¿AJUSTE CON CAPTAHUELLAS?
Humberto García Larralde
Para aquellos optimistas que argumentaban que la
gravedad de la crisis económica obligaría al gobierno a corregir sus políticas,
los últimos anuncios del gobierno deben haberlos sacudido. El ministro
plenipotenciario Rafael Ramírez, al ser preguntado sobre el tema cambiario en
una entrevista para Últimas Noticias, señala que las empresas
deberán demostrar de donde obtuvieron los bolívares con los que compran
dólares, so pena de cometer “ilícitos cambiarios” (¡!). Luego Maduro anuncia la
aplicación de captahuellas en los negocios para reprimir el “consumo exagerado”
y el contrabando, supuestas causas de la escasez. Como si fuera poco, se asoma
la venta de CITGO para aliviar problemas de caja y evitar su posible
confiscación ante la disputa con Exxon-Mobil y Conoco-Phillips. En absoluto se
prevé un ajuste racional: lo acaba de anunciar Maduro aseverando que no habrá
liberación de precios ni del control de cambio. Veamos por qué.
Chávez llegó al poder con una prédica redentora y
patriotera que -para hacer corto el recuento- terminó repartiendo la renta
petrolera en desapego a criterios económicos. Lo llamó “socialismo”. Pero este
reparto en absoluto obedecía a un plan nacional -objetivado a través del
consenso mayoritario entre fuerzas políticas y sociales- que proyectaría la
ruta hacia un mayor bienestar. Respondía, simplemente, a razones de poder.
Luego del susto que provocó la probable pérdida del referendo revocatorio,
Chávez entendió la perentoria necesidad de cultivar una amplia base política
que le garantizara su perpetuación en el mando y lanzó las “misiones”. El único
requisito para ser beneficiario de estos programas de reparto era la lealtad
incondicional al “proceso”. Pero requerían derribar las institucionales que, a
través del apego a la ley, la rendición de cuentas, la transparencia en las
decisiones y la acción contralora derivada de la separación y autonomía de
poderes, resguardaban que el uso los dineros públicos respondiese a fines de
desarrollo convenidos. La demolición del Estado de Derecho permitió también la
represión de toda crítica a tal usurpación, así como la apropiación arbitraria
de empresas privadas para ampliar aun más la riqueza a repartir.
Un esquema de usufructo de la riqueza que irrespeta
los derechos de propiedad, que asigna recursos a discreción en violación de su
costo de oportunidad, que no rinde cuentas y propicia el aprovechamiento impune
de lo público, constituye un régimen de expoliación. No obedece a
reglas, todo se decide a discreción del Líder en atención a intereses
partidistas y particulares, y al vaivén de la correlación de fuerzas entre
grupos de poder. El hecho de que los niveles de consumo de la población se
hayan elevado a partir de 2005 sólo atestigua el hecho de que, con el salto en
los precios internacionales del crudo, el reparto pudo atender tanto las
apetencias de los enchufados como a sectores populares. No lo acredita
socialmente. Y dada la ausencia de resguardos institucionales, y como resultado
de las distorsiones macroeconómicas resultantes de la profusión de controles y
regulaciones implantados, la bonanza resultó efímera.
El discurso comunistoide ha sido muy ventajoso para
legitimar este régimen de expoliación. Alegando luchar contra el Estado
Burgués, el chavismo desmanteló el Estado de Derecho, con sus garantías en
materia de derechos humanos, de propiedad y procesales. La prédica
anticapitalista legitimó, ante los suyos, la expropiación de empresas por parte
del Ejecutivo. La pretensión socialista “justificó” la instrumentación de todo
tipo de controles y la usurpación de potestades ciudadanas en nombre de la
prosecución del bien común. Y, por último, la “justicia revolucionaria”
permitió la aplicación de un terror de Estado contra todo aquel que se
interpusiese a este arreglo y la represión de la opinión independiente. Como
resultado, se concentró el poder en una oligarquía que dispuso
discrecionalmente de los dineros públicos. Alegando ser herramienta de un
“poder popular”, prohijó un sistema patrimonialista, conforme al
cual los recursos del Estado son manejados como si fueran de su propiedad. Por
supuesto, como mafia que depende del ejercicio de la fuerza para disfrutar de
su botín, debió compartirlo con lugartenientes y bases clientelares. Como
castigo, la disidencia, por “apátrida”, fue excluida del usufructo de lo que se
supone público.
Con la demolición de las instituciones, el campo quedó
despejado para negociados y corruptelas de todo tipo. En particular, las
regulaciones y los controles de precio ofrecieron un eficaz mecanismo para
extorsionar empresas en nombre de intereses colectivos, a la vez que abrió
oportunidades a los conectados para enriquecerse comprando a precios
subsidiados y revendiendo a sumas muy superiores. El desabastecimiento
provocado por precios represados, incluida el de la divisa, procreó la demanda
insatisfecha para que proliferase tal especulación. Al poder vender la gasolina
en Colombia o las islas del Caribe 2000 veces más cara de lo que cuesta en
Venezuela –calculado según el dólar paralelo-, hay plata para pagar lo que sea
a Guardias Nacionales, policías, agentes aduanales y cualquier otro funcionario
y todavía embolsillarse una fortuna. Pero ello es válido para todos aquellos
bienes y servicios con precios controlados, aunque los márgenes sean menores.
Genera incentivos perversos para tales ilícitos y, como sucede con la guerra al
tráfico de drogas, los intentos por reprimirlos aumentan su cotización. Invocar
la honestidad como único remedio y no sincerar las relaciones de precio,
perpetúa la corrupción. Como dijera Miguel Rodríguez, ex ministro de Cordiplan,
“hasta la Madre Teresa de Calcuta se corrompe de ponerla al frente de Recadi”[1].
Desmontar los controles para liberar la iniciativa
privada y generar empleos productivos requiere que la oligarquía bolivariana
desmantele aquello que le ha permitido acaparar poder y fortunas. No es de
extrañar, por ende, su renuencia a todo ajuste racional. El pretexto ideológico
para perpetuarse en el poder les hace creer, de tanto repetirlo, que no tienen
por qué ceder. La leche subsidiada muestra la intención benévola de la
“revolución”. Si no se consigue a ese precio es por la acción de los enemigos
del pueblo. Nada les dice que los países que han controlado la inflación no
controlan precios. Pero argumentando estúpidamente una “guerra económica” que
les permite culpabilizar a otros, la oligarquía legitima el sistema perverso de
controles. En este orden se ubica el anuncio de Maduro referente a las
captahuellas. Y es que liberar precios resulta muy costoso políticamente para
el gobierno –y socialmente para el país-, por cuanto el chavismo destruyó el
aparato productivo y, con ello, la posibilidad de remuneraciones dignas. Ante
la quiebra del país, el precio de la mano de obra –el salario real-, no podrá
ajustarse sino hacia abajo.
Pero nuevamente la ideología comunistoide sale al
rescate. Controlar con captahuellas el consumo de una oferta que languidece por
la destrucción de la economía y la dilapidación de los dólares corresponde con
la prédica moralista de una vida austera, contrario al consumismo dispendioso
del capitalismo. La tarjeta de racionamiento cubana, pero en versión
electrónica, es lo que queda para el populacho de este peculiar “socialismo”.
Cual alumnos aventajados del Ministro de Propaganda Nazi, Joseph Goebbels,
quieren hacernos creer que es en nuestro beneficio. Sepultada queda la idea de
“liberar las fuerzas productivas” para permitirle al hombre pasar, según Marx,
“del reino de la necesidad al reino de la libertad”. Aun así, se lavan
conciencias y se absuelve la expoliación del país por un grupo reducido en
nombre de la utopía marxiana. ¡A vender activos, como CITGO, para que la fiesta
pueda continuar!
El hecho de que proseguir con las actuales políticas
requerirá niveles crecientes de represión, no inquieta a la oligarquía en el
poder. Reprimir en nombre de la “Patria”, como lo vienen haciendo, está en su
naturaleza fascista. Así lo atestigua la militarización del régimen. Que lo
digan los millares de estudiantes atropellados mientras protestaban
pacíficamente, los centenares de apresados, los torturados y los cuarenta y
tantos muertos en la protesta popular. En honor a los anhelos de libertad y
justicia que inspiran estas luchas, debemos derrotar la nefasta implantación de
las captahuellas. Es hora de que el gobierno reconozca su responsabilidad en el
desastre actual e instrumente los ajustes, por más dolorosos que sean, que
permitan devolverle el futuro a los venezolanos.
Humberto García Larralde
economista, profesor de la UCV
[1] Organismo encargado de
administrar el régimen de cambio controlado cuando Lusinchi.
No hay comentarios:
Publicar un comentario