martes, 20 de agosto de 2019
ACOTACIONES A LAS NEGOCIACIONES CON EL CHAVISMO
ACOTACIONES NECESARIAS A LAS NEGOCIACIONES CON EL CHAVISMO
Humberto García Larralde
LOS FINES DE LA
NEGOCIACIÓN Y SUS IMPLICACIONES
Retornar al ordenamiento constitucional
a través de la negociación con representantes del Madurismo será siempre
preferible a que ello ocurra por medio de una intervención extranjera. Pero el
margen con que debe manejarse tal negociación estará necesariamente constreñido
por el fin buscado: la creación de condiciones para que los venezolanos superen
de forma eficaz y perentoria la terrible situación en que la oligarquía militar
- civil los ha sumido, y para conquistar una democracia plena, con contenido.
Las negociaciones no deben restringirse
a plantear la salida del usurpador. Sea por medio de elecciones confiables (con
las garantías del caso) o por otros mecanismos, el resultado debe apuntar al
cambio del modelo funesto instrumentado por Chávez y Maduro en contra de la
población. Significa, en primer lugar, el respeto pleno de la batería de
derechos civiles, políticos y económicos consagrados en la Constitución. Como
condiciones sine qua non, pueden citarse: Restablecer las
potestades de la Asamblea Nacional; disolver la asamblea constituyente; renovar
al CNE; liberar los presos políticos; cesar la criminalización de la protesta;
respetar los derechos humanos; convocar elecciones presidenciales confiables.
En el plano económico es un sinsentido
que todo el esfuerzo por sacar a Maduro termine en una gestión que no dé
respuesta palpable a las expectativas de perentoria mejora en el bienestar de
la población. Un nuevo gobierno que fracase en responder satisfactoriamente a
ellas tendría muy corta vida.
En términos generales, existe consenso
entre los economistas en torno a la necesidad de instrumentar políticas
creíbles y consistentes que abaten la inflación, permitan estabilizar el tipo
de cambio en un mercado libre, eliminen los controles e incentiven las
inversiones productivas para generar empleo, abastecimiento y equilibrio en las
cuentas externas. Ello está recogido en el Plan País y, con mayor elaboración,
en las discusiones entre economistas que le sirvieron de sustento.
EL DESAFÍO ECONÓMICO
El nivel tan absoluto de destrucción y
de pauperización de los venezolanos producido por Maduro y su equipo genera
esperanzas de mejora inmediata entre los venezolanos, lo que plantean un serio
desafío a un eventual gobierno democrático futuro. Entre los elementos de mayor
impacto están:
1) El
salario mínimo se encuentra actualmente en menos de tres dólares al
mes. Tengamos en cuenta, además, el aplanamiento de la escala salarial
en torno a este nivel, con lo que la mayoría de los asalariados ganan menos de cinco
veces esta cantidad[1].
2) La
estabilización del precio de la divisa, en un mercado sin restricciones,
presupone una apreciable corrección de la paridad, actualmente sobrevaluada.
Esto significa que se despreciará el bolívar, lo que reducirá aún más los
salarios arriba mencionados en dólares.
3) La
recuperación de los servicios públicos, factor central al bienestar de los
venezolanos, obligará a un proceso eventual de sinceración de sus precios para
garantizar su prestación eficiente.
CONDICIONES PARA EL
AJUSTE EXPANSIVO DEL PLAN PAÍS
El programa de estabilización económica
planteado en el Plan País augura un crecimiento rápido de la producción, el
empleo y de los salarios reales. Ello se fundamenta, entre otras cosas, en la
altísima capacidad ociosa del aparato productivo doméstico que actualmente
opera, en promedio, a menos del 30 de su capacidad. Un cambio político que
restablezca las garantías legales a la propiedad y de orden procesal, elimine
la inflación, levante los controles y asegure el acceso sin restricciones a la
divisa, debe provocar una respuesta inmediata, fuertemente expansiva, de
empresarios locales e inversionistas foráneos. No obstante, ello dependerá de
las siguientes condiciones, que están interrelacionadas:
1) Un
significativo financiamiento internacional, con una reestructuración a fondo de
la deuda pública.
2) La
apertura de la industria petrolera a la inversión privada.
3) Un
incremento significativo y a muy corto plazo en la productividad laboral.
4) Un
gobierno que dé confianza, dotado de un equipo económico altamente calificado.
Las
magnitudes requeridas de financiamiento externo sólo las podrá proveer la banca
multilateral, con el FMI a la cabeza, a la cual habrá de sumarse préstamos
bilaterales, la reapertura del crédito internacional y la inversión privada.
Pero tal financiamiento estará sujeto a un programa creíble, coherente y
factible de recuperación de la economía, que proyecte una imagen de solvencia
en el tiempo ante la banca y los inversionistas foráneos, y que permita el
reembolso del financiamiento en los plazos acordados. La existencia de un
gobierno serio, dotado de un buen programa y de personal directivo altamente
calificado, debe transmitir la confianza necesaria para que las
transformaciones requeridas se instrumenten de manera eficiente y oportuna.
Esto posibilitará negociar una restructuración a fondo de la deuda pública
externa, con apoyo del FMI, para que Venezuela pueda atender los compromisos
internacionales que de ahí se deriven, pagar sus importaciones y aspirar a
dinero fresco.
NO HABRÁ MILAGRO
PETROLERO QUE VENGA AL RESCATE
La recuperación de la industria
petrolera habrá de aumentar los ingresos por exportación de crudo. Pero ya no
habrá milagro petrolero. En el mejor de los casos, la producción anual podrá
incrementarse en el equivalente a 250.000 a 300.000 barriles diarios. De manera
que el país podrá alcanzar un nivel respetable de producción (en torno a los
2,5 millones b/d) en unos seis años. En términos per cápita, la producción
estará apenas por la mitad de la existente en los años ’70. Además, la
atracción del capital requerido para esta expansión requiere reducir la carga
impositiva a la industria, de manera que esta mayor producción, si bien
generará empleo y encadenamientos con proveedores locales (los que
sobrevivieron junto a los nuevos), no aumentará en proporción los ingresos del
estado. Es decir, esta vez la renta petrolera no vendrá al rescate.
Más allá, las expectativas son poco
favorables a un aumento abrupto en los precios internacionales del crudo, tanto
por el incremento de la oferta (fracking en EE.UU., no limitado por
cuotas o restricciones políticas), como por la ralentización y eventual
reducción de la demanda por el desplazamiento progresivo de los combustibles
fósiles ante consideraciones climáticas, junto a la disminución en los costos
de fuentes alternativas de energía. Los esfuerzos por reducir el uso de los
combustibles fósiles acortan la vida de Venezuela como país petrolero. Algunos
calculan una ventana de apenas tres décadas, antes de que caiga aceleradamente
la demanda por nuestro crudo.
LA IMPORTANCIA
DECISIVA DE MEJORAR PERENTORIAMENTE
LA PRODUCTIVIDAD
La terrible pauperización de la
población venezolana a manos de Maduro y los suyos obliga a concertar de
inmediato la transferencia de recursos a los sectores más humildes a fondo
perdido. Pero la viabilidad de que órganos multilaterales accedan a financiar
tales transferencias se sustenta -más allá de consideraciones humanitarias-, en
la condición de que sean progresivamente reducidas y/o en su eventual
reembolso. El financiamiento externo es renuente al gasto corriente
improductivo. Más allá, debe considerarse la sinceración de los precios / tasas
de los servicios públicos y el efecto de la depreciación (pass-through) sobre
los precios domésticos. De manera que la mejora tan ansiada en los ingresos de
la población habrá de descansar, por fuerza, en el incremento en la
productividad laboral.
Aumentar drásticamente la productividad
cuanto antes es factible, sin mayores inversiones, si se logra aprovechar la
holgada capacidad ociosa de la planta productiva del país. Pero numerosos
factores entraban tal aprovechamiento. Citamos los siguientes:
a) La
ausencia (por emigración) de mano de obra calificada y de talento profesional;
b) El
colapso de los servicios públicos y de la infraestructura física;
c) Un
marco institucional –leyes, reglamentos— asfixiante y punitivo;
d) La
ausencia de servicios especializados de apoyo;
e) La
destrucción del tejido industrial (clusters): proveedores, industrias
complementarias, de servicios.
f) Una
banca “enana”, que ha visto reducir sus activos en dólares en casi un 90% desde
2013;
g) El
colapso de la capacidad de respuesta administrativa del Estado en muchas áreas;
h) La
necesidad de pagar remuneraciones competitivas para atraer talentos y personal
calificado, en una economía en la que el salario promedio está por debajo de
los $10 mensuales. La inversión extranjera contemplaría sueldos competitivos
para sus operaciones, pero sueldos atractivos que retengan el personal
calificado requerido para hacer funcional al estado, recuperar y mantener los
servicios públicos, es políticamente problemático cuando la remuneración
general es tan miserable.
Es imprescindible articular un programa
especial dirigido a resolver estas insuficiencias. La inversión extranjera
podrá llenar algunos vacíos en el corto plazo, pero será mayor contando con un
programa que identifique las oportunidades y la secuencia de acciones deseada
para su superación.
Finalmente, la reestructuración eficaz
de la deuda pública externa habrá de liberar recursos requeridos para importar
los equipos e insumos que exigirá la reactivación económica, así como los
bienes de consumo y servicios para complementar la demanda final. Ello es
crucial, dado el enorme peso que tiene su servicio bajo las condiciones
actuales. Si bien en el tiempo se prevé que las inversiones se traduzcan en un
aumento sostenido en las exportaciones (petroleras como no petroleras), sin
reestructurar la deuda la economía verá comprometida su crecimiento en el corto
plazo.
IMPLICACIONES PARA EL
ACTUAL PROCESO NEGOCIACIÓN
La criminal destrucción de las
condiciones de vida de los venezolanos urdida por la oligarquía militar – civil
no ofrece mayores márgenes para negociar un gobierno de transición con factores
del chavismo. Estamos frente a un estado fallido que pone en entredicho la
propia viabilidad de Venezuela como país si no se acometen de inmediato
profundos cambios. Tal precariedad restringe las posibilidades de una
transición exitosa, que abra las puertas a una recuperación sostenible, a las
siguientes opciones:
1. Gobierno
nuevo, comprometido con el rescate de la institucionalidad democrática liberal,
resultado de desplazar por completo al madurismo del poder, bien sea por la
implosión de sus bases de sustento (renuencia militar a seguir apoyándolo) o
por una intervención extranjera, que consiga piso en factores domésticos para
reconstruir la democracia. Es un escenario tipo “borrón y cuenta nueva”.
2. Gobierno
de coalición con los factores más sanos del chavismo, resultado de una
negociación que acuerde las condiciones sine qua non mencionadas
al comienzo de este escrito y convoque de inmediato elecciones presidenciales
confiables.
El primer escenario es el más favorable
para el futuro de Venezuela, pero también el más complejo en términos del manejo
satisfactorio de las expectativas de mejora del venezolano, pues
necesariamente implica una ruptura completa con la cultura rentista.
Si bien durante los primeros dos años (quizás más) tendrá que existir una
combinación de servicios subsidiados con transferencias directas a los hogares
más necesitados --hasta que la recuperación de la economía pueda asegurar
condiciones de vida aceptables a la población--, tales medidas deben entenderse
como transitorias. La ventaja de este escenario es que, al tener un programa
coherente (Plan País) que de confianza y un equipo de gobierno altamente
calificado, será factible concertar un generoso apoyo financiero con el FMI y
el BM.
El segundo escenario posiblemente
implicará continuar dependiendo de algunos programas de reparto, combinado con
subsidios a servicios y controles de precio. Al no enfrentar la cultura
populista / rentista, habrá de generar problemas crecientes en el tiempo por su
ineficacia en proveer condiciones para sacar a la población de la miseria.
Disuadirá, por tanto, la prestación de recursos más allá de la ayuda
humanitaria. Quizás la lucha contra la corrupción –de permitirla el componente
chavista del gobierno—provea recursos que permitan mejoras apreciables en
algunos puntos (servicios públicos, importaciones)
En fin, las condiciones mínimas que
justifiquen llegar a acuerdos con factores del chavismo a través de la
negociación son muy exigentes. Constituyen una camisa de fuerza irrenunciable.
No tiene sentido acordar una coalición que no las cumpla. Y esto va para
aquellos ilusionados con un gobierno de “Unidad Nacional”, a cuenta que
observan grietas en la estructura mafiosa de dominación. Seguir “muddling
through” con un gobierno de transición mixto es inhumano, dadas las condiciones
actuales de pobreza extrema y, además, inviable.
Para facilitar un acuerdo satisfactorio
se requiere, como todos sabemos, hacer concesiones. Se ha ofrecido, levantar
las sanciones a quienes renieguen de la dictadura y ayuden a restablecer el
ordenamiento constitucional, la posibilidad de un régimen transicional para
juzgarlos --como ocurrió en las negociaciones de paz en Colombia--, así como
eventuales períodos de gracia (para que puedan esfumarse). Es de suponer,
además, que la inviabilidad futura evidente del madurismo, contribuya a que
algunos de quienes lo apoyen, abandonen el barco antes de que se hunda. La
incógnita está en saber si esos chavistas “sanos” existen y si tienen
suficiente peso en el poder como para asegurar la salida pacífica de la mafia
Maduro – cúpula militar.
Humberto García
Larralde
economista, profesor
de la UCV
himgarl@gmail.com
[1] el sueldo de un profesor titular a dedicación
exclusiva de una universidad pública es menos de siete veces el salario mínimo,
equivalente, al momento de escribir estas reflexiones, a solo diecinueve
dólares al mes.
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