lunes, 11 de noviembre de 2019
EL TSJ ORDENA HACER LAS ELECCIONES UNIVERSITARIAS
EL TSJ ORDENA HACER LAS ELECCIONES UNIVERSITARIAS
Ignacio Avalos Gutiérrez
Los
tiempos suelen cambiar
Es obvio
que han cambiado las circunstancias que rodean a la universidad actual y es
obvio que hay que mirarla dentro de un entorno dibujado por otros hechos, muy
distintos a los que hasta hace no mucho determinaban sus características y su
razón de ser. Hoy en día se encuentra inmersa en un nuevo ámbito, determinado
principalmente por las características que se desprende del ritmo actual del
desarrollo tecno científico, factor medular en la conformación y desempeño de
las sociedades actuales. Y en consecuencia hay que situarla, entonces, rodeada
por una nueva institucionalidad de la que forman parte otros y muy diversos
actores sociales con los que interactúa, los cuales se desempeñan según otras
lógicas y muestran diferentes capacidades a la vez que se mueven de acuerdo a
sus particulares intereses en lo que atañe a la generación, distribución,
enseñanza y uso del conocimiento en sus diversos formatos.
Se trata,
pues, de un escenario distinto determinado, además por las posibilidades
que se abren vía la digitalización; por las consecuencias que generan el
volumen y la rapidez con la que hoy en día se generan, difunden, se utilizan y
vuelven obsoletos los conocimientos; por la aparición de nuevas
disciplinas y sub disciplinas; por el trabajo trans disciplinario e
interdisciplinario; por el predominio visible del financiamiento privado sobre
el público; por la modificación de los derechos de propiedad intelectual; e,
igualmente, por la globalización de las actividades de investigación e
innovación y el replanteamiento de los espacios nacionales, lo que está
generando una nueva distribución de las capacidades tecno científicas a
nivel internacional, con una clara expansión de varios países asiáticos,
notablemente China, pero también otras naciones, como India, Corea
del Sur y Japón, siendo éste un dato nada menor desde el punto de vista geo
político.
La Cuarta
Revolución Tecnológica
Es esta
época, la de la “sociedad del conocimiento”, la que nos lleva a reflexionar
sobre el sentido de la transformación que debe experimentar la actual
universidad. Recordemos que dentro del marco esbozado arriba transcurre la
Cuarta Revolución Tecnológica, sustentada en la convergencia de tecnologías
digitales, físicas y biológicas, generadoras de innovaciones que originan
fuertes impactos en todas las esferas de la actividad social, de los que
deriva la necesidad de ir creando nuevos modelos de análisis a partir del
trabajo sinérgico entre las ciencias sociales y humanas y las ciencias
naturales, con el propósito de ir descifrando y regulando eventos muy
complejos, puestos de manifiesto en alteraciones muy significativas en la vida
humana (piénsese en los efectos que se desprenden de la inteligencia artificial
o de las neurociencias, por solo citar apenas dos entre infinidad de ejemplos).
La
Universidad en el Siglo XXI
Frente al
cuadro descrito arriba, a las universidades – que ya no tienen el monopolio
sobre el conocimiento, es importante destacarlo - les toca emprender un crucial
e impostergable tarea. Se trata de encarar la reforma de las funciones y
actividades que le son propias, dadas las nuevas circunstancias que pautan el
transcurrir de estos tiempos, tal como, dicho sea de paso, lo está haciendo una
buena parte de las universidades del mundo, empeñadas en modificar sus
estructuras, sus normas de organización, el contenido de las carreras, los
modos de enseñar e investigar, en fin, en ir variando los procesos de producción,
circulación y uso del conocimiento en función de la nueva sociedad emergente,
moldeando, así, nuevas realidades institucionales, culturales e
identidades. Todo ello a sabiendas de que en ellas reposa, en importante
medida, el encargo de descifrar, canalizar y aprovechar los cambios tecno
científicos que están ocurriendo.
La tarea
es, entonces, analizar las universidades en términos de este nuevo escenario
que de una u otra forma, dibujan los desafíos, las oportunidades y amenazas que
condicionan las estrategias que les han de permitir navegar de acuerdo a los
vientos que soplan.
En este
sentido, alude resumidamente la Unesco, a la necesidad de generar “…. un
conocimiento multidisciplinar desde perspectivas social, económica, cultural y
científica. Esta generación de conocimiento debe dar respuesta a desafíos
globales como la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del
agua, el diálogo intercultural, las energías renovables y la salud público
entre otros ,,,,”. Tal es, en pocas palabras del reto que significa
repensar la universidad pública.
El TSJ
ordena las elecciones
Imposible
no ubicar dentro de las consideraciones anteriores, el reciente y arbitrario
decreto del TSJ, mediante el que se obliga a convocar a elecciones en diversas universidades
nacionales, imponiendo incluso las reglas que se deben seguir para identificar
quienes pueden ser los votantes y hasta la manera como se contarán los
sufragios, vulnerando, así, la independencia universitaria, tal como lo han
argumentado los expertos en la materia, alegando que el contenido del fulano
Decreto, viola hasta la última coma del artículo 109 de Constitución Nacional,
el que consagra y describe la autonomía.
Esta
medida representa el último capítulo (por ahora) del continuo maltrato contra
las universidades públicas y autónomas, iniciado en el año 2003 y cuyo
resultado ha sido condenarlas a funcionar en circunstancias de sobrevivencia en
casi todas las competencias institucionales que le corresponden, ni hablar,
desde luego, de asomarse a los retos que trae consigo el futuro aquí descrito.
Por otro lado, y aunque sea de pasada, resulta imposible no mencionar, a
propósito de lo anterior, que la creación de varias universidades “oficiales” a
lo largo de estas dos últimas décadas ha tenido precarios resultados
académicos, aunque han servido, sin duda, para presumir de una abultada
matrícula de estudiantes a nivel de la educación superior.
De esta
manera, mediante unos comicios diseñados de acuerdo a un formato cada vez más
en desuso en el mundo en las elecciones universitarias, el gobierno encara el
tema de la actualización de la universidad sustentándolo en una concepción que
busca el acoplamiento de la academia con la propuesta política oficial, que no
tiene ningún sentido, si hemos de mirarla a través de las claves dentro de las
que se mueve el siglo XXI.
Sin que
uno sepa muy bien el motivo de su última ocurrencia, el Gobierno, a través del
TSJ (¿no hay separación de poderes?) reitera una vez más la pretensión de
vigilar (¿exagerada la palabra?) la actividad académica. Habla, como lo ha
hecho en otras ocasiones, de ponerla al servicio del desarrollo nacional,
entendido éste, es la impresión que deja, como un popurrí de propuestas
ideológicamente contradictorias, técnicamente poco factibles y envueltas en una
épica muy venida a menos, cuyo resultado ha sido una severa crisis de la que
apenas una minoría de los venezolanos ha conseguido salir ilesa.
Expresado de otra manera, intenta, como ya señalé, de convertir a las
universidades autónomas en un espacio fiel a un proyecto regido por un
pensamiento uniforme, que no admite contradicciones y que se encuentra ubicado
completamente a las espaldas de los códigos que rigen esta época
El Nacional, jueves 7 de noviembre de 2019
sábado, 9 de noviembre de 2019
CONVULSIÓN POLÍTICA
CONVULSIÓN
POLÍTICA
Luis Marín
La convulsión política en América Latina: ¿Hacia la
revolución militar-socialista-bolivariana y la liquidación del neoliberalismo?
Pregunta la Cátedra Pío Tamayo de la Universidad Central de Venezuela y se
responde lo siguiente.
Primero, nos restringimos al contexto de América Latina,
en particular, las manifestaciones en Ecuador, luego en Chile, el retorno de
Cristina Kirchner en Argentina, el descomunal fraude electoral de Evo Morales
en Bolivia y los más recientes disturbios en Colombia: “La brisita bolivariana
a punto de convertirse en huracán”.
Luego, la explicación del Foro de Sao Paulo, dicho por
ellos mismos: todo corresponde a un plan diseñado en Caracas, en su encuentro
XXV, del 25 al 28 de julio, donde se desglosan país por país, sus resoluciones.
Por ejemplo, en Ecuador apoyan al prófugo Rafael Correa y
sus secuaces, Ricardo Patiño, Jorge Glas y la enrevesada trama de espionaje
internacional representada por Julian Assange y Oli Bini, enfrentando al
“tránsfuga” Lenin Moreno.
En Chile, impulsan “la cumbre de los pueblos”, contra el
foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), con los resultados
conocidos. Hoy celebran la suspensión de ambos eventos, una pedrada en la
vitrina del liberalismo: “Hacia los 50 años del triunfo de Salvador Allende”.
En Argentina, respaldan a la pareja de Alberto y Cristina
Fernández contra el gobierno de Mauricio Macri; así como en Bolivia apoyan al
“hermano Evo” en su aspiración a un cuarto mandato, siendo ya el dictador que
más tiempo a gobernado Bolivia en toda su historia.
En Colombia tercian por los acuerdos de La Habana
FARC-Santos, calificando al gobierno de Ivan Duque como “genocida”, a favor del
“Movimiento Defendamos la Paz”; así como acusan al presidente de Paraguay, Abdo
Benitez de “neofascista”, por su entendimiento con Bolsonaro y Macri en la
llamada Triplefrontera.
En Nicaragua apoyan la “pacificación” de Ortega-Morillo,
como en Cuba promueven el “Encuentro antiimperialista de solidaridad, por la
democracia y contra el neoliberalismo” realizado en La Habana del 1º al 3 de
noviembre.
En Brasil impulsan la campaña “Lula libre” a quien
proponen otorgarle el Premio Nobel, promovido por el inefable Adolfo Pérez
Esquivel, mientras orquestan la guerra sucia nacional e internacional contra el
presidente Jair Bolsonaro.
Finalmente, la explicación de la Socialdemocracia,
expresada por sus más conspicuos voceros, admite que sí puede haber cierta
intervención del F de SP, pero no debe sobrestimarse, como ellos pretenden,
exagerando su poder e influencia; en realidad existe un caldo de cultivo para
que estas incitaciones hayan tenido tanto impacto y extensión.
Estas razones serían la desigualdad y la corrupción.
Pero, ¿era Chile menos desigual y corrupto durante los períodos de
Bachelet? Al contrario, la desigualdad en Chile no ha cesado de disminuir, como
de aumentar la transparencia, según los índices internacionales generalmente
aceptados.
Por otra parte, todos los países de AL son desiguales y
corruptos, más que Chile, pongamos por caso, México y ¿por qué no? Cuba, donde
más de la mitad de la población está por debajo del umbral de la pobreza y la
nomenclatura lleva una vida principesca.
Es más, en qué país del mundo no existe desigualdad y
corrupción, ¿en Rusia? ¿China? Esta explicación de la socialdemocracia no
explica nada y solo sirve para enarbolar la única bandera que le queda, que es
la apelación a la “desigualdad”, sin que se sepa exactamente a qué se refiere.
La respuesta verdadera siempre resulta ser la más
sencilla: la razón es que hay una voluntad política detrás
de los disturbios. Pero, ¿por qué es tan difícil verlo o admitirlo? Por la
devoción que tienen las Internacionales Comunistas y Socialistas por las
actividades clandestinas. Siempre procuran actuar tras bastidores y presentar
sus decisiones políticas como si fueran fatalidades
históricas.
En realidad estos disturbios se fraguan en unos comités,
alrededor de unas mesas directivas. Todo lo demás es movilización de las
organizaciones y difusión de propaganda, para lo que se prestan gustosos los
medios de comunicación colonizados por el marxismo cultural. La causa de los
disturbios es el aumento de las tarifas del metro, claman al unísono, luego los
disturbios se extienden a ocho ciudades donde ni siquiera hay metro y de allí a
todo el país.
Las verdaderas razones hay que buscarlas en el endurecimiento
del embargo a Cuba, las sanciones contra Raúl Castro y su familia, de las que
ellos no han hecho la menor mención, así como a los agentes de su entorno,
incluso en Venezuela y Nicaragua; suspensión de los cruceros, vuelos regulares
y remesas familiares; la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton,
contra la que vociferan abiertamente las declaraciones del F de SP.
Replican según la máxima de que la mejor defensa es el
ataque: “Si ustedes quieren derrocar a nuestros gobiernos, nosotros derrocaremos
a los suyos”. Así de simple.
Luis Marín
07-11-19
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SENTENCIAS JUDICIALES COMO RETALIACIÓN
SENTENCIAS JUDICIALES COMO RETALIACIÓN
Absalón Méndez Cegarra
El día
lunes 28 de octubre de 2019, asistimos a un foro convocado por la Cátedra Pío
Tamayo, realizado como es costumbre, en la Sala E de la Biblioteca de la
Universidad Central de Venezuela (UCV) para tratar el tema de la Sentencia de
fecha 27-08-2019, emanada de la Sala
Constitucional del TSJ, mediante la cual ordena a la UCV realizar elecciones de autoridades rectorales
en un plazo de seis meses, contado a partir del momento de publicación de la
Sentencia, siguiendo las indicaciones y proceder establecido por dicha Sala.
Esta
Sentencia, como se ha repetido incesantemente, es inconstitucional e ilegal,
por cuanto viola el artículo 109 de la Constitución, en el cual se establece la
forma como se integra la comunidad universitaria y viola el artículo 9 de la
Ley de Universidades, en cuanto a la atribución de la Universidades autónomas
para darse su propia forma de gobierno.
En el
foro en referencia, intervinimos como ponentes tres profesores y dos
representantes estudiantiles, quienes, con excepción de un ponente disidente,
coincidimos en cuestionar la inconstitucionalidad e ilegalidad de la Sentencia.
La
disidencia estuvo a cargo de un profesor contratado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
a quien hace poco tiempo la Facultad le rescindió el contrato por finalización
de la actividad académica para la cual había sido contratado; pero, debido a
las informalidades con las que se administran en la UCV estas contrataciones,
se brindó la oportunidad para que el profesor interpusiera por ante el TSJ,
acciones jurídicas en solicitud de restitución de su cargo de profesor lo cual logró mediante sentencia judicial.
El
citado profesor, prevalido de esta protección judicial o, posiblemente, por
autosuficiencia y prepotencia que le son características, dada su condición de
militante del PSUV, acompañado de una barra de simpatizantes, se pronunció
totalmente favorable a la Sentencia que obliga a la UCV a celebrar elecciones
dentro de lapso determinado y, a realizarlas como quiere el gobierno que se hagan, es
decir, transgrediendo la Constitución y la Ley.
Pero, este profesor, no sólo se congratuló por
la Sentencia, sino que se ufanó de la influencia que tiene sobre el Poder Judicial,
señalando, que, a su parecer, la Sentencia se quedó corta, pues ha debido ir
mucho allá, como era su pedimento, no solo incorporar a empleados y obreros, en
igualdad de condiciones como votantes, sino a toda la población con lo cual, a
su juicio, se fortalecería la autonomía universitaria. Todos los habitantes de la República deben
votar para elegir a las autoridades de la UCV, lo cual hace a la elección
extraordinariamente popular. Populismo barato. Retaliación contra la UCV por la
terminación del contrato. Típico resentimiento y odio social del chavismo. Así
se imparte justicia en Venezuela.
Ahora bien, resulta que este abogado
constitucionalista, con influencia en el poder judicial y con pretensiones de
ser Rector de la UCV, guarda total y absoluto silencio sobre la elección
popular en las Universidades afines al gobierno y en los Poderes Públicos
Judicial, Electoral y Ciudadano. Un refrán popular dice que “la salsa que es
buena para el pato es buena para la pata”.
Otra
cosa importante del forista disidente es su afirmación categórica que el 27F o
antes, habrá elecciones de autoridades universitarias en la UCV. Ante este
hecho, es necesario que la UCV se apresure a buscar su camino.
Hay, en nuestro criterio, cinco opciones, a
saber: 1. Realizar elecciones en los términos que establece la Ley de
Universidades y el Reglamento de Elecciones Universitarias en ejercicio pleno
de la autonomía universitaria (desacatar la Sentencia del TSJ) 2. No hacer
nada. Esperar que llegue el 27F para ver qué pasa. 3. Elaborar el Reglamento
que pide la Sentencia del TSJ y convocar a elecciones. 4.Negociar con el
gobierno una salida intermedia, mediante la elaboración de un reglamento provisorio,
que, por ejemplo, mantenga, en lo inmediato, en tres sectores (profesores,
estudiantes, egresados) la noción de comunidad universitaria, con votación
universal; pero, aportando, cada sector el 33,33% a la elección de autoridades rectorales;
luego, pueden incorporarse los otros dos sectores, aportando cada uno,
independientemente del padrón electoral, el 20% a la elección.5. Solicitar a la
Asamblea Nacional una reforma parcial urgente de la LOE, al fin y al cabo, la
AN está en mora por cuanto no ha sancionado la Ley de Universidades como lo
ordena la LOE. Nos preocupa que la
opción que gana terreno es la 2. No hacer nada.
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