EDGAR JAIMES - AL PUEBLO Y AL GOBIERNO DE VENEZUELA

Este artículo está sustentado en un documento suscrito por trabajadores, estudiantes, profesionales, profesores, educadores, técnicos, empresarios, intelectuales, amas de casa, buhoneros, artistas, académicos, investigadores y ciudadanía en general, cuyo objetivo es manifestar el rechazo de la sociedad venezolana en relación con el desconocimiento del Estado de Derecho y la violación de derechos fundamentales en Venezuela por parte del actual gobierno. Para leer y  suscribir este documento los interesados deben ir a la siguiente página web: http://petitiononline.com/vnzlaDD/petition.html

En el documento de marras se resalta como idea central el análisis y propuestas contenidos en un pronunciamiento presentado a la sociedad venezolana por las Academias Nacionales (http://dl.dropbox.com/u/15554965/Pronunciamiento%20Academias.pdf.), en el cual destacan el deterioro de las bases institucionales de la democracia, los efectos negativos de la inflación, el deterioro de la salud pública y la falta de planificación y ejecución de un desarrollo sostenible, entre otros problemas.

En efecto, es público y notorio que las recientes leyes aprobadas por la Asamblea Nacional (AN) entre ellas la Habilitante, de Educación Universitaria, del Poder Comunal, entre otras; no solo confiere ilimitadas facultades al Presidente de la Republica (PR) y altera la distribución del poder público y de la organización federal de la Nación, sino que también desconoce la voluntad electoral expresada el 26 de septiembre de 2010, que eligió un poder legislativo más plural y de mayor representatividad de los diversos sectores nacionales.

Se pretende implantar un sistema autoritario que restringe el ejercicio de las libertades públicas de pensamiento, expresión y educación libre, a través de la imposición de controles y sanciones al derecho de información y en la eliminación de los fundamentos que sustentan la autonomía de las universidades nacionales. Esta visión autocrática también se expresa en leyes que persiguen imponer un modelo de Estado “socialista y comunal”, contraviniendo los principios constitucionales establecidos, así como la voluntad popular que lo rechazó en el referéndum del año 2007 toda vez que dicho modelo excluye a los que no se identifican con esa ideología, alterando los principios de igualdad y de no discriminación, propias de las democracias constitucionales.

En tal sentido, la actual AN altera gravemente el orden constitucional del Estado de Derecho al impedir el pleno funcionamiento de la nueva AN, restringiendo sus competencias legislativas por un periodo de dieciocho (18) meses, contrariando los principios de pluralismo, separación y equilibrio entre los poderes, participación ciudadana, organización federal del Estado, seguridad jurídica, respeto de las minorías y de otros derechos fundamentales. Leyes como la de telecomunicaciones e inhabilitación política de los parlamentarios, afectan la esencia misma de la dignidad de las personas, al imponer controles y sanciones al ejercicio del derecho a expresar opiniones y a disentir libremente.

Particular denuncia se hace sobre la gravedad que representa el proyecto de Ley de Educación Universitaria, recientemente aprobado por la AN, porque despoja a las universidades de su autonomía administrativa, autogobierno, dirección y normativa, al transferirse la mayor parte de sus competencias  a entes dependientes del poder ejecutivo, y al someterlas a un régimen de sumisión en cuanto a sus facultades investigativas y programáticas, imponiéndoles como modelo el de la educación “socialista”.

En nombre de la república y por la autoridad conferida por los Artículos 2 al 6; 333 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente se exhorta al ciudadano Presidente de la República, Hugo Chávez, a diferir la ejecución de tales leyes, particularmente la Ley de Educación Universitaria, toda vez que contravienen el espíritu, propósito y razón contenidos en la misma.

De no acatarse el exhorto antes solicitado, se pondría en evidencia que en Venezuela no estarían garantizados los principios fundamentales ni el cumplimiento del Pacto Social del Estado de Derecho y de Justicia propios de una sociedad democrática y plural, tal como lo postula la Carta Magna de Venezuela, violando además los protocolos y estándares democráticos contenidos en los tratados y convenciones suscritos por el Estado venezolano.

Edgar Jaimes

 Profesor Titular del NURR-ULA, Trujillo, Venezuela.

jaimes.5060@gmail.com