EL DESENLACE SE ACERCA
Humberto García Larralde
Al gran Santos Yorme,
ejemplo de luchador indoblegable,
reserva moral de la democracia
Si el objeto de una asamblea constituyente es, “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar
una nueva Constitución” -como reza el
artículo 347 de nuestra Carta Magna-, su convocatoria supone que se han labrado
consensos en torno a los rasgos definitorios del país que se quiere construir.
Como señala Fernando Mires, es una instancia portadora de una idea fundacional:
propone “formar una nueva nación”. Por tanto, debe manar del soberano y acordar
las normas de convivencia entre ciudadanos y con el estado en torno a ese
proyecto país para lograr su respaldo por todos.
Se trata de asentar las bases legales de un nuevo contrato social cuyos
elementos deberían haberse madurado en el seno de la sociedad, que expresasen
sus anhelos y valores. Si ello no fuese así, la nueva constitución quedaría
sólo en el papel, sin sustento real, y sus intentos de instrumentación se
convertirían en fuente de conflicto y zozobra creciente, dado su rechazo por el
pueblo.
Lo insólito de la iniciativa presidencial intentada por Maduro, es
pretender imponerla en contra de lo que la sociedad como un
todo desea. Intenta “constitucionalizar” una tiranía. Representa, por tanto, un
contrasentido, un despropósito que, por tanto, es inviable y destinado a
fracasar. Se trata, en realidad, de una Asamblea Nacional Disolvente,
pues busca disolver los fundamentos sobre los cuales descansa la
República, cuales son que la soberanía reside intransferiblemente en el
pueblo, y que la división y autonomía de poderes es la garantía sine
qua non para que se respeten los derechos humanos y civiles que son su
razón de ser.
Es menester que las instituciones que sustentan el orden republicano,
sobre todo la Fuerza Armada Nacional como depositaria de los medios de
violencia que el Estado le confirió para su resguardo, impidan la destrucción
de la República, más si ello obedece a intereses vinculados a la gerontocracia
despótica foránea de los Castro. Por si hubiera dudas, el artículo 333 de la
Constitución señala como deber de todo(a) ciudadano(a), contribuir a
restablecer su efectiva vigencia cuando ésta dejare de observarse.
Hoy el 85% de la población encuestada defiende la actual Constitución y
rechaza la Asamblea Disolvente de Maduro. El empeño de la
oligarquía militar-civil de aplastar con semejante farsa a la voluntad popular,
nos ha convencido de la necesidad incontrovertible de que abandone el poder.
La represión salvaje de la protesta lo que ha hecho es reforzar aún más esta
convicción, pues muestra que nos (des)gobiernan asesinos con los cuales es
imposible convivir. Una Guardia Nacional que actúa como verdadero ejército
invasor -asesina; detiene a inocentes; los atraca, tortura y/o abusa de ellos;
saquea negocios y violenta hogares- pone de manifiesto la incompatibilidad del
régimen militar con la nación venezolana. Remarca, además, que somos un país
sitiado por órdenes que emanan de una dictadura externa, la cubana. De manera
que no hay vuelta atrás: con Maduro se acaba el país, se acaba el futuro.
Pero Maduro acelera su suicidio insistiendo en una constituyente
corporativa que sólo podrá implantarse desatando una mortandad terrible.
Independientemente de la crueldad, depravación y sevicia mostrada por algunos
Guardias Nacionales contra manifestantes pacíficos en múltiples videos -ya van
más de 70 asesinatos-, la Fuerza Armada como un todo no puede estar dispuesta a
echarse encima el costo de semejante horror. Se reportan crecientes pases a
tribunal disciplinario de militares indispuestos a acompañar la sangría
ordenada por Maduro y sus cómplices, así como “run runes” de altos oficiales
-tenidos como chavistas- disgustados con su rol de perpetuadores de un régimen
que se ha desnudado para revelar el tradicional gorilismo militar de Pinochet,
Videla, Somoza, Stroessner y los de su calaña.
La oligarquía fascio-militarista que encabeza Maduro ha mostrado, de
manera más que fehaciente, su desdén por la suerte de los venezolanos. Sabiendo
que sus políticas han sumido a los venezolanos a los peores padecimientos de
hambre y de muertes por falta de atención médica que recuerda la historia
moderna, se niega a rectificarlas. Enterada de que es posible reactivar la
economía en un muy corto plazo, generar empleo productivo, detener la inflación
y recuperar los niveles de bienestar que destruyó -porque los economistas se lo
venimos indicando desde hace tiempo ya-, se niega a instrumentar las medidas
para ello, pues implica ceder control y abdicar de las oportunidades de lucro
que ello ofrece. La contraposición de los intereses de esta oligarquía con los
de los venezolanos se manifestó ya, claro está, con el saboteo del referendo revocatorio
y de las elecciones para gobernadores en 2016, y se reitera trágicamente con la
brutal represión de quienes simplemente están exigiendo sus derechos
ciudadanos, entre otros, de manifestar en Caracas, como hacen (porque se les
permite) los fascio-Maduristas.
En anteriores oportunidades he hecho referencia a la vocación fascista
por una conflagración final que “limpiase” la sociedad de la maldad que, para
ellos, representa quienes se les interponen a sus ansias de control absoluto.
Y, como nos lo recuerda Lord Acton, si el poder corrompe, el poder absoluto
corrompe absolutamente. De ahí el comportamiento tan desalmado, inhumano e
infeliz exhibido por quienes hoy constituyen una mafia expoliadora, sin control
ni medida, atrincherada en los nodos decisorios del estado. Sus inmensas
fortunas las han acumulado, tristemente, gracias a la creciente miseria del
resto de los venezolanos, pues en su afán de lucro destruyeron una economía
que, en vez de crecer, decrece.
Para esta mafia no hay término medio ni posibilidad alguna de
entendimiento con las fuerzas democráticas: o todo o nada, winner takes
all. Reducida a una secta fanática, sin apoyo popular, está dispuesta a
inmolarse en una confrontación definitiva, porque sabe que sus crímenes no
tienen perdón. Y en su desespero por cogerse todo y aniquilar a la oposición,
precipita -con su Asamblea Disolvente- el desenlace final que habrá
de sacarla del poder. Basta recordar la locura de Hitler, recogida
magistralmente en la película “La caída”, invocando batallones
inexistentes desde su bunker contra las tropas soviéticas que entraban a
Berlín, para finalmente sucumbir con insultos a la población germana
-deseándole lo peor- por no haber estado a la “altura” de sus designios.
La suerte del pueblo venezolano, su bienestar, es lo menos que le
preocupa a Maduro. En su fuero interno, sabe que él representa el anti-país,
contrario a los anhelos básicos del pueblo, a sus valores democráticos y a sus
deseos de vivir dignamente en libertad, a su espíritu libertario, su sentido de
justicia y su afán de superación. Ya no le sirve cobijarse en una retórica
izquierdosa redentora y patriotera, porque de tanto abusar de ella, de la
mentira y las promesas incumplidas, ya nadie le cree. No hay vuelta atrás, o
sale -con su camarilla de cómplices- o sale. Esto lleva a hacer lo humanamente
posible por terminar de resquebrajar el apoyo que todavía tiene, sobre todo de
ese sector vil de militares que insultan a la Fuerza Armada con su proceder: “Maldito el soldado que empuñe su arma contra su propio pueblo”
El mayor reto de las fuerzas democráticas opositoras es aislar a la
camarilla fascista que expolia el país y ganarse a aquellos chavistas no
comprometidos con las mafias que controlan el poder para rescatar el orden
constitucional. Su futuro como opción política en el marco de pluralidad
democrática a instaurar, está en juego. Si no se desmarcan abiertamente del
horror que representan Maduro y sus cómplices, el costo de la transición democrática
será mayor, más sangrienta, pero igual ocurrirá. ¿Para qué cargar con el karma
de ser señalados como culpables de ello? ¿Por qué hipotecar toda posibilidad de
ser reconocidos como fuerza política legítima? Y a los militares, si quieren
volver a granjearse el respeto de los venezolanos y dejar de ser vilipendiados
como una cruel e inhumana fuerza de ocupación, deben hacerle ver
contundentemente a la mafia fascista que no tolerarán más crímenes contra los
venezolanos y obrar activamente por el regreso al orden constitucional sobre la
cual descansan nuestras instituciones republicanas.
¡No a la Asamblea Disolvente de Maduro!
ANEXO
La iniciativa de Maduro quebranta el ordenamiento jurídico del país[1]. Viola la letra y el espíritu de
los artículos 347 y 348 de nuestra Carta Magna y, al pretender obviar la
necesaria consulta por intermedio de sendos referendos sobre la convocatoria de
la ANC, de sus bases y para aprobar la nueva constitución -una vez redactada-,
desconoce absolutamente el fundamento principal de todo estado democrático,
cuál es que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, como lo
afirma tajantemente su artículo 5°. Asimismo, viola lo dispuesto en su artículo
63[2] al transgredir todo
sentido de proporcionalidad en el voto y al proponer que la elección de los
delegados -en el caso de la representación sectorial- no sea universal ni
directa, si no de 2° grado. Plantea, más bien, una representación corporativa
reminiscente del estado corporativo fascista de Mussolini o de la cámara
corporativa falangista de Primo de Rivera, que asegure el control por parte del
oficialismo. Su fin, confesado por sus mismos promotores, es remover a la
Fiscal General y acabar con la actual Asamblea Nacional, contrapesos
institucionales que estorban las ansias desmedidas de poder y de riqueza de la
oligarquía que hoy ocupa el poder. El Estado Comunal que, supuestamente,
resultaría de esa ANC establecería unas estructuras de gobierno, que
sustituirían alcaldías y gobernaciones por Comunas y Ciudades Comunales
designadas por elecciones de 2° y 3er grado, eliminando el voto directo y
universal. Asimismo, establecería una economía comunal que sólo podría
subsistir con transferencias de renta desde el Ejecutivo y que significaría el
empobrecimiento aun mayor de los venezolanos.
Para la Asamblea Disolvente de Maduro se elegirán 364
delegados, de 500, uno por cada municipio, salvo aquellos que son asiento de
capitales de estado (elegirán 2), y del Distrito Capital (elegirá 7).
Municipios pequeños son equiparados con otros 20 y más veces superiores,
comprimiendo la representación de los estados más poblados y
sobre-representando áreas rurales, en las que la influencia del gobierno -a
veces el único empleador o fuente de servicios y provisiones- es preponderante.
Por otro lado, habría 173 constituyentes elegidos por 8 sectores ya definidos
por el presidente: trabajadores;
campesinos y pescadores; estudiantes; personas con discapacidad; pueblos
indígenas; pensionados; empresarios y comunas; y consejos comunales, cuyos
respectivos padrones electorales lo definirían organismos controlados por el
PSUV. Otros 8 serán nombrados por comunidades indígenas. El padrón electoral de
estos sectores lo controlan organismos corporativos identificados con el
Madurismo. Ya se registran críticas de Maduristas de base respecto de la
imposición, desde las alturas del poder, de quiénes-“democráticamente”- deben
ser los delegados a elegir.
Humberto García Larralde
economista,
profesor de la UCV
21 junio 2017
[1] http://prodavinci.com/2017/05/02/actualidad/la-ilegitima-e-inconstitucional-constituyente-convocada-por-maduro-por-juan-manuel-raffalli/ ; http://prodavinci.com/blogs/bases-comiciales-otro-golpe-a-la-democracia-por-jose-ignacio-hernandez/
[2] Art. 63 CRBV: “el sufragio es un derecho (que) se
ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La
ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la
representación proporcional”.
