Estabilidad política. Es otro de los indicadores de gobernabilidad, definidos y evaluados entre los años 1996 y 2004 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial (BM) en 209 países (**).
Este indicador hace referencia a la capacidad que tiene el Estado, y la sociedad en general, de medir o prever la posibilidad de que se materialicen amenazas contra el gobierno con el fin de desestabilizarlo por medios inconstitucionales o violentos, incluyendo el terrorismo.
Dentro de este concepto también incluyo el despropósito del gobierno de perpetuarse “democráticamente” en el poder, apelando a la demagogia populista, la manipulación de los poderes públicos, sumado a la amenaza de utilizar la represión policial-militar en contra de quienes se opongan a la “Paz Democrática” impuesta por el régimen, tal como sucede hoy día en Venezuela.
En el contexto de América Latina y El Caribe, el PNUD y el BM determinaron que los niveles de Estabilidad Política fueron los siguientes: Costa Rica (83); Chile (77); Uruguay (62); Colombia (58); Panamá (55); Cuba (53); República Dominicana (48); México (44); Brasil (44); Nicaragua (42); El Salvador (40); Argentina (38); Bolivia (29); Perú (27); Honduras (27); Paraguay (26); Ecuador (23); Guatemala (22); Venezuela (14); y Haití (9). El promedio para la región fue de 58.
Para el año 2007 el valor de este indicador en nuestro país era de trece (13), demostrativo de la tendencia negativa con respecto al promedio observado para la región, cuyo valor era de 58 en el año 2004.
Las razones de este bajo nivel de estabilidad política en Venezuela tienen que ver con la concentración de poder en la figura del presidente, limitando la independencia de los otros poderes del Estado; irrespeto a la autoridad de Gobernadores y Alcaldes legítimamente elegidos por el pueblo; a los derechos laborales, políticos, sociales y económicos de los trabajadores y de los productores del campo, de los estudiantes, profesores y amas de casa, entre otros factores.
La baja estabilidad política existente en la Venezuela del 2011 es claro reflejo de una gestión de gobierno cuya legitimidad de desempeño está cada vez más cuestionada por ser contraria a los principios que definen y caracterizan a una democracia próspera y de bienestar generalizado. En consecuencia, cuanto más inestable es un gobierno, menos creíble resulta su gestión particularmente en la aplicación de políticas socio-económicas efectivas y duraderas, que responda a las necesidades humanas y productivas del país.
Efectividad gubernamental. Este indicador está asociado con los niveles de competencia e idoneidad del gobierno para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad y de forma permanente. Según la evaluación realizada por el PNUD-BM, para la región de América Latina y El Caribe, los resultados obtenidos fueron los siguientes: Chile (87); Uruguay (69); Costa Rica (68); Brasil (58); Panamá (57); México (57); Colombia (51); El Salvador (48); Argentina (42); Guatemala (39); República Dominicana (37); Cuba (36); Perú (32); Bolivia (30); Honduras (28); Nicaragua (27); Ecuador (20); Venezuela (16); Paraguay (12); y Haití (6). El promedio para la región fue de 57.
Estos resultados confirman lo que todos los venezolanos hemos podido ver y sentir en los últimos cinco años, es decir una creciente ineficacia del gobierno en la prestación y mantenimiento de los servicios básicos requeridos por las comunidades como son: viviendas, hospitales y ambulatorios; agua potable, luz, telefonía, vialidad urbana e interurbana; saneamiento ambiental, recolección, disposición y tratamiento de desechos sólidos y aguas servidas; transporte urbano y extraurbano; seguridad ciudadana, laboral, jurídica, agroalimentaria, sanitaria y ambiental, entre otros servicios y garantías ciudadanas, severamente degradadas por la impunidad, improvisación, ineptitud, ineficiencia y abuso del gobierno.
Una prueba irrefutable de la ineficiencia-ineficacia del gobierno se puede ver en el reportaje publicado en el Diario Tal Cual, edición del martes 10 de mayo de 2011, en el que Damián Prat, periodista de Ciudad Bolívar, explica los detalles del negocio-corrupción con la importación de aluminio para Alcasa-Venalum desde Canadá, bajo la autorización del Presidente Chávez.
Edgar Jaimes
Profesor Titular Jubilado del NURR-ULA, Trujillo. jaimes.5060@gmail.com
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