Oswaldo Guayasamin
MAFIAS VS. MERCADO
LA DISYUNTIVA QUE
ENFRENTAN LOS VENEZOLANOS
Humberto García
Larralde
I.
Mercados competidos y transparentes, en los que se conocen
precios y calidad de lo que se transa, constituyen la forma más eficiente de
satisfacer los requerimientos de la sociedad con los recursos y capacidades
disponibles. Cualquier desajuste entre demanda y oferta de un bien encuentra
expresión inmediata en su precio, incentivando la concurrencia de nuevos
oferentes cuando sube o desplazando a aquellos menos eficientes en caso
contrario. En competencia, el sistema de precios orienta a los consumidores hacia
las mejores ofertas y señala oportunidades de negocio a los emprendedores.
Además, presiona a cada firma a perfeccionar su oferta, so pena de que un
competidor satisfaga mejor la demanda y la desplace del mercado. Esta dinámica
incentiva la innovación, mejorando la calidad de los bienes y servicios
producidos, disminuyendo sus costos y generando espacios para la inversión, el
crecimiento y el empleo productivo.
Corresponde a los gobiernos estimular la competencia, promover
la transparencia de los mercados, regular los monopolios naturales[1] y
forjar condiciones que promuevan la innovación y el cambio tecnológico. Deben
procurar los equilibrios macroeconómicos que están en la base de la estabilidad
de precios, del financiamiento competitivo y del intercambio provechoso con el
extranjero. Asimismo, es menester un marco institucional que promueva la
confianza y la iniciativa de inversionistas, productores y comerciantes. A la
vez, el Estado debe producir los bienes públicos[2] que
demanda la sociedad y compensar por las ineficacias ocasionadas por la
presencia de externalidades[3].
Pero maximizar la eficiencia y lograr, por ende, el mayor
crecimiento a través de mecanismos de mercado, en absoluto garantiza la equidad
en el provecho de sus frutos. Por esta razón, un régimen democrático debe
procurar que los más pobres puedan valerse de las oportunidades que ofrece la
igualdad ante la ley. Apela, para ello, a sus potestades redistributivas,
pechando a los más ricos para obtener los recursos con los cuales atender las
necesidades de los de menores ingresos.
El alcance de este empeño dependerá de cómo se expresen los
valores de justicia social en el país, pero no debe interferir con los
mecanismos de mercado, ya que mataría “la gallina de los huevos de oro” de la
iniciativa privada. En esta difícil combinación entre equidad y eficiencia se
mueve el mundo moderno, desde el “capitalismo salvaje” tipo chino, escaso en
derechos laborales, del consumidor y ambientales, así como en libertades
civiles y políticas; a países democráticos cuya protección social tiende a ser
omnicomprensiva, como la de los escandinavos, que exhiben la mayor equidad en
el mundo con niveles muy altos de bienestar material; pasando por los EE.UU.
II
Pero Venezuela tiene petróleo. A partir de su producción
comercial a gran escala los gobiernos se sintieron ungidos financieramente para
tutelar la modernización de la nación invirtiendo en obras de infraestructura,
servicios de educación, salud y seguridad, y formando una burocracia estatal
que administrara estos desarrollos. Desde el llamado “trienio adeco” –con la
trágica interrupción de la dictadura de Pérez Jiménez- fueron incorporándose
sectores otrora marginados al usufructo de una amplia gama de derechos. Pero en
este proceso el Estado buscó la justicia social, no por medio de políticas
redistributivas, sino interviniendo los mecanismos de mercado.
Con el boom del
mercado petrolero internacional de los ’70, la economía se indigestó con una
plétora de recursos que no pudo absorber productivamente. Se afianzó un
PetroEstado dispendioso que desplazó al rol del sistema de precios en la
asignación eficiente de recursos por incentivos perversos asociados a la
búsqueda de rentas. Ello apartó a los agentes económicos del esfuerzo
productivo y aupó actividades especulativas. Políticas populistas y
clientelares fueron minando la vinculación entre eficiencia, competitividad y
nivel de vida, corrompiendo la ética ciudadana con una conducta paternalista
del Estado, según la cual el disfrute de derechos en absoluto obligaba al
cumplimiento de deberes.
Cuando bajaron los
ingresos del petróleo en los ’80, la ilusión de bienestar creciente se vino
abajo. Los gobiernos sumieron al país en una serie de controles y regulaciones
en procura del “paraíso” extraviado, que terminó desdibujando los criterios de
justicia social con que el bipartidismo de AD y COPEI había forjado su
legitimidad. Se diluyó el carácter inclusivo del Estado de Derecho, que pasó a
depender de mecanismos discrecionales, prestos a la manipulación política a
cambio de favores. Los intentos de superar el rentismo con las reformas pro
mercado de CAP II hicieron aflorar los costos reprimidos por años de los
controles y los subsidios. Se desató un fuerte rechazo de parte de los
dolientes del viejo esquema, que entrabó este proceso de cambio.
III
Chávez llega al
poder capitalizando la incapacidad de AD y Copei por honrar sus promesas de
bienestar y justicia social. Luego de unos años iniciales en que continuó con
las políticas económicas de Caldera (II), decide llevar el intervencionismo del
Estado a extremos que superaban en mucho el de gobiernos anteriores. Concentró
y centralizó el poder en sus manos, demoliendo el Estado de Derecho liberal que
había servido de marco a la democracia, invocando para ello un Bolívar
justiciero y luego, un socialismo de reparto, “del siglo XXI”. Los mecanismos
de mercado fueron reemplazados por decisiones que, desde la Presidencia,
asignaban los portentosos recursos que deparaban las altísimas cotizaciones del
crudo y fijaban precios administrativamente con base en consideraciones
políticas. La desaparición de la rendición de cuentas y de la transparencia en
la toma de decisiones, subordinadas ahora al objetivo “superior” de la
“revolución”, fomentó un ávido mercado político en el que los
allegados al poder se disputaban las oportunidades que les abrían los numerosos
controles, regulaciones y la expropiación de empresas privadas, para hacer
fortunas.
El “socialismo del
siglo XXI” resultó en un régimen de expoliación de la renta petrolera a
discreción, según el posicionamiento que se tuviese en la estructura de poder,
que acentuaba prácticas especulativas que destruyeron la economía. La
importación masiva de bienes otrora producidos internamente -abaratados por un
dólar racionado que alimentó corruptelas para negociar su entrega- ocultó tal
descalabro. Precios de $100 por barril del crudo permitió a PdVSA asignar $234
millardos a misiones y otros programas sociales en estos años. Junto a otros
millardos provenientes del presupuesto nacional, fueron repartidos
clientelarmente en procura de apoyo político al régimen.
IV
Este manejo
discrecional de la bonanza petrolera, en desapego a criterios de racionalidad
propios de una economía de mercado, ha centrado la dinámica económica en
Venezuela en manos de mafias atrincheradas en los nodos que deciden precios,
contratos, asignación de recursos y formas de participar en los negocios en que
incide el Estado incluyendo, tristemente, la habilitación y custodia de
corredores para traficar drogas desde Colombia. El eje de esta dinámica
perversa es el control de cambio, cuyo nivel de disparate se ha potenciado con
el desplome del precio del crudo –y de los ingresos que percibe el país- en el mercado
mundial. Para el viernes 26 de junio el dólar “paralelo” marcaba 476,44
bolívares, 75 veces el precio del dólar oficial. Por otro lado, el precio del
litro de gasolina en Colombia era poco menos de un dólar, unas 4.500 veces más
caro que su precio de venta en Venezuela al tipo de cambio paralelo. Según
declaraciones del presidente de PdVSA en septiembre del año pasado, se
contrabandeaban entre 50 y 100 mil barriles diarios al vecino país[4]. La cifra hoy, dado el
ensanchamiento en la brecha de precios, debe ser aún mayor. ¿Sorprende que la
oligarquía milico-civil se haya negado a desmantelar esta prodigiosa fuente de
lucro instantáneo?
El fin del control
de cambio fue reservar las divisas para usufructo discrecional de esta
oligarquía. Por esta vía, según denuncia quien fuera zar económico de Chávez,
Jorge Giordani, empresas de maletín habrían esquilmado $25 millardos. La prensa
registra lavado de dineros ilícitos en la Banca Privada de Andorra de siete
venezolanos vinculados con el gobierno por $4,2 millardos.
Otra noticia informa
que el Banco del Tesoro depositó $12 millardos en la filial suiza del HSBC
entre 2005 y 2007, sin que se sepa el propósito de tan descomunal
transferencia. Escándalos, con dólares de por medio, resuenan asociados a los
nombres de Derwick, Andrade y otros. Desde que se implantó el control de
cambio, lejos de contenerse la salida de capitales, ésta superó, hasta finales
de 2014, los $190 millardos, más de 10 veces lo que salió en los cuarenta años
de democracia.
La desaparición de
oportunidades productivas en Venezuela por el acoso oficial al sector privado,
la inflación desorbitada y la inseguridad, convierten al dólar en refugio
obligado de empresarios y ahorristas. Pero la cuasi imposibilidad de acceder al
dólar preferencial hace del "paralelo" referente prioritario para la
fijación de los precios al interior de la economía. Junto a la impresión de billetes
sin respaldo por el Banco Central –ya va por un billón de bolívares (¡!)- ha
disparado a la inflación por encima del 100%. Mantener el negoción del control
de cambio y de los precios controlados ha empobrecido aceleradamente a los
venezolanos, de manera cruel e inhumana.
V.
La economía
venezolana se encuentra secuestrada por mafias que controlan al Estado,
amparadas en una prédica “socialista revolucionaria”. No otra cosa podía
esperarse de una política basada en controles y regulaciones de todo tipo, el usufructo
discrecional de enormes rentas captadas en los mercados mundiales, un
intervencionismo estatal acentuado, y la destrucción de las instituciones que
velaban por la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión pública.
Pero ello no ocurrió solo por Chávez.
Los gérmenes de los
tres primeros elementos de política ya se habían hecho sentir en los regímenes
populistas de AD y COPEI. Chávez lo que hizo fue completar el cuadro con el
cuarto elemento; la destrucción del Estado de Derecho. En tal sentido, llevó el
intervencionismo a su extremo lógico, abatiendo las instituciones que se
interponían al usufructo personal, político-partidista, de la renta. Para ello
se valió de su inspiración patriotera, militarista, con claros ribetes
neofascistas, que luego fue “actualizada” y reforzada bajo el tutelaje fasciocomunista de
los Castro.
La disyuntiva que
enfrentamos los venezolanos hoy y que, auspiciosamente iremos dirimiendo en los
próximos procesos electorales, está entre una economía controlada por estas
mafias, amparadas por un régimen militarista que esgrime un discurso
“revolucionario” para “absolver” sus atropellos contra el Estado de Derecho y
los derechos humanos, y una democracia social de mercado.
La oligarquía
milico-civil lleva 16 años acomodándose en el poder, disfrutando de sus mieles
y con sus prácticas de expoliación cada vez menos restringidas. El “paquete
tecnológico” de terrorismo estatal contra las fuerzas de cambio, traído por los
jefes cubanos, es la apuesta que hacen para aferrarse a tales prácticas. Pero
la neolengua maduro-chavista, fiel a las enseñanzas de Joseph Goebbels,
ministro de propaganda nazi, las cobijan en un discurso que alardea de
“conquistas” de la “revolución” que no pueden dejarse arrebatar por la
“derecha”.
Mafias y represión
fascista son, en este sentido, dos caras de un mismo ejercicio de usurpación de
la voluntad popular para privatizar el usufructo de los recursos del poder en
nombre del “pueblo”. Como resultado, tenemos el acelerado empobrecimiento de la
población, un desabastecimiento crónico que empeora y una situación de anomia
que nos coloca a merced de la violencia y la arbitrariedad.
La propuesta de las
fuerzas democráticas en las venideras contiendas políticas no puede ser alegar
simplemente que son más honestas en el manejo de los proventos del petróleo y
respetuosas del Estado de Derecho. Es menester plantear, de la manera más clara
y didáctica, la imperiosa necesidad de romper de una vez por todas con el
PetroEstado rentista y sentar las bases para un desarrollo inclusivo
fundamentado en la competitividad.
Ello implica la
conquista de un marco institucional que promueva una economía pujante de
mercado, acotada por la dotación de herramientas y recursos a los sectores
menos favorecidos para que puedan beneficiarse de sus frutos. Para facilitar la
transición hacia el nuevo modelo, todavía contamos con una portentosa renta
petrolera. Aprovechémosla antes de que los cambios estructurales que estamos
presenciando en los mercados energéticos del globo, cierren para siempre esta
ventana de oportunidades.
Humberto García Larralde
economista, profesor de la UCV
27-06-2015
[1] Aquellos que se presentan en actividades
productivas con costos decrecientes a escala, que termina reduciendo la oferta
a un solo productor. Caso de la generación hidroeléctrica a través de grandes
represas.
[2] Son aquellos cuyos beneficios no pueden
ser capturados por un solo individuo, lo que desincentiva su producción a
través del mercado en las cantidades deseadas por la sociedad. Requieren de
producción conjunta, lo cual involucra al estado. Ejemplos: Educación primaria,
protección policial, salud pública universal, infraestructura vial.
[3] Se refiere al efecto de un agente (o de
varios) sobre otro (u otros) que no es recogido adecuadamente en el precio. La
contabilización privada de los costos y/o beneficios del (o de los)
causante(s), basada en los precios, no toma en cuenta, por ende, algunos costos
y/o beneficios causados a terceros, con lo que la maximización del beneficio
privado no coincide con la maximización del beneficio para la sociedad. Se
considera una “falla” del mercado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario