OTRA GRAN ESTAFA DEL GOBIERNO
La política de admisión a las
universidades que pretende implantar la OPSU
Humberto García Larralde
Recientemente fuimos sorprendidos por la
arbitraria medida de la Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU), de arrogarse la decisión sobre quienes deben ingresar a las
universidades nacionales, en violación de la Ley que las rige, la Constitución
Nacional y los acuerdos existentes entre las autoridades de las distintas casas
de estudio y esa oficina. Esta medida inconsulta representa una enorme estafa
al país, a las universidades y a los nuevos bachilleres que aspiran cursar
estudios en ellas.
En primer lugar, atenta contra la
aspiración de excelencia académica de las universidades nacionales. La
universidad debe ser un instrumento de desarrollo de primer orden en la
Sociedad del Conocimiento, capaz de interactuar con la incesante expansión de
las fronteras del saber mundial y de formar los talentos que requiere el país
para superar sus numerosas insuficiencias y procurar el mayor bienestar posible
a su población. A las universidades nacionales deben entrar los mejores.
La medida que pretende implantar la OPSU
utiliza como criterio académico el promedio de notas del bachillerato, pero lo
diluye a sólo un 50% del total, otorgándole un 30% a las condiciones
socioeconómicas del aspirante, 15% a un criterio de “territorialidad” que no ha
sabido explicar en qué consiste y un 5% a “actividades extracurriculares” que
representa un misterio aún mayor. El análisis realizado por el equipo de
especialistas de la UCV que examinó la lista entregada por la OPSU comprobó que
el criterio académico en absoluto priva en la selección realizada por esa
oficina, que privilegió más bien a bachilleres que no presentaban las mejores
notas. Se menoscaban así las potencialidades que representan para el país la
formación de profesionales altamente calificados con base en quienes exhiben
mayor talento. La medida de la OPSU representa una estafa al desarrollo de la
nación.
En segundo lugar, voceros del gobierno
todavía pretenden esgrimir que la medida obedece a un criterio de “justicia
social”, pues a las universidades nacionales van mayoritariamente estudiantes
de colegios privados, integrantes de una “élite”; “burgueses”, pues. ¡Por
favor! Si hubiese un ápice de intencionalidad “social” sincera de este régimen
habrían hecho esfuerzos –serios, sostenidos- por mejorar la educación pública
desde pre-escolar hasta la finalización de la secundaria. La baja
proporcionalidad de bachilleres de escasos recursos se debe a la pésima
formación del sistema público, que no les dota de las herramientas con las
cuales competir exitosamente con los egresados de escuelas privadas de calidad
en las pruebas de admisión.
A eso se añade un entorno familiar que
suele ser menos favorable para que un muchacho destaque en sus estudios
–dificultad o ausencia de libros, de espacios para concentrarse en sus
estudios, de acceso a internet, buena alimentación, seguridad, etc.- lo cual
representa un drama social que este régimen, con 16 años en el poder y
percibiendo los mayores recursos de toda la historia del país, ha fracasado
rotundamente en mejorar. Pretender enrostrarle a las universidades el remedio a
tal fracaso, obligándolas a aceptar bachilleres cuyo “mérito” más notorio es el
de ser pobres, representa el colmo del cinismo y la irresponsabilidad.
Ser pobre NO ES un mérito; es una
condición a superar con esfuerzos propios, de la familia y con la provisión de
condiciones propicias, por parte del Estado, para que los de menores ingresos
puedan aprovechar la igualdad de oportunidades que le confiere la ley. Pero el
cinismo de estos “revolucionarios” es aún mayor, pues la UCV y otras
universidades nacionales han desarrollado programas dirigidos especialmente a
fortalecer las competencias de estudiantes egresados de liceos públicos para
que puedan ingresar y desempeñarse exitosamente en la universidad –Programa
Samuel Robinson de la UCV- pero el gobierno les niega los recursos para que
puedan instrumentarse provechosamente. Una estafa a las aspiraciones de equidad
social.
En tercer lugar, la medida que pretende
implantar la OPSU desconoce el régimen autonómico de las universidades
nacionales, consagrado en la Ley y la Constitución, que propicia que las
decisiones en estas Casas de Estudio sean tomadas en apego a criterios
académicos que procuran la excelencia. La admisión de nuevos bachilleres es un
asunto académico, así como lo es su prosecución en el estudio y graduación, y
se debe regirse por las políticas que, al respecto, decide el Consejo
Universitario:
Ley de Universidades (vigente):
Artículo 26,
Atribuciones del Consejo Universitario, # 9: “Fijar el número de alumnos
para el primer año y determinar los procedimientos de selección de aspirantes,
según las pautas establecidas por el Consejo Nacional de Universidades en el
numeral 6 del artículo 20 de esta Ley.”
Artículo 20,
Atribuciones del Consejo Nacional de Universidades, # 6: “Determinar
periódicamente las metas a alcanzar en la formación de recursos humanos de
nivel superior y, en función de este objetivo y de los medios disponibles,
aprobar los planes de diversificación y cuantificación de los cursos
profesionales propuestos por los respectivos Consejos Universitarios, y
recomendar los correspondientes procedimientos de selección de aspirantes.”
A la OPSU le correspondería el papel de
apoyar, técnicamente, la formulación de metas de formación de recursos humanos
a decidir en el CNU –conformado por los rectores y el ministro- pero de ninguna
manera decidir sobre la admisión. La medida que pretende implantar esta oficina
estafa el régimen autonómico de las universidades nacionales.
En cuarto lugar, la medida crea
expectativas en los jóvenes que pretende seleccionar para que cursen estudios
superiores en las universidades de mayor prestigio, difíciles de cumplir si
éstos no poseen la formación adecuada, contribuyendo con su frustración y
sensación de fracaso. La prosecución exitosa de estudios de calidad y su grado
como profesional competente, en absoluto está asegurada con la mera admisión de
un bachiller a una universidad nacional. Por otro lado, aquellos estudiantes
que sí poseen los méritos para cursar provechosamente una carrera universitaria
pero que no logran entrar por la imposición de criterios ajenos a lo académico,
se sientan timados de su derecho al estudio:
Artículo 103 de la
Constitución:
“Toda persona tiene
derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de
condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus
aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus
niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en
las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario…”
La medida de la OPSU es discriminatoria
y puede convertirse en una estafa al estudiantado.
En quinto lugar, la inclusión de los
alumnos seleccionados por la OPSU no puede ser a expensas de quienes tienen
legítimo derecho a cursar estudios en la UCV y en otras universidades
nacionales, por haber demostrado tener los méritos para ello. El Ejecutivo
Nacional viene sometiendo a estas universidades a un ahogo presupuestario que
dificulta cada vez más el cumplimiento de sus propósitos con la calidad
esperada. Adicionalmente, el nivel de remuneración de los profesores y del
personal universitario en general, después de años padeciendo de la inflación
más alta de América Latina –y ahora del mundo-, es la más baja de la región y
no permite cubrir las exigencias de una vida digna.
Ello desestimula fuertemente la
dedicación a la academia, minando la capacidad de estas instituciones por
cumplir con su elevada misión. Ahora se pretende que las universidades
nacionales prácticamente dupliquen los alumnos a admitir, pero sin compensar en
nada las drásticas insuficiencias que hoy confrontan. La medida de la OPSU es
una estafa a la calidad y representa una afrenta a las condiciones de trabajo
de profesores y demás personal universitario.
Por último, los especialistas que
analizaron la lista de bachilleres que pretende asignarle la OPSU a la UCV
llegó a la conclusión que los criterios utilizados para su confección son
inauditables, es decir, que no hay forma de saber, con la selección hecha, la
metodología ni la ponderación con que supuestamente fueron evaluados los
aspirantes. En un gobierno que evidencia de manera creciente estar colonizado
por mafias que buscan aprovecharse de la discrecionalidad y falta de
transparencia con que se toman las decisiones, de los controles, regulaciones y
prohibiciones arbitrarias a las actividades económicas, y de la ausencia de
rendición de cuentas para cosechar fabulosos negocios, esta “inauditabilidad”
abre una nueva fuente para corruptelas. Además, ningún aspirante podrá reclamar
por qué no fue admitido si no conoce cómo fue evaluado:
Artículo 51 de la Constitución:
“Toda persona tiene el derecho de
representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público
o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o
éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho
serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o
destituidas del cargo respectivo.”
La medida que pretende imponer la OPSU
representa una estafa para los sanos procedimientos administrativos que deben
guiar la gestión pública.
La decisión de la OPSU atenta contra el
desarrollo de universidades de calidad, y contraría los principios de
democracia, universalidad y equidad que fundamentan su acción. Parece obedecer
a una acción desesperada por ganarse el favor de una generación de jóvenes que
han visto frustradas sus aspiraciones de futuro por las políticas
gubernamentales, en vísperas de unas elecciones nacionales. Con razón los
estudiantes de la Simón Bolívar se refieren a ella como un “Dakazo” académico.
Quizás abrigan la vana ilusión de dominar eventualmente el voto estudiantil,
privilegiando la admisión de los suyos.
Más allá, esta medida se inscribe en el
propósito de destruir las universidades nacionales, que viene exhibiendo el
régimen desde sus inicios. A la oligarquía milico-civil que nos desgobierna no
le conviene la existencia de universidades críticas, capaces de desmontar las
mentiras con que pretende legitimarse y denunciar los errores, injusticas y
barbaridades con que ha venido destruyendo el país. Al fascismo no le interesa
que se discuta el “qué” ni el “por qué” que animan toda investigación
académica; les interesa solo el “cómo” instrumental. El “qué” y el “por qué”
son para ellos verdades reveladas en los mitos épicos y mistificaciones maniqueas
que inspiran su vocación desmedida de poder. Quieren “universidades” que sirvan
para ampliar su dominio sobre la sociedad: todo lo que sirva para reforzar su
control del poder. Pero esto que pretenden no es una Universidad.
En momentos en que la caída en los
precios de exportación del barril de crudo pone de manifiesto que el bienestar
de la población no puede supeditarse al incremento de la renta petrolera,
debería ser responsabilidad del Ejecutivo poner en marcha políticas que
estimulen el desarrollo productivo del país como fundamento imperioso de toda
mejora sostenible en sus niveles de vida. En este empeño las Universidades
Nacionales tienen un papel crucial que jugar. La riqueza y prosperidad de las
naciones depende hoy de la aplicación provechosa del talento en la búsqueda de
soluciones a los diversos problemas que afectan a la humanidad. Así lo
demuestran los países más avanzados y exitosos del globo. La misión central de
las universidades es precisamente formar estos talentos con altos niveles de
calificación, capaces de interactuar con las fronteras del conocimiento mundial
para poder asimilar sus avances y poder traducirlos en respuestas eficaces a
los desafíos del desarrollo.
Los profesores UCVistas estamos
comprometidos a velar por que la Universidad cumpla los propósitos para los
cuales fue creada. No podemos permitir aquello de que se quejaba un ilustre
profesor alemán, ante la obsecuencia de las universidades de aquel país ante
los designios del totalitarismo nazi:
“Las universidades
alemanas faltaron, cuando todavía había tiempo, en oponerse públicamente, con
todo su poder, a la destrucción del conocimiento y del estado democrático.
Fallaron en mantener el faro de la libertad y del derecho encendido durante la
noche de la tiranía”.
Profesor Julius Ebbinghaus, Shirer, The
Rise and Fall of the Third Reich, Simon and Schuster, 1966, Pág. 251-2.
Humberto García Larralde
Representante Profesoral ante el
Consejo Universitario de la UCV.
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