partidarios en torno a sus desmanes. Nada más parecido a las turbas de extrema derecha que irrumpieron en el Capitolio de EE.UU. que las bandas fachas de Chávez y Maduro.  

La vulnerabilidad del régimen

El hecho de depender de una armazón de complicidades a distintos niveles para sostenerse constituye la mayor vulnerabilidad del régimen. No se basa en un poder monolítico, que obedece a un mando único, centralizado, como haría creer la invocación de las experiencias comunistas. En la medida en que su depredación ha ido reduciendo los recursos con base en los cuales tejer esas alianzas, más precario se ha tornado su poder y mayor fricción interna concita. Y no tiene escapatoria. No puede revertir el deterioro económico, porque la “premiación” a sus secuaces ocurre, precisamente, con base en la expoliación de la economía. No puede ofrecer garantías y seguridades para atraer inversiones, eliminar las coimas y otras exacciones, porque acabaría con esta expoliación. Tampoco puede desmontar el terrorismo de Estado para negociar el levantamiento de las sanciones impuestas a muchos de sus personeros por violación de derechos humanos porque, más allá de las complicidades, es la herramienta que le queda para evitar ser desplazado. Lamentablemente, ello hace al régimen aún más virulento, preso de las rivalidades, de la anarquización de las líneas de mando y de la impunidad que se deriva de la anomia. Al no poder desmontar los mecanismos de expoliación, la situación económica empeorará todavía más, sobre todo en el marco de los estragos causados por el COVID-19.

La instalación de su asamblea nacional partidista, ahora con unos 270 diputados, además de pretender borrar la representación popular electa de la anterior asamblea –la única legítima—ofrece un espacio ampliado para zanjar ambiciones de los diversos intereses que se mueven en la constelación fascista. Las elecciones para autoridades municipales constituirán otro escenario. Si bien ayudan a aliviar las tensiones, también diluyen el poder de la cúpula central, cada vez más aislada y vulnerable.

Los nuevos escenarios

La elección de Biden como presidente de Estados Unidos, más las nuevas condiciones creadas por el vencimiento del período constitucional de Guaidó y demás diputados elegidos en 2015, suponen un escenario diferente a aquel imaginado antes por algunos ilusionados por la retórica de Trump. Todo hace pensar que el apoyo internacional al cambio democrático en Venezuela habrá de enfatizar la negociación para acordar elecciones presidenciales y para la Asamblea Nacional, que sean confiables. Por lo pronto, no pareciera que fuésemos prioritarios en la agenda de Biden, ocupado inicialmente en sanear las heridas dejadas por su antecesor, ni tampoco de los países del llamado Grupo de Lima, por la necesidad que tiene cada uno de centrar sus esfuerzos en superar el grave impacto causado por el Coronavirus sobre sus sociedades. La Unión Europea mantendrá una posición similar a la que ha venido sosteniendo, una vez barajado un nuevo status para su relación con el liderazgo opositor. Es de suponer, entonces, que las cosas se mantengan más o menos igual en los próximos meses, aunque continuará deteriorándose la situación país, como la represión y persecución de opositores.

En tal escenario, la negociación no puede enredarse en “solucionar los problemas del país”. Esto es una excusa del fascismo para ganar tiempo. En absoluto le interesa el bienestar de la población. Tampoco puede dejarse enmarcar en una supuesta confrontación “izquierda – derecha” o de defensa ante el acoso imperialista, con que Maduro busca tocar sensiblerías “progre” a nivel mundial. Su fin solo puede ser apurar salidas a la aberración social y política que representa una dictadura primitiva y oprobiosa, que le niega posibilidades de sustento al pueblo para esclavizarlo con bolsas CLAP. Los países democráticos deben entender esto y no prestarse a engaños que alarguen su permanencia. Las negociaciones deben plantearse desde una posición de fuerza, que lleve a que algunos integrantes de la mafia tomen en serio las ofertas para que se vayan. Ello no será posible mientras la oposición se mantenga dividida, acusándose mutuamente y sin vincularse con los padecimientos y las luchas de una población cada vez más oprimida. No hay otra opción, entonces, que dejar de lado los afanes de protagonismo personal y subordinar todo interés secundario a los esfuerzos para construir, unidos, esa fuerza mayoritaria.

La cabeza visible del fascismo –Maduro, Cabello, los Rodríguez, Padrino López y sus secuaces—está demasiado enferma con sus delirios onanistas para pensar que accedería honestamente a este tipo de negociación. Tampoco se puede negociar con la FAN, pues ésta, como institución, fue destruida. Pero sí tiene sentido focalizar los esfuerzos en quienes sirven de sustento a la médula militar corrupta. Éstos se sienten inseguros, ya que su permanencia depende de criterios políticos, no de las jerarquías o de los méritos institucionales ya destruidos. Al achicarse las oportunidades de lucro, serían los primeros en ser excluidos. Además, sobre ellos pesan severas sanciones por violación de derechos humanos, narcotráfico y otras corruptelas, lo cual los hace vulnerables a negociaciones que ofrecen salidas.

Negociar significa, por mucho que nos asquea, estar en disposición de ceder. Al fascismo no le interesa consolidar ningún proyecto de sociedad porque lo anima la confrontación permanente. Basta observar el gozo que invade el rostro de Cabello cuando anuncia, por TV, medidas contra la oposición. Pero tampoco la oposición está en condiciones de desplazarlo con la fuerza. Con el pañuelo en la nariz, busquemos resquebrajar el sostén militar del régimen con negociaciones que permitan elecciones confiables a cambio de suspender sanciones. Son unos 195 sancionados. Algunos tienen que ceder. Procuremos abrir las rendijas para que pueda expresarse la voluntad popular mayoritaria. La alternativa de conservar nuestra posición impoluta, amparada en nuestros principios y razones para no negociar con criminales, es que Venezuela se deslice todavía más por la pendiente chavista, hasta su desaparición como país.

Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com

 

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^[1] Cifras oficiales. www.bcv.org.ve
^[2] https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx
^[3]https://cnnespanol.cnn.com/video/venezuela-corte-penal-internacional-nicolas-maduro-crimenes-lesa-humanidad-fernando-del-rincon-cnne/
^[4] Remito al lector a escritos míos al respecto, para no repetir aquí sus argumentos:
http://redinternacionaldelcolectivo.blogspot.com/2013/05/humberto-garcia-larralde-comunismo-o.html
https://politicom15.wordpress.com/2017/02/08/fascismo-comunismo-y-la-pretendida-supremacia-moral-de-los-revolucionarios-humberto-garcia-larralde/
El fascismo de siglo XXI: La amenaza totalitaria de Hugo Chávez Frías, Random House Mondadori, Colección Actualidad Debate, Caracas, 2008.
Venezuela, una nación devastada. Las nefastas consecuencias del populismo redentor, Ediciones Kalathos, 2020. Cap. 6, 7.
 

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EL COMPROMISO DEMOCRÁTICO DE ALGUNOS OPOSITORES A MADURO

EL COMPROMISO DEMOCRÁTICO
DE ALGUNOS OPOSITORES A MADURO
Humberto García Larralde

  

2020 cerrará como un año nefasto por los estragos producidos por la pandemia mundial y los efectos económicos y en nuestras formas de vida, que trajo. En Venezuela, adicionalmente, quedará marcado por la profundización del sufrimiento infligido a su población por parte del régimen fascista. No obstante, la devastación ocasionada por Maduro y sus cómplices ha sido tal que ha minado sus propias bases de sustentación, haciendo cada vez más precario su poder. De unirse la oposición en torno a una estrategia eficaz y un proyecto consensuado de sociedad, más pronto que tarde habremos de construir una Venezuela democrática. Claro está, forjar esa estrategia constituye la angustia y el reto principal de dirigentes y militantes de la oposición democrática. Y, respecto a la sociedad deseada, la actitud asumida por algunos opositores en las recientes elecciones de EE.UU., mueve a preocupación.

Chávez fue una expresión de un populismo funesto, llevado a extremos. Destruyó las instituciones de la democracia liberal y arruinó la economía. Escogió a Maduro para terminar de consolidar un estado mafioso, cuya despiadada depredación sumió a los venezolanos en la peor miseria conocida desde que se empezó a extraer petróleo en el país. La violación sistemática del orden constitucional se amparó en una falsa realidad construida con base en una retórica maniquea moralista, que polarizó a la sociedad entre patriotas (los buenos) y escuálidos (los malos). En esta narrativa, éstos conspiraban en contra del pueblo, por lo que había que descartar las instituciones que salvaguardan la pluralidad política, el respeto por la diversidad y el respeto por sus derechos.

Eliminado el equilibrio de poderes, Chávez abusó de los recursos del Estado para atacar y someter a los medios de comunicación, criminalizar la protesta y perseguir a opositores. Los descalificó con campañas de odio, señalándolos como “enemigo del pueblo” y rebajándolos con ofensas de todo tipo. El poder sin contrapesos en manos de Chávez, Maduro y sus cómplices, degeneró en la transgresión de derechos civiles y humanos básicos, y en la discriminación de quien expresase ideas contrarias. El acoso a las universidades nacionales y a los gremios completó esta arremetida. A esas prácticas, y a la destrucción de las normas legales y de convivencia propias de una democracia liberal, debemos la miseria inhumana infligida hoy a tantos venezolanos.

En las elecciones recientes de EE.UU., una cantidad no despreciable de compatriotas --algunos con derecho a votar allá--, todos furibundos antichavistas, llenaron las redes sociales en apoyo al presidente Trump. Sirvieron de eco a un candidato que basó su campaña en construir una falsa realidad con base en mentiras y alegatos ridículos sobre sus adversarios, para polarizar a los estadounidenses entre los MAGA buenos (Make America Great Again) y aquellos que estarían amenazando su modo de vida. Además de los demócratas, los intelectuales y los dueños de los grandes medios de comunicación, culpabilizó de ello a los inmigrantes. Aupó a grupos de supremacía blanca y atizó los odios contra manifestantes de conciencia (Black Lives Matter; contra el calentamiento global), a quienes tildó de “terroristas”.

Descalificó a periodistas críticos, acusándolos de fabricar “fake news” y de ser “enemigos del pueblo”. Alimentó, así, un imaginario en el que el estadounidense genuino –el pueblo—se enfrentaba a una conspiración internacional de “socialistas”, financiada por George Soros y Bill Gates, cuya punta de lanza sería la candidatura de Joe Biden. En desafío a las reglas de juego democrático de su país, denunció con anticipación que, de no ser reconocida su triunfo electoral, se habría cometido, invariablemente, un masivo fraude. Y, en previsión de ello, forzó a destiempo el nombramiento a la Corte Suprema de una juez aliada, de manera de asegurar una mayoría aplastante de magistrados que pudieran interceder en su defensa.

Al quedar claro que, efectivamente, no había sido favorecido ni por el voto popular, ni por la mayoría de los colegios electorales de los estados, se negó a reconocer su derrota y desplegó los poderes a su alcance para denunciar supuestas trampas que le habrían robado su triunfo, sin presentar evidencia alguna al respecto. De hecho, las demandas legales que su equipo interpuso contra el proceso electoral han sido rechazadas abrumadoramente por jueces estadales –muchos pro-Republicanos—y, una tras otra, las autoridades electorales en cada estado han ido certificando el triunfo de Biden.

Pero, a mes y medio de las elecciones, Trump sigue insistiendo en que ganó, poniendo en entredicho la confianza del sistema electoral estadounidense. Un 80% de Republicanos, según los sondeos, creen que hubo fraude.

Sorprende, entonces, que muchos venezolanos antichavistas, apoyaran a un candidato quien, con un signo diferente, utilizó los mismos ardides contra la institucionalidad liberal que alimentaron a Chávez. Y lo hicieron con igual pasión e intensidad que mostraron los seguidores de éste al comienzo. De hecho, más de un furibundo Trumpista –hoy arrepentido—, fue un furibundo chavista. Y, al igual que entonces, hicieron suya la falsa realidad maniquea que dividió a la sociedad entre buenos y malos, aunque ahora éstos son los “socialistas” de Biden quien, entre otros horrores, ¡aboga por una medicina social! Conozco de venezolanos residentes en España, beneficiarios de la excelente salud pública de este país y a quienes el Estado Español ha suministrado otras ayudas, anotados en esta campaña.

Lo anterior revela una preocupante tendencia de algunos a fanatizarse tras líderes populistas que falsean la realidad con soluciones simplistas --blanco y negro-- a situaciones que, por su naturaleza, son complejas. Y, al reducir el debate entre la verdad única (la mía) y la conspiración artera de los otros, se convierten en secta refractaria a toda razón. El sectarismo ancla la mente en mitos y supersticiones, refractarios a la verificación (fact checking). Embrutece y cierra las puertas a la convivencia democrática.

Desafortunadamente, los venezolanos nos formamos en una cultura política en la cual un Estado Mágico –denominación con que el antropólogo, Fernando Coronil, tituló un libro suyo--, alimentado por una renta petrolera prodigiosa, resolvía los problemas básicos de nuestra existencia. El culto a Bolívar nos hizo vulnerables a prédicas populistas que se proponían traspasar las restricciones de la democracia liberal para hacer realidad la gloria que él quiso legarnos. Chávez fue el caudillo que, por excelencia, supo explotar estas esperanzas de redención.

No es descabellado afirmar que el apoyo a Trump de algunos venezolanos se debe, precisamente, a ver en él al salvador que nos liberaría de la terrible dictadura de Nicolás Maduro. Y el presidente de EE.UU. no cesó de proyectar esta idea para ganarse el voto latino.  Confieso que hubo un momento en que yo también le creí. ¡Buche y pluma no más!

La búsqueda de un salvador destruye la confianza en las instituciones y socava a la democracia liberal. Son éstas las que, al asegurar los derechos civiles frente al poder del Estado, constituyen la base de las libertades y de la convivencia entre personas que piensan distinto. Fortalecer al poder ciudadano y resguardar el equilibrio entre poderes que propuso Montesquieu, son antídotos inapelables contra caudillos autoritarios que destruyen las libertades en nombre de una voluntad única del pueblo.

Señaló el filósofo, Daniel Innerarity en un artículo reciente[2] que, “El desafío de la democracia liberal consiste en desplegar tanto poder como sea necesario, pero no más, para asegurar la libertad de todos.”  ¿Estamos realmente ganados para la idea de instaurar una democracia liberal en Venezuela?

 

Humberto García Larralde

economista, profesor (j),

Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

 

 [1] Autor del libro, Venezuela, una nación devastada. Las nefastas consecuencias del populismo redentor, Ediciones Kalathos.

 

https://www.amazon.com/dp/B08MDF3MLR/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Venezuela%2C+una+naci%C3%B3n+devastada&qid=1604257550&s=digital-text&sr=1-1

 

 

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EL FASCISMO Y LA DESESTABILIZACIÓN DEL PÁIS

El fascismo y la desestabilización del país

Humberto García Larralde

Increíble, pero cierto. El Madurismo sigue en sus cantinelas, impertérrito, mientras el país termina por desmoronarse sobre sus cabezas. Fascismo del subdesarrollo, porque al menos Hitler y Mussolini procuraban que sus países funcionaran, aunque fuese solamente para sostener el esfuerzo de guerra. Pero en la triste y trágica Venezuela de 2020, todavía se le ocurre al mamarracho de Tarek William Saab salir a denunciar que la detención de Roland Carreño –un desafuero más en la larga lista de atropellos a la justicia-- era porque estaba incurso en una conspiración, con Voluntad Popular, ¡para desestabilizar el país! Tan sumergidos en su mundo ficticio de clichés y excusas autocomplacientes están estos capos de mafia --que han chupado al país seco--, que continúan culpando a otros por sus barbaridades, como si nada. ¡Pero si el país lo vienen desestabilizando ustedes desde hace años! Lo desmontaron desde sus cimientos; no queda piedra sobre piedra. Acabaron con PdVSA, con los servicios públicos, con la libertad, la justicia y la autoridad, para dejarnos en una anomia, regida por criminales de cuello blanco, verde oliva o de franela con tatuajes. ¿estabilidad? Se refugian en un callejón sin salida que, más temprano que tarde, les cobrará bien caro. Prefieren cortocircuitar las pocas neuronas que les quedan repitiendo estupideces hace tiempo agotadas.

¿En qué país viven? ¿A quiénes se dirigen?

Tal conducta es expresión de que el combo de pillos y torturadores, con Maduro a la cabeza, ha decidido tirar la toalla en cuanto a “legitimarse” con carantoñas al juego democrático, como aquello de liberar presos políticos –como si fuera una concesión—, cuando el mundo está más que claro que nunca debieron estar presos. El empeño, hasta ahora no abortado, de insistir en las elecciones trampeadas de diciembre, cuando ya se ha cantado por adelantado el fraude a los cuatro vientos, es muestra de que, desde hace tiempo, no saben donde queda el freno en su carrera alocada al precipicio. Pero así es el fascismo. Peor que Jalisco, ni el empate lo satisface. O aplastan al otro o se inmolan. Recordemos a Hitler en su bunker echándole pestes a sus compatriotas por no haber estado a la “altura” de sus designios de grandeza y prefiriendo suicidarse ante su derrota, que negociar una salida.

Quien esto escribe, a pesar de haber insistido siempre en la naturaleza fascista o fascio-comunista del régimen, aboga por su salida pacífica, negociada, en aras de ahorrarle al país mayores sufrimientos. Ya ha sufrido demasiado. Pero su actitud hace cada vez más difícil acordar las bases mínimas de tal negociación. Como Hitler, prefieren atrincherarse en su bunker –no de concreto, sino de fantasías ideológicas—, que enfrentar la realidad. Mientras quede algo por robar –y están raspando con ahínco el fondo del barril—no cederán.    

Pero hace tiempo se les acabó la farsa. Su bancarrota se exalta ahora al encargar al esbirro militar, Reverol, ¡de la economía! ¡Ni gasolina son capaces de asegurar!  Su monigote “revolucionario” no tiene vida, es absolutamente inviable y su único destino es la muerte. Lamentablemente, no sólo del proyecto en sí, sino de buena parte de venezolanos, si no salimos pronto de él.

Por más difícil que pueda parecer la situación de las fuerzas democráticas en estos momentos, el futuro –y no muy lejos—les pertenece. ¿Hasta cuándo los fascistas van a prolongar el sufrimiento, torpedeando toda posibilidad de una salida que pueda ampararlos en lo inmediato –la justicia tardará, pero eventualmente llegará--, para sumergirse en su burbuja de consignas copiadas, imaginándose “blindados” contra la realidad? ¿Es que realmente creen que así habrán de salvarse? ¿Es que no queda nadie sensato ahí, con los pies en la tierra? ¿Todos son criminales enceguecidos por la rapiña?       

     Humberto García Larralde
economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, 
humgarl@gmail.com
                                    

30 octubre 2020

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LOS BUENOTES - LOS VERDUGOS DE VENEZUELA VI

LOS VERDUGOS DE VENEZUELA Y VI:
LOS BUENOTES
Humberto García Larralde

Venezuela se encuentra devastada, incapaz de proveer condiciones de vida mínimamente satisfactorias y dignas a la inmensa mayoría de su población. Su economía ha sido destruida, su industria petrolera desvalijada y los servicios públicos despojados de los recursos para su mantenimiento. Los venezolanos pasan días enteros –sino semanas—sin agua, con cortes recurrentes de luz y ausencia de gas, con pérdidas cuantiosas para el presupuesto familiar. Estas calamidades se acrecientan por la falta de gasolina, el colapso del transporte, ingresos miserables y la terrible inseguridad personal. Y ahora, con el informe de la Comisión de Verificación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se confirma la perpetración de prácticas consideradas crímenes de lesa humanidad contra la población por parte de Maduro y su combo. Denuncias similares se venían haciendo desde hace tiempo por Foro Penal y otras ONG, y por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michele Bachelet.

Lo insólito y cruel es que tal tragedia ha sido urdida deliberadamente por quienes ocupan el poder. Una cúpula militar enviciada y una jerarquía política enferma han prohijado un entramado de complicidades con bandas criminales y traficantes de todo tipo para conformar un régimen de expoliación que está acabando con el país, ante la mirada alcahueta de un tribunal supremo vendido. Bajo tutoría cubana, Maduro ha logrado aglutinar en torno suyo a los personajes más perversos, lo peor de la sociedad, asociándolos a este proceso de depredación. Su estructura de poder es propia de una corporación criminal. Pero, sin tal entramado de complicidades no se explica su permanencia frente al Estado.  

Los atropellos que ha cometido y la violación abierta de los procedimientos democráticos, ha suscitado el repudio de unos 60 países al régimen, entre los cuales cabe mencionar los latinoamericanos que conforman el Grupo de Lima, EE.UU., Canadá y la Unión Europea. Si bien ello se ha reflejado en sanciones crecientes contra los perpetradores de los crímenes cometidos contra Venezuela y su gente, la resistencia y/o confusión –¿deliberada?-- de algunos actores en esos países, como al frente de terceros, ha logrado paliar otras, más severas, ofreciendo cierta salvaguarda al régimen fascista. Esgrimen, con sinceridad discutible, su oposición a cualquier forma de intervención en Venezuela, la necesidad de buscar una salida negociada, la autodeterminación de los pueblos, la inviolabilidad de la soberanía y otros alegatos “políticamente correctos”. En la medida en que se trata de argumentos, en principio, loables –todo el mundo preferiría una salida pacífica, concertada entre venezolanos-- podemos designar a quienes los esgrimen, como los “buenotes”. Pero en la medida en que sus acciones ofrecen respiro a las mafias que depredan al país, se asocian objetivamente con ellos, como sus verdugos. 

Sin duda hay quienes asumen estas posturas de buena fe, convencidos de que es el único camino para superar esta tragedia. En el otro extremo, asquean los que, haciéndose pasar por bien intencionados, se les distingue el cinismo a leguas. Entre éstos pueden señalarse los de la operación alacrán, ´diputados “formalmente” opositores, vendidos para usurpar la directiva de la Asamblea Nacional, y personajes como José Luis Rodríguez Zapatero, de quien no tengo dudas de estar en la nómina del fascismo madurista. Todavía más allá, se asoman los enemigos de la democracia, quienes esconden su afán de acabar con las libertades detrás de la bandera del antiimperialismo y de la defensa de los pueblos oprimidos. Aquí encontramos satrapías como la iraní y gobiernos autocráticos como el de Putin y Erdogán, sin mencionar los despotismos dinásticos de Cuba y Corea del Norte. Pero estos últimos contribuyen bastante poco a vender una imagen positiva de Maduro ante el mundo. Son caimanes del mismo pozo, cómplices abiertos de la destrucción del país. Difícilmente pueden pasar como “buenotes”.

Más preocupante es el vasto espectro intermedio, de cuyas intenciones no siempre puede uno estar seguro, que inciden en la conformación de la opinión pública, tanto nacional como internacional. Ello es así porque sus alegatos invocan valores genéricos que tocan las fibras sensibles de muchos. Los que no estén informados de la situación nacional pueden fácilmente reprimir todo juicio crítico ante estas nociones. Muchos que se consideran “progresistas” se dejan llevar por una retórica profusa en simbolismos de izquierda para absolver atropellos que, sin duda, serían condenados si proviniese de dictaduras de derecha. El neofascismo chavista está muy consciente de ello. Alimenta un imaginario en el que es víctima del imperialismo y de las sanciones internacionales impuestas a sus personeros. Por más gastadas que estén estos clichés, es antipático aparecer convalidando acciones del imperio contra una “revolución” de un país pequeño, que lucha “en beneficio del pueblo”. La burbuja ideológica que se ha construido el Chavo-madurismo proporciona una formidable defensa detrás de la cual agazaparse, sustituyendo el mundo real por una ficción que convierte sus crímenes en logros “revolucionarios”.

Un ejemplo es la “ley constitucional” (¿?) Antibloqueo. Este esperpento jurídico, salpicado con subtítulos altisonantes referidos al “pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano”, el “desarrollo armónico de la economía nacional”, “la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”, la “recuperación del ahorro de los trabajadores y trabajadoras” o la “atención prioritaria de planes, programas y proyectos sociales”, constituye, en realidad, una patente de corso para que Maduro obvie el ordenamiento jurídico que regula cualquier tipo de negocios, tanto a nivel nacional como internacional, y alegue reserva y confidencialidad para no presentar cuentas. Este libertinaje normativo, el extremo opuesto al régimen asfixiante que, durante años, se quiso imponer como socialismo, no ofrece, como tampoco aquel, garantía institucional alguna para el desarrollo de la iniciativa privada. Favorece operaciones a discreción con los activos del estado, facilitando aún más, la depredación de las riquezas minerales del país que, en buena parte, terminan en los bolsillos de algún representante de las mafias.                                                   

¡Mayor cinismo en el enunciado de sus propósitos, imposible! Mientras más aislado, más se atrinchera Maduro en su mundo de embustes para continuar destruyendo al país. Se le estrecha la mente, como revela la referencia al “bloqueo”, símbolo retórico del antiimperialismo cubano. Contra toda lógica, en sus momentos más difíciles, los maduristas se vuelven más fanáticos e intratables. Este blindaje contra la realidad es propio de todo régimen fascista. Como muestra está el empeño de pasar la aplanadora de unas “elecciones” parlamentarias fraudulentas al costo que sea, que nadie, salvo los cómplices de la corporación criminal internacional que se ha apoderado de Venezuela, van a reconocer.     

Difícil objetar la búsqueda de una salida pacífica negociada, aun cediendo posiciones a representantes de la mafia para que puedan escapar. Lamentablemente, la oligarquía militar – civil ha rechazado, una y otra vez, tales propuestas. Es su naturaleza. Es menester, por ende, lograr una posición de fuerza que la haga ver que no tiene otra alternativa, que su salida negociada es la única opción. Para ello debe neutralizarse las confusiones de los “buenotes”. Es menester separar el grano de la paja y hacer aún mayores esfuerzos por desnudar la impostura de los criminales que acaban con Venezuela.

En el pasado, los epígonos de Hitler y Mussolini terminaron siendo reconocidos como lo que fueron: enemigos de la humanidad, superadas las ilusiones que sembró en Munich el Primer Ministro Británico, Chamberlain. Hoy toca situar a los Rodríguez Zapatero y demás cómplices como lo que en verdad son, defensores del fascismo.

Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

24 octubre 2020

humgarl@gmail.com

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Los verdugos de Venezuela III:
Los leguleyos celestinos del tsj

Humberto García Larralde
 

Los síntomas de la muerte de nuestro país son cada vez más terminantes. El informe de coyuntura del Instituto de Estudios Económicos de la UCAB de septiembre estima una caída de la actividad económica para este año del (-) 30%. 2020 será, por tanto, el séptimo año seguido de fuerte contracción, algo nunca visto en un país que no haya estado en guerra. Con esta caída, el PIB de Venezuela se aproxima a la cuarta parte de lo que era en 2013. La destrucción de la actividad petrolera – en los últimos tres meses se produjeron menos de 400.000 barriles diarios, cuando en 2013 la cifra estaba en torno a los 2,8 millones--, junto al derrumbe de la economía doméstica y el cierre de los mercados financieros internacionales, obliga al régimen a cubrir sus gastos con emisión monetaria. Así, perpetúa las presiones inflacionarias y reduce, aún más, el poder adquisitivo de las remuneraciones. El salario mínimo se acerca, hoy, a solo dos dólares mensuales (¡!). Y, con el colapso de los servicios públicos, de la banca y de la extrema vulnerabilidad del país ante la pandemia del Covid-19, no puede prevalecer sino la miseria, el hambre y la muerte para todos aquellos que no tengan acceso a las divisas.

Esta oclusión –insistimos-- no es por efectos de una guerra o de un cataclismo natural; se acaba con el país a conciencia. Los que comandan las decisiones del Estado deliberadamente ignoran los clamores por un cambio de políticas, ya que implicaría desmantelar el régimen de expoliación que han instalado, fuente de sus fabulosos beneficios personales y de su poder. Son los verdugos de Venezuela.

En entregas anteriores hemos reseñado, brevemente, dos de sus componentes principales: una cúpula militar podrida que extiende sus tentáculos por el cuerpo económico y social; y quienes, desde los altos mandos del gobierno, articulan los procesos de depredación, valiéndose del comprobado modelo de dominación de los cubanos. En la presente reseña, vamos a comentar uno de los estamentos más perversos de este esquema de dominación, el constituido por quienes se prostituyen, una y otra vez, en procura de tramarle visos de legalidad a los delitos cometidos contra la nación y sus pobladores: los integrantes del tribunal supremo de “justicia” (tsj), cabrones del régimen^[1].

Luego de la sentencia que absolvió al alto mando militar que desobedeció la orden de Chávez de ejecutar el “Plan Ávila” en contra de los manifestantes del 11 de abril, 2002, éste se propuso acabar con la independencia del poder judicial y ponerlo a su servicio. A través de cambios sucesivos de la ley, pudo llenar el tribunal supremo con partidarios. Hizo que se abandonaran los concursos para designar jueces, con lo que la inmensa mayoría de estos fueron designados provisionalmente, quedando vulnerables a las presiones del ejecutivo. Progresivamente, los fue convirtiendo en la versión criolla de “los juristas del horror” que documentara Ingo Müller^[2] bajo el nacionalsocialismo: a los señalados como enemigos se les detiene y luego se inventa el delito con el cual inculparlos. El juicio contra Leopoldo López en 2014, que lo condenó a 13 años de cárcel --montado por la jueza Barreiros-- es muestra de este sicariato judicial.

 Maduro ha profundizado esta prostitución de jueces, pero ha puesto el acento en un aspecto todavía más pernicioso: “legalizar” la violación abierta del orden constitucional. Ante los resultados electorales del 6 de diciembre de 2016, que les otorgó mayoría calificada a las fuerzas democráticas en la Asamblea Nacional (AN), la Asamblea saliente, en manos chavistas, designó tramposamente a trece magistrados del tsj, para acentuar su rol como instrumento de los designios fascistas. En efecto, el artículo 263 de la constitución señala que para ocupar esos cargos se requiere, entre otras cosas, “ser jurista de reconocida competencia … haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor o profesora titular; o ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones.” Ninguno de los nuevos integrantes cumplía con estos requisitos.

Este poder judicial abyecto pasó a anular la votación de los cuatro representantes del Estado Amazonas y de la comunidad indígena^[3], inmediatamente después de haber tomado posesión la nueva AN en enero, 2016. Adujo –sin prueba verificable— que se había cometido fraude. Con ello, las fuerzas democráticas perdían su mayoría calificada^[4]. Cuando la AN intentó valer los derechos del electorado de Amazonas, el tsj dictaminó que estaba en “desacato”. Ello sirvió de excusa para declarar nulas todas las decisiones del legislativo tomadas con la participación de los cuatro diputados. Tampoco permitió convocar nuevas votaciones para que las comunidades indígenas y el Amazonas ejercieran su legítimo derecho a elegir sus representantes a la AN. Este bufete de Maduro terminó anulándole a la AN todas sus prerrogativas constitucionales, desconociendo las leyes que aprobaba, sus potestades para interpelar y sancionar a funcionarios públicos, para aprobar el presupuesto de la nación y los créditos adicionales, autorizar convenios de interés nacional, como las giras presidenciales a otros países, y para participar en la designación de otros poderes públicos. Es decir, vació al Poder Legislativo de sus responsabilidades.

Su Sala “Constitucional” (¡!) ha venido renovándole a Maduro un Estado de Excepción, sin que lo autorizara la AN (Art. 337^[5]). Asimismo, aprobó sus presupuestos y solicitudes de créditos adicionales, hasta que la relevó de estos desafueros la asamblea constituyente fraudulenta. El abuso del tsj llegó al extremo de aprobar las sentencias, 155 y 156, para arrogarse las potestades constitucionales de la AN, alegando que todavía continuaba en “desacato”. La objeción de la Fiscal General de entonces, Luisa Ortega Díaz, llevó al órgano a desdecirse al día siguiente (sentencias 157 y 158), contrariando su propia ley, pues sus sentencias (firmes) no pueden ser modificadas. Validó, luego, la “elección” a una asamblea constituyente, a pesar de que violaba los artículos 63, 347 y 348 de nuestra Carta Magna, y también la farsa montada para “relegir” a Maduro en 2018. Ambas “elecciones” se realizaron con notorio ventajismo, un CNE parcializado, sin auditar el registro electoral y con dirigentes democráticos inhabilitados y perseguidos. En fin, el tsj ha sido el ariete para derribar todas las previsiones constitucionales, desde el artículo 5º en adelante, diseñados para garantizar el ejercicio pleno de la voluntad popular.

Tal celestinaje para con el fascismo en sus atropellos contra el Estado de Derecho, convierte al tsj en una deplorable ratonera que, de manera vergonzosa, niega los derechos humanos establecidos en la Constitución. Su felonía y traición a su misión está en la base de las terribles condiciones de injusticia imperantes en Venezuela, que llevó a una misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a señalar, recientemente, la perpetración de delitos de lesa humanidad por parte del gobierno de Maduro.

Con Chávez, la alcahuetería del tsj era premiada, entre otras cosas, con fabulosos sueldos. Hoy, con la ruina provocada por las mafias depredadoras, no tengo la menor duda que muchos magistrados se recompensan siendo sus cómplices. El presidente actual de esta ratonera, Maikel Moreno, tiene una denuncia en su contra por parte del Depto. de Justicia de EE,UU. por lavado de dinero. Se ofrecen USD 5 millones por su captura. Según Wikipedia^[6], fue acusado por homicidio en Ciudad Bolívar en 1987 y pasó preso dos años. Participó, luego, en el asesinato de Rubén Gil Márquez, pero obtuvo otro beneficio procesal. Los magistrados Christian Zerpa y Calixto Ortega, siendo diputados por el PSUV, votaron por si mismos para integrar el máximo tribunal. Indira Alfonzo Izaguirre, hasta hace poco vice-presidente del tsj, además de ser una de las ponentes que suspendió la proclamación de los cuatro diputados por el estado Amazonas y la que anuló las elecciones estudiantiles de la de Carabobo en 2018, ganadas por las fuerzas democráticas, es nombrada por el tsj presidente del CNE, alegando “omisión legislativa” de la AN, ente que había adelantado los procedimientos constitucionales correspondientes.

En fin, estamos ante la expresión más descompuesta y rastrera de los parásitos que han condenado a muerte al país. Sin principios, sin fines, y sin nada en el medio que no fuese su despreciable intención de agradar a los agentes cubanos y a los militares corruptos en su cruzada destructora.

 

 

Humberto García Larralde

economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

 

25 septiembre 2020

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^[1] Ver, https://www.icj.org/es/venezuela-el-tribunal-supremo-de-justicia-un-instrumento-politico-del-poder-ejecutivo/

^[2] Müller, Ingo (2006), Los juristas del horror. La “justicia de Hitler: el pasado que Alemania no puede dejar atrás, Editorial Actum, Caracas.,

 

^[3] Estos diputados ya habían sido proclamados por el CNE, máxima autoridad electoral, por lo que se violó el artículo 200 de la Constitución, que otorga inmunidad a los parlamentarios desde el momento de su proclamación.

^[4] La mayoría calificada permitiría someter a referendo proyectos de ley o tratados internacionales; aprobar leyes orgánicas y leyes habilitantes; remover al vicepresidente ejecutivo o a un ministro, luego de haber sido condenado por un voto de censura; separar a diputados de sus funciones; suprimir comisiones permanentes; remover magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); escoger al titular de órganos del llamado Poder Ciudadano; designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral; e iniciar un proceso de reforma de la Constitución, con la convocatoria a una Asamblea Constituyente, además del resto de las atribuciones del cuerpo legislativo nacional, contempladas en el artículo 187 de la Constitución. La mayoría calificada de diputados demócratas permitiría, por tanto, restablecer el equilibrio de fuerzas entre Legislativo y Ejecutivo, que se había ido minando desde comienzos del gobierno de Hugo Chávez.

^[5] Dura 60 días y puede renovarse una sola vez, con autorización de la Asamblea. alegando una emergencia económica.

^[6] https://es.wikipedia.org/wiki/Maikel_Moreno

 

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LOS VERDUGOS DE VENEZUELA II Los agentes cubanos

LOS VERDUGOS DE VENEZUELA II

Los agentes cubanos

Humberto García Larralde

Estamos presenciando el fallecimiento de la Venezuela moderna. Se encuentra en fase avanzada, con niveles de miseria, hambre, muerte y desolación que nos retrotrae al siglo XIX. No es producto de un cataclismo externo, imprevisible, sino de una conducta deliberada, en contra de los intereses de la mayoría de los venezolanos, por parte de quienes manejan las palancas del Estado. Sus aciagos efectos han sido alertados reiteradamente y se les ha exhortado rectificar sus políticas. Pero no, los que están en el poder se atrincheran aún más en torno a la depredación de lo que todavía queda, sin importarles la ruina de los que, cínicamente, afirman defender. Son los verdugos de Venezuela, beneficiarios aventajados de un régimen de expoliación de la riqueza social, disfrazado de “revolución”.

En una entrega anterior reseñé, muy brevemente, el pilar central de este régimen de expoliación: una cúpula militar podrida que depreda los recursos de la nación, imponiéndose, con las armas, sobre el tejido social. En este escrito examinaré –también de manera muy sucinta—el complemento obligado a tal arreglo, el que le da cohesión y sirve de argamasa para evitar que implosione por el desbordamiento de las apetencias de poder y riqueza. Es el conformado por aquellos que ocupan posiciones de jefatura en el gobierno, los que, afanosamente, se autoproclaman “revolucionarios”: Maduro, los Rodríguez, El Aissami y su cohorte de depredadores. Para muchos, formados en la cultura de la Guerra Fría, se trata de comunistas o castrocomunistas, enemigos del mundo libre. Prefiero un término que no le atribuya tan trascendentes propósitos –así sean negativos—y designarlos, simplemente, como agentes cubanos.

La retórica comunistoide del chavismo corresponde con tales propósitos. Posiblemente algunos todavía se la crean. Pero no es un proyecto ideológico lo que los anima. Es la imposición de una arquitectura de dominación, perfeccionada a través de los años por la gerontocracia cubana, sin la cual el régimen de expoliación puede venirse abajo. Es decir, la permanencia de Maduro al frente del gobierno (como usurpador) y de sus ministros civiles, gobernadores y demás autoridades, amparados por las armas de militares corruptos --cómplices de la expoliación del país--, se la debemos a la “desinteresada” ayuda de los dirigentes cubanos, los primeros chicharrones en el despojo nacional. Esta denominación incluye a personeros como Diosdado Cabello y Pedro Carreño, carentes de todo pedigrí “revolucionario”. Hasta el pelmazo de Arreaza, cuya única credencial conocida es el de exyerno de Chávez, cabe en esta designación. Como gustan afirmar los marxistas, “objetivamente” actúan como agentes cubanos..

Si no comparten un proyecto revolucionario de sociedad, ¿qué explica su participación concertada en la destrucción de la nación? Claramente, como en el caso de la cúpula militar corrupta, es su interés como usufructuarios privilegiados del régimen de expoliación instalado. A cada uno de los jerarcas se les asocia con fortunas mal habidas: Maduro, con los negocios a través de los “Claps” y otros encargados a Alec Saab, amén del amparo a sus “narco-sobrinos”; a El Aissami, se le vincula con prolijas cuentas en el extranjero; al estilo de vida del camarada “Louis Vuitton” Carreño se le ven las costuras; y de Diosdado, ¡ni se diga!.

Y es que la demolición de la institucionalidad del Estado de Derecho, que antes resguardaba a la nación contra el pillaje, ha sido el verdadero propósito de esta “revolución”. Pero la incorporación de militares corruptos para asegurar su viabilidad es de factura cubana. Se inspira en el Grupo de Administración de Empresa, S.A. (GAESA), bajo conducción del yerno de Raúl Castro, que ha encumbrado a una casta militar sobre la economía antillana. Son los verdaderos propietarios de esa particular Revolución, devenida en tiranía.

La distinción venezolana está en que ese andamiaje se integra a partir de una FF.AA. descompuesta. No obstante, el régimen de expoliación instaurado apela a los mismos mitos que les han servido a sus tutores cubanos. Venezuela estaría, también, en la vanguardia de la lucha antiimperialista por la “liberación de los pueblos”, lo cual obliga a centralizar el poder en manos “revolucionarias” y a desmontar todo obstáculo –el imperio de la ley y de los derechos humanos—que se interfieran con tan “nobles” propósitos. Las fortunas acumuladas son la justa remuneración a su sacrificio como conductores del proceso. Con tal burbuja ideológica, se encubren los desmanes cometidos; lava conciencias. El imperio, buscando, como siempre, cogerse a Venezuela, persigue y acosa a estos patriotas “revolucionarios”.

El problema para la “dirección civil” --para llamarlo de una manera-- del régimen de expoliación, es que este relato tiene cada vez menos credibilidad. El estricto control del castrismo sobre la vida de los cubanos durante seis décadas hizo que allá tuviesen que calarse ese discurso a juro. Ello no es así para Maduro y sus socios. Su permanencia en el poder exige ceder crecientes tajadas del despojo nacional a “aliados” que puedan socorrerlo. Así, el saqueo mineral de Guayana es inconcebible sin la presencia del ELN colombiano y de otras bandas criminales, amén de la venta de oro, a escondidas, a Turquía o Irán; lo que queda del negocio petrolero obliga a entregar parcelas cruciales a Irán y a Rusia, “amigos desinteresados” de Venezuela; el tinglado de complicidades armado por Saab para darle oxígeno a Maduro todavía se desconoce, pero pronto se sabrá. En las ciudades, la impronta del hampa y de los colectivos en la extorsión y robo de los venezolanos --cuando no de los cuerpos represivos como la FAES--, desdibujan todo sentido de gobierno. Y, en todas estas instancias, participan militares corruptos, socios obligados mientras pueden hacer uso de su dominio de las armas.

Maduro y su combo son los pararrayos de esta orquestación, su cabeza visible. Su tabla de salvación ha sido apegarse al recetario cubano, con la esperanza de bañarse en el justificativo revolucionario –David contra Goliat-- que ha amparado la gerontocracia antillana. En realidad, Maduro, los Rodríguez y quienes aprendieron el discurso, representan los despojos de una ilusión que, en boca de un demagogo irresponsable y narcisista, engatusó al pueblo con promesas de redención. Pero se agotó. Han cambiado sus referentes. No se expresan, ahora, en un “socialismo de siglo XXI” incontaminado, porque nadie sabía en qué consistía, sino en el timón del Titanic, tripulado por organizaciones mafiosas que no tienen prurito alguno en revelar su verdadera naturaleza.

De ahí que Maduro ni siquiera intenta ya una semblanza democrática. Convoca unos comicios –que no elecciones, porque no hay oportunidad real de elegir— burdamente amañados, para asegurarse una Asamblea Nacional a su medida. Pone en tres y dos a las fuerzas democráticas, agotadas por no haber logrado el desplazamiento del usurpador y por las peleas internas, con la clara intención de aplastarlas. Participar o no en esta farsa parece plantear una disyuntiva perder-perder: está diseñada para impedir la expresión auténtica de la voluntad popular y a provocar su rechazo; así, asegura una mayoría para la nueva Asamblea Nacional, por forfait. Como se viene insistiendo, la mera abstención no es respuesta.

La comunidad democrática internacional ha desconocido la legitimidad de estos comicios. Como quiera que por imperativo constitucional deben realizarse, es menester apoyarse en este desconocimiento para exigir condiciones aceptables. Entre otras cosas, debe postergarse su realización por la expansión de la pandemia: realizar concentraciones públicas y convocar la gente a votar estimula su contagio. Con condiciones apropiadas, debe reabrirse el proceso de postulación de candidatos. Tales elementos deben ser centrales a la consulta que piensan realizar las fuerzas democráticas agrupadas en torno a Guaidó.

El fascismo no convoca a una contienda democrática, sino a una trampa que les permitirá descabezar al liderazgo democrático para seguir depredando al moribundo país. La idea de postergar el mandato de la Asamblea actual como respuesta, en última instancia, nos despoja del fundamental argumento de la legitimidad del mandato, conforme a la constitución. Es ahí donde debe intentarse que se plantee la lucha; en la legitimidad de una elección para que la Asamblea electa exprese, de verdad, la voluntad popular, democrática. El pueblo tiene que conquistar el instrumento, por excelencia, para salir de este horror. Que no quepa dudas: mientras continúe Maduro en el poder, la situación empeorará. 

Humberto García Larralde

economista, profesor (j)

Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

14/09/20

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