LUIS MARIN - CARTAS A LA ONU

CARTAS A LA ONU

La ONU tiene una deuda pendiente con la humanidad en lo que se refiere a la proscripción y eliminación del clasismo, en los mismos términos en que ha intentado hacerlo con el racismo, dos plagas que azotaron al siglo XX y que bajo diferentes mutaciones se ha extendido al siglo XXI.

La lucha contra el racismo ha tenido muy discutibles resultados, pero es justo reconocer que algo se ha hecho; en cambio, respecto del clasismo, no se ha dado el menor paso.

Es fácil imaginar razones históricas que explicarían esta situación, vinculadas al mismo nacimiento de la Organización, siendo que una de las potencias fundadoras, la URSS, se basaba precisamente en una concepción clasista; posteriormente, grandes potencias emergentes, como China, por ejemplo, también se apoyaban en esos prejuicios.

No debe dejarse de lado la influencia de los partidos comunistas en el resto del mundo e incluso la de partidos socialdemócratas que también, aún con ciertos atenuantes, conservan la idea fundamental de que la sociedad humana se divide en clases, con la variante de que sus antagonismos sean o no irreconciliables.

Pero ya en pleno siglo XXI, visto el derrumbe de la URSS, que China abandonó oficialmente la doctrina de la “lucha de clases”, que mengua la influencia de los partidos comunistas y la socialdemocracia a descartado el clasismo incluso como táctica política; no se ve ninguna razón para que la ONU no tome la iniciativa de hacer explícita la proscripción y eliminación de un flagelo tan ponzoñoso como el clasismo.

Bastaría leer las Resoluciones 1904 (1963) y 2016 (1965), para advertir que todos sus principios y disposiciones son perfectamente aplicables al clasismo, con solo sustituir las derivaciones de “raza” a “clase” y el resultado es asombrosamente pertinente.

La Carta de la ONU hace mención por lo menos en tres oportunidades a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos “sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma y religión”. Notablemente no dice “clase” o “condición social”, como lo hacen las constituciones de los países miembros, entre ellos Venezuela.

Quizás las razones históricas arriba mencionadas expliquen esta redacción puntillosa, que podría generar discusiones acerca de si este tipo de discriminación está proscrita o no por la legislación internacional.

No obstante, en las resoluciones contra el racismo se establecen principios más generales, como la “dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos”. O cuando dice: “Todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley contra toda discriminación y contra toda incitación a la discriminación”.

Por tanto, es completamente obvio que la falta de mención de la clase o condición social no puede interpretarse como que la ONU sí admite discriminaciones de este tipo, sino todo lo contrario, que la discriminación se excluye en general, más allá de los mencionados raza, sexo, idioma y religión a “toda discriminación e incitación a la discriminación”.

Este no es un problema de interpretación jurídica, ni una disquisición filosófica fuera de lugar, sino que tiene las mayores implicaciones prácticas, pues debe dar lugar a una legislación internacional que obligue a los Estados miembros de la ONU a tomar medidas legislativas y judiciales contra la discriminación de clases con idéntico criterio que contra la discriminación racial y “contra toda discriminación y contra toda provocación a tal discriminación”.

También es evidente que los jefes de estado, cancilleres u otros funcionarios que inciten a la discriminación y al odio de clases son reos de delitos contra la humanidad, que caen en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia.

LA LETRA DE LA LEY

Las Resoluciones de la ONU contra el racismo establecen una serie de principios y criterios de legislación que, mutatis mutandi, son perfectamente aplicables al caso de las clases sociales conservando pleno sentido, “sin alterar su espíritu, propósito y razón”.

Por ejemplo, los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la supremacía de clase o grupo de personas de un determinado origen social, que pretendan justificar o promover el odio de clases y la discriminación de clases, cualquiera sea su forma, y se comprometen a tomar todas las medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a la discriminación o actos de tal discriminación y, con este fin, teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tomaran medidas como las siguientes.

Declarar como acto punible conforme a la Ley toda difusión de ideas basadas en la discriminación o en el odio de clases, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos de violencia contra  cualquier clase o grupo de personas por su condición social, y toda asistencia a las actividades clasistas, incluida su financiación.

Declararan ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y  toda otra actividad que promueva la discriminación de clases e inciten a ella y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la Ley.

No permitirán que las autoridades, ni las instituciones públicas nacionales, regionales o locales promuevan la discriminación de clases o inciten a ella.

De las teorías racistas, de las que se ocupaban cátedras e institutos de investigación en las más prestigiosas universidades del mundo y están expuestas en numerosísimas publicaciones respaldadas por firmas muy acreditadas, se considera: “que toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, y que nada permite justificar la discriminación, ni en la teoría ni en la práctica”.

¿Qué tanto más podría decirse de las teorías de clases? Salvo que todavía tienen cátedras e institutos de investigación en universidades del mundo, que son expuestas en numerosísimas publicaciones, respaldadas por firmas muy bien remuneradas con dineros públicos y que siendo muy mal visto manifestar posiciones racistas en público, en cambio, muchos pseudo intelectuales, políticos y sindicalistas aún manifiestan, con cierto orgullo irresponsable, defender posiciones “clasistas”.

En verdad, las teorías clasistas son filosóficamente inconsistentes, lógicamente falsas, científicamente indemostrables, moralmente repugnantes, históricamente catastróficas, políticamente oportunistas y nada, absolutamente nada, justifica que todavía se las mantenga en el mercado intelectual.

Nadie debería ocuparse de ellas, sino fuera porque ciertos políticos inescrupulosos y ciertamente muy atrasados, todavía le encuentran algo de jugo a ese bagazo indigerible.

Como quiera que esta utilización políticamente malintencionada produzca hoy como ayer grandes sufrimientos y catástrofes humanitarias, es que la ONU está obligada por sus propias palabras a saldar su deuda con esta humanidad atormentada.

Reafirmando que la discriminación de seres humanos por motivos de clase o condición social constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y puede perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos, así como la convivencia de las personas dentro de un mismo Estado.

Convencidos de que la existencia de barreras de clases es incompatible con los ideales de toda la sociedad humana y alarmados por las manifestaciones de discriminación de clases que todavía existen en algunas partes del mundo y por las políticas gubernamentales basadas en la estigmatización, segregación y el odio de clases, tales como el socialismo del siglo XXI.

Resueltos a adoptar todas las medidas necesarias para eliminar rápidamente la discriminación de clases en todas sus formas y manifestaciones y prevenir y combatir las doctrinas y prácticas clasistas con el fin de promover el entendimiento entre los seres humanos y edificar una comunidad internacional libre de todas las formas de estigmatización, segregación y discriminación de clases.

Considerando los acuerdos y resoluciones de las oficinas afiliadas a la ONU que tienen carácter vinculante para toda la organización y deseando poner en práctica principios consagrados en las declaraciones sobre eliminación de toda forma de discriminación y segregación y con tal objeto asegurar que se adopten lo antes posible medidas prácticas.

PETITORIO

Mandar mensajes a la ONU es como lanzarlos al océano metidos en una botella; no se puede saber a dónde vayan a parar. La esperanza es remota y la misma: que toquen una conciencia individual (la única que existe, pues no hay conciencias “colectivas”), que alguien levante un teléfono, ponga un papel en el escritorio de otro, que dedique un minuto de su atareada agenda a una causa perdida.

La percepción general de la ONU es la de ser una burocracia universal con los defectos magnificados de cualquier burocracia: que desarrolla intereses propios, muy alejados de los fines para los que fue creada; que sus funcionarios prestan más atención a las partidas de sus ingentes presupuestos que a ayudar a los seres desvalidos de este mundo.

La corrupción y abuso de poder son sus rasgos distintivos, junto a la insensibilidad e indiferencia por las víctimas de catástrofes naturales y guerras que asolan el planeta.

La política de bloques, la balcanización y fraccionamiento de sus comisiones, comités, oficinas adscritas, permiten que regímenes forajidos formen roscas que operan como altavoces de sus intereses mafiosos, los que presentan como si emanaran de la organización, aumentando su desprestigio a nivel mundial.

Sólo así se explica que tenga un record Guinness de condenas contra el Estado de Israel y ni una contra Rusia por las invasiones de Chechenia, Georgia o sus intervenciones en Siria y Ucrania; contra China por la ocupación del Tíbet, el sostenimiento del régimen de Corea del Norte, la anexión de Hong Kong o su cerco contra Taiwán.

La ONU se ha vuelto tan inoperante, su Comité de Seguridad tan ineficaz, que las potencias han retornado al unilateralismo en su acción, al bilateralismo en sus pactos y, en el mejor de los casos, al multilateralismo de los clubes de grandes, ricos y poderosos.

¿Para qué, entonces, dirigirse a la ONU? La cuestión es muy sencilla: ¿Hasta dónde pueden los funcionarios de la ONU incumplir sus propias disposiciones sin incurrir ellos mismos en responsabilidades legales?

Está claro que la misión de la ONU es “el mantenimiento de la paz”; que sus resoluciones prohíben la discriminación y segregación en todas sus formas, en tanto amenazan la convivencia entre y al interior de los pueblos.

¿Qué ocurre cuando los representantes de un estado miembro de la ONU incurren en violación flagrante de las leyes internacionales? No es posible esperar que el mismo infractor acuda a las instancias de la ONU. Tampoco es razonable esperar que lo hagan otros estados, por los costos y riesgos que eso conlleva en sus relaciones mutuas.

No es concebible que la ONU grave a las victimas con la carga adicional de poner en funcionamiento los mecanismos de defensa de la legislación internacional, en caso de que estos existan, porque estaría negándose a sí misma.

No puede esperarse que ningún diplomático con experiencia asuma una causa como ésta porque todos, en Venezuela, tienen antecedentes socialdemócratas o socialcristianos, por lo que abrigan internamente una concepción clasista de la sociedad y el Estado. Sin embargo, aún en este caso, tendrán que reconocer que no se puede proclamar la supremacía de unas clases y la exclusión y aniquilación de otras sin violar con ello el Derecho Internacional.

La última palabra la termina teniendo la misma ONU.

SOS VENEZUELA

El régimen comunista cubano ha desplazado más de cien mil soldados para ocupar Venezuela a la vista de todo el mundo, sin que la ONU haya promovido ni siquiera una investigación. Cuba podría alegar que el desplazamiento de sus tropas es un asunto de soberanía nacional y esto es así mientras lo haga dentro de sus fronteras; pero cuando lo hace hacia el territorio de otro estado, debe someterse al Derecho Internacional.

Si Cuba no tiene un mandato de la ONU, la presencia de sus tropas y policía política en Venezuela es ilegal, según el Derecho Internacional. Si no es así, ¿bajo qué título jurídico operan las tropas y los servicios de inteligencia cubanos en Venezuela?

¿A título de qué las fuerzas cubanas controlan en Venezuela los servicios públicos de salud, eléctrico, identificación y extranjería, puertos y aeropuertos, oficinas de registros y notarías, las empresas de telecomunicaciones públicas, como la CANTV; sus tropas y mandos participan en desfiles militares, la bandera cubana ondea en los cuarteles y oficinas públicas de Venezuela?

El régimen cubano ordeno la instalación de un cable submarino, a costa de Venezuela, para ejercer un control más directo sobre las comunicaciones telefónicas y radiofónicas, incluso Internet e interferir y controlar el sistema electoral electrónico, sin que ninguna agencia de regulación adscrita a la ONU ni siquiera se haya dado por enterada.

Las fuerzas de ocupación comunistas cubanas no cumplen en Venezuela con las normas de ocupación generalmente aceptadas, en particular, el respeto por la vida y los bienes de los habitantes de los territorios ocupados. Bajo la ocupación cubana han sido asesinadas más de 200.000 personas y han aplicado una política discrecional de confiscaciones masivas de bienes privados.

Su política de segregación de clases, unida al terrorismo de Estado, ha desplazado cerca de un millón de refugiados fuera del país, la comunidad judía se ha reducido a menos de la mitad. Y sus planes manifiestos son desplazar a un número todavía mayor, según declaraciones de funcionarios del gobierno títere que repiten constantemente: “Al que no le guste, que se vaya”; lo que viola flagrantemente las prohibiciones de expulsión en masa y deportaciones violentas, sancionadas penalmente por el Derecho Internacional.

Se prohíbe toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio, sin embargo, el gobierno títere ha declarado una “guerra económica” contra la población indefensa y atiza el odio contra sectores sociales indeterminados a los que llama “burgueses” para estigmatizarlos, segregarlos, privarlos de todo derecho, de igualdad ante la Ley y del derecho a un juez natural, amén de que no existe un sistema de justicia independiente, lo que constituye otra violación flagrante del Derecho Internacional y la Carta de la ONU.

Tenemos derecho a educar a nuestros hijos en nuestros valores (judeo cristianos) y a que no les impongan una ideología comunista que nos es extraña. La protección de este derecho tiene carácter internacional y debe ser garantizado por la ONU.

Y paremos de contar, para no hacer esta nota interminable.

En conclusión: la ONU debe defenderse a sí misma; o despedirse, como la Sociedad de las Naciones, en medio de un gran estruendo universal.

Luis Marín

02-03-14