domingo, 27 de abril de 2014
LUIS MARÍN - RESISTENCIA A LA OPRESIÓN
RESISTENCIA A LA OPRESIÓN
Luis Marín
Una de las características más
exasperantes de la actual tiranía militar comunista es que la junta militar no
se muestra abiertamente, como era tradicional, sino que ejerce el poder
embozadamente, ocultándose detrás de unos supuestos poderes públicos que no son
otra cosa que altoparlantes o cajas de resonancia de sus decisiones
arbitrarias.
Detrás de esta práctica política hay
toda una filosofía del poder que lo representa como una máscara, un artificio
de teatro, hecho para divertir a las masas o más precisamente para engañar al
público.
Todas las instituciones de la democracia
occidental, pero también la iglesia, han sido interpretadas por los comunistas
como una farsa de los ricos para engañar a los pobres (esa era, por cierto, la
consigna del partido de Tibisay Lucena en la Universidad); en consecuencia, la
democracia popular debe hacer exactamente lo que ellos ya han decretado:
constituir una farsa deliberada pero esta vez no para engañar sino para
aplastar al enemigo de clase, a la burguesía. Y nada ni nadie los sacará de ese
libreto.
De manera que no puede esperarse nada de
estas supuestas instituciones completamente vaciadas de contenido, porque no
están hechas para la defensa de los ciudadanos o para garantizar sus derechos
fundamentales; sino que son herramientas para una supuesta, ilusoria,
fantástica y delirante lucha de clases.
Esto no sólo hace más comprensible el
rol de los elementos colaboracionistas que se comportan “como si estuvieran en
la república de Platón y no en la sentina de Rómulo”; sino el de auténticos y
sinceros opositores que repiten constantemente que, por ejemplo, la SC
del TSJ decidió defenestrar a MC, prohibir las manifestaciones públicas,
destituir y poner presos a los alcaldes o el CNE decidió convocar elecciones en
esos municipios; siendo la realidad que esos sujetos no deciden absolutamente
nada, sino que cumplen a discreción las órdenes de la junta militar comunista
para darles una fachada “legal”.
Aquí hay toda una concepción política:
ellos creen firmemente que todos los sistemas son así, que ellos descubrieron
cuáles son los intríngulis del poder y lo ejercen con desfachatez y plena
conciencia de lo que están haciendo; al contrario de lo que ocurre en las
democracias “burguesas”, en que se hace lo mismo pero inconscientemente,
cubiertos por el manto de una ideología encubridora.
Desafortunadamente para la junta militar
comunista, por mucho que se esconda, sus acciones quedan a la vista del público
y pueden ser analizadas críticamente describiendo lo que sale a la superficie
de toda esta enrevesada tramoya. Por ejemplo, las argumentaciones del abogado
Fidel Castro pueden sostenerse sólo porque prohíbe terminantemente que se las
contradiga, so pena de muerte; pero en el mundo real no resisten el menor
análisis y Castro queda como lo que es, un tramoyero.
La reciente sentencia, si puede llamarse
así, de la SC del TSJ, que prohíbe las manifestaciones públicas y pone una
amenazadora espada de Damocles sobre la cabeza de los alcaldes que creen que la
sumisión es una política viable, puede ser ilustrativa.
Veamos, las constituciones no crean
derechos humanos fundamentales sino que sólo establecen garantías para esos
derechos, que son anteriores y supraconstitucionales, admitiendo que las
personas nacen con ellos y los tienen por simple condición humana.
Desde la declaración de los derechos del
hombre y del ciudadano de 1789 se reconoció que los hombres nacen libres e
iguales, con derechos naturales e imprescriptibles que son: la libertad, la
propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
Si los tomamos en serio resulta que
resistir a la opresión es un derecho humano fundamental, violarlo o
restringirlo es violar derechos humanos. Al contrario, el derecho a reprimir
manifestaciones públicas no existe en ninguna constitución, más bien se prohíbe
expresamente, incluso el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el
control de manifestaciones pacíficas, algo que se ha vuelto habitual en este
país.
Decir que las manifestaciones deben
someterse a la ley es una perogrullada o una tergiversación, porque la ley es
para aplicar los derechos contenidos en la constitución y no puede servir para
impedir su ejercicio.
Asimismo el concurso de derechos según
el cual no es posible manifestar porque se obstruye el libre tránsito y otros
derechos es un argumento falaz, no sólo porque tampoco sería posible transitar
si se impide el derecho a manifestar, sino porque sería imposible el mismo
libre tránsito, porque no podemos transitar todos a la vez, al mismo tiempo y
por el mismo lugar. Para eso es que sirve el recurso a la ley, para que los
derechos de unos coexistan con los derechos de otros, logrando lo que se llama
convivencia pacífica.
Así como está prohibido interpretar un
contrato de tal manera que se haga imposible su realización; la Constitución no
puede interpretarse en un sentido de haga nugatorios los derechos que por
principio debe garantizar, porque para eso es que existe.
Las constituciones sólo hacen dos
cosas: garantizar los derechos y dividir los poderes; si no hacen esto,
entonces, no hay constitución.
HACIA LA LIBERTAD
A muy destacados historiadores
venezolanos, casi todos de inspiración socialdemócrata, les gusta describir la
evolución de la sociedad venezolana como un largo camino “hacia la democracia”;
como si esta parte de la humanidad luchara fatigosamente por salir del pantano
del caudillismo militar para elevarse a las cumbres de la civilización.
El problema, no pequeño, es que las
revoluciones socialistas del siglo XX se empeñaron en hacer compatible la
democracia con la dictadura y ciertamente lo lograron, tanto en la teoría como
en la práctica, en lo que llaman “dictadura democrática del proletariado” como
forma de organización política de la sociedad y “centralismo democrático” como
forma de organización del partido socialista, lo que se traduce en el sometimiento
irrestricto de la minoría a los dictámenes de la mayoría.
Nótese que todos los países sometidos a
la órbita soviética, de Europa del Este pero también Vietnam, Camboya e incluso
China, se hacían llamar “democracias populares”, en militante contraposición a
las “democracias burguesas” de occidente.
Es un hecho muy curioso que en Venezuela
tanto el gobierno como la oposición oficial se autodenominan “demócratas” y no
hay absolutamente nadie que cuestione la democracia ni siquiera como la menos
mala de todas las formas de gobierno.
La razón es muy sencilla: desvinculada
del elemento “libertad”, que siempre debería acompañarla para evitar la tiranía
de la mayoría y garantizar los derechos individuales, la democracia es una
chaqueta que le ajusta perfectamente a todo el mundo, incluso a los militares
golpistas, que se arrogan la representación del pueblo, más que eso, ellos son el
pueblo, con lo cual ya no tienen que contarse ni celebrar auténticas
elecciones, como en Cuba.
De manera que el giro más importante que
la juventud de este siglo XXI le ha dado a su lucha es que se trata de una
lucha por la libertad. La democracia no basta e incluso es
una gran amenaza si no se atempera con la libertad que es el primero y más
fundamental de todos los derechos humanos.
La libertad se ha entendido en dos
sentidos: uno, como la posibilidad de hacer lo que se quiera sin más
impedimento que la libertad de los demás; otro, como autonomía, esto es,
cumplir sólo la ley que nos damos a nosotros mismos, de manera que obedeciendo
permanezcamos tan libres como antes.
Pero oculto bajo este malabarismo
rousseauniano, ideado para fundamentar el estado constitucional y el régimen
representativo como el único que hace compatible la libertad con la obediencia
a la ley, se escurre el segundo gran enemigo de la libertad.
El positivismo extremo considera que la
ley es lo que diga el legislador, quienquiera que sea y diga lo que diga. No
hay que ser constitucionalista para advertir el peligro que entraña esta
facultad de dictar la ley y el desafío que lanza contra los ciudadanos
que se consideren libres y estén dispuestos a defender su libertad.
Igualmente, el positivismo considera que
la palabra del juez al resolver la aplicación de la ley al caso concreto es la
que crea el derecho entre las partes, sin que haya más nada en la realidad de
donde agarrarse.
Y estos son los dos caballos de batalla
del totalitarismo socialista, que lo hacen digerible para ciertos ideólogos
interesados: la democracia, como dictadura de la mayoría y el positivismo
jurídico como dictadura de la ley (y la sentencia como ley).
Se ha dicho muchas veces pero es
indispensable repetirlo: una vez que el totalitarismo socialista impone su
pseudolegalidad revolucionaria, la única manera de salir de la trampa jaula es
rompiendo con esa seudolegalidad, rebelándose, resistiendo.
Aclaramos para tranquilidad del buen
padre de familia: la pseudolegalidad socialista es profundamente irracional,
ilegal e inconstitucional, es lo que vemos a diario y todos no podemos estar
locos; romper con ella significa establecer una legalidad normal, racional, de
sentido común, garante y no enemiga de los derechos individuales.
La rebelión es la bendición de la
juventud, su sello vital, por eso todavía hay esperanza. A los viejos políticos
habría que decirles: “Si van a ayudar, no estorben”.
LEVANTAR LA MORAL
Dicen que las guerras se ganan por la
moral de las tropas e igual se pierden. Los grandes logros del movimiento
estudiantil eran inconcebibles hace apenas dos meses, no sólo por el cambio de
percepción de la llamada “comunidad internacional” que tiene otros asuntos
prioritarios de qué ocuparse; sino principalmente de la “comunidad nacional”
que se ha visto obligada a rediseñar su agenda por el cambio generado por la
irrupción estudiantil.
Cierto que todo movimiento ascendente al
llegar a su punto más alto se estaciona, luego tiende a descender, para volver
a remontar, si las condiciones son propicias y no cunde el desaliento. Este
sería el mayor peligro para el movimiento estudiantil y el cálculo que hacen
sus enemigos para dividirlo, con el señuelo de que hay que retirarse cuando
estas ganando porque sino puedes perder todo en una apuesta arriesgada.
Cuentan que un cínico secretario de
estado americano decía que no hay general latinoamericano que resista un
cañonazo de un millón de dólares. ¿Podrán los líderes estudiantiles resistir la
tentación de Mefistófeles del régimen y la MUD? Está por verse.
El llamado “diálogo” es una táctica
diversionista para encubrir la represión, lo mismo que la política de “paz”, lo
más soviético que han hecho los cubanos en Venezuela. Bajo esa consigna se
peleó la guerra fría y se construyó el arsenal atómico de la URSS, suficiente
para borrar a toda la humanidad del planeta. Es el ejemplo más socorrido de la
neolengua totalitaria denunciada por Orwell: “La guerra es la paz”; “la mentira
es la verdad”.
Aceptar una oferta de diálogo de paz es
admitir que se está en guerra, como pedir una ley de amnistía es aceptar que se
han cometido delitos.
Por su parte, el régimen de ocupación y
el colaboracionismo pagan un alto costo por el desafío de la protesta y
subsiguiente represión, no pueden ofrecer nada a cambio de la sumisión y los
problemas que originan y alientan la protesta son cada día más graves.
De manera que se justifica el
nerviosismo inocultable ante sus respectivas clientelas, a las que tratan de
apaciguar pero que están dando muestras de impaciencia. ¿Qué pasará si esto se
sale de control, como la criminalidad, los precios, la escasez, el tipo de
cambio y un largo etcétera?
La situación política venezolana no es
mejor pero es más clara: los manejos del régimen y de la MUD están al
descubierto para quien quiera verlos y ante la fatalidad de caer en un limbo a
la cubana se abre una dimensión de incertidumbre esperanzada.
Puede ocurrir algo, piensa todo el
mundo; tiene que ocurrir algo, decimos todos. Y mientras más tarde, peor y más caro.
Luis Marín
27 de abril del 2014
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