La
ONU tiene una deuda pendiente con la humanidad en lo que se refiere a la
proscripción y eliminación del clasismo, en los mismos términos en que ha
intentado hacerlo con el racismo, dos plagas que azotaron al siglo XX y que
bajo diferentes mutaciones se ha extendido al siglo XXI.
La
lucha contra el racismo ha tenido muy discutibles resultados, pero es justo
reconocer que algo se ha hecho; en cambio, respecto del clasismo, no se ha dado
el menor paso.
Es
fácil imaginar razones históricas que explicarían esta situación, vinculadas al
mismo nacimiento de la Organización, siendo que una de las potencias
fundadoras, la URSS, se basaba precisamente en una concepción clasista;
posteriormente, grandes potencias emergentes, como China, por ejemplo, también
se apoyaban en esos prejuicios.
No
debe dejarse de lado la influencia de los partidos comunistas en el resto del
mundo e incluso la de partidos socialdemócratas que también, aún con ciertos
atenuantes, conservan la idea fundamental de que la sociedad humana se divide
en clases, con la variante de que sus antagonismos sean o no irreconciliables.
Pero
ya en pleno siglo XXI, visto el derrumbe de la URSS, que China abandonó
oficialmente la doctrina de la “lucha de clases”, que mengua la influencia de
los partidos comunistas y la socialdemocracia a descartado el clasismo incluso
como táctica política; no se ve ninguna razón para que la ONU no tome la
iniciativa de hacer explícita la proscripción y eliminación de un flagelo tan
ponzoñoso como el clasismo.
Bastaría
leer las Resoluciones 1904 (1963) y 2016 (1965), para advertir que todos sus
principios y disposiciones son perfectamente aplicables al clasismo, con solo
sustituir las derivaciones de “raza” a “clase” y el resultado es asombrosamente
pertinente.
La
Carta de la ONU hace mención por lo menos en tres oportunidades a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales de todos “sin
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma y religión”. Notablemente no
dice “clase” o “condición social”, como lo hacen las constituciones de los
países miembros, entre ellos Venezuela.
Quizás
las razones históricas arriba mencionadas expliquen esta redacción puntillosa,
que podría generar discusiones acerca de si este tipo de discriminación está
proscrita o no por la legislación internacional.
No
obstante, en las resoluciones contra el racismo se establecen principios más
generales, como la “dignidad e igualdad inherentes a todos los seres
humanos”. O cuando dice: “Todos los hombres son
iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley contra toda
discriminación y contra toda incitación a
la discriminación”.
Por
tanto, es completamente obvio que la falta de mención de la clase o condición
social no puede interpretarse como que la ONU sí admite discriminaciones de
este tipo, sino todo lo contrario, que la discriminación se excluye en general,
más allá de los mencionados raza, sexo, idioma y religión a “toda discriminación
e incitación a la discriminación”.
Este
no es un problema de interpretación jurídica, ni una disquisición filosófica
fuera de lugar, sino que tiene las mayores implicaciones prácticas, pues debe
dar lugar a una legislación internacional que obligue a los Estados miembros de
la ONU a tomar medidas legislativas y judiciales contra la discriminación de
clases con idéntico criterio que contra la discriminación racial y “contra
toda discriminación y contra toda provocación a tal discriminación”.
También
es evidente que los jefes de estado, cancilleres u otros funcionarios que
inciten a la discriminación y al odio de clases son reos de delitos contra la
humanidad, que caen en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional y la
Corte Internacional de Justicia.
Las
Resoluciones de la ONU contra el racismo establecen una serie de principios y
criterios de legislación que, mutatis mutandi, son perfectamente
aplicables al caso de las clases sociales conservando pleno sentido, “sin
alterar su espíritu, propósito y razón”.
Por
ejemplo, los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las
organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la supremacía de
clase o grupo de personas de un determinado origen social, que pretendan
justificar o promover el odio de clases y la discriminación de clases,
cualquiera sea su forma, y se comprometen a tomar todas las medidas inmediatas
y positivas destinadas a eliminar toda incitación a la discriminación o actos
de tal discriminación y, con este fin, teniendo debidamente en cuenta los
principios incorporados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
tomaran medidas como las siguientes.
Declarar
como acto punible conforme a la Ley toda difusión de ideas basadas en la
discriminación o en el odio de clases, así como todo acto de violencia o toda
incitación a cometer tales actos de violencia contra cualquier clase
o grupo de personas por su condición social, y toda asistencia a las
actividades clasistas, incluida su financiación.
Declararan
ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas
de propaganda y toda otra actividad que promueva la discriminación
de clases e inciten a ella y reconocerán que la participación en tales
organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la Ley.
No
permitirán que las autoridades, ni las instituciones públicas nacionales,
regionales o locales promuevan la discriminación de clases o inciten a ella.
De
las teorías racistas, de las que se ocupaban cátedras e institutos de
investigación en las más prestigiosas universidades del mundo y están expuestas
en numerosísimas publicaciones respaldadas por firmas muy acreditadas, se
considera: “que toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es
científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa,
y que nada permite justificar la discriminación, ni en la teoría ni en la
práctica”.
¿Qué
tanto más podría decirse de las teorías de clases? Salvo que todavía tienen
cátedras e institutos de investigación en universidades del mundo, que son
expuestas en numerosísimas publicaciones, respaldadas por firmas muy bien
remuneradas con dineros públicos y que siendo muy mal visto manifestar
posiciones racistas en público, en cambio, muchos pseudo intelectuales,
políticos y sindicalistas aún manifiestan, con cierto orgullo irresponsable,
defender posiciones “clasistas”.
En
verdad, las teorías clasistas son filosóficamente inconsistentes, lógicamente
falsas, científicamente indemostrables, moralmente repugnantes, históricamente
catastróficas, políticamente oportunistas y nada, absolutamente nada, justifica
que todavía se las mantenga en el mercado intelectual.
Nadie
debería ocuparse de ellas, sino fuera porque ciertos políticos inescrupulosos y
ciertamente muy atrasados, todavía le encuentran algo de jugo a ese bagazo
indigerible.
Como
quiera que esta utilización políticamente malintencionada produzca hoy como
ayer grandes sufrimientos y catástrofes humanitarias, es que la ONU está
obligada por sus propias palabras a saldar su deuda con esta humanidad
atormentada.
Reafirmando
que la discriminación de seres humanos por motivos de clase o condición social
constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas entre las
naciones y puede perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos, así como la
convivencia de las personas dentro de un mismo Estado.
Convencidos
de que la existencia de barreras de clases es incompatible con los ideales de
toda la sociedad humana y alarmados por las manifestaciones de discriminación
de clases que todavía existen en algunas partes del mundo y por las políticas
gubernamentales basadas en la estigmatización, segregación y el odio de clases,
tales como el socialismo del siglo XXI.
Resueltos
a adoptar todas las medidas necesarias para eliminar rápidamente la
discriminación de clases en todas sus formas y manifestaciones y prevenir y
combatir las doctrinas y prácticas clasistas con el fin de promover el
entendimiento entre los seres humanos y edificar una comunidad internacional
libre de todas las formas de estigmatización, segregación y discriminación de
clases.
Considerando
los acuerdos y resoluciones de las oficinas afiliadas a la ONU que tienen
carácter vinculante para toda la organización y deseando poner en práctica
principios consagrados en las declaraciones sobre eliminación de toda forma de
discriminación y segregación y con tal objeto asegurar que se adopten lo antes
posible medidas prácticas.
Mandar
mensajes a la ONU es como lanzarlos al océano metidos en una botella; no se
puede saber a dónde vayan a parar. La esperanza es remota y la misma: que
toquen una conciencia individual (la única que existe, pues no hay conciencias
“colectivas”), que alguien levante un teléfono, ponga un papel en el escritorio
de otro, que dedique un minuto de su atareada agenda a una causa perdida.
La
percepción general de la ONU es la de ser una burocracia universal con los
defectos magnificados de cualquier burocracia: que desarrolla intereses propios,
muy alejados de los fines para los que fue creada; que sus funcionarios prestan
más atención a las partidas de sus ingentes presupuestos que a ayudar a los
seres desvalidos de este mundo.
La
corrupción y abuso de poder son sus rasgos distintivos, junto a la
insensibilidad e indiferencia por las víctimas de catástrofes naturales y
guerras que asolan el planeta.
La
política de bloques, la balcanización y fraccionamiento de sus comisiones,
comités, oficinas adscritas, permiten que regímenes forajidos formen roscas que
operan como altavoces de sus intereses mafiosos, los que presentan como si
emanaran de la organización, aumentando su desprestigio a nivel mundial.
Sólo
así se explica que tenga un record Guinness de condenas contra el Estado de
Israel y ni una contra Rusia por las invasiones de Chechenia, Georgia o sus
intervenciones en Siria y Ucrania; contra China por la ocupación del Tíbet, el
sostenimiento del régimen de Corea del Norte, la anexión de Hong Kong o su
cerco contra Taiwán.
La
ONU se ha vuelto tan inoperante, su Comité de Seguridad tan ineficaz, que las
potencias han retornado al unilateralismo en su acción, al bilateralismo en sus
pactos y, en el mejor de los casos, al multilateralismo de los clubes de
grandes, ricos y poderosos.
¿Para
qué, entonces, dirigirse a la ONU? La cuestión es muy sencilla: ¿Hasta dónde
pueden los funcionarios de la ONU incumplir sus propias disposiciones sin
incurrir ellos mismos en responsabilidades legales?
Está
claro que la misión de la ONU es “el mantenimiento de la paz”; que sus
resoluciones prohíben la discriminación y segregación en todas sus formas, en
tanto amenazan la convivencia entre y al interior de los pueblos.
¿Qué
ocurre cuando los representantes de un estado miembro de la ONU incurren en
violación flagrante de las leyes internacionales? No es posible esperar que el
mismo infractor acuda a las instancias de la ONU. Tampoco es razonable esperar
que lo hagan otros estados, por los costos y riesgos que eso conlleva en sus
relaciones mutuas.
No
es concebible que la ONU grave a las victimas con la carga adicional de poner
en funcionamiento los mecanismos de defensa de la legislación internacional, en
caso de que estos existan, porque estaría negándose a sí misma.
No
puede esperarse que ningún diplomático con experiencia asuma una causa como
ésta porque todos, en Venezuela, tienen antecedentes socialdemócratas o
socialcristianos, por lo que abrigan internamente una concepción clasista de la
sociedad y el Estado. Sin embargo, aún en este caso, tendrán que reconocer que
no se puede proclamar la supremacía de unas clases y la exclusión y
aniquilación de otras sin violar con ello el Derecho Internacional.
La
última palabra la termina teniendo la misma ONU.
El
régimen comunista cubano ha desplazado más de cien mil soldados para ocupar
Venezuela a la vista de todo el mundo, sin que la ONU haya promovido ni
siquiera una investigación. Cuba podría alegar que el desplazamiento de sus
tropas es un asunto de soberanía nacional y esto es así mientras lo haga dentro
de sus fronteras; pero cuando lo hace hacia el territorio de otro estado, debe
someterse al Derecho Internacional.
Si
Cuba no tiene un mandato de la ONU, la presencia de sus tropas y policía
política en Venezuela es ilegal, según el Derecho Internacional. Si no es así,
¿bajo qué título jurídico operan las tropas y los servicios de inteligencia
cubanos en Venezuela?
¿A
título de qué las fuerzas cubanas controlan en Venezuela los servicios públicos
de salud, eléctrico, identificación y extranjería, puertos y aeropuertos,
oficinas de registros y notarías, las empresas de telecomunicaciones públicas,
como la CANTV; sus tropas y mandos participan en desfiles militares, la bandera
cubana ondea en los cuarteles y oficinas públicas de Venezuela?
El
régimen cubano ordeno la instalación de un cable submarino, a costa de
Venezuela, para ejercer un control más directo sobre las comunicaciones
telefónicas y radiofónicas, incluso Internet e interferir y controlar el
sistema electoral electrónico, sin que ninguna agencia de regulación adscrita a
la ONU ni siquiera se haya dado por enterada.
Las
fuerzas de ocupación comunistas cubanas no cumplen en Venezuela con las normas
de ocupación generalmente aceptadas, en particular, el respeto por la vida y
los bienes de los habitantes de los territorios ocupados. Bajo la ocupación
cubana han sido asesinadas más de 200.000 personas y han aplicado una política
discrecional de confiscaciones masivas de bienes privados.
Su
política de segregación de clases, unida al terrorismo de Estado, ha desplazado
cerca de un millón de refugiados fuera del país, la comunidad judía se
ha reducido a menos de la mitad. Y sus planes manifiestos son desplazar a
un número todavía mayor, según declaraciones de funcionarios del gobierno
títere que repiten constantemente: “Al que no le guste, que se vaya”; lo que
viola flagrantemente las prohibiciones de expulsión en masa y deportaciones
violentas, sancionadas penalmente por el Derecho Internacional.
Se
prohíbe toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio, sin
embargo, el gobierno títere ha declarado una “guerra económica” contra la
población indefensa y atiza el odio contra sectores sociales indeterminados a
los que llama “burgueses” para estigmatizarlos, segregarlos, privarlos de todo
derecho, de igualdad ante la Ley y del derecho a un juez natural, amén de que
no existe un sistema de justicia independiente, lo que constituye otra
violación flagrante del Derecho Internacional y la Carta de la ONU.
Tenemos
derecho a educar a nuestros hijos en nuestros valores (judeo cristianos) y a
que no les impongan una ideología comunista que nos es extraña. La protección
de este derecho tiene carácter internacional y debe ser garantizado por la ONU.
Y
paremos de contar, para no hacer esta nota interminable.
En
conclusión: la ONU debe defenderse a sí misma; o despedirse, como la Sociedad
de las Naciones, en medio de un gran estruendo universal.
