domingo, 14 de octubre de 2012

HUMBERTO GARCÍA LARRALDE - DÓNDE ESTAMOS





“Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción”
Simón Bolívar

No puede menospreciarse el sentimiento de frustración, dolor e indignación de millones de venezolanos por los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo. Decepciona constatar que sectores mayoritarios de la población prefirieron alinearse con un proyecto retrógrado y primitivo cuando se les ofrecía la posibilidad de montarse en el autobús del progreso. El aforismo “más vale malo conocido que bueno por conocer”, nos recuerda la propensión conservadora del ser humano ante decisiones que pueden ser trascendentales para su futuro. Que la inseguridad y las 19.000 muertes violentas el año pasado, el deterioro en los servicios y en las condiciones de vida del venezolano, la corrupción desbordada, el abuso grosero del poder, el apartheid político, la militarización del país, el colapso de PdVSA y de las industrias básicas de Guayana, y la amenaza creciente a las libertades civiles no hayan entrado en la balanza de esta mayoría a la hora de votar, exaspera.

Y no vale al chantaje de que “el pueblo siempre tiene la razón” para atemperar lo dicho. Un pueblo corrompido por prácticas clientelares –y conste que no las inventó Chávez- no tiene “siempre la razón”, menos cuando está bajo el influjo de una propaganda Goebbelsiana, ingeniada para convertir al Caudillo en imprescindible salvador. Ya lo decía el historiador Francois Furet con relación a Hitler, “Supo, por instinto, el más grande secreto de la política: que la peor de las tiranías necesita el consentimiento de los tiranizados y, de ser posible, su entusiasmo”.

Desde luego, la contienda fue muy desigual; Henrique Capriles contra la maquinaria del Estado, con un ejecutivo volcado abiertamente a promover la candidatura de Chávez, un CNE que ni chistaba ante este ventajismo abusivo y con la invasiva presencia de éste y del gobierno en los medios a través de las cadenas y las “cuñas” obligatorias de la ley Resorte. Adicionalmente, el brinco pegado por el gasto público este año en toda suerte de misiones, sobornos y mecanismos de transferencia, sin duda influyó. Finalmente, no puede subestimarse el efecto de la campaña de intimidación y miedo para evitar que empleados públicos y “misioneros” se apartaran del carril Bolivariano. Sin embargo, este abuso de poder es intrínseco a la ecuación de dominio y control del presidente Chávez, parte del desafío a superar.

El verdadero desafío va más allá y tiene que ver con la amenaza de que se imponga una visión de sociedad refractaria al progreso y la libertad. Se trata de una competencia crucial entre dos maneras excluyentes de concebir el país. Se bien es absurdo pretender que triunfó el “socialismo”, la mayoría sí se alineó con un proyecto social ajeno a la democracia liberal. Se cosechó lo que, de manera sistemática, venía sembrando Chávez: los (anti)valores de una sociedad fundada en el derecho a usufructuar bienes y servicios, remuneraciones y/o posiciones de poder, independientemente del esfuerzo realizado o de los méritos puestos de manifiesto para ello: solo importa la lealtad hacia él y a su proyecto bolivariano. La legitimidad y perpetuación en el poder del Caudillo pasa por la instauración de un régimen populista de expoliación en el que el reparto de la riqueza social obedece a consideraciones políticas.

Con base en una simbología maniquea cuidadosamente urdida, Chávez ha construido un imaginario que alimenta un sentido de pertenencia con un “modelo” que solo él puede garantizar. Cosas tan nimias como tildar a cada ministerio como “del Poder Popular”, hacer del “pueblo” una entelequia insubstancial que se confunde con la voluntad de Chávez, y ponerle el epíteto de “protagónica” a la democracia; y no tan nimias como falsificar el pasado reciente para decir que el 4 de febrero (de 1992) se alzó el “pueblo” contra el neoliberalismo y calificar a la gigantesca marcha de la oposición el 11-A de 2002 de conspiración golpista, incitan a alinearse en torno al salvador.

A ello se añade la permanente descalificación de las fuerzas democráticas de “apátridas” o “oligarcas”, y a levantar el coco de una agresión imperialista en ciernes para quitarnos el petróleo –como si no le estuviera entregando un millón de barriles por día. La engañifa de señalar que Chávez nacionalizó el petróleo, que antes de él, el país era una “colonia” y que el “pueblo” lo que comía era perrarina -que lo que está en juego es la “independencia de la patria”-, terminan por redondear un dispositivo ideológico de dominación que justifica poner en sus manos la decisión sobre nuestro futuro. El control de los medios y la negativa al diálogo contribuyen a obstruir todo vaso comunicante con ideas ajenas que pudiesen desmontar tal impostura.

De ahí lo crucial que ha sido la demolición de las instituciones del Estado de Derecho y de la economía de mercado. La concentración en manos de Chávez de potestades cada vez mayores impide que normas autónomas, institucionales, puedan interponerse a la consolidación del régimen de expoliación que se ha venido instaurando en los últimos años, verdadero fin de la “revolución bolivariana”, no obstante los aditamentos “revolucionarios” con que se adorna (y que ellos mismos terminan creyendo). Pero la sostenibilidad de este régimen depende de que, 1) Continúen incrementándose los ingresos petroleros para usufructo discrecional del Ejecutivo; 2) Que estos ingresos se compartan con amplios sectores de la población a través de mecanismos variados de transferencia, vulnerables a la manipulación política; y 3) Que logre legitimarse, a través del aparato de propaganda, la idea de que el derecho al usufructo de estas dádivas es obra exclusiva de Chávez y del régimen bolivariano.

Cuando Capriles intenta convencer a los dolientes de estos esquemas de reparto de que él va a mantener las misiones, pero institucionalizándolas, atenta contra los valores que fundamentaron su creación. Decir que se van a someter a reglas de juego objetivas y transparentes dinamita el corto circuito de lealtad que deliberadamente soslaya reglas imparciales de asignación. Lastimosamente, desdibuja el sentido con el cual son percibidos por muchos. De ahí la preferencia del electorado por la versión original, la chavista, cuyas claves de reparto le son más asequibles: basta la adhesión al ideario “revolucionario”. 

Esta forma de perpetuar lealtades es muy efectiva en los estados más pequeños, en los cuales el Estado es prácticamente la única fuente de sustento. El dominio político del chavismo ahí garantiza que el manejo de las misiones y otros mecanismos de reparto se mantenga fiel a los objetivos para los cuales fueron creadas. No en balde la abrumadora superioridad de los votos para Chávez en esos estados.

¿Qué implicaciones tiene lo anterior para el programa democrático? En primer lugar, la importancia de comprender la naturaleza del problema a enfrentar. No se trata sólo de redoblar esfuerzos por llegar a sectores de la base chavista –que, desde luego, es importante- sino de entender cómo debe proseguirse esta vinculación. Segundo, entender que las elecciones regionales y municipales brindan una oportunidad invalorable para este esfuerzo. Por último, prepararse para aprovechar el impacto que pudieran tener los escenarios previsibles en el ámbito político y económico para el próximo año.

El análisis intentado en estas líneas no pretende criticar el excepcional esfuerzo hecho durante la campaña presidencial. Fue ejemplar. Solo que debe tenerse conciencia de la dimensión de este esfuerzo que, por fuerza, está obligado a socavar las bases mismas sobre las que se sostiene el neofascismo chavista. Los increíbles tres meses de campaña de Capriles fueron, no obstante lo exitoso de sus giras y lo efectivo de su mensaje, insuficientes: Chávez ha estado en campaña desde 1999.

La vinculación afectiva, de pertenencia, con su prédica simplista y maniquea ha venido adquiriendo una dimensión cuasi-religiosa que es necesario socavar. Además de tiempo, requiere de oportunidades propicias. El programa de gobierno, contentivo de propuestas concretas elaboradas por los mejores especialistas, debe inspirar una pedagogía política que devuelva al venezolano al mundo real. Ahora vienen las elecciones regionales y para alcaldes, contiendas que habrán de decidirse con base en la percepción acerca de la capacidad para resolver los problemas que agobian a los electores. En muchos estados la base chavista se viene rebelando ante la desastrosa gestión de “sus” gobernadores. Si bien el padrinazgo de Chávez seguirá teniendo incidencia, la “magia” es más débil cuando debe operar a través de intermediarios.

De ahí, precisamente, la intención de implantar un Estado Comunal, porque elimina la intermediación de órganos autónomos –por lo menos en lo formal- entre Caudillo y pueblo. Porque la verdadera inspiración del proyecto chavista no viene de Carlos Marx sino del neofascista argentino, asesor durante sus primeros años de gobierno, Norberto Ceresole. El régimen populista de expoliación de la riqueza social, sin rendición de cuentas ni normas que lo limite, se afianza con la eliminación de estructuras de gobierno que puedan competir por recursos y lealtades. Se trata de hacer de la propuesta comunal un Estado Corporativo que remplace a sindicatos y demás organizaciones sociales autónomas, por meros apéndices del gobierno. En última instancia, es el control y la conculcación progresiva de libertades lo que asegura el disfrute, sin restricción alguna, de las mieles del poder.

Finalmente, es menester considerar los posibles escenarios a presentarse el próximo año, que tendrán incidencia sobre la capacidad de evitar que Venezuela se pierda en el agujero negro del totalitarismo y pueda emprender su camino hacia el progreso, la justicia y la libertad. Sin entrar en honduras, cabe señalar que, sin los enormes ingresos petroleros percibidos durante los últimos años, el dispositivo expoliador entra en crisis. El estancamiento de la economía estadounidense, la recesión al borde de la cual se encuentra Europa y la desaceleración de la economía china, auguran condiciones adversas al mantenimiento de precios petroleros altos.

En el plano interno, destaca la inviabilidad de un tipo de cambio excesivamente sobrevaluado así como la insostenibilidad de un gasto público como el experimentado este año, que habrá de exacerbar la conflictividad social, más cuando hay tantos contratos colectivos congelados y un deterioro notorio de servicios públicos esenciales. Bajo Chávez, los ajustes requeridos para enfrentar esta situación habrán de ser bastante más severos que si hubiera ganado Capriles, por su empeño en destruir la actividad productiva, la magnitud de los compromisos clientelares asumidos y el colapso del Estado bajo su gestión. Las fuerzas democráticas no pueden eludir la responsabilidad de erigirse en alternativa viable, creíble, ante tal perspectiva. Por último, está la eventualidad de la muerte –próxima- del Presidente. ¿Quién en esa tolda podría enfrentarse exitosamente contra Capriles en una hipotética contienda electoral?

Definitivamente, no es el momento para amilanarnos por no haber ganado la elección presidencial. ¿O acaso queremos terminar de entregarle el país al fascismo?

“De lo que aquí se trata es de averiguar cómo tantos hombres, tantas ciudades y tantas naciones se sujetan a veces al yugo de un solo tirano, que no tiene mas poder que el que le quieren dar; que sólo puede molestarles mientras quieran soportarlo; que sólo sabe dañarles cuando prefieren sufrirlo que contradecirle. Cosa admirable y dolorosa es, aunque harto común, ver a un millón de millones de hombres servir miserablemente y doblar la cerviz bajo el yugo, sin que una gran fuerza se lo imponga, y si solo alucinados al parecer por el nombre Uno, cuyo poder ni debería ser temible por ser de uno solo, ni apreciables sus cualidades por ser inhumano y cruel”.
Etienne de la Boetie, Sobre la servidumbre voluntaria, 1576 (?).


Humberto García Larralde
economista, profesor de la UCV

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