Humberto García Larralde
De acuerdo con una encuesta hecha a
finales del año pasado en 14 ciudades principales del país por la consultora
Ecoanalítica, un 68% de las transacciones comerciales se estarían haciendo
en dólares. Por esas fechas Maduro había declarado que la dolarización era de
apenas el 17% y que no pensaba abandonar el bolívar como moneda nacional.
Estamos acostumbrados a que el régimen inventa cifras a conveniencia, pero en
este caso ambas aseveraciones no tendrían por qué ser contradictorias. Se
entiende que Ecoanalítica se refiere al valor (68% del
valor total transado), mientras que, con respecto al número total
de transacciones, las realizadas en dólares podrían ser tan solo del 17%. De
ser así, estaría indicando varias cosas: 1º., que las compras en dólares son de
bienes que, en promedio, son bastante más caros; 2º., que estas compras están
concentradas en las ciudades principales; y/o 3º., que el valor consumido por
todos aquellos que no tienen acceso regular a las divisas, es muy reducido.
Lo que sí es inobjetable es que el régimen acabó con el bolívar como moneda. No sirve como unidad de cuenta, cada vez menos como medio de transacción y, claro está, nadie lo usa como reserva de valor. ¿Significa que la economía terminará de dolarizarse también en lo financiero y que el dólar suplantará definitivamente al bolívar? Como han pregonado algunos desde hace tiempo, ¿es ésta la mejor forma de abatir la inflación? ¿Empezará a reactivarse la economía? Ya el banco Credit Swiss anticipa para este año una ligera recuperación del PIB, en el orden del 3%, relacionado, en parte, con la mayor estabilidad y previsibilidad que otorga la creciente dolarización de las transacciones.
Hace poco argumentamos que una dolarización completa era improbable. Primero, porque en Venezuela existen muy pocas divisas para sustentar una reactivación de la actividad económica. Su monto quedaría sujeto a las reservas existentes, al saldo de la balanza de pagos y a la política monetaria de EE.UU. En segundo lugar, porque el gobierno sólo puede financiar su enorme brecha fiscal con emisión monetaria del BCV. Si se completara la dolarización, esta potestad del Instituto Emisor desaparecería. Como el Estado venezolano está en default, sin acceso a los mercados financieros internacionales, no tendría cómo financiar esta brecha y tendría que recortar brutalmente su gasto, lo que representaría una verdadera debacle política y social. Cabe recordar que el ingreso tributario está en el piso por el derrumbe de la economía y la destrucción de la industria petrolera. Finalmente, en un escenario de dolarización, el sector externo se ajusta –si el Estado no controla el suministro de las divisas-- moviendo el salario real. Saldos positivos en la B de P requerirán salarios bajos, a menos que la productividad aumente, contrario a lo que sería el objetivo de cualquier gobierno que prioriza el bienestar nacional.
Sabemos, empero, que el bienestar de la población no es preocupación que le quite el sueño a quienes están actualmente al mando del Estado. ¿Qué significa, entonces, la dolarización creciente de las transacciones, si la dolarización completa no está contemplada como política? Podría afirmarse que es el resultado inevitable de la destrucción de la moneda nacional y del abandono, por parte del régimen, de toda pretensión de imponer su proyecto económico. El gobierno entendió, como confesó Maduro, que permitir la dolarización de las transacciones, dejando el funcionamiento de la economía doméstica a la libre, sin controles de cambio o de precio, representaba una importante válvula de escape a las tensiones que se venían acumulando por la escasez y por las restricciones externas.
Pero esta dolarización transaccional habrá de modificar la dinámica económica de algunos integrantes de la oligarquía militar - civil. Las mafias clásicas buscaban lavar sus dineros mal habidos en negocios legítimos. Claro está, sus ganancias ahí eran siempre menores a las exacciones obtenidas por medios ilegales. Pero el riesgo de pasar largos años en la cárcel indudablemente influía en su decisión de buscar amparo legal para sus fortunas. Hoy, en EE.UU., muchos lujosos casinos tienen este origen.
En Venezuela, la rapiña de la coalición criminal que comanda al Estado sin duda está enfrentando obstáculos a nivel internacional en la forma de sanciones, requisitorias, congelación de activos, detenciones y otras medidas. En comparación con los años de gloria, cuando el barril de crudo estaba en USD 100 y abundaban oportunidades para parasitar la renta, el “negocio” actual se les ha puesto chiquito y con riesgos crecientes. Se les encoge el pastel a las mafias. Por otro lado, las penalidades acechan. Los incentivos por legitimar dineros amasados en sus trapisondas y saqueos estarían ahí, a pesar de que el marco legal en que operarían es más restrictivo. Las inversiones en montar bodegones en las grandes ciudades, surtidos de todo tipo de mercancía importada para ser pagada en dólares, pudieran ser una salida. Pero implicaría fricciones internas y un reacomodo de algunos intereses comprometidos con el régimen, que afectaría a sus bases de apoyo.
Siendo negocios privados que escapan, así, de las sanciones impuestas al Estado venezolano, su autonomía de acción se amplía. Podrían favorecer el restablecimiento de garantías institucionales para repatriar capitales y ampliar el mercado interno. Asimismo, podrían impulsar cambios políticos para que se les aliviasen ciertas sanciones en lo personal. Tampoco es que les interesa, empero, una economía competida, a juzgar por los precios especulativos con que cobran muchos bienes. Pero con el tiempo, estas iniciativas podrían socavar la cohesión que genera la dinámica de expoliación existente, dependiente de la estructura de poder. No compagina con la persistencia de depender del bolívar para el gasto público. En fin, sin pretender que la dolarización creciente subvierta al régimen –los privilegios otorgados seguirán negociándose a cambio de lealtad-- si parece incidir en su reacomodo interno.
Por otro lado, esta dolarización agrava la desigual distribución del ingreso que viene agudizándose bajo Maduro, siendo la de Venezuela la segunda peor de América Latina, superada solo por Brasil. Porque la cara adversa de esta dolarización transaccional es que alimenta la inflación de aquellos que sólo tienen posibilidades de comprar con bolívares. En efecto, la emisión monetaria con que el gobierno financia sus gastos impulsa el precio del dólar al alza y éste sirve de marcador de precios para las transacciones en moneda local. Si en lo formal, ello implica un capitalismo salvaje que contradice toda esa cháchara socialista, en los hechos, desnuda abiertamente una odiosa realidad en la que los que una minoría que tiene divisas vive a cuerpo de Rey, mientras que la gran mayoría, con ingresos en bolívares, languidece con unos CLAPs y unos “bonos de la patria” cada vez más escuálidos y menos frecuentes.
Como conclusión, no parece realista confiar la reactivación de la economía en esta dolarización parcial y silvestre. Como se ha insistido una y otra vez, sin un cambio radical de políticas que restablezca garantías y estabilidad a la iniciativa privada, elimine las corruptelas y logre concertar una generosa ayuda externa, la situación general del país seguirá empeorando. Esta dolarización parcial, sin embargo, estaría agudizando las contradicciones en el seno del régimen fascista. Podrían estarse asomando grietas en sus bases de sustento que deben ser aprovechadas por la oposición democrática. Una negociación inteligente que, desde posiciones de fuerza y con apoyo internacional, explote estos puntos débiles ayudaría a abrir las puertas a un acuerdo en torno a elecciones confiables. Un elemento a considerar para producir los cambios políticos que los venezolanos imploran para mejorar sus deplorables condiciones de vida. Es menester, entonces, forjar esa fuerza en el campo opositor.
