YO ACUSO
Héctor Silva Michelena
“Por eso me dirijo a vos gritando
la verdad con toda la fuerza de mi
rebelión de hombre honrado”.
Émile Zola.
Este es un
grito de la verdad que hago llagar a oídos de la señora Silvia Fernández de
Gurmendi, presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), y a todos los
hombres y mujeres que aman la libertad y la justicia. Hago esta rebelión ya que
la justicia en mi país no es objetiva, no es imparcial y carece de la
auctoritas, es decir, de la cualidad por la cual una persona se hace merecedora
del respecto de los que la rodean a través de la experiencia, y la realización
plena y completa durante mucho tiempo de otras virtudes. Es una opinión
acusatoria del el alto gobierno, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por
el delito de genocidio, de agresión y de lesa humanidad, durante y después de
las protestas opositoras realizadas entre abril y junio de 2017.
Esta
opinión se suma a las denuncias introducidas por la abogada Tamara Suju (23 de
julio) contra 57 altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro, y los delitos
expresamente señalados en las acciones incoadas, adicionalmente, ante la CPI
por la fiscal ilegalmente removida Luisa Ortega Díaz (16 de noviembre), los
senadores de Colombia y Chile (19 de julio), y la Plataforma Democrática de
Venezolanos en Madrid (7 de septiembre).
Yo acuso a
Nicolás Maduro como el mayor responsable de los delitos de genocidio, agresión
a los manifestantes, detenciones arbitrarias, torturas psicológicas y físicas.
Yo acuso a los miembros del llamado Comando Antigolpe, que el jefe del Estado
nombró en enero de 2017, para reprimir cualquier protesta o disensión contra su
mal gobierno. Allí figuran el vicepresidente Tareck el Aissami, el ministro de
la Defensa y comandante estratégico operacional, general Vladimir Padrino
López; el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; la ex canciller
Delcy Rodríguez; el ex presidente de la Asamblea Diosdado Cabello; la almiranta
Carmen Meléndez, ex ministra de la Defensa y vicepresidenta de Soberanía
Política, Seguridad y Paz; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (Sebin), general Gustavo González López, y el comandante general de la
Milicia Nacional, mayor general César Vega González, el comandante de la GN
Antonio Benavides Torres, tristemente célebre por su sevicia y encono contra
los disidentes.
Yo acuso a
la Guardia Nacional y a la Policía Nacional, mal llamadas bolivarianas, de las
torturas habituales que van desde la intoxicación por el uso excesivo de bombas
lacrimógenas hasta golpes con objetos contundentes, violaciones o tratos
crueles y humillantes, como las denuncias presentadas por detenidos que aseguran
que los obligaron a comer excrementos y gusanos o a vestirse con ropa empapada
en heces, y de infligir a los manifestantes y detenidos graves daños corporales
que dejaron duras secuelas. Son prácticas sistemáticas. Se trata de la cadena
de mando de los funcionarios implicados en las torturas. Aquí acuso al director
de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez Ampueda, y al director
del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas
Rico.
Yo acuso al
alto gobierno venezolano, y a los que monopolizan las armas de ignorar y
despreciar el informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos,
presentado el pasado 30 de agosto, donde se denuncia el uso letal de la fuerza
y la ejecución de actos de tortura por parte de policías y militares contra
manifestantes y detenidos durante las protestas en contra de la ilegal y
fraudulenta asamblea nacional constituyente. La legítima Asamblea Nacional
venezolana es la elegida, en comicios populares, el 6 de diciembre de 2015. Y
el legítimo TSJ es el designado por esa Asamblea, que representa la voluntad de
nuestro pueblo, aún hoy en día. Sus magistrados han sido perseguidos y están en
el exilio. Hago esta denuncia basado en el informe del Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos, que confirma que lo que está pasando en
Venezuela no son actos fortuitos sino crímenes de lesa humanidad.
Yo acuso a
todo el alto gobierno, a las FAN, a la PN, al Sebin, al Cicpc y a los
paramilitares, pagados por el gobierno, de llevar a cabo un plan de “limpieza
social” de apartheid o segregación, de desconocer más de 1.000 elementos
probatorios de la violación de los derechos humanos, y de los reconocimientos
médicos legales, psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas a las víctimas
indefensas. Yo los acuso de ser los responsables del número de muertos que
entre enero de 2015 y junio de 2017 llegaría a las 8.000 personas, un verdadera
epidemia que asola Venezuela.
Yo acuso a
los agentes del Sebin de ser despiadados torturadores sin alma y sin compasión
por el ser humano, de ser entrenados psicópatas, de ser criminales a sueldo
oficial, pagados por los venezolanos para reducir a los detenidos políticos a
condiciones incompatibles con la dignidad humana, causantes de toda clase de
traumas, muchas veces irreductibles e irremediables, que dejan graves secuelas
de por vida.
Este es el
testimonio de Daniel Ceballos, plasmado en una carta del 30 de diciembre
pasado, que llegó a manos del portal El Estímulo, y cuyas notas finales transcribo:
“Desde el Helicoide. Estas líneas las escribo luego de haber sido despojado de
mis libros y mis lápices el pasado 25 de diciembre por una comisión de
funcionarios del Sebin, con órdenes del comisario Richard Centeno, alias
‘Pachuco’, como represalia a mi actitud de resistencia y no cooperación frente
al hostigamiento de hacerme tres fotos al día y usar un grillete electrónico en
mi tobillo, en el fondo del último calabozo de la cárcel del Helicoide. El
tigrito es una minúscula celda de castigo en donde son confinados los presos de
la cárcel del Helicoide, para aplicarles la ‘Bolsa’ y el ‘Baigón’, instrumentos
de tortura”.
Yo acuso
formal y públicamente estos procedimientos de los mandos medios, de violar
sistemáticamente los derechos humanos de miles de compatriotas nuestros, que
luchan por la Constitución y la democracia.
Yo acuso a
los altos mandos de ejército y de la nación que lean este artículo, de criminal
complicidad, si no detienen de inmediato esta situación que hiere los
sentimientos más elementales de solidaridad humana de los venezolanos no
afectados por la vesania o el fanatismo.
Estos
crímenes son parte de una política oficial para reprimir las protestas y
manifestaciones del pueblo venezolano, y de acciones de un hampa desatada ante
la pasividad y la impunidad del gobierno. Texto Ortega Díaz (Enlace:
http://elestimulo.com/blog/estas-son-las-acusaciones-con-las-que-piden-prision-para-maduro-y-4-de-sus-generales/).
Yo acuso al
espurio fiscal Tarek William Saab y a todos los magistrados del Tribunal
Supremo de Justicia de grave complicidad con las violaciones de la Constitución
y las leyes, por lo cual me veo en la necesidad de acudir a este expediente por
cuanto en Venezuela no hay justicia. No es posible que se logre sancionar a los
responsables de estos crímenes de lesa humanidad.
Yo acuso,
con gran fuerza, a Nicolás Maduro de violación flagrante de los artículos 5,
70, 347, 348 y 350 de la CRBV, por haber convocado una asamblea nacional
constituyente, sin cumplir los requisitos de respeto a la soberanía popular,
que reside intransferiblemente en el pueblo. Lo acuso del grave delito de
abolir la soberanía popular, conquistada por el mundo democrático tras duras
luchas de sangre derramada.
Yo acuso al
gobierno, y a su jefe, Nicolás Maduro, de haber entregado gran parte de la
soberanía nacional hasta degradar a Venezuela a ser un protectorado de Cuba,
directamente o por medio de sus agentes del G-2 en Venezuela. Yo acuso a Maduro
de haber endeudado ilícitamente a la nación venezolana, imponiendo sobre sus
ciudadanos una pesada carga que solo ellos van a soportar.
Yo acuso al
gobierno venezolano, en todas sus filas, por la desesperada situación de
miseria, empobrecimiento masivo, desnutrición, enfermedades e inseguridad
personal derivadas exclusivamente de las pésimas políticas públicas puestas en
práctica, sin escrúpulo alguno.
Declaro que
no conozco ni he visto nunca, en carne y hueso, a las personas y entidades a
quienes acuso. Las considero como entes, como espíritus de maleficencia, social
y personal. Y el acto que aquí realizo no es más que una obligación ciudadana,
un medio de activar la explosión de la verdad y de la Justicia, esa diosa
griega –Temis, de origen egipcio, de Maat– violada incontables veces por el
sistema judicial venezolano y su cabeza, un TSJ espurio.
El
significado de los elementos principales de la dama de la justicia es el
siguiente: balanza: representa la consideración objetiva de los argumentos de
las partes en controversia. Venda en los ojos: representa la imparcialidad para
resolver el caso, ver los hechos o controversia, no a las personas. Espada:
representa la autoridad y la capacidad de coerción para imponer las decisiones
tomadas.
Coda: un día como hoy, 13 de enero de 1898, el escritor
francés Émile Zola publicaba su J’accuse...! (en español, Yo acuso) en el
diario L'Aurore, un severo alegato en forma de carta pública, dirigida al
presidente de Francia, Félix Faure, en favor del capitán Alfred Dreyfus, judío
francés acusado injustamente de alta traición. Posteriormente,
Dreyfus fue hallado inocente y rehabilitado en 1906.
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