domingo, 31 de enero de 2016
CADENA PERPETUA
CADENA PERPETUA
Luis Marín
Las cadenas son una violación masiva de Derechos
Humanos, si se considera que la libertad de expresión y comunicación son
derechos humanos fundamentales. Importa poco que éstos sean despreciados por un
acuerdo tácito de élites porque siguen siendo irrenunciables, no taxativos y su
catálogo es tan elástico como la osadía de los tiranos.
Por un lado, cuando uno solo acapara el espectro
radioeléctrico excluye a los demás del acceso a un medio al que todos tienen
idéntico derecho; por otro lado, les está privando de la posibilidad de elegir
lo que quieren ver u oír y, en la mayoría de los casos, obligándolos a ver y
oír lo que no quieren.
De manera que la violación es doble: una, impidiendo
hacer lo que se quiere; la otra, obligando a hacer lo que no se quiere. Ambas
son atropellos intolerables, pero lo primero que llama la atención es la escasa
resistencia que despiertan, sea en los afectados directos, esto es, la
población usuaria; luego en la élite dirigente, el liderazgo político y los
hacedores de opinión que también son afectados directos; por último, de los
medios mismos que, en principio, son negocios privados.
Para poder explicar una situación tan incomprensible
habría que apelar a un poco de historia, que en nuestro caso resulta muy
sencillo porque desde su fundación Venezuela siempre ha estado regida por
caudillos militares que nunca han tenido el menor respeto por las opiniones de
los demás.
Pero luego ha estado dirigida por caudillos civiles de
ideología socialista, sea marxista o cristiana, que tampoco han mostrado
ninguna atención por las opiniones ajenas, al contrario, el afán de
homogeneidad y nivelación de la opinión han sido siempre objetivos íntimamente
acariciados y explícitamente declarados.
Las cadenas, hay que reconocerlo, son un legado del
período democrático, lo mismo que las confiscaciones, expropiaciones y el
llamado “fin social de la propiedad”; pero claro, como en todos estos casos,
antes se ejercían con moderación y dentro de parámetros de cierta legalidad y
racionalidad, única diferencia tangible entre socialismo y comunismo.
Esta es otra demostración, si hiciera falta alguna, de
que el chavismo no es otra cosa que la etapa superior del adequismo, es decir,
una suerte de exacerbación de los vicios pasados, dentro de los que hay que
incluir la corrupción, el nepotismo, el sectarismo y el más olímpico desprecio
por las demás personas, incluso, por supuesto, sus derechos a tener una opinión
libre y responsable, basada en una información independiente.
Así puede explicarse, de paso, el por qué la oposición
oficial no protesta por las cadenas sino muy por el contrario, muestra una
suerte de satisfacción al participar en ellas, como si prefiguraran lo que
sería su propio gobierno, teniendo en sus manos las posibilidades de
arbitrariedad y abuso consolidadas en estos años de tiranía militar comunista.
Todos demonizan al unísono la palabra “privatización”
como un anatema mortal; ninguno dice que haya que eliminar el control de
cambios, ni de precios, el monopolio estatal sobre la industria petrolera o
cualquier otra, dar libertad económica o cualquier libertad, porque eso sería “liberalismo” que,
como se sabe, está proscrito del leguaje oficial, tanto del gobierno como de su
alternativa democrática.
Debe observarse que la oposición se define democrática
pero aclara que no es liberal, lo que es significativo considerando, por
ejemplo, que la República Democrática Alemana, de Vietnam o del Congo, entre
otras, ponen de relieve que comunistas y demócratas han encontrado un
denominador común: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo como
coartada para la tiranía perfecta.
De manera que no debe abrigarse la menor esperanza de
que el “¡abajo cadenas!” tenga algo más que el significado simbólico de himno
para ser canturreado cuando convenga.
Habrá cadenas para todos y para rato.
Luis
Marín
31-01-16
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Libertad de expresión,
Luis Marín - Cadena perpetua
EL CASO DE LA GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA
LAS MISIONES COMO INSTRUMENTO DE CONTROL SOCIAL.
EL CASO DE LA GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA
Humberto García Larralde
Nadie puede negar que las misiones han contribuido a
resolver problemas de la población necesitada. Lo que es discutible es su
eficacia y eficiencia para atacar esos problemas. Por ejemplo, ¿No hubiera sido
mejor que Barrio Adentro se hubiese integrado con la red de ambulatorios y
hospitales del estado para fortalecer un gran sistema de salud pública, y que
hubiese atendido la solicitud de las facultades de medicina de las
universidades nacionales y del gremio médico venezolano de incorporarse a ese
proyecto?
En el caso de Mercal, en vez de depender de la importación masiva de
alimentos, ¿No hubiese sido más propicio acuerdos de suministro con
asociaciones productoras del campo a cambio de asistencia técnica y
financiamiento, para garantizar de manera sostenible la oferta de estos bienes
de proveedores locales?
Y con la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV),
atender observaciones como las del ex decano de la Facultad de Arquitectura de
la UCV, Alfredo Cilento, sobre la necesidad de concebir la solución al problema
de la vivienda de manera integral, considerando los servicios requeridos:
escuelas, dispensarios, comercios locales, transporte, etc., ¿No hubiese
redundado en una mejor calidad de vida para sus moradores?
Pero sobre todo, es criticable la precariedad
institucional y financiera con que fueron implantadas la mayoría de las
misiones, sin previsión de fuentes estables de ingresos ni de mecanismos de
rendición de cuentas, evaluación y control por parte de la Asamblea Nacional.
No ignoro que la forma como se instrumentaron obedeció
al interés de Chávez de cosechar réditos personales como proveedor magnánimo de
bienes y servicios, cuando más bien se trata de una obligación de Estado. De
ahí la renuencia a compartir méritos con instituciones o personalidades aunque
ello hubiese podido mejorar su desempeño. Pero la cosa va más allá.
La insólita ofensiva de Maduro contra la aprobación en
primera discusión por la Asamblea Nacional del proyecto de Ley de Propiedad a
los adjudicatarios de viviendas de la GMVV, pidiendo a sus partidarios
movilizarse en repudio, representa una de las mayores torpezas del desangelado
mandatario. ¿Cómo oponerse a lo que todo residente anhela, que es tener el
título de propiedad del inmueble que habita?
El oficialismo habla de un millón de viviendas
construidas desde que se lanzó esta Gran Misión. Como en todo lo que anuncia no
hay forma de verificar tal aseveración. Aun cuando la cifra es seguramente
menor[1], se trata de centenares de miles de venezolanos que Maduro enajena
para lanzarlos a los brazos de las fuerzas democráticas. ¿La razón de tal
suicidio político?
Está claro que la GMVV no sólo ha representado un
instrumento para el proselitismo político, también lo ha sido para el control
social. Ya lo puso en claro Maduro cuando, resollando por la herida de la
derrota del 6-D, confió que estaba considerando no construir más viviendas pues
“ustedes –refiriéndose al pueblo- no me ayudaron”.
Ante el proyecto de Ley de Propiedad repitió esta
malcriadez. Como en todo régimen patrimonialista, cree que es suya la propiedad
de los bienes públicos. Igual al gordito que se lleva su pelota y bate,
acabando con el juego de pelota porque lo poncharon, Maduro, “ponchado” por una
Asamblea que decidió beneficiar a estos venezolanos, empezó a vociferar
incoherencias contra una supuesta “privatización” (¿?) de la GMVV, contra el
individualismo y el capitalismo, para amenazar que “jamás” permitirá que se
materialice dicha ley.
Provocó también pena ajena ver al profesor de la
Facultad de Arquitectura de la UCV, Ricardo Molina, renegar de su formación
para secundar semejantes sandeces desde su curul de diputado PSUVista en la
sesión de la Asamblea Nacional ese día. Las amenazas –no sé si materializadas-
de retirar los taxis entregados y desalojar a quienes les fueron adjudicado
viviendas, en represalia porque supuestamente celebraron el triunfo de la
oposición el 6-D, no dejan lugar a dudas del uso de estas misiones para
chantajear a quienes resultan favorecidos, obligándolos a plegarse a los
dicterios de la “revolución”, so pena de ser privados de tales bienes.
Otorgar el título de propiedad a un adjudicatario de
la GMVV -hasta ese momento inquilino- le da la seguridad de que no será
desalojado arbitrariamente en atención a intereses político-partidistas, de que
le asiste un derecho que lo ampara a él/ella y su familia. Una vivienda de su
propiedad puede legarse a los hijos o, luego de algunos años, ser vendida para
mudarse a una mejor. Finalmente, representa un activo contra el cual pedir
financiamiento –por la garantía hipotecaria- para emprender un negocio familiar
y/o reparar, dotar o ampliar la propia vivienda, es decir, convierte esta
propiedad en capital. La Ley de Propiedad empodera al individuo para proseguir
sus propios sueños.
Pero ningún poder fascista puede tolerar el libre
albedrío individual, porque escapa de su control. Necesita sustraer a los
venezolanos de su condición ciudadana para convertirlos en masa informe, cuya
única referencia de sí misma emana de los dictámenes del líder supremo. Ello es
propio de un Estado Corporativo, que subsume a organizaciones sociales, otrora
autónomas, en órganos suyos por ser representante de un todo, perdiendo su
razón de ser como expresión de la voluntad popular. “Dentro del Estado todo,
fuera del Estado, nada”, como sentenciara Benito Mussolini.
Son las comunas, los consejos comunales y otras
instancias de un supuesto “Poder Popular” que dependen en Venezuela, no de la
comunidad, sino del poder central. La GMVV se inserta en ese andamiaje de
control y sujeción. El proyecto de Ley de Propiedad rompe con esta sujeción,
por lo que amenaza al control fascista. Por ende, tiene que ser enfrentado, no
obstante el costo político implicado.
Además, los procedimientos de registro y ejecución de
la Ley de Propiedad de la GMVV permitirán saber cuál ha sido realmente el
número de viviendas construidas, poniendo de manifiesto las mentiras del
gobierno al respecto. Similares consideraciones son pertinentes para casi todas
las demás misiones.
Ahora bien, todo régimen patrimonialista que vive
-como el venezolano- de expoliar la riqueza social como si fuera propia, le
interesa reducir su vulnerabilidad política. La oligarquía enseñoreada en el
poder espera que quien funja de Presidente asegure la legitimación política
necesaria para asegurar la continuidad de sus “negocios”. Para ello es la
retórica “revolucionaria”, el control hegemónico de los medios y las mentiras
bien llevadas. Chávez fue un maestro en tales menesteres.
La torpeza de Maduro en oponerse a lo que a todas
luces representa un beneficio a los moradores de la GMVV debe ser objeto de
gran preocupación para esta oligarquía. Su ineptitud achica aún más su base de
apoyo, por lo que la búsqueda de otro operador político más hábil pasa a ser un
imperativo. En la medida en que sienta sus privilegios en peligro, las mafias
atrincheradas en los intersticios del sistema de control “revolucionario”
estarán más que dispuestas a negociar su renuncia.
La verdad es que deberíamos agradecer lo que está
haciendo Nicolás Maduro para precipitar su salida del poder.
Humberto García Larralde
economista, profesor de la UCV
humgarl@gmail.com
[1] ¿Cómo se explica el alegato del Ejecutivo de haber
construido unas 340.000 viviendas el año pasado, bastante más que en años
anteriores, cuando las cifras del BCV hasta septiembre de ese año revelan una
caída del PIB del sector producción de un 5,2% con respecto a igual período del
año anterior, aun con la millonada que se gastó en la construcción del 2° piso
de la autopista de El Valle en Caracas?
miércoles, 27 de enero de 2016
VENEZUELA: ¿POR QUÉ NO?
VENEZUELA: ¿POR QUÉ NO?
Miguel Aponte
Venezuela, un pequeño
país de 30 millones de habitantes, con recursos -incluyendo ese “desafío” que
es el petróleo-, una población privilegiada por su mezcla cultural y racial, en
buena parte formada; y en todo deseosa de ver cómo la realidad de los hijos
mejora la de sus padres, ¿por qué este país no va a poder crear otra realidad?
La historia debe
tomarse en cuenta, no para renegar sino para aprender y no repetir lo
indeseable. Pero no basta revisar la historia para superar la repetición.
Entonces, ¿qué más falta para lograr el verdadero aprendizaje y no repetir?
¿Por qué no encauzamos el país? ¿Qué lo impide? ¿Un enemigo externo? ¿Factor
racial? Comencemos por rechazar estos argumentos: es falso que no superemos
nuestros problemas por culpa de “otros” o que seamos cultural o genéticamente
incapaces.
Creer eso sí que nos
vuelve incapaces, como han demostrado estos 17 años que, en realidad, enlazan
con el largo ciclo populista, caudillista y militarista venezolano. Un ciclo
que debemos y podemos ahora cerrar. ¿Por qué no?
De hecho, lo ocurrido
el 6D-15, ratificado el 5E-16, no fue repetición protocolar de lo mismo:
ocurrió allí la emergencia de una situación políticamente nueva, otra en
verdad, que va mucho más allá del cambio de unos políticos por otros: ese mismo
país que muchos consideraron incapaz, perdido, vendido al populismo y rendido
al miedo, dijo: NO.
Incluso quienes
votaron por el oficialismo, lo hicieron bajo protesta y quieren también un cambio;
y peor para los “jefes” chavistas si no lo ven.
Toda esa comunidad
política no compró más el discurso disociado, autoritario y populista, porque
comprendió que constituye la misma estafa.
Ocurrió nuevamente la
emergencia democrática: oportunidad tangible de dar espacio y tiempo real a
otro país. ¿Por qué no?
Este cambio requiere
pensar ese “otro” país, confiar en la capacidad de entender y participar en los
problemas y sus soluciones, aunque sean difíciles y finalmente: sobre todos los
egos, mientras la conducta del régimen continúe esquizofrénica, defender y
trabajar por la unidad estratégica de los factores democráticos. ¿Por qué no?
Domingo 24 de enero del 2016
domingo, 17 de enero de 2016
LA LOCURA COMO POLÍTICA
LA LOCURA COMO POLÍTICA
Luis Marín
La táctica del loco es uno de los
modelos clásicos de la teoría de juegos, derivación del conocido “juego del
gallina” que habría sido popular a mediados de los años cincuenta entre los
adolescentes norteamericanos.
En una de sus variantes el juego
consiste en que dos carros se lanzan a toda velocidad, uno contra el otro,
sobre la línea blanca de una carretera y el primero que se desvíe de la línea,
pierde. Los chicos le pueden gritar triunfalmente: ¡Gallina!
Una táctica para ganar el juego consiste
en hacerse el loco y si un jugador resulta lo suficientemente convincente como
para hacer creer a los demás que nada le importa, obliga al otro a volverse
sensato con lo que su posibilidad de ganar aumenta. La paradoja es que mientras
más insensato, más probabilidades tiene de salirse con la suya; pero si
el otro hace lo mismo, ambos estarán en grave peligro.
Aunque pueda parecer algo frívolo, este
modelo es utilizado por respetables politólogos para analizar determinados
conflictos internacionales, por ejemplo, el caso de Corea del Norte, el
programa nuclear iraní o el extremismo árabe contra Israel.
El modelo clásico fue desarrollado en la
crisis de los cohetes de Cuba o crisis de octubre de 1962, que enfrentó a John
F Kennedy con Nikita Kruschev. Los famosos think tank norteamericanos
estaban convencidos de que las actitudes teatrales de Kruschev (como cuando
golpeó con el zapato su podio en la ONU) eran para impresionar, aparentar que
estaba lo suficientemente chiflado como para no importarle llegar hasta una
guerra nuclear; pero tras esa fachada se encontraría a un líder responsable.
Afortunadamente tuvieron razón, Kennedy
mantuvo firme el bloqueo naval de Cuba y Kruschev ordenó desmantelar las bases
de lanzamiento y retiró los misiles nucleares, en medio de una tremenda
pataleta de Fidel Castro que convocó manifestaciones en La Habana con consignas
como: “Kruschev, mariquita, lo que se da, no se quita”.
No en balde Castro es conocido desde su
juventud como “el loco Fidel” y cuando le conviene adopta poses atrabiliarias.
Se ve como pasó del slogan “qué importa la vida de un hombre cuando está en
juego la vida de un pueblo”; al “qué importa la vida de un pueblo cuando está
en juego el destino de la humanidad”.
Sin embargo, luego de la rabieta toma
una actitud circunspecta y acepta los hechos: no rompió relaciones con la URSS
y se conformó con que EEUU suspendiera el bloqueo. Un hecho curioso es que más
de medio siglo después de retirados los buques norteamericanos, Castro todavía
sigue aprovechando la propaganda del “bloqueo” para mantener el estado de sitio
en la isla y justificar su bancarrota.
En Venezuela nos están acostumbrando a
estas puestas en escena, a estos arranques melodramáticos de amargas rupturas
con reconciliaciones subsiguientes que son tan propias del teatro, haciendo la
salvedad de que éstas son inofensivas; pero cuando se llevan a la política
pueden tener trágicas consecuencias, que ninguno de los actores pretende ni
está en condiciones de predecir.
Los actores del régimen no tienen que
hacer el menor esfuerzo por parecer locos desenfrenados. Todo el mundo recuerda
el sonsonete “Chávez los tiene locos” o bien la confesión de que Chávez era
quien controlaba al loco que todos ellos llevan dentro.
También al morir Juan Vicente Gómez el
comentario fue: “Murió el gran loquero”.
EL VETO PRESIDENCIAL
En Venezuela no existe la institución
del veto presidencial a las leyes del Congreso. Cierto que Chávez alguna vez
utilizó esa expresión sin que nadie lo corrigiera; pero, ¿cuántas falsedades
popularizó y quién lo corrigió?
Además, fue con ocasión de una muy
controvertida Ley de Educación que la oposición rechazaba, por lo que la
decisión se recibió con alivio por los interesados que no se detuvieron en la
corrección de la figura que se estaba utilizando, que no era un veto sino una
simple solicitud a la Asamblea, según el artículo 214 de la Constitución.
El caso es que algunos jurisconsultos,
comentaristas y hacedores de opinión continúan utilizando el término, a veces
en forma oportunista, a pesar de que éste no aparece en la Constitución, es
más, podría decirse que es todo lo contrario, los constituyentes se esmeraron
en impedirlo.
La lectura más superficial de los
artículos referentes a la formación de las leyes pone de relieve su carácter
imperativo: el Presidente “promulgará” la ley en el plazo de diez días. Dentro
de ese lapso “podrá”, solicitar a la Asamblea, mediante acto razonado,
que modifique o levante la sanción a toda o parte de ella. Es clara aquí la
distinción entre una potestad que es obligatoria y una facultad que
puede ejercerse a discreción.
Hecha la revisión, la Asamblea le
remitirá la ley “para su promulgación” y con mucho más énfasis añade la
Constitución que el Presidente “debe proceder a promulgar la
ley” en un plazo de cinco días “sin poder formular nuevas observaciones”. Sólo
queda el recurso por inconstitucionalidad, que debe resolver la Sala
Constitucional en quince días, que si la niega o no decide, el Presidente
“promulgará la ley” en cinco días, sin más recursos.
Si el Presidente de la República no
cumple con su obligación, el artículo 216 dice que el Presidente y los dos
Vicepresidentes de la Asamblea Nacional “procederán a su promulgación”, y si
hubiera duda del carácter imperativo de las disposiciones añade: “sin perjuicio
de la responsabilidad en que (el Presidente) incurriere por su omisión”.
Por tanto, es completamente evidente que
la intención del constituyente originario es que las leyes sean promulgadas y
que este acto no sea impedido por el Presidente, al que si fuera el caso hace
objeto de responsabilidad por omisión.
Pero supongamos que este punto fuera
objeto de discusión. ¿Cómo podría establecerse la intención del legislador, o
mejor, del constituyente originario? Primero, por lo que dice textualmente,
para lo que está la letra de la Constitución, reseñada arriba.
Segundo, por lo que no dice.
Si el constituyente hubiera querido establecer el veto presidencial lo hubiera
hecho expresamente. ¿Qué le impedía decirlo? Un constituyente que es
singularmente prolijo en las palabras al punto de resultar repetitivo, ni
una sola vez utiliza la palabra “veto”.
Tercero, por la tendencia. La
Constitución anterior, de 1961, tampoco contemplaba la institución del veto,
pero exigía una mayoría de las dos terceras partes para que el Presidente
procediera a promulgar la ley sin más objeciones; si fuera por simple mayoría
tenía otra oportunidad de reconsideración.
La Constitución de 1999 endureció esas
condiciones, de manera que basta la mayoría absoluta (no de dos tercios) para
que la promulgue sin más reparos y eliminó la reconsideración por simple
mayoría.
También eliminó una frase de la
Constitución de 1961, cuando la ley es promulgada por el Presidente y Vicepresidente
del Congreso, que decía: “En este caso la promulgación de la ley podrá hacerse
en la Gaceta Oficial de la República o en la Gaceta del Congreso”. Hoy
sería la Gaceta de la Asamblea Nacional.
La costumbre es otra fuente de Derecho
Constitucional. Pues bien, en Venezuela no se acostumbra el veto presidencial
sino todo lo contrario. Es más, puede decirse con escaso temor a equivocarse
que esto nunca se ha visto.
Probablemente por la tradición
caudillista de la política venezolana que concentra todo el poder en el
Presidente de la República y por su influencia en el Congreso a través de los
partidos políticos, estas controversias eran inconcebibles.
Puede recordarse un pequeño escarceo
entre el Presidente Caldera y el Congreso por la ley que creaba el Consejo de
la Judicatura, que terminó aprobando a regañadientes porque aparentemente le
restaba influencia en el Poder Judicial.
Otro caso en sentido contrario fue la
ley para elección y remoción de gobernadores patrocinada por el Presidente
Carlos Andrés Pérez con la incomodidad de la fracción del partido en el
Congreso, porque eliminaba la designación unilateral de los gobernadores.
De resto, la alternativa al concierto es
el asalto, como hizo Monagas en 1848.
DE LA TRANSICIÓN A LA
TRANSACCIÓN
Ver a Henry Ramos Allup recibiendo la
tiara y el báculo para convertirse en Pontífice debe haber causado tanta
consternación a más de uno dentro y fuera del hemiciclo que no habrá podido
contener la exclamación: ¡Dios mío! ¿Qué hemos hecho?
Pero si la solución de nuestros males
siempre estuvo allí, delante de nuestras narices, esta sí que es una generación
perdida. Para eso hubiéramos elegido a Luis Alfaro Ucero en 1998. ¿Qué podrá
hacer ahora AD que no haya hecho en ochenta años?
En su discurso de apertura HRA describe
puntualmente el pacto electoral de la MUD con miras al 6D; pero se sabe que ese
no es el único pacto que lo vincula. Los hay con el régimen, los cubanos, las
FFAA, su propio partido, sombríos empresarios y la mafia que sería muy peligroso
siquiera recordar.
Su política es una constelación de
compromisos, algunos impresentables en público, aunque quien no los conoce, los
sospecha. En apenas una semana de estrenada la AN ya se percibe el abismo que
separa al muchísimo ruido de las poquísimas nueces.
El pintoresco episodio de los diputados
de Amazonas, hasta adornados con penachos de plumas para la ocasión, puede
servir al menos de ilustración, dejando de lado cuestiones formales como
una supuesta demanda introducida en vísperas de año nuevo, admitida y decidida
de un día para otro, con argumentos fútiles y consecuencias exorbitantes, como
que todo un Poder Público sea abolido por una orden dictada por partisanos sin
la menor legitimidad ni competencia.
Pero cuando al fin las fuerzas de Og y
Magog estaban alineadas para la Gran Batalla del Armagedón, que presagió desde
las alturas, entre rayos y truenos, el iracundo profeta Heinz Dieterich, como
por arte de magia, no pasó nada.
Ya había ocurrido el 5E, Día de la
Instalación y antes el 6D, cuando transcurrió la elección más tranquila en
décadas, donde no se vio ni un motorizado, ni una franelita roja, nada, más
pacífica que un Viernes Santo, en lugar del vaticinado Apocalipsis.
Lo que se revela es que detrás de las
tremebundas declaraciones de lado y lado hay un modus vivendi,
que no es nuevo pero sí variable. La MUD declara que va a cambiar al gobierno
en forma democrática, constitucional y sobre todo electoral; pero eso es lo que
ocurre en Suiza, Noruega o el primer mundo en general. ¿Qué tiene que ver con
nuestra realidad? ¿En qué mundo estamos?
En la práctica, la MUD le presta al
régimen el piso político que ha perdido, para que no naufrague en la tormenta
que ellos mismos han desatado. El riesgo es que podrían estar sobreestimando
sus posibilidades y creyendo sus propias mentiras, que representan a la mayoría
del país o que entre gobierno y oposición no hay más nadie.
Mientras tanto, el régimen con el tiempo
ganado acelera su proceso de destrucción, se asegura de que si pierden esta
partida será por el momento y los otros no ganaran nada, por su política de
tierra arrasada.
El Estado de fachada sigue engañando
hábilmente, por ejemplo, un superministro que basta verlo para advertir su
función de pararrayos, es decir, el objetivo de todas las burlas y críticas,
mientras en la sombra opera el poder real a través del agente comunista cubano
Orlando Borrego, cuya mejor credencial es la de asistente del Che Guevara.
Mario Vargas Llosa y su Fundación Internacional
para la Libertad felicitan a la MUD por su éxito arrollador sin parar mientes
en que el 100% de los opositores electos sean de ella, lo cual implica que
nadie tiene vida fuera de la Unidad. Ahora el supercogollo de la MUD decidirá
quién puede ser gobernador o alcalde en las próximas elecciones.
Reconocen el “resultado abrumador de las
urnas” a favor de la libertad de los venezolanos, así como Luis
Almagro escribió a Maduro: “interpretar y o distorsionar lo que éste ha
expresado en las urnas, afecta directamente la voluntad
popular”. Concluyendo que: “El pueblo expreso su voluntad en las
urnas”.
Mienten deliberadamente, no sólo porque
suene muy mal decir “el pueblo expresó su voluntad en las máquinas”
sino porque eso es otra falsedad. En Derecho, la voluntad se expresa de viva
voz o por escrito; pero nadie dice que la voluntad pueda manifestarse mediante
una máquina, ni puede decirlo porque la máquina no expresa la voluntad de la
persona sino que la sustituye por la voluntad del programador.
Esa es la esencia fraudulenta del
sistema electoral que se ha impuesto en Venezuela, que mediante un mecanismo
que nadie entiende la voluntad de los electores se pierde en una maraña de
maquinitas Smartmatic, fibra óptica, software, microondas y al
final lo que aparece es la voluntad del Gran Elector, el dueño del aparato, que
antes era Chávez y ahora ya ni se sabe quién es, un Deus Absconditus.
MVLl y la FIL se unen a las voces que
dentro y fuera del país piden el inicio de una auténtica transición que
garantice “la alternancia en el poder”, ¿de Ramos Allup, de Capriles Radowsky?
Por favor, que alguien les diga que la MUD no predica ni practica la
alternatividad, para que no sigan haciendo el ridículo.
Venezuela sigue entrampada en una
conspiración socialista internacional que ahora entra en una etapa superior de
alianza de élites contra una población inerme.
Luis Marín
17-01-16
UCV: REFERÉNDUM 2016
UCV: REFERÉNDUM 2016
Miguel Aponte
Nunca antes la UCV enfrentó un enemigo
más interesado en su desaparición que el gobierno chavista. Este de manera
cínica y grosera se ha convertido en el drácula de las universidades por
partida doble: por un lado ahoga a la universidad autónoma, mientras por el
otro replica institutos paralelos que cree tener bajo su control populista y
autoritario, propósito este insostenible y bobo, porque en la medida en que
esos profesores y alumnos sufren el proceso totalitario y se convencen de su
incoherencia con el pensamiento, la crítica y la investigación libre, se
rebelan como lo hace hoy la educación autónoma.
Pregunten adentro y verán. Estudiantes y profesores,
de diversa condición -investigadores, dedicación exclusiva, tiempo completo,
contratados-, vivimos la horrenda situación material en que se encuentra la
institución, el cerco judicial, los efectos perversos de la inseguridad, la
convivencia permanente con la visita de delincuentes dentro de su territorio,
la imposibilidad en el que el régimen la ha colocado queriendo imponerle en
forma inconstitucional mecanismos de elección interna de autoridades.
Todo esto tiene un autor: el régimen y su burocracia,
cuyo único propósito, cada vez más claro y comprendido por toda Venezuela, es
secuestrar el país para siempre y someterlo a una ideología que sólo es
oportunismo populista y autoritario, mentira entre lo que dice y hace, ruina y
miedo, irresponsabilidad y corrupción en el manejo de los recursos públicos.
En su perspectiva, el régimen necesita eliminar la
universidad libre y autónoma. ¿Por qué? Porque no concuerda con su visión del
poder, punto. Porque no le conviene el cuestionamiento y la crítica, porque
cree -en su delirio borracho- que ha encontrado la llave de la sociedad y que
esa llave le pertenece sólo a él. Entonces, piénselo, ¿Para unos individuos
así, para qué alguien más iba a pensar?
Por eso se atreven a los peores absurdos, como
prometer “sacar a los pobres de la pobreza“, como si ellos supieran cómo hacer
eso; eso sí, con la “condición” de que no sean “escuálidos“, por ejemplo. Eso
lo dicen mientras todavía no se acostumbran a su recién “lograda” riqueza, sus
avionetas, camionetas, casas y relojes caros, que muestran sin ninguna
vergüenza, demostrando que eso que llaman “escuálidos” no es nada más que otra
etiqueta que usan para confundir.
Entonces, estemos claros: al régimen y sus burócratas
sólo les conviene una universidad sometida o cerrada; por tanto, la respuesta
ucevista contundente tiene que ser “ni sometidos ni cerrados“, sino presentes y
muy presentes en los acontecimientos de este difícil año 2016, lleno de
dificultades pero también de perspectivas democráticas que requerirán su
concurso activo: no es otra cosa lo que ha hecho en sus 294 años de compleja
existencia.
Miguel Ángel Aponte
Twitter:@DoublePlusUT
Domingo, 17 de enero del 2016
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Miguel Aponte - UCV Referendum 2016,
UCV,
Veezuela 2016
sábado, 16 de enero de 2016
LA TRAMPA DEL DECRETO DE EMERGENCIA ECONÓMICA
LA TRAMPA DEL DECRETO DE EMERGENCIA ECONÓMICA
Humberto García Larralde
El presidente Maduro ha dado una vuelta
más de tornillo a su guerra contra la economía presentándole a la Asamblea
Nacional un decreto de Emergencia Económica, argumentando lo dispuesto en los
artículos 337 y 338 de nuestra Carta Magna. Se solicita: 1) disponer a
discreción de los recursos presupuestarios del 2015 (saldo caja) y del 2016
para gasto social; 2) la eventual requisición del sector privado, de “…los
medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio,
beneficiadoras, y demás establecimientos, bienes inmuebles y demás mercancías
que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos
a los venezolanos, así como otros bienes de primera necesidad”; y 3) la
agilización de procedimientos administrativos referidos a contrataciones
públicas, trámites cambiarios, y para importar y trasladar mercancías.
Adicionalmente, insta a las empresas
públicas y privadas a aumentar sus niveles de producción y abastecimiento, y
anuncia posibles medidas, en coordinación con el BCV, para restringir los
flujos monetarios y las transacciones, tanto de moneda nacional como de
divisas. El decreto es salpicado además con alusiones al fortalecimiento de las
misiones socialistas y a la participación de órganos comunales y de sectores
sociales en su instrumentación. Finalmente, en el artículo 4° deja abierta la
posibilidad de instrumentar medidas adicionales a conveniencia del Presidente.
En resumen, lo que se propone es un
mayor control discrecional sobre recursos presupuestarios y activos del sector
privado, incumplir algunos requisitos establecidos en trámites relacionados con
la participación del Estado en la economía, y el combate a la inflación a
través de la implantación de un “corralito” a la moneda nacional. ¡Un gobierno
que ha pasado a la historia como el más incompetente de todos, se afianza en el
voluntarismo para manifestar que la emergencia se supera a punta de medidas
administrativas, siempre que se le dote de recursos para su libre disposición!
Como reseña la prensa, más de lo mismo, pero ahora amparado en un instrumento
legal que sirve de patente de corso para aplicar controles y en cuanto al
usufructo discrecional de bienes y recursos financieros. Aunque el decreto no
se refiere a ella explícitamente, su presentación a la Asamblea Nacional se
realiza en el marco de un discurso –la presentación de la Memoria y Cuenta de
Maduro- que resaltaba a la “guerra económica” como causante de los descalabros
a superar. Es decir, no hay la mínima disposición a rectificar la desastrosa
conducción de los asuntos económicos.
Y uno se pregunta si la presentación de
este decreto a la consideración del organismo legislativo nacional no será una
especie de trampa de un Maduro desesperado para achacarle la culpa a las
fuerzas democráticas de las penurias que agobian a los venezolanos. Porque
nadie que tenga en mente el bienestar de la población podría aprobar, en su
sano juicio, semejante insensatez.
Una lectura diferente podría señalar,
empero, lo positivo que el Presidente de la República esté pidiendo, por
primera vez, apoyo para salir de un atolladero que está acabando con su gestión
y de la cual no tiene idea cómo superar. En este caso la trampa la representa
la incapacidad de Maduro de romper con el cepo impuesto a sí mismo de no
desviarse del legado del “comandante eterno” y de rendirle pleitesía al
discurso comunistoide para conservar la poca legitimidad que tiene entre los
suyos. No tiene idea de por qué se engendró la crisis, ni mucho menos cómo
salir de ella.
Lo anterior se refleja en el diagnóstico
del que parte el decreto cuando señala, en su artículo primero, que su
propósito es “…atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria
y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana…” ¿Qué tiene de
“coyuntural” una crisis engendrada por la implantación deliberada de un
proyecto que pretende pasarle por encima a las leyes que rigen el
comportamiento económico? ¿Cómo no entender que el esquema de controles y de
regulaciones, de financiamiento monetario de los déficits de la gestión
pública, de la ausencia de rendición de cuentas y de la discrecionalidad en el
usufructo de los recursos del Estado, del negocio de reventa de bienes
regulados, dólares obtenidos a tasas preferenciales y –sobre todo- gasolina (en
otros países), representan una verdadera mina para hacer fortunas de la noche a
la mañana, la fuente primal de la corrupción y de la degradación moral que está
carcomiendo al país?
¿Cómo pedirle al sector productivo que
incremente sus niveles de producción, como pretender “…estimular la
inversión extranjera en beneficio y desarrollo del aparato productivo nacional,
así como las exportaciones de rubros no tradicionales como mecanismos para la
renovación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingresos”, cuando el
verdadero negocio está en la extorsión, las empresas de maletín, el tráfico de
estupefacientes, el lavado de divisas mal habidas, el arbitraje entre el precio
oficial de la divisa y su cotización en el mercado paralelo, y el “bachaqueo”
especulativo, todo ello resultado de la impunidad, la destrucción del Estado de
Derecho, la ausencia de controlaría a la gestión pública y la toma discrecional
de decisiones centradas en la Presidencia? ¿No estará aquí la razón del
Decreto?
Y ello pauta el desafío de la oposición
democrática para no caer en la trampa representada por el Decreto de Emergencia
Económica. Insistir en que si no se levantan los controles, se endereza el
gasto público, se elimina el financiamiento “inorgánico” del BCV al gobierno,
se unifica el tipo de cambio y se negocia inteligentemente la consecución de
financiamiento internacional para romper la asfixia del sector externo, no hay
manera de superar el “Estado de Emergencia”.
Y ello no requiere de ningún estado de
excepción sino voluntad política y un equipo capaz y coherente, menos cuando
ello significa poner en manos de un individuo tan torpe y de mente enfermiza
como Nicolás Maduro la suerte económica del país -sin las garantías
constitucionales del caso-, durante 60 días, prorrogables dos meses más. La
naturaleza estructural –¡no “coyuntural”!- del desastre ungido por la
aplicación de un proyecto retrógrado, rígido, despilfarrador y destructivo,
requiere de un ajuste omnicomprensivo y profundo que este gobierno no es capaz
de realizar.
El desafío de las fuerzas democráticas
en la Asamblea Nacional es, al respecto, de naturaleza educativa,
comunicacional, de saber explicar las verdaderas razones del descalabro
económico que está acabando con los medios de vida del venezolano, como razón
para negar el decreto. Y quien quita que ello no abra espacios para que
factores ligados al gobierno rompan la trampa en que ellos adrede se han metido
por su incapacidad de pensar con cabeza propia. La transición hacia un
gobierno distinto, que rescate un futuro mejor para los venezolanos, pasa por
ahí.
Humberto García Larralde
economista, profesor de la UCV
martes, 12 de enero de 2016
LAS IDEAS PEREGRINAS DEL NUEVO MIN-ECONOMÍA: LUIS SALAS
LAS IDEAS
PEREGRINAS DEL NUEVO
MINISTRO DE
ECONOMÍA: LUIS SALAS
Carlos Hermoso
El nombramiento del
nuevo ministro de economía productiva Luis Salas nos lleva a leer sus
propagadas-tesis contenidas en el folleto editado por la editorial El perro y
la rana, titulado 22 claves para entender
y combatir la guerra económica. Un primer juicio es que se trata de un
batiburrillo que resume ignorancia e incoherencia. Aun cuando estamos alejados
del estilo del debate político que se ha impuesto en Venezuela —basado en la diatriba encendida y
estridente, pero a la vez escondiendo los principales problemas del país—, analizar las letras contenidas en el
escrito del nuevo ministro de economía Luis Salas nos lleva a esta dura
sentencia, que nada tiene que ver con el sainete de marras: en este escrito se
aprecia claramente un desconocimiento sobre cuestiones fundamentales y de
primer orden de la economía y, por tanto, de los problemas nacionales.
Hay que hacer un
esfuerzo adicional para comprender lo redactado en el folleto en cuestión. Se convierte, sí, en un alerta que nos
permite asegurar que —de
adelantarse una política económica basada en estas ideas— se profundizará el desastre que vive
Venezuela. Arranca la clave número 1 con un claro desconocimiento acerca de la
inflación. Dice el autor:
La inflación no es
una distorsión de los mercados. Es una operación de transferencia de los
ingresos y de la riqueza social desde un(os) sector(res) de la población hacia
otro(s) por la vía del aumento de los precios. En lo fundamental, esta
transferencia se produce desde los asalariados hacia los empresarios, pero
también desde una fracción del empresariado hacia otra fracción de los mismos.
Eso lo genera la
inflación pero no la define. La inflación es producción de papel moneda sin
respaldo. Sólo eso. De allí la necesidad del equilibrio fiscal con base en el
crecimiento y desarrollo económico y no en la reproducción de papel moneda. No
distingue el autor la diferencia entre papel moneda y dinero. Apenas señala una
consecuencia: la afectación en la distribución de la riqueza en favor de unos
capitales, los que más centralización han alcanzado, no concentración como
señalara el autor. La inflación empobrece a los trabajadores y conduce a más
explotación del trabajo. Por ello la inflación es una tendencia dominante en el
régimen de producción capitalista.
Pero la
responsabilidad de la inflación la tiene el gobierno que emite papel moneda sin
hacer nada por el crecimiento y desarrollo económico del país que permitirían
que la cantidad de dinero circulante esté en correspondencia con la masa de
bienes y servicios a ser transados, con lo que no habrá incremento de los
precios vía inflación. Para que esto sea así se debe cumplir con el principio
según el cual: "... la emisión de papel moneda debe limitarse a aquella cantidad en que sin él circularía
necesariamente el oro (o la plata) representado simbólicamente por ese papel"
(Marx, El capital, tomo I, capítulo 3).
No ubica el autor que
una cosa es inflación y otra aumento de precios. La inflación es aumento de
precios, pero no todo aumento o disminución de precios es inflación o
deflación. Este error en el que incurren muchos economistas —algunos sin reflejar tanta ignorancia
como en el caso que nos ocupa—
crea confusión y nos aleja de otros problemas.
Es por ello que, bajo
esas premisas, el autor se mete en otras ideas erróneas cuando afirma en la
clave 2 que: "... de lo que estamos hablando es de especulación, usura y
acaparamiento". No ubica el novel ministro que las inexorables leyes del
capitalismo —tan sólidas
como las que se cumplen en otras formas en que se expresa la materia, valga el
caso de la ley de la gravedad—
conducen a la realización de estas tendencias. La inflación, que es una responsabilidad
exclusiva del gobierno, conduce a una presión de demanda ya que la gente busca
salir del dinero y hacerse de bienes para proteger un tanto sus ingresos. Esa
presión de demanda hace que suban aún más los precios. Esto es, se crean
condiciones para que la especulación se afiance.
Recordemos que uno de
los componentes fundamentales de la economía capitalista es el principio según
el cual todo comerciante busca comprar barato para vender caro. Si las
condiciones del mercado le permiten vender muy caro y obtener jugosos
beneficios, pues, bien, lo hace. De allí que el principal estímulo de la
especulación proviene del gobierno. Además de que sabemos que quienes han
estimulado y hasta organizado a los bachaqueros son los mismos agentes
políticos del gobierno. El comercio del cemento, para poner un ejemplo, es
controlado por el gobierno, su precio se incrementa en la intermediación a
escalas insólitas. En Nueva Esparta, por ejemplo, un saco de cemento cuesta dos
mil bolívares. Bajo control del gobierno.
Sumemos que, como resultado
de la política económica erosiva del aparato productivo durante este largo
período, se han creado niveles de escasez nunca alcanzados en la historia
moderna de la economía venezolana. A la presión de demanda producto de la
inflación se suma la de esta circunstancia. La escasez, la inflación y la
vigencia de tres tipos de cambio oficiales, más el mercado paralelo, hacen que
los precios sean propios de la especulación. La guerra económica la adelanta el
gobierno. No sólo es el responsable, también la alimenta y muchos de sus
agentes le sacan beneficios.
En las claves número
3 y 4, Luis Salas hace gala de su idea subjetiva en relación con el asunto de
los precios. Desde la perspectiva de Marx el asunto es a la inversa a como lo aprecia
Smith, en el sentido de que el afán de lucro es el resultado de la función de
la producción capitalista. No es el afán de lucro lo que determina la función
de la producción y las relaciones capitalistas.
De la condición
objetiva que supone la producción de plusvalía, junto a otras leyes del
desarrollo capitalista como el comportamiento de la cuota de la ganancia,
emerge una forma de conciencia en correspondencia. De tal manera que las
determinaciones del precio obedecen al valor de las mercancías y no al afán de
lucro. Es un hecho objetivo. Sus fluctuaciones obedecen a la relación entre oferta
y demanda. Circunstancia que, en condiciones normales de una economía burguesa,
se presenta de manera transitoria. Hablamos de una economía productiva.
Remata en la clave 5 con
esta perla: "La inflación no existe en la vida real". Idealismo
grosero que parece ser burla de lo que viven los venezolanos cuando van a
comprar cualquier mercancía. La inflación es una de las formas como se expresa
el incremento de los precios como resultado de la emisión de papel moneda sin
respaldo lo que hace que el signo monetario pierda su condición de equivalente
universal.
Pero la incomprensión
o ignorancia al respecto llevan a que el nuevo ministro llegue a la conclusión
en la clave 6 de que: "El control de precios en los mercados es un falso
problema porque en los mercados los precios están controlados: en realidad,
cuando los economistas se refieren al control de los precios como problema, se
están refiriendo al control de precios por el Estado". La ley del valor
establece que el precio se determina en torno del tiempo de trabajo socialmente
necesario para la producción de un bien. Cuando la fuerza de la oferta y la
demanda de un bien se encuentran anuladas, el precio se sitúa en torno del
valor. Por ello la idea del precio justo es una cosa tonta.
En el precio de una
mercancía se incluye a) lo correspondiente al pago del salario de los
trabajadores, esto es, el capital variable en el que invierte el capitalista;
b) lo atinente a los medios de producción; y c) la plusvalía de la que se
apropia el capitalista en su condición de dueño de los medios y del proceso de
trabajo y producción. No es el oferente quien determina los precios. Es un
hecho objetivo.
Por eso es que la
teoría objetiva del valor —cuyos
padres son William Petty, Smith y Ricardo y que fue elevada al mayor rigor
científico por Marx— parte de la
premisa de que es el trabajo lo que determina el valor de la mercancía. No es
la idea metafísica mercantilista de que el mercado determina el acrecentamiento
de la riqueza, ni la teoría subjetiva que establece que el precio lo determina
la relación de necesidades ilimitadas y bienes escasos.
Pero el mercado se
mueve. Momentos en los cuales cae la demanda caen los precios. Aumenta la
demanda en relación con la oferta, los precios suben. O bien, cuando el
desarrollo de las fuerzas productivas hacen que el valor de los bienes sea
menor, porque el tiempo de trabajo socialmente necesario es menor, el precio de
la mercancía cae. Es lo que confunden muchos economistas con deflación, aunque
esta también existe pero sujeta a cuestiones atinentes al circulante limitado
de papel moneda en relación con el volumen de bienes en circulación.
Así, mientras en
Suiza los precios de las mercancías caen, producto de la deflación y el
incremento de la productividad del trabajo, en Venezuela contamos con la mayor
escalada de precios del mundo, siendo la inflación más de 300% el año pasado.
Esto parece ignorarlo el ministro. Seguramente en Suiza el afán de lucro es
similar al de Venezuela, sólo que las leyes de las relaciones de producción y
de cambio se les imponen a los capitalistas suizos. Esto es, los precios son
más bajos no porque los empresarios suizos tengan mejor corazón que los
nativos.
La clave 7 resume una falsedad y una justificación. Los altos precios pueden
representar una tendencia histórica ciertamente, pero sujeta a políticas económicas
que pueden atemperarla e incluso anularla. Lo que no supone un cambio en las relaciones
de producción. Dos cuestiones que se verían expresadas es que se eliminaría un mecanismo
de mayor explotación del trabajador y, por ende, de mayor ganancia del capitalista.
Que la especulación pudiese ser controlada no significa que desaparezca el principio
del comercio capitalista de comprar barato para vender caro. La herencia de un tal
modelo y de una intención de la burguesía parasitaria para que no sea cambiado solo indica su naturaleza antinacional,
con lo cual el régimen chavista ha sido consecuente.
El corolario de estos
escritos es la temeraria conclusión a la que llega en la clave 13 donde
sentencia que: "La guerra económica es la reacción del sistema capitalista
para conjurar el germen socialista que lo amenaza". Luego de indicar que
el praneo es la base del orden burgués, malinterpretando a Smith y mucho
más a Marx, señala el ministro que esta supuesta guerra económica se ve
sustentada en la acción de pranes que crean inflación, escasez y
acaparamiento.
Como podemos
apreciar, Luis Salas apenas indica un sui
géneris conjunto de ideas acerca de la supuesta guerra económica, una que
otra idea de cómo enfrentarla, pero nada coherente en relación con el diseño de
una política para superar la crisis. Las claves 19, 20, 21 y 22 son la
reivindicación de los controles al margen de una política económica de
contenido nacional y popular.
El subjetivismo e
ignorancia de la ciencia económica —junto
con la reivindicación de criterios que pretenden mantener un sistema de
controles que afianzan la especulación— profundizarán la catástrofe que vivimos. Los
controles deben existir de cara al crecimiento y desarrollo económico. Control
de calidad para que la producción nacional sea cada vez más competitiva.
Control de precios en el marco del crecimiento sustancial de la oferta de
bienes y servicios de producción nacional. Control de las importaciones y el otorgamiento
de dólares preferenciales para bienes de producción que permitan elevar el
producto interno. Pero el control para el chantaje en un contexto de erosión
del aparato productivo conduce a un incremento de la especulación.
Salir de este
desastre supone antes que nada un análisis riguroso acerca del origen y
naturaleza de la crisis. De allí la posibilidad de definir alguna política
económica. Partimos de considerar que toda política económica conduce al favorecimiento
de un sector de la sociedad en detrimento de otro. En Grecia, caso emblemático
de estos tiempos, se asumió en medio de una crisis profunda una política
económica que busca aumentar la capacidad de crédito para así cumplir con los
requerimientos de la banca internacional que busca asegurarse el retorno de los
créditos otorgados de manera ligera, por decir lo menos. Se le saca del
bolsillo al trabajador para cumplir compromisos contraídos que para nada se
tradujeron en desarrollo de las fuerzas productivas.
En Venezuela —amparados en el precepto
constitucional de alcanzar el equilibrio fiscal con base en el crédito público—, la política económica parece
dirigirse en la misma dirección. Mermados los ingresos petroleros se busca
incrementar la recaudación fiscal tributaria, mientras se aumenta la deuda
pública interna y externa. Pero no se toma medida alguna que atienda lo
fundamental de la economía. Esto es, no se toma ninguna decisión que permita un
crecimiento de la producción, lo que supone una canalización del ahorro social
para la inversión productiva. En ese sentido, el sociólogo Luis Salas parece un
buen partido para darle continuidad a las orientaciones que profundizan el
desastre y la entrega del país al gran capital internacional y favorecen a los
importadores, especuladores y usureros.
Carlos
Hermoso
7 de enero de
2016
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