DE ESOS POLVOS SON ESTOS LODOS
LA OFERTA ECONÓMICA DE HUGO CHÁVEZ
La difícil situación económica por la que hoy atraviesan los venezolanos
obliga a recapitular lo ofrecido por el finado presidente Chávez en materia
económica, como base de su proyecto político. De esos polvos vienen estos
lodos. Sin desmerecer el impacto de su discurso ideológico, lo que el caudillo supo vender a sus
compatriotas fue la idea sencilla de que merecían participar en el usufructo de
la riqueza social por encima de cualquier consideración basada en méritos,
talentos o esfuerzos productivos. La imagen de una Venezuela pletórica en
petróleo, minería, potencialidades turísticas y tierras fértiles, pregonada
durante décadas por los gobiernos democráticos, así como por Pérez Jiménez,
abonaba convincentemente a favor de esta reivindicación. Era tremendamente
injusto que en un país tan rico la mitad de su población viviese en condiciones
de pobreza. El solo hecho de ser venezolano,
más si encarnaba la mezcla racial que tipifica al pueblo en el imaginario de la “revolución”, debería dar derecho a
disfrutar de los frutos que nos había legado la generosa naturaleza. Esta tesis
se cerraba con broche de oro argumentando que con ello se cumpliría con la vida
digna que quiso Bolívar para los venezolanos, traicionada por una oligarquía
que se había apropiado de estas riquezas excluyendo al pueblo. Lo verdaderamente patriótico, en tanto daba vida a los
designios justicieros de El Libertador, era unirse al proyecto político de
Chávez. Quienes se oponían debían considerarse “apátridas”.
El proyecto de Chávez
Esta prédica encontró terreno fértil en la crisis que experimentó la
estrategia de “sembrar el petróleo”
luego de los años ’70. La insurgencia de Chávez en el escenario político se
nutrió del resentimiento y la desesperanza que se generó por la frustración de
las expectativas, luego de la llamada “década perdida” de los ’80 y de la
experiencia mal digerida de la liberalización económica de los ’90, que tal
estrategia había despertado. El caudillo abjuró de las reglas de juego
imperantes –de las instituciones- que constreñían el usufructo de una riqueza
de la que ahora solo quedaba la ilusión y ofreció cortar este nudo Gordiano (quizás con los consejos
de Giordani) barriendo a las cúpulas
podridas del contubernio adeco-copeyano del poder, culpabilizadas por negarle
al pueblo su legítima aspiración.
Torciendo la historia, invocó a un Bolívar “enemigo de la oligarquía”, ahora
“puntofijista”, para avalar su proyecto. Las reglas formales de la democracia
–el adjetivo de “burguesa” se le añadiría mucho tiempo después- no debían
contraponerse al puesto bajo el sol que el Libertador quiso fuese la República para
todos los venezolanos, bajo su
paternal conducción.
Sobre tal prédica se cimentó el pacto social que alimentó el triunfo
electoral de Chávez en 1998, cebándose en los resentimientos, frustraciones,
odios e ilusiones de gran parte del electorado. Inspirado en la tesis del
neofascista argentino, Norberto Ceresole –la unión directa Ejército-Caudillo-Pueblo,
sin organizaciones representativas intermedias-, se dedicó sistemáticamente a
demoler las instituciones que interferían con sus insaciables apetencias de
poder. El vacío de normas fue desplazado por decisiones unilaterales y discrecionales
de parte del Presidente, abusando de su ejercicio de mando. Se fueron minando
los mecanismos de mercado para la asignación de recursos que, si bien se
encontraban mediados por las prácticas de lo que Juan Carlos Rey llamó “sistema
de conciliación de élites” forjado bajo la democracia, constituían un
dispositivo pactado plurilateralmente
entre fuerzas políticas, económicas y sociales.
En sustitución se implantó un arreglo
orquestado desde el poder para el aprovechamiento discrecional de la riqueza
social, en desapego a criterios de racionalidad económica y liberado de toda normativa
que lo restringiera, a lo que he llamado
régimen de expoliación. El provecho
del fruto económico sería determinado, cada vez más, por relaciones de fuerza
cristalizadas en una jerarquía de mando “unicentrada” en torno al líder
carismático y no por reglas de juego institucionalizadas, fundamentadas en los
derechos de propiedad y la observación de los derechos individuales. La
participación de la sociedad ya no estaría sujeta a normas consensuadas, sino a
transacciones arbitrarias de tinte político que trocarían obsecuencia y lealtad
a quienes detentan el poder, por el derecho a usufructuar aunque fuese una
pequeña porción de esa riqueza.
La profesión de un “socialismo del siglo XXI” justiciero sin duda
contribuyó a legitimar entre los creyentes esta cruzada de demolición
institucional, en nombre de una “revolución” que abatiría las iniquidades que
impedían su acceso al disfrute de la plétora material que les correspondía. Es decir,
invocando los deseos del Padre –el celestial y el nacional- se le ofreció a los
venezolanos el propio paraíso terrenal:
“consumid sin el sudor de tu frente”.
Es éste el escenario por excelencia del populismo y del clientelismo
dispendioso, instrumentos para la conversión de ciudadanos autónomos en masa
desorganizada sometida a la voluntad de un autócrata. Mientras creciera año a
año los ingresos petroleros, tal arreglo era manejable: un juego suma-positivo de
reparto discrecional entre élites y adeptos hecho posible porque la torta
“engordaba” de manera sostenida.
El socialismo
petrolero
El dispositivo que montó Chávez para manejar a discreción el régimen de
expoliación fue bautizado por él mismo como “socialismo petrolero”[1]. Consistió
en una batería de elementos articulados para maximizar la disponibilidad de
ingresos en manos del fisco y saltarse los controles sobre su usufructo y
aplicación. Ha hecho posible la constitución de una formidable base financiera
para la prosecución de los objetivos de política del Presidente a través de un
gasto público discrecional[2]. Con
ello procuró el respaldo social y militar
requerido para perpetuarse en el mando y lograr mayores niveles de control
político. Los mecanismos de reparto confeccionados en la forma de “misiones”
fueron centrales a estos fines.
La política económica
del gobierno desconectó el usufructo de la riqueza social de condicionamientos
basados en méritos, esfuerzos productivos, la premiación del logro o la ética
del trabajo. En ausencia de mecanismos de
control, de transparencia en el manejo de los recursos públicos y de rendición
de cuentas, se generó una estructura de complicidades para el usufructo
irregular de la renta, alimentada de lealtades y compromisos con el Gobierno. Desde
el lado de la oferta de recursos financieros, dependiente de los funcionarios
que deciden el gasto; como de la demanda –incluyendo la cadena de
intermediarios, comisionistas y custodios de la erogación-, conforman una
suerte de mercado político en el que
los favores otorgados constituyen los activos y los compromisos adquiridos o
favores a retribuir (por las vías que fuesen) constituyen los pasivos.
El proyecto “socialista del siglo XXI” no se
distingue por sus propuestas o alcances productivos, sino por las formas de
participación en el ingreso que pone en ejecución, fundamentadas de manera
directa en las relaciones de poder que se han ido consolidando a lo largo de
estos años a la par que se destruían las instituciones del Estado de Derecho.
Se ha ido decantando de manera cada vez más evidente una conducta patrimonialista de parte de los
conductores de esta “revolución”, entendida ésta como el usufructo de bienes
que son de patrimonio público –o pasan a serlo, vía expropiación- como si
fueran propios. Paradójicamente, bajo la prédica “socialista” y de la primacía
de lo colectivo sobre lo individual, son privatizados
los bienes públicos mediante su provecho sectario, excluyente y discrecional
por parte de quienes detentan hoy el poder.
Los ingresos del
Estado chavista:
La renta petrolera constituyó
el elemento determinante de la viabilidad económica del modelo “socialista”,
como bien lo reconoció el presidente Chávez. Durante los 14 años de su largo
gobierno ingresaron al sector público casi $700 millardos por concepto de
exportación petrolera, más $78 millardos por endeudamiento externo neto (sector
público). Si a ello se le suman las exportaciones del Estado distintas del
petróleo (incluyendo servicios), se añadirían unos $31,2 millardos para todo el
período reseñado, para un total de $810 millardos. Todas son cifras oficiales
del BCV. Es decir, para cada habitante, los ingresos públicos de origen externo
habrían aumentado desde unos $450 en 1998 a $4.626 para 2012, un salto de 956%,
¡más de 10 veces!
Si se consideran los ingresos públicos de origen doméstico, destaca el
endeudamiento interno, que pasó de Bs. 2.535 millones en el último año del
gobierno de R. Caldera (II), a Bs. 255.260 en 2012, según registros de
MinFinanzas. Traducido a dólares según el tipo de cambio oficial vigente para
cada año, aumentó de unos $4,9 millardos en 1998 a 59,4 millardos en 2012; un
endeudamiento neto equivalente a $54,5 millardos. Adicionalmente, el Gobierno
Central pechó a las actividades no petroleras y al consumo, principalmente del
sector privado, por unos $295 millardos durante estos 14 años (BCV).
En total el Estado dispuso de una masa gigantesca de recursos montante
en más de $1,1 billones, sin contar
las utilidades que hubiesen podido generar las empresas públicas. En términos
per cápita, los ingresos públicos se habrían más que triplicado bajo la larga
presidencia de Chávez. El avance del proyecto “socialista” se reflejó en un
incremento significativo del peso del Estado en la actividad económica.
Numerosas expropiaciones, el incremento de la burocracia al calor de la fiebre
de regulaciones y controles instrumentados, y las cuantiosas dádivas
repartidas, hicieron que el gasto fiscal, equivalente a un 21,5% del PIB en
1998, pasara a ser de un 40% en los últimos dos años, incluyendo el gasto
parafiscal de PdVSA. Por su parte, el empleo en el sector público casi se
duplicó durante este lapso, pasando de 1,39 millones a 2,62 millones.
Asociado al gasto público dispendioso, que monetizaba un ingreso de origen externo que no resultaba de
esfuerzo productivo alguno –la renta internacional del petróleo-, la liquidez
monetaria se multiplicó 67 veces, con un innegable impacto inflacionario,
resistente a la baja. Por su parte, la merma de las reservas internacionales,
al traspasar las llamadas “reservas excedentes” al Fonden, y al obviar la
entrega del total de ingresos petroleros (en dólares) al BCV, se tradujo en una
reducción drástica del respaldo internacional del bolívar, alimentando aun más
las expectativas inflacionarias y de devaluación. De acuerdo a la relación
entre liquidez y reservas, el tipo de cambio debería haber sido de Bs. 15/USA $
a finales de 2012, muy por encima de la tasa oficial.
Los estragos del
“socialismo del siglo XX1”
Las cifras de consumo privado e inversión bruta por habitante en dólares
(corregidos por la paridad de poder adquisitivo –PPA- del bolívar) registran incrementos
de un 67,5% y un 14,1%, respectivamente, durante los 14 años de Chávez. Si bien
es loable que el consumo privado promedio se haya incrementado
significativamente, la inversión bruta apenas lo hizo, aun siendo 2012 año de
gran impulso a la Misión Vivienda.
Alarma, además, que ambas cifras no guardasen proporción con el incremento de
los recursos externos percibidos por el Estado, los mayores –por mucho- de toda
su historia. ¿Por qué?
Desde luego, el salto en las cifras de ingresos públicos se diluye si se
toma en cuenta la economía como un todo. Pero ello no explica el orden de
magnitud de la desproporción antes aludida. ¿Qué pasó?
$165 millardos salieron del país por las cuentas Financiera de la balanza de pagos durante el lapso reseñado, $46
millardos correspondientes al sector público. Adicionalmente, por la cuenta de Errores y Omisiones se fugaron otros 34
millardos. En conjunto, esta salida superó en más de 10 veces la de los 40 años
de democracia (1959-1998); 89% ocurrió luego
de implantado el control de cambio. Ello indica que CADIVI no tenía como
finalidad contener la salida de divisas -ni proteger las reservas
internacionales, que permanecen en un nivel precario-, sino racionarlas para
uso preferencial de quienes hoy ocupan el poder.
Adicionalmente, PdVSA registró a fines de 2012 unos $40 millardos en
cuentas por cobrar, es decir, exportaciones facturadas pero sin proventos en
dinero, dado el generoso financiamiento otorgado a los países importadores de
nuestro petróleo (los asociados a PetroCaribe, que incluye a Cuba, y otros).
Cabe señalar que la deuda que registraba la empresa era, precisamente, de $40
millardos para esa fecha, es decir, PdVSA se tuvo que endeudar para mantener
estas dádivas a los “amigos”, con el agravante de que la tasa de interés de esta
deuda es alta, mientras que a los “panas” se les cobra sólo un 1%.
Más allá, el país tuvo que pagar el servicio de la deuda externa que,
junto al pago neto de dividendos sobre inversiones foráneas, sumó $40,1 durante
el período. Es decir, de los $810 millardos que fueron los ingresos de origen
externo que captó el Estado durante los 14 años de la era Chávez, unos $280
millardos volvieron a salir o simplemente no entraron. Ello refleja la magnitud
de lo que dejó de consumirse o invertirse en el país.
Luego habrá que considerar la descomunal importación de bienes y
servicios, que aumentaron para 2012 casi 4 veces con relación al último año de
gobierno de Caldera II. Ello ha sido resultado de la destrucción de la
capacidad productiva doméstica, por lo que una tercera parte de la demanda
interna proviene ahora de las importaciones. Hace 14 años, esta proporción era de
apenas un 17,3%. Si bien estos son bienes y servicios para el consumo y la
inversión internos, una proporción no desestimable de lo importado está
representado por compras de material bélico, unos $12 millardos solo a Rusia[3].
En lo interno, el desaguadero de recursos públicos incluye el enorme
subsidio otorgado al consumo doméstico de combustible, cuyo costo de
oportunidad (valor alterno de exportación) fue de al menos $15 millardos en
2012. Encima, el deterioro de la capacidad de refinación doméstica ha obligado
a importar gasolina y otros productos para suplir el mercado nacional[4]. Éstos
se compran a precios internacionales, altos, para venderlos al precio doméstico
subsidiado. A esto debe añadirse los $174 millardos en gastos sociales y
asignaciones al Fonden por parte de PdVSA. Si bien ambos gastos favorecieron el
consumo, es obvio que, en el caso de la gasolina, ha contribuido con un enorme
despilfarro, amén de fomentar un lucrativo contrabando de extracción a países
vecinos.
En lo que respecta al reparto a través de las misiones, habría
mejorado el consumo de los favorecidos, como revelan las cifras arriba
mencionadas, pero sin “enseñarles a pescar”, dejándolos al albedrío del Estado
para su sustento. Como si lo anterior no fuera preocupante, las empresas
básicas de Guayana están prácticamente quebradas y requieren transferencias
crecientes desde el Gobierno Central para mantenerse en operación. Por último,
se han acumulado cuantiosas deudas no registradas por concepto de amortización
de empresas expropiadas, tanto a nacionales como extranjeros, muchas de las
cuales están en litigio internacional. De fallarse en contra del Estado en
estos litigios, su posición financiera estará aun más comprometida.
Si a muchas de las transacciones macro examinadas se les mete la lupa,
se destapa una olla de guisos de todo tipo cocinados al amparo de la impunidad
y la complicidad. Cualquier venezolano podría hacer una larga lista de los
negociados realizados con los dineros públicos, porque adquirieron notoriedad
durante estos años. Para fines ilustrativos solo recordaré lo del Plan Bolívar
2000; el Central Azucarero Ezequiel Zamora; la putrefacción de decenas de miles
de toneladas de alimentos que se importaron, no para distribuirlas, sino para
cobrar las comisiones; los sobre-precios cobrados por Ruperti en el flete de
crudo y productos; los contrabandos de extracción de la mafia de la cabilla;
los millones regalados en acciones de compra venta de títulos de Bandes en
EE.UU.; el “paleo” del fondo de jubilación de los empleados de PdVSA; los $20
millardos en importaciones para 2012 declaradas fraudulentas por la nueva
presidente del BCV; extorsiones a empresas privadas facilitadas por la cantidad
de permisos y autorizaciones obligadas por un Estado regulador e intervencionista;
y pare usted de contar. A ello habría que añadir la “solidaria” subvención del
régimen tiránico de los Castro que, según algunos cálculos, estaría entre $5
millardos y $10 millardos al año, cifra ésta incluida en la salida de capitales
registrada arriba.
Por otro lado, no puede quedar fuera del análisis la probabilidad de que
la producción petrolera real y, por tanto, los ingresos por exportación de
crudo, hayan sido sustancialmente inferiores desde 2003 a lo reportado por
PdVSA. La despedida de casi la mitad de la nómina de PdVSA, incluyendo a los
empleados más experimentados, luego del paro cívico, y la desviación de fondos
para el gasto parafiscal (misiones y Fonden) en detrimento de la inversión y
los gastos de mantenimiento, sin duda dejó su huella. El OPEC Monthly Report registra una producción para Venezuela durante
el período 2003-2012 inferior en 22,1% al que proclama el gobierno.
En realidad, con los compromisos de gasto parafiscal asumidos, el
creciente endeudamiento -tanto para sostener la caja de la empresa como para
alimentar el mercado paralelo de divisas-, el servicio de la deuda con China -sin
compensación para PdVSA-, y la caída en la producción, el futuro de la
industria petrolera nacional se encuentra cada vez más comprometido. Ahora PdVSA
acude a nuevos endeudamientos con China, Chevron, Rosneft (rusa) y
Schlumberger, entre otros, para que las empresas mixtas acordadas con éstos
puedan mantener sus actividades.
Si se otea lo que está ocurriendo en el
mercado petrolero internacional, el horizonte presenta aun mayor nubosidad. El
desarrollo tecnológico para la extracción de petróleo de esquistos augura la
autosuficiencia petrolera de Estados Unidos antes de que finalice la década, y
una eventual competencia como exportador en un futuro más lejano. China,
Argentina y otros países ricos en este tipo de yacimientos, están prestos a
seguir el ejemplo estadounidense. Por otro lado, los altos precios actuales del
crudo justifican enormes inversiones en la búsqueda de alternativas tecnológicas,
como las celdas de hidrógeno, que sustituirían la gasolina en los automóviles y
demás vehículos. De manera que un escenario previsible, aunque no necesariamente
sea una fatalidad, es el de debilitamiento de la demanda internacional por
crudos y, por tanto, de sus precios.
El llegadero
Como plantea el dicho, “de tanto que va el cántaro al agua, se rompe”: se revelaron insuficientes aun los
descomunales proventos petroleros de los últimos años para los esquemas de
reparto, los regalos a países “amigos”, el despilfarro por incompetencia y los
voraces apetitos por el dinero mal habido. Se les acabó la fiesta a los
“revolucionarios”, lamentablemente a expensas de la inmensa mayoría de los
venezolanos. Para asegurar la victoria electoral del 2012, se botó la casa por
la ventana: ante la extendida
malversación del erario público, así como de todo tipo de recursos del Estado,
en actividades proselitistas del oficialismo, sin control alguno, el déficit
del sector público habría cerrado en un 15% del PIB. Por su parte, la escasez
de divisas resultante provocó un abismo entre el dólar oficial y la cotización
del mercado negro, unas 5 veces superior.
Se llegó al llegadero del gasto
dispendioso. Frente al desabastecimiento de bienes y servicios, la inflación,
la pérdida de reservas internacionales y el deterioro de salarios y del poder
adquisitivo de la población, no hay capacidad de respuesta. Mientras, las
universidades se paralizan en protesta por la desidia gubernamental ante el
reclamo salarial de los profesores y empleados, y la insuficiente dotación de
presupuesto; no hay cómo honrar muchos contratos colectivos con empleados y
trabajadores públicos, ni bases para entablar negociaciones satisfactorias de
los contratos vencidos; centenares de miles de maestros se preparan para un
conflicto previsible, dados los bajísimos sueldos que reciben; igual, los
trabajadores de la salud; los apagones siguen azotando al país, a pesar de los
planes anunciados; los dólares de CADIVI no alcanzan; y la dotación de diversas
misiones empieza a mermar.
La inhabilitación de los mecanismos de la competencia para proveer una
abundancia de bienes y servicios a precios estables, y su sustitución por
controles de precio y métodos policíacos de vigilancia y castigo a infractores,
ha exacerbado la inflación, la más alta de América Latina y, posiblemente, del
mundo. Peor aun, con las recientes devaluaciones y, en ausencia de dispositivos
de corrección, propios del libre juego entre oferta y demanda, cada productor o
comerciante se ha lanzado por la libre a aumentar los precios de los bienes y
servicios que ofrece, so pena de perder la carrera ante los incrementos de los
demás. El pass-through de la
devaluación a los precios internos de ninguna manera explica las alzas
recientes, muy superiores, ante las cuales las medidas policíacas del Indepabis
y el Sundecop sólo agarran al más pendejo:
en absoluto contienen la inflación.
Como el gobierno se ha visto contra la pared, ha buscado un
entendimiento mínimo con el sector privado a fin de aliviar en algo la
políticamente costosa inflación con escasez que abruma a los venezolanos.
Asimismo, se evidencian tímidos acercamientos al “imperio”. Hasta aquí, una
pizca de racionalidad prometedora para el país. Pero los resortes ideológicos
de un régimen obligado a inventar enemigos para tapar sus irresponsabilidades e
incompetencias -en la más pura tradición fascista-, y los intereses creados en
torno al régimen de expoliación
implantado, son demasiado traicioneros.
Eso explica que, a la par de los
atisbos de cordura mencionados, se sigue inventando “conspiraciones”,
“magnicidios” y, dando pena ajena, se llega hasta recoger la senil denuncia de
José Vicente Rangel sobre los 18 aviones de combate comprados por la oposición
para agredir, desde Colombia, a la “revolución” (¡!). Más aun, se emprende una
ofensiva contra Colombia, acusando a factores de ese país de todo tipo de
desmanes contra Maduro –en connivencia con el imperio y la “extrema derecha” (¿?)
venezolana-, cuando es precisamente desde Colombia que pueden resolverse, en el
corto plazo, buena parte del abastecimiento de productos alimenticios que tanto
preocupan al gobierno. Luego, el presidente-mientras-tanto no se le ocurre cosa
mejor que seguir denunciando una “guerra económica” de la “derecha” para
sacudirse de encima la responsabilidad de los gobiernos chavistas en el
desastre engendrado.
Definitivamente, el sectarismo embrutece. ¿O será simple cinismo
desvergonzado de los enchufados?
Humberto García Larralde
Economista, profesor de la UCV
[1]“Este es un socialismo
petrolero. No se puede concebir el modelo económico que queremos construir en
Venezuela si no incluimos la gota petrolera. (…) Con el petróleo haremos la
revolución socialista”, declaraciones
recogidas por el diario, El Nacional,
Pág. 4 Nación, 30 07 07.
[2] Ver el anexo que acompaña el presente artículo.
[3] El Nacional, 14/05/2013, pág. Mundo/11
[4] Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, Venezuela estaba
importando 129.000 barriles de combustibles desde ese país para finales del
primer cuatrimestre de 2013.
ANEXO
El socialismo
petrolero
La clave más
importante de la propuesta de “Socialismo
del Siglo XXI” la proporcionó el propio
presidente Chávez en su programa “Aló Presidente” del 29 de julio de 2007:
“Este es un socialismo petrolero. No se puede concebir el modelo
económico que queremos construir en Venezuela si no incluimos la gota
petrolera. (…) Con el petróleo haremos la revolución socialista”[1].
El escenario macroeconómico que acomoda las políticas
económicas y sociales que el Gobierno Bolivariano prosigue en el marco de este
“socialismo petrolero” se fundamenta
en:
1)
Esfuerzos por maximizar la renta
petrolera a través de la restricción de la producción, en concierto con el
resto de la OPEP. Ello estaría encubriendo, además, la incapacidad de recuperar
los niveles de extracción petrolera previos a la expulsión de casi 20.000
trabajadores de PdVSA en 2003;
2)
Estimación de ingresos fiscales con
base en precios del petróleo muy inferiores a los previsibles para disponer de excedentes
para su gasto discrecional. Tomando como
ciertas las cifras de producción petrolera del Ministerio de Energía y Petróleo,
se habrían sustraído de la obligada rendición de cuentas a que conmina la
Constitución, unos USA $267 millardos por esta vía entre 2003 y 2011;
3)
Decreto-ley de Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios
Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos, que pecha los “windfall profits” provenientes del alza
en los precios del crudo. Esta figura aísla estos ingresos adicionales de todo
compromiso con los gobiernos regionales por vía del Situado Constitucional,
centralizándolos en manos del Ejecutivo;
4)
Mejora en la recaudación fiscal del
sector no petrolero debido, en parte, al rezago en el ajuste de la unidad
tributaria con respecto a la inflación, con lo cual personas de ingreso real
constante van siendo pechadas con tarifas cada mayores al aumentarse su ingreso
en unidades tributarias (Santeliz, 2012);
5) Creación de numerosas contribuciones especiales y exacciones al sector
privado para alimentar programas específicos del Ejecutivo;
6)
Creación de fondos diversos para
acumular recursos que estarán a libre disposición del Ejecutivo, ya que escapan
del control presupuestario. Entre otros pueden mencionarse el Fonden, Fondespa, Fondo Miranda, el Fondo Bicentenario, el Fondo Simón Bolívar y el Fondo Social para la Captación y Disposición
de los Recursos Excedentarios de los Entes de la Administración Pública
Nacional;
7) Contabilización fraudulenta de ganancias cambiarias en el Banco Central
que son transferidas al fisco como dividendos;
8)
Conversión de PdVSA y otros entes en
ejecutores directos de gasto social, sin supervisión de la Asamblea Nacional ni
mecanismos claros de rendición de cuentas;
9)
Fuerte endeudamiento público. En
términos per cápita, la deuda pública total aumentó desde un equivalente de
$1.412 en 1998, a $ 4.533 a finales de 2011, según registros del BCV;
10) Afianzamiento
de la producción petrolera futura como garantía del fuerte endeudamiento con
China, por un orden de USA $30 millardos.
11) Control
de cambio instrumentado desde comienzos de 2003, que represa la liquidez en el
interior de la economía y hace bajar las tasas de interés en los mercados
financieros domésticos. Ello reduce el servicio de la altísima deuda interna
contraída por el fisco, amén de reservar para usufructo discrecional del Estado
porciones crecientes de los dólares aportados por las exportaciones de crudo;
12) Rezago
cambiario, que refuerza la sobrevaluación del bolívar obrada por la renta
petrolera|, como instrumento anti inflacionario. Pero ello requiere de un
estricto racionamiento del bolívar, razón por la cual la tasa oficial deja de
ser referencia para los precios de muchos bienes importados;
13) El
control de cambio permite administrar la devaluación del bolívar con fines
fiscalistas, no obstante contrariar la intención del rezago cambiario arriba
mencionado; y
14) Reforma de la Ley Orgánica de
Administración Financiera del Sector Público para permitir la contratación
de deuda a discreción del Ejecutivo, sin necesidad de “contar
con la autorización de la Asamblea Nacional ni con la opinión del Banco Central
de Venezuela" (art. 81).
Adicionalmente, reformas sucesivas de la Ley del Banco Central de
Venezuela han permitido:
15) El
usufructo discrecional de reservas internacionales “excedentarias” estimadas en
cada período, que se canalizan al Fondo
de Desarrollo Nacional (Fonden), sin la debida rendición de cuentas;
16) Financiamiento
del BCV a empresas públicas, entre éstas PdVSA, que se
ha endeudado por esta vía para financiar los programas sociales –gasto parafiscal-
y solventar sus compromisos tributarios; y
17) Acumulación
de divisas petroleras en el Fonden, al cesar la obligación de su venta íntegra
al BCV.
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