Primero que nada es necesario tener claro qué se entiende por gobernabilidad. Varios analistas e instituciones internacionales concuerdan en definirla como la capacidad que tiene la sociedad y, en particular, el Estado para manejar, controlar y resolver sus conflictos y problemas, atendiendo eficazmente sus propias demandas a través de las instituciones políticas, jurídicas, culturales, sociales y económicas, constitucionalmente establecidas.
En ese sentido, la gobernabilidad de una sociedad, país o nación depende en gran medida de las instituciones existentes, de allí que cualquier acción que retrograde el propósito y razón de esas instituciones genera ingobernabilidad, degradando el Estado democrático y social de derecho y de justicia, que es la esencia de la gobernabilidad.
¿Cómo se mide la gobernabilidad? Antes de presentar y analizar los indicadores de gobernabilidad es pertinente aclarar que en la definición y validación de estos índices han participado consultores y científicos adscritos a Organizaciones No Gubernamentales, institutos científicos y universidades de alto prestigio internacional, acreditados por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Estos expertos sustentaron sus análisis con base en los informes oficiales publicados, entre 1996 y 2004, en los 209 países que conforman a la ONU, logrando establecer mediciones comparativas del grado de gobernabilidad entre esos países, a partir de estos indicadores. La alta confiabilidad de estos índices se debe a que son parámetros sustentados en metodologías de análisis multivariado, validadas científicamente en los últimos veinte años.
En efecto, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial (**) definieron y validaron los seis indicadores de gobernabilidad siguientes: 1) Rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública; 2) Estabilidad política; 3) Efectividad gubernamental; 4) Calidad regulatoria del Estado; 5) Estado de derecho y 6) Control de la corrupción.
En esta primera parte se analiza el primer indicador, Rendición de Cuentas, entendido como un conjunto de mecanismos ofrecidos por las instituciones democráticas para la promoción de la transparencia y la participación de la ciudadanía con el objeto de ejercer vigilancia y control sobre la administración, gestión y ejecución de los recursos y políticas públicas. Este indicador debe ser asumido como una cualidad político-cultural propia de los sistemas democráticos, sin la cual no podría concebirse un Estado en franco progreso social en términos de su organización, productividad, competitividad y control de gestión.
Teniendo como referente estas premisas, indico a continuación una secuencia descendente de los niveles de Rendición de Cuentas en veinte (20) países de América Latina, a saber: Costa Rica (84); Chile (83); Uruguay (79); Panamá (64); Argentina (62); México (57); Brasil (56); República Dominicana (54); El Salvador (53); Nicaragua (48); Bolivia (47); Honduras (46); Perú (45); Ecuador (41); Paraguay (40); Guatemala (36); Colombia (35); Venezuela (35); Cuba (19) y Haití (15).
Es oportuno acotar que el valor de este indicador para el año 2007, y en particular para Venezuela, ya había descendido a veintinueve (29), mostrando un franco deterioro con respecto al periodo 1996-2004, tendencia negativa que en los últimos tres años (2008-2010) ha podido acentuarse.
La razón para que nuestro país ocupe un lugar tan bajo en la escala de valoración de este indicador está en la poca voluntad política, idoneidad, responsabilidad y ética de quienes han dirigido las instituciones públicas en Venezuela, desde los Jefes de Estado, pasando por los Ministros, Gobernadores, Alcaldes, Directores Generales Sectoriales de entes nacionales y regionales, incluyendo a los Rectores, Vicerrectores, Decanos y Directores del sub-sistema de educación universitaria, entre otros funcionarios, salvo honrosas excepciones, para rendir cuentas en los términos establecidos por la ONU, es decir, con base en el cumplimiento de los planes, proyectos o programas de desarrollo-acción formulados antes del inicio de la gestión y su posterior verificación de ejecución, una vez concluida la misma.
Sin lugar a dudas, este es uno de los déficits más agudos, devenido en crónico, que arrastra la democracia venezolana desde hace más de 35 años y que en la actualidad es más que evidente. Estimado lector, lo invito a que realice sus propias reflexiones.
Edgar Jaimes (*)
(*) Profesor Titular Jubilado del NURR-ULA, Trujillo. jaimes.5060@gmail.com
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