MILITARIZACIÓN DESDE LA FRONTERA
Humberto García Larralde
La reciente extensión del estado de
excepción bajo control militar a 23 municipios fronterizos que abarcan los
estados, Táchira, Zulia y Apure, y la creación de una misión para la “Nueva
Frontera de Paz” dirigido por el mayor General Gerardo Izquierdo Torres,
representa otra avanzada más en el proceso de militarización del país. La
suspensión de garantías en esos municipios permitirá inspeccionar casas y
negocios sin orden judicial, impedir el libre tránsito de personas y bienes, y
prohibir reuniones y manifestaciones públicas que no estén autorizadas. Es
decir, el cese, por tiempo indefinido, de derechos ciudadanos básicos
consagrados en la Constitución. Pero no es un caso aislado.
El lanzamiento de
los OLP (Operativo de Liberación del Pueblo) a nivel nacional bajo comandos militares
y policiales ha significado, de hecho, la suspensión de las garantías
constitucionales en muchas zonas residenciales de bajos recursos, entre éstas
la más importante: la referente al derecho a la vida. Más allá, encontramos 11
gobernaciones, numerosos ministerios y centenares de cargos de alto nivel del
sector público en manos de militares o ex militares, sin mencionar la
presidencia de la Asamblea Nacional.
El control militar en la Venezuela de
hoy, eliminada la separación y autonomía de poderes por su subordinación al
ejecutivo, caracterizada por la relativización de los derechos constitucionales
por jueces que condenan obedeciendo órdenes políticas y cuyas autoridades se
niegan a cumplir los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y tampoco de la comisión de igual mismo nombre de las NN.UU., deja a la
ciudadanía a merced de una racionalidad que nada tiene que ver con el ejercicio
democrático. Se achican los espacios para el cuestionamiento de las decisiones
tomadas desde el poder y se castiga a quienes, en la opinión de jerarcas
militares, ponen en peligro su concepción particular de patria: aquella sujeta
a la voluntad indiscutible del gendarme, en nombre de los “intereses supremos
de la nación”.
Desde la óptica del ejercicio de los derechos civiles y de la
ciudadanía responsable, el poder militar no puede ser sino arbitrario y
despótico. Se va imponiendo la razón de la Seguridad Nacional como arbitrio de
nuestra conducta. Desgraciadamente, la historia venezolana está plagada de
estos abusos, siendo que –con escasas excepciones- prácticamente todos los
gobiernos previos a 1959 estuvieron bajo dominio militar. A eso los venezolanos
hemos llamado siempre Dictadura.
Lo insólito de la situación actual es
que esta “fagocitación” progresiva del país por parte de elementos castrenses
se hace ¡invocando argumentos de izquierda! Muerto Chávez, el partido militar
que prohijó se ha autonomizado, enseñoreándose del poder a pesar de lo
establecido en el artículo 328 de la Constitución y del mejor juicio de mucho
oficial institucionalista, obligado a inhibirse por razones de disciplina
castrense y/o amenazas del G2 cubano.
La razón militar se asocia con la
preparación y ejecución de acciones bélicas. Su interés está en cómo ganar,
prevenir y/o neutralizar conflictos con “enemigos de la patria”. El dominio
militar se “legitima”, como lo revela la drástica implantación del estado de
excepción, con la identificación de “enemigos” cuya amenaza “justifica” la
suspensión de garantías. Pero, ¿con qué criterios se define quién es enemigo?
¿Quién decide al respecto? Cualquier expresión organizada de la sociedad civil
que cuestione la razón militar –sindicatos, gremios, universidades, medios de
comunicación, ONGs- es sospechosa y está en “la mira”. Ya lo dijo Ameliach al
amenazar a la MUD que la acusaría de “traición a la patria” si rechaza el
estado de excepción y apoya las quejas de Colombia.
El ejercicio del poder político
como si se tratara de conducir la guerra por otros medios –invirtiendo a
Clausewitz- es propio de regímenes fascistas. De ahí la necesidad permanente de
ubicar enemigos que “legitimen” la militarización, el control, la regimentación
de la sociedad y la suspensión de los derechos civiles. Nadie mejor que
Norberto Ceresole –asesor de Chávez en sus primeros años de gobierno- para
construir argumentos a favor. Pero nadie como Fidel para encubrir estas
prácticas dictatoriales dentro de una apología “revolucionaria” que absuelve
los desmanes y atropellos de un régimen de fuerza.
En Cuba, gracias a la
epopeya envolvente de la Sierra Maestra que abatió la suspicacia de todos menos
los más desconfiados, la disolución del ejército y del aparato estatal
batistianos, y la paciente, sostenida y eficaz labor del MinFar bajo
Raúl, los militares se han adueñado del país. Se han erigido en la nueva casta
dominante, a cargo de empresas y servicios, amén de las actividades de inteligencia,
represión y resguardo de su propia hegemonía.
Es éste una parte vital del “paquete
tecnológico” que los hermanos Castro han ido “transfiriendo” a Venezuela a
cambio de miles de millones de dólares cada año, junto a los mecanismos de
acoso y falsificación de pruebas para criminalizar la disidencia, y la
represión descarnada. Con esto es que el dominio cubano sobre Venezuela ha
engolosinado a muchos jerarcas militares, tradicionalmente nacionalistas y
anticomunistas.
Aquí no hay nada de “convicción ideológica”: es la simple y
cruda razón de poder la que explica la aquiescencia de mucho jefe castrense con
la entrega del país a intereses foráneos. Porque es muchísimo lo que está en
juego para ellos, como lo revela el Cartel de los Soles, la disputa entre
oficiales del ejército y de la Guardia Nacional por esa lucrativa mina –en
grado extremo- que representa la frontera con Colombia, sin mencionar las
oportunidades de extorsión que ofrecen tantas leyes punitivas cuyo cumplimiento
obligatorio es confiado a la fuerza armada.
La habilidad de Fidel para consolidar un
régimen militar fascistoide a su servicio alegando fines de redención social,
libertad (¡!) y de lucha por la “Segunda Independencia” (2ª Declaración de la
Habana) lleva a acuñar un nuevo término, el de fasciocomunismo. Y
Maduro, Cabello y compañía han mostrado ser fieles –aunque muy torpes-
discípulos. Ante cada vuelta de tuerca en la militarización del país,
radicalizan sus posturas de “izquierda”, hablando de “la construcción del
socialismo”, la lucha contra el imperio y la redención del “pueblo”. ¡Y todavía
hay quienes se lo creen!
El colmo del cinismo es la negativa a respetar los
derechos UNIVERSALES del ser humano, rubricados por Venezuela en distintos
acuerdos internacionales, empezando por la Declaración de las Naciones Unidas,
¡alegando “la inviolabilidad de nuestra soberanía”!
Pinochet, Videla y la cáfila de gorilas
que han martirizado tanto a América Latina durante el último siglo estarían
envidiando, desde sus respectivas tumbas, lo que viene logrando, sin prisa pero
sin pausa, la oligarquía militar venezolana: aplastar lo que siempre fueron
anhelos de libertad, justicia y respeto por los derechos humanos, los que solía
enarbolar la izquierda. ¡Viva la “Revolución”!
Humberto García Larralde
eonomista, profesor de la UCV
22 de septiembre del 2015
No hay comentarios:
Publicar un comentario