viernes, 19 de junio de 2020

COMPRENDIENDO LA MENTE CRIMINAL



COMPRENDIENDO LA MENTE CRIMINAL
ALGUNAS IMPLICACIONES PARA UNA ESTRATEGIA DEMOCRÁTICA
Humberto García Larralde


Elementos definitorios
No propongo aquí examinar la mente de quienes ocupan el poder en Venezuela desde categorías conceptuales desarrolladas por expertos en el área. No soy psicólogo ni criminólogo. Se trata, simplemente, de constatar la terrible perversión de quienes –a conciencia— han consentido y promovido:

1)      La devastación de la economía y, con ello, de los medios de sustento del venezolano;
2)      La destrucción de la industria petrolera, proveedora de divisas, gasolina y lubricantes para el mercado interno;
3)      La demolición de los servicios básicos para la vida en sociedad: agua, luz, seguridad e información;
4)      La ruina de los sistemas públicos de salud y educación, y el acorralamiento de los privados;  
5)      La supeditación de los derechos humanos—incluyendo el derecho a la vida y a la libertad-- a consideraciones políticas;
6)      La supresión de toda posibilidad de cambio político por vías pacíficas y democráticas;
7)      El reemplazo de normas de convivencia y de respeto entre seres humanos, por la arbitrariedad y el, “me da la gana”, desde el poder;

La lista puede continuar, sobre todo si se entra en el detalle. Cuadrarse con tales hechos y/o intentar convalidarlos con argumentos espurios, retrata la perversión de quienes, hoy, controlan al Estado. La mente criminal de Maduro y su combo se expresa en la creación de un estadio de miseria, sufrimiento y desesperación, como no se conoce en Venezuela desde la Guerra Federal.

En absoluto puede excusarse alegando ignorancia o por estar “mal asesorados”. No sólo conocen del impacto y de las consecuencias de sus acciones; las han proseguido intencionalmente. Ello nos permite una primera aproximación a la comprensión de la mente criminal de Maduro y cía.; su depravación moral y ética. De ahí se explica su crueldad e indiferencia ante los padecimientos de la gente. De ahí su maquillaje de cifras sobre el impacto del Covid-19 en Venezuela, sus razones absurdas por las que no hay gasolina, para justificar el colapso del servicio eléctrico, negar la hiperinflación, el desmoronamiento de la producción agroalimentaria y las muertes en manos de las FAES (y de otros esbirros), como de tantas fabulaciones adicionales. La maldad llega al extremo de acabar, por “quítame esta paja”, con una de las pocas fuentes de entretenimiento que les quedaban a los venezolanos confinados, sin agua y pasando hambre: las transmisiones de Directv, ¡y de meter preso a sus directivos!

Desde su bunker, Hitler culpaba al pueblo alemán por su derrota, una vez entradas las tropas soviéticas a Berlín, al no haber estado a la altura de sus designios. Maduro expresa igual desdén por los venezolanos, regañando a quienes regresan en busca de refugio contra el Covid-19. Parece exclamar, “¡Jódanse, por huir de la ‘revolución’ bolivariana!” “¡Pidan perdón y les entrego cajas Clap!.”

Lo anterior nos permite abordar un segundo elemento de la mente criminal. Su enfermiza obsesión por elucubraciones y construcciones ideológicas que sirven para “auto-absolverse” ante sus víctimas. Los chavo-maduristas viven en un mundo ficticio, refractario a toda contrastación con la realidad, que acomoda sus crímenes dentro de una narrativa justiciera, de redención de los pobres. Esa es la función del menjurje fascista y comunista de su ideario: conferirles algún sentido a sus acciones, para que la conciencia no les estorbe cuando estén “salvando a la humanidad”. Así como la Inquisición perseguía, torturaba y le hacía la vida miserable a quienes denunciaba como infieles o dudaba de sus convicciones religiosas, los actuales dueños del país no escatiman esfuerzos para forzar “las razones de la Historia” (con mayúscula) para imponerles a los venezolanos la depredación de sus riquezas. Pero, a diferencia de los vejámenes de la Inquisición, motivados por la fe, en la Venezuela cautiva de las mafias, es difícil suponer que se crean los disparates que se inventan para justificar sus desmanes. El cinismo se les sale por los poros. El oscurantismo retrógrado que exhiben los auto-postulados “revolucionarios” de hoy debería llamarse, por tanto, “Cinquisición”. Es, de nuevo, expresión de mentes perversas, torcidas, sin apego alguno por la verdad, ni empatía para con los que no son de su círculo estrecho de complicidad.

La incógnita a precisar es hasta dónde esta mentalidad criminal, con sus terribles vicios, es compartida por quienes sustentan, de una manera u otra, la abominación chavo-madurista. Más allá de los militares y civiles corrompidos, como de los esbirros cebados en atormentar o asesinar a sus compatriotas, es preocupante que, entre los que rodean a Maduro, no hayan aparecido quienes pongan fin a su fatal conducta, por los medios que fuera. ¿No existe consideración humanitaria alguna, aunque sea una pizca de ética, para acabar con tanto sufrimiento? ¿Cuál es el punto de quiebre de las complicidades con los que mandan, a qué responden? ¿O es que todos los que sostienen a Maduro son parte de las mafias dedicadas a saquear al país? Éstas han sido inquietudes permanentes de los venezolanos demócratas. Difícil aceptar que, absolutamente todos, sean tan anuentes con la criminalidad de Maduro, Cabello, Padrino y demás. Es como para terminar perdiendo fe en su condición humana de los chavistas.      

Algunas implicaciones  
Una primera conclusión de lo señalado es que el andamiaje conceptual y de valores de Maduro y de sus mafias nada tiene que ver con el de quienes luchan, sinceramente, por la democracia liberal. Parece reflejar, más bien, una versión invertida de éste. Ello apunta a la inexistencia de un piso compartido de objetivos y premisas entre chavo-maduristas y demócratas, que pudiera servir de base a la negociación de una salida percibida como mutuamente conveniente para ambos. Ante esta ausencia, es estéril apelar a problemas de gobernanza, a la necesidad de mejorar el bienestar de la población o de defender los intereses de la nación, para comprometer a la mafia en acuerdos constructivos con las fuerzas mayoritarias del país.

¿Significa esto que debe descartarse la posibilidad de producir los cambios mayoritariamente anhelados por la vía de la negociación? No. Lo que implica es que ésta sólo puede tener éxito si se formula en términos tales que proyecte, entre los mafiosos, la convicción de ser la mejor opción posible –en realidad, la única—frente a aquella que resultaría, de otro modo, inevitable: su desalojo por la fuerza.

La objeción obvia de plantear las cosas de esta manera es que la oposición no tiene, en estos momentos, la capacidad o la fuerza (medios de violencia) requerida para que tal amenaza sea creíble. Ella está sujeta a la existencia de ese hipotético y ansiado contingente de militares honestos, comprometidos con el bienestar de los venezolanos que, vergonzosamente, no se materializa, o de la disposición de los gobiernos de naciones amigas por sacar a Maduro y a su mafia del poder, como sea.

La indisposición de gobiernos democráticos por sacar a Maduro por la fuerza no se debe a motivos de naturaleza militar: la corrupción y descomposición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no augura capacidad de resistencia ante una acción concertada de fuerzas bien dotadas y apoyadas logísticamente. Obedece a imperativos políticos. Existen dos vertientes a considerar:

1)      El argumento (incuestionable) de que no es deseable una solución militar, dados sus posibles costos en vidas y destrucción. Esto es particularmente válido si se percibe que no se han agotado los medios para encontrar una salida negociada. Por supuesto, la permanencia de Maduro en el poder genera costos terribles, día a día. Esta postura tiene, a su vez, dos motivaciones:

-          La ignorancia o desconocimiento de la naturaleza del régimen al que nos enfrentamos, totalmente refractario a acordar, por las buenas, el reconocimiento del orden constitucional y, en consecuencia, su salida del poder (rige el paradigma de Chile con Pinochet);

-          Porque ofrece a estos gobiernos la posibilidad de mostrar una posición en defensa de un régimen de libertades y de censura a la dictadura de Maduro, aparentemente firme, pero sin tener que comprometer recursos, más allá de sacrificar posibles negocios con ésta al imponerle sanciones. Es una posición cómoda, políticamente correcta, porque abjura de soluciones de fuerza. Es, notoriamente, la actitud de la Unión Europea. La situación venezolana no representa, para la gran mayoría de sus miembros, amenaza alguna, salvo algunos inconvenientes que podrían derivarse del número de refugiados venezolanos en España o Portugal. ¿Porqué involucrarse en una misión costosa en un país que ni les va ni les viene? “Que los venezolanos arreglen ellos mismos sus problemas y nosotros, desde acá, los apoyamos”. Esta posición de no “mojarse” –como dicen los españoles—es lógica y, hasta cierto punto, no los menoscaba éticamente. Lastimosamente a tal posición se le vieron las costuras cuando tocaba intervenir en las Balcanes (antigua Yugoslavia) en los ’90, para evitar los genocidios que ahí se cometieron.

En el caso de los países miembros del Grupo de Lima, lo que ocurre en Venezuela sí representa una amenaza palpable. Sin embargo, opciones de fuerza representan un desproporcionado costo para cualquiera de ellos, de proceder por su cuenta contra Maduro. Además, podría crearles problemas internos con movimientos populistas que simpatizan con el chavismo.

El “wild card” en esto es Donald Trump. Por razones electorales, puede verse tentado a derrocar a Maduro, a solas o liderando otras fuerzas, con o sin apoyo internacional, o simplemente ignorarlo.

2)      El no desestimable problema de cómo estabilizar el país, una vez desplazadas las mafias del poder, y asegurar una transición, lo menos conflictiva posible, hacia su exitosa recuperación. El empoderamiento de bandas paramilitares, incluyendo a la guerrilla colombiana, y la anomia representada por su actuación a la libre, representan un serio desafío, posterior al desalojo de las mafias del poder político. Sin garantizar la seguridad interna, no habrá manera de darle paz a los venezolanos, ni existirá la confianza requerida para atraer las inversiones tan necesitadas. Asumir la responsabilidad del orden público post Maduro, no es nada atractivo para gobiernos amigos. Aunque, contra esto, habría que sopesar el alivio de eliminar un factor tan tóxico y perturbador en la región como el chavo-madurismo. Lo ideal sería una respuesta militar autóctona, que ofreciera un referente de autoridad para cimentar el orden interno. Pero, como ya se ha mencionado, la vergonzosa degeneración de los mandos militares venezolanos parece contrariar tal posibilidad.

Implicaciones para las fuerzas democráticas
De lo expuesto se desprende que la estrategia de las fuerzas democráticas debe dirigirse a hacer creíble y viable la posibilidad de sacar a Maduro del poder con una acción de fuerza –por cualquiera de las dos vías antes comentadas—, de manera de que se vea obligado a negociar su imperiosa salida. Esto es una tarea compleja. Implica convencer a las fuerzas capaces de ejecutar esta acción –la constelación de países amigos y/o los estamentos sanos de la FAN-- que tal eventualidad es plausible. Para ello, es menester que las fuerzas democráticas procuren agotar, visiblemente, la búsqueda de acuerdos para que la dictadura acate el ordenamiento constitucional. Para muchos, tal posibilidad es ilusoria, dada la naturaleza fascista de Maduro y los suyos. Este escepticismo –o realismo, dirían los que sostienen esta posición--, puede tener mucho fundamento, pero hay que demostrar que ello es así, fehacientemente. No deben quedar dudas respecto a la negativa de las mafias a una salida pacífica, constitucional.

Si bien en el pasado reciente ha habido reiteradas evidencias de ello, nos enfrentamos, hoy, a dos oportunidades para ponerla decisivamente a prueba: las elecciones parlamentarias, y el enfrentamiento eficaz a la epidemia del COVID-19 y a la aguda crisis humanitaria que padece la población.

Las elecciones parlamentarias
Independientemente del objetivo principal por lograr la realización de elecciones presidenciales legítimas, que pongan fin a la usurpación, las elecciones parlamentarias constituyen un compromiso insoslayable. Son un mandato constitucional. Mal pueden las fuerzas democráticas argumentar que la farsa electoral de mayo, 2018 --con la que Maduro alega haberse reelegido-- es inválida porque viola el ordenamiento constitucional, si no afirman, contundentemente, su disposición a concurrir a la elección de representantes parlamentarios para el período 2021-2026. Desde luego, debe realizarse en condiciones que permitan la efectiva manifestación de la voluntad popular. Ello es el centro del asunto. Para que sea así, es menester cumplir escrupulosamente con lo previsto en la constitución y las leyes respectivas. En tal sentido, la “prueba del ácido” que revelaría la verdadera disposición de la dictadura a regirse por la constitución y las leyes, es que reconociera:

1)      Que el CNE debe conformarse conforme al artículo 296 de la Constitución, que establece que sus integrantes son nombrados por votación de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional;
2)      Que no exista inhabilitación ilegal e ilegítima de candidatos;
3)      Que se haga una auditoría completa y transparente del registro electoral;
4)      Que se abra el período de inscripción de nuevos votantes, según los lapsos establecidos;
5)      Que se inviten observadores internacionales que velen por el cumplimiento de las pautas electorales;
6)      Que el gobierno abandone su conducta ventajista y que no haya intimidación de los votantes.

Pero el chavo-madurismo anuncia desde ya su disposición a trampear estos comicios para asegurar su triunfo. Ni por las buenas ni por las malas” –Maduro dixit--, dejarán que gobierne Guaidó (o cualquier opositor auténtico). Alegando “omisión legislativa”, su tsj abyecto pasó por encima de la Constitución y designó un CNE controlado por exmagistrados chavistas. Suspendió las direcciones nacionales de AD y de PJ, y les nombró una “directiva ad hoc” a su medida. Les confiscó, asimismo, sus respectivas tarjetas electorales. Ahora ese tribunal írrito busca la manera de ilegalizar a Voluntad Popular, el partido de Guaidó, Leopoldo López y de otros dirigentes democráticos importantes. El chavo-madurismo busca, como sea, quitarle el sustento institucional de las fuerzas democráticas, trampeando las elecciones parlamentarias para que su representación ahí resulte claramente minoritaria. Sin control parlamentario, aspiran a hacer desaparecer el apoyo internacional a Guaidó. Esta disposición a torcer la voluntad popular se remacha abiertamente, al despachar groseramente las observaciones críticas de la Unión Europea sobre tal proceder, insistiendo en que estas elecciones, así amañadas, van. Una vez más, como cuando su fraudulenta “reelección, Maduro desafía a los mecanismos constitucionales existentes para que se exprese políticamente el pueblo. Ni siquiera se preocupa por aparentar su apego a ellas. ¡El país le pertenece y hace lo que le da la gana!

Como debe ser, esto se está denunciando contundentemente, con la constitución en la mano, ante la comunidad nacional e internacional. Debe ser eje de la estrategia electoral. Paralelamente, hay que retomar la designación del comité de postulaciones de la sociedad civil, y hacer las consultas respectivas a las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales para designar un CNE legítimo. Es menester que los órganos competentes a nivel internacional hagan suyos este proceder y que, de ninguna manera, se presten a la farsa preparada.

Ahora bien, de abrirse el chavo-madurismo a la posibilidad de avanzar en el entendimiento de aspectos cruciales para hacer confiables estas elecciones, habrá que buscar la manera –también, con apoyo internacional--, de ensanchar esta rendija, de manera de asegurar condiciones electorales, sino totalmente sanas, al menos aceptables. Es decir, la defensa de las condiciones electorales debe convertirse en factor de movilización y “moralización” de las fuerzas opositoras, y de concertación del apoyo internacional. Es necesario pasar a la ofensiva al respecto, y no quedarse meramente en lo reactivo frente a la agenda provocadora que quiere imponer el fascismo.

La cooperación en la contención del Covid-19
El acuerdo firmado entre el Dr. Julio Castro, en representación de la Asamblea Nacional, y Carlos Alvarado, ministro (madurista) de Salud, constituye el primer reconocimiento del chavo-madurismo, a la legitimidad y fundamentación constitucional de la Asamblea Nacional, dominada actualmente por las fuerzas democráticas. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Cuál es su significado? ¿Es, ¡por fin!, una señal de apertura? Difícil saberlo, más cuando ocurre en un marco político signado por las arbitrariedades antes referidas y por la represión incesante de opositores. Lo cierto es que todo logro que se alcance con este acuerdo –que habría que publicitar-- representa una oportunidad para machacar la necesidad de un Gobierno (transitorio) de Unidad Nacional. Esta no debe ser desaprovechada. Fue pregonado por Juan Guaidó hace poco y avalado por EE.UU. Tal gobierno enfrentaría, con apoyo internacional, la crisis humanitaria del país y generaría espacios para buscar la convivencia y el entendimiento requerido para abordar los problemas más sentidos por la sociedad (servicios públicos, medicamentos, gasolina, etc.).

Es una oportunidad para resaltar, palpablemente, las ventajas de un gobierno que tome seriamente en cuenta necesidades puntuales de la población y contrastarlo con el actual, que responde exclusivamente a los intereses de las mafias. El acompañamiento de esta iniciativa (el enfrentamiento conjunto del Covid-19) con trabajo político entre las comunidades, deberá contribuir con una expectativa favorable al cambio político, en un corto plazo. Se estaría construyendo, desde la base, una alternativa que respondiese a los problemas más sentidos de la gente. Habría que hacerlo claramente visible. Sumaría razones para que la comunidad internacional entendiese mejor la necesidad de insistir en este Gobierno de Unidad Nacional, su único interlocutor confiable para los programas de ayuda y demás iniciativas dirigidas a aliviar las terribles penurias de los venezolanos. De pretender los fascistas boicotear estas posibilidades –está en su naturaleza—hay que denunciarlo fuertemente, a sabiendas que tendría resonancia entre los países amigos. Este trabajo apuntalaría las opciones democráticas frente a los comicios en ciernes, y haría mucho más clara la imperiosa necesidad de unas elecciones presidenciales legítimas, que pusieran fin a la usurpación y a la continuada destrucción de la República.

Consideraciones finales
Maduro, Cabello, Padrino, Reverol, los hermanitos Rodríguez y demás integrantes de su círculo estrecho de poder, han acabado, a conciencia, con el futuro de las nuevas generaciones, con un retiro (jubilación) digna para los mayores, con los ingresos de casi todos, con la salud y las alegrías de una gran mayoría y con la vida de un número no despreciable de sus compatriotas. Pero esto les resbala: son “daños colaterales” de imponer un proyecto –maquillado con una discursiva “revolucionaria”— dirigido a expoliar el país. Mientras estén en el poder, esta labor destructiva arreciará. Asimismo, Venezuela seguirá siendo un factor de desestabilización regional, como refugio de terroristas, asiento del narcotráfico y fuente de una emigración masiva, cada vez más depauperada y sin protección ante el Covid-19.

Las mafias han cerrado reiteradamente las puertas a toda posibilidad de cambio democrático, constitucional. Quieren asegurar su continuidad al mando. Su conducta deliberada en contra de la inmensa mayoría de los venezolanos ha ganado su desprecio. Salvo una rectificación a última hora que muy pocos esperan, no hay nada que buscar con ellos. La carga de la prueba de que su actitud será otra --no con negociaciones que no van a ningún lado o elecciones amañadas--, está de su parte.

Aunque suena antipático tener que decirlo, fui uno de los primeros en señalar la naturaleza fascista de Chávez y de su proyecto “bolivariano”[1]. Al no haber asumido que éste era su carácter, la oposición democrática fue llevada una y otra vez, respondiendo a promesas variadas, a callejones sin salida, con terribles costos, que terminaron apuntalando la dictadura. Para el fascismo, invirtiendo a Clausewitz, la política no es más que una guerra conducida por otros medios. La experiencia histórica señala que prefiere provocar una conflagración final, definitoria de la victoria, que negociar su abandono del poder.

No estamos frente a una situación como la vivida en Chile, que permitió el triunfo del plebiscito contra Pinochet. Éste, dictador sanguinario y ladrón, no fue fascista, estrictamente hablando. Contaba con el apoyo de las clases adineradas y de sectores conservadores del país. Una vez enrumbada la economía chilena a un crecimiento sostenido—después de la desastrosa crisis de 1982—buscó “legitimarse” ante la comunidad internacional y ante su propia población con ese plebiscito. Fue la propia institución militar la que lo conminó a reconocer su derrota. Es decir, había un marco institucional –si bien distorsionado y en parte corrupto— sobre el cual pudo respetarse la voluntad de cambio.

En la Venezuela de hoy, la situación es muy diferente. No hay institución militar (¿acaso quedan instituciones?), dada su corrosión por el ácido de la corrupción y de otros crímenes. Impera la anomia, que impone la voluntad del más fuerte (de menores escrúpulos). Se traduce en un coto de caza a la libre (Venezuela) para las mafias, abierto a su saqueo sin restricciones. Para su tranquilidad mental, disponen de una fabulación ideológica que excusa sus atropellos: ¡una “revolución”!. Ya no es el repudiado imaginario racista, sino las promesas de redención socialistas. Esto los blinda contra toda recriminación, independientemente de que pocos crean realmente los disparates profesados. Su función ha sido construir una burbuja ficticia, una realidad alterna, que los exime de rendir cuentas. Dentro de esta zona de confort, y con apoyo de complicidades internacionales –cubanos, iraníes, ELN, FARC, Rodríguez Zapatero y otros que están en su nómina—en absoluto van a negociar su salida del poder. No les preocupa ganarse el favor de los venezolanos o aparentar legitimidad ante la comunidad democrática mundial. Mientras tengan a su favor la fuerza, continuarán depredando al país, hasta destruirlo por completo. Como todo parásito, no pueden dejar de matar a su víctima: no les queda de otra, pues no saben hacer otra cosa que depredar.

El fascismo ha ubicado a esta contienda claramente como un combate decidido por la fuerza. Para los venezolanos, ha sido una lucha sumamente cruenta, con numerosas bajas y con la devastación de un país que alguna vez fue considerado entre los más prósperos de la región. Participar en las elecciones fraudulentas que prepara Maduro no es la opción “realista” en este escenario, por más que se insista en que ello permitirá desenmascarar las trampas y movilizar a la población. Difícilmente podrá activarse ésta en un escenario de fraude tan claramente cantado. Y será iluso creer que podrá concertarse una unidad sólida que aguijonee a los demócratas a una participación combativa, que arrincone a los fascistas. Cualquier convivencia con éstos será cómplice con continuada destrucción de Venezuela.

La existencia del chavo-madurismo frente al Estado ha demostrado su incompatibilidad con la nación venezolana. Por tanto, no debería estar ahí, no tiene razón de ser. Lamentablemente, ha insistido en que sólo responderá a razones de fuerza. A enfrentar esto está obligada, por ende, la oposición democrática. Paradójicamente, la única manera de concertar un arco de fuerzas que saque a Maduro y sus mafias del poder –nacionales y/o internacionales--, es agotando visiblemente las posibilidades de solución democrática, constitucional. Ojalá que la percepción clara de esta opción por parte de los fascistas permita abstenerse de su ejecución, para liberar a Venezuela.

18 junio 2020



[1] García Larralde, Humberto (2008), El fascismo de siglo XXI: La amenaza totalitaria de Hugo Chávez Frías, Random House Mondadori, Colección Actualidad Debate, Caracas.


Humberto García Larralde, economista,
Profesor (j) de la Universidad Central de Venezuela
humgarl@gmail.com

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sábado, 6 de junio de 2020

LA QUEMA DE LA BIBLIOTECA DE LA UDO





LA QUEMA DE LA BIBLIOTECA DE LA UDO
Rafael Rattia

Cuando observé, -con tristeza y estupor- la fotografía de la quema de la biblioteca central de la UDO-Cumaná totalmente convertida en escombros no pude contener las lágrimas y rompí en un llanto quedo e interior pero no menos doloroso que el que cualquiera puede sentir ante una vomitiva barbarie como la que se cometió contra ese patrimonio cultural, artístico y científico-tecnológico del país. Un libro que me marcó una huella indeleble mi insaciable espíritu de lector insobornable es: “Historia universal de la destrucción de los libros”. (De las tablillas creto-micénicas al libro electrónico) del poeta y ensayista venezolano Fernando Báez. En sus páginas leí que “ahí donde se queman libros, pronto se quemarán hombres”. No cabe un ápice de dudas; pues los libros son una extensión del hombre en toda la íntegra expresión del ser. Todo lo que puede pensarse se puede, en consecuencia, ponerse en un libro por escrito en los formatos de papel físico o de papel y tinta electrónica para solaz y beneficio espiritual de la humanidad.

El latinajo lo dice asaz bien: “verba volant escrip manent”; esto es, el verbo vuela a raudales y las palabras se las lleva el viento; mas lo escrito está y queda permanente para beneficio de las futuras generaciones de hombres y mujeres que inexorablemente vendrán en camino a recoger el testigo que portamos nosotros, simples o complejos lectores y obsecuentes o eventuales escritores.

Lo ocurrido en la biblioteca central de la Universidad de Oriente del núcleo Cumaná, no tiene otro nombre; se trata de un auténtico bibliocausto, es decir una inmensa pira hecha con libros de todos los tipos y tamaños que tratan sobre los más disímiles y extraños temas del saber humano. Muchos de ellos verdaderas joyas y reliquias bibliográficas que atesoraba la Casa más Alta del Oriente venezolano donde se ha formado grandes inteligencias científicas y profesionales de primerísima línea que han puesto el nombre de Venezuela en un privilegiado sitial de honor en el mundo.

Ejemplares únicos que no se volverían a imprimir más; libros incunables o manuscritos raros que alguna vez fueron hojeados, acariciados, leídos y fichados por docentes, investigadores y estudiantes a lo largo de su proceso formativo, hoy forman pilas de cenizas como viva expresión del odio más cerril contra el saber académico universitario. La quema de la biblioteca central de la UDO tiene un oprobioso antecedente histórico y es la quema con alevosía y sevicia del Instituto Oceanográfico de la misma casa de estudios superiores. Ya antes de la comisión de todas atrocidades y salvajadas contra la UDO, hordas bárbaras habían incursionado en sus sagradas instalaciones y habían perpetrado desmanes y desafueros (iniquidades) en laboratorios, oficinas y baños rompiendo y desvalijando lavamanos, espejos y pocetas que luego “aparecían” como por arte de magia en las ventas del mercado secundario de los bachaqueros en Cumaná.

04/06/20


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miércoles, 20 de mayo de 2020

OPOSICIONES CUBANAS



OPOSICIONES CUBANAS
Luis Marín

Desde el pasado sábado 16 de mayo en Miami se están solicitando donativos con el objeto de reunir una “ayuda humanitaria” para ser enviada a Cuba con el propósito manifiesto de asistir a la población más necesitada “sin mediación del gobierno cubano”.

No hemos oído decir que “la ayuda humanitaria va a entrar sí o sí”; pero el proyecto recuerda ingratamente la jornada realizada en Venezuela el 23 de febrero del 2019, sin que hubiera un mar de por medio, con los resultados que está prohibido olvidar. ¿Qué pasó con todos esos productos que fueron recaudados? ¿A dónde y a manos de quién fueron a parar? ¿Hubo algún beneficiario que no se ha manifestado claramente?

Si aquella operación fue un fracaso porque no se logró el objetivo declarado, no obstante, ahora otras personas en otro contexto la tratan de reeditar contra el régimen de la isla, debe ser que algo se logró que los ciudadanos de a pie no alcanzamos a vislumbrar y que nadie nos ha explicado. ¿Qué se pretende? ¿Desenmascarar regímenes que hace décadas actúan descaradamente? ¿Apostar quién pierde o gana más si la ayuda llega o no?

Desde Cuba denuncian que el operativo estaría manejado por el hijo de Abraham Maciques Maciques, el solapado administrador de cuentas de Fidel Castro, más conocido como presidente del grupo empresarial PALCO, un conglomerado de más de diez empresas que prestan servicios de lo más diversos, entre los que se incluyen “servicios aduanales, paquetería, y de importación/exportación”; fue fundador del emporio turístico Cubanacán. Sobre su escritorio exhibe orgulloso una foto con Hugo Chávez.

Más visible que el hijo encubierto ¿Abraham Maciques Rodríguez? está su nieta, Ana Mary Maciques Rodríguez, que administra una página, Espacios de Lujo, en que ofrece servicios sólo accesibles al nivel de vida babilónico de la nomenclatura castrista.

Pero estos paralelismos no son nuevos. Durante el llamado “deshielo” de Obama, en 2015, se creó la llamada Mesa de la Unidad de Acción Democrática (MUAD), con el slogan “Todos cabemos” en lugar de nuestro lamentable, “Aquí cabemos todos”.

Busca el acceso al poder a través de dos vías fundamentales: 1) Impulsar reformas constitucionales y legales y 2) Presentación de candidatos a todos los niveles de gobierno ¿electivos? Si en Cuba no existen elecciones, como ya está claro que tampoco existen en Venezuela, ¿por qué plantearse esa quimera?

El primero de sus principios y objetivos generales se puede adivinar, es: “El diálogo”. Ahora bien, si después de los trágicos acontecimientos de 2014 que culminaron con el diálogo en Miraflores, donde la MUD salió del closet y se hizo patente que su propósito nunca fue divorciarse del régimen sino cohabitar con él, ¿qué sentido tenía ensayar lo mismo en la metrópoli? ¿Sería que por alguna razón valía la pena imitar a la MUD?

Lo que ocurre es que la llamada oposición oficial no estaba derrotada, no había fracasado en absoluto, algo estaba haciendo bien, claro, fuera de la vista del público; el punto clave es que sus propósitos materiales eran unos y los declarados eran otros muy distintos.

En cambio la MUAD lo dice en negro sobre blanco: “El futuro depende de la voluntad de todos los cubanos, incluyendo a los miembros del gobierno”.

Como a toda Mesa siempre le sale su “Mesita”, en Cuba también se ensayó una “oposición leal”, cuya expresión fue el proyecto “Cuba posible”, que sus críticos definían más bien como un grupo de “acompañantes críticos consentidos”, que Mao llamaba “compañeros de viaje”, que le acompañan hasta la próxima estación donde se bajan o los bajan.

Al final resultó que no eran acompañantes, porque no los dejaron ni montarse en el tren; ni críticos, porque el régimen no admite críticas y mucho menos consentidos, porque les hicieron la vida imposible, hasta que se auto disolvieron con algo de pena y nada de gloria.

En el exterior ha logrado perfil propio Rosa María Payá con su iniciativa “Cuba decide”, que consiste en la propuesta de un plebiscito para que los cubanos decidan si quieren seguir con el comunismo o abrirse paso hacia una democracia representativa.

La primera objeción en teoría, es que se trata de un indecidible porque aunque el 90% de los electores votaran a favor del comunismo, eso no afecta en nada el derecho que tienen los demás a aspirar vivir, no en esa realidad arbitraria e impuesta, sino en otra auténtica, espontánea, en que se reconozca el pluralismo y la libertad propios de la condición humana.

En la práctica, el referendo ya lo hizo el régimen el 24 de febrero de 2019, para aprobar con ese 90% una supuesta constitución comunista que niega expresamente la posibilidad de cambiar el sistema establecido, so pena de apelar a “la lucha armada” para impedirlo.

Last but not least, como también existe en Venezuela, hay un amplio territorio opositor que suele llamarse “radical”, que no se cala al régimen comunista y con tanto o más energía rechaza a su oposición oficial.

Sería extremadamente arduo sino imposible y seguramente injusto mencionar a todas las personas, periodistas independientes, escritores, poetas, cantantes, artistas plásticos, etc., a las organizaciones políticas, culturales, de investigación y divulgación que pueden integrar este universo humano, desde las heroicas Damas de Blanco hasta la UNPACU; pero no puede dejar de reseñarse siquiera uno representativo.

Estado de Sats es de los grupos más interesantes que opera desde adentro de la isla, liderado por Antonio Rodiles, Claudio Fuentes, Ailer González Mena, el escritor Ángel Santiesteban, el músico pop Gorki Águila, et al.

Estado de Sats fue un proyecto con un amplio espectro de manifestaciones culturales que el régimen ha tratado de asfixiar por todos los medios a su alcance, por lo que ha tenido que metamorfosearse para sobrevivir. Hoy se limita a una plataforma de debate de contenidos e interacción pública de diversos puntos de vista políticos, económicos y sociales.

Propone, desde el Foro por los Derechos y Libertades, un Compromiso Democrático que se resume en 5 puntos: Campaña por el cese de la represión y libertad de los presos políticos; apoyo económico, político y diplomático al interior de la isla; trabajo oposición-pueblo; fin y desmantelamiento del castrismo; futuro marco jurídico y legal que garantice derechos y libertades fundamentales.

La consigna que sintetiza su posición es: “¡Más castrismo, ¿para qué?!”

Luis Marín
20 mayo 2020



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domingo, 10 de mayo de 2020

LA PATOLOGÍA FATAL DE CAERSE A EMBUSTE





  

  
LA PATOLOGÍA FATAL DE CAERSE A EMBUSTE
PARA CONTROLARNOS MÁS
Humberto García Larralde

Como empiezan a advertir los analistas, la emergencia de enfrentar la epidemia del Covid-19 le viene como anillo al dedo a muchos autócratas como excusa para incrementar su control. El usurpador Maduro no es la excepción. Su decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica[1] muestra el cinismo y el desapego con la realidad conque persigue tal propósito. Según su artículo 7: “Corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público  … garantizar la aplicación estricta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley para reforzar la lucha contra el delito e incrementar la celeridad procesal, así como las atribuciones que le correspondan en la ejecución de este Decreto.” Una Constitución cuyos preceptos en defensa de los derechos humanos ha violado tanto, si le sirve ahora para avalar las sanciones a quienes no se sometan a los controles que querrá imponer.

Pero la mera aparición de este decreto viola la Constitución que ahora se invoca. Su artículo 339 obliga a que el decreto de Estado de Excepción sea presentado a la Asamblea Nacional y a la Sala Constitucional del TSJ dentro de los ocho días “para su consideración y aprobación”. No sólo que no ha sido presentado –ni se presentará—a la Asamblea Nacional, sino que Maduro se “auto otorga” con este decreto la potestad de no tomarla en cuenta.

Su artículo 2 autoriza ignorar a otros poderes públicos (negritas mías, HGL) para “Aprobar y suscribir contratos de interés público y sus enmiendas, para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del País” (# 16); autorizar “operaciones de crédito público, sus reprogramaciones y complementos, que regirán para el Ejercicio Económico Financiero 2020; así como las que permitan ampliar los montos máximos de endeudamiento que podrá contraer la República durante el Ejercicio Económico Financiero 2020.” (# 19); y “los límites máximos de recursos y egresos de la República Bolivariana de Venezuela, de los entes descentralizados funcionalmente y de los entes político territoriales con regímenes presupuestarios especiales, que regirán para el Ejercicio Económico Financiero 2020.” (# 20).

Es decir, se desprende de todo control en materia presupuestaria, y en cuanto a endeudamiento y control de recursos de entes descentralizados. El perfecto autócrata.

Recordemos que Maduro tiene años auto-renovándose “Estados de Emergencia” sin consentimiento de la Asamblea Nacional ni ateniéndose a los lapsos de vigencia establecidos en la Constitución. Ha servido como una “ley habilitante” de hecho permanente para jugar con los destinos de los venezolanos.

Luego, sin temor al ridículo, sostiene (artículo 2) que la suspensión de garantías que autorizaría el Estado de Emergencia es para, “evitar los perniciosos efectos de la guerra económica dirigida contra el pueblo venezolano….” (negritas mías). ¡Pero si la guerra económica contra el pueblo la viene aplicando el propio Maduro desde 2013! ¿Necesita acaso un decreto para seguir destruyendo al país? Cabe señalar que la Constitución impide, en su artículo 337, que se suspendan “derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”. Si Maduro nunca les paró, ¿los va a respetar ahora estando en “emergencia”?

Con el mayor cinismo, Maduro se burla de las penurias que ha infligido a la población al anunciar (# 34): “Medidas excepcionales dirigidas a proteger los derechos humanos del pueblo Venezolano (negritas mías) a la vida, la salud y la alimentación … frente a medidas coercitivas unilaterales, arbitrarias, ilegales y contrarias al derecho internacional promovidas y ejecutadas por Poderes Públicos de otros Estados, o por autoridades de organismos multilaterales actuando con fines particulares.” Los derechos que su gestión le ha negado a los venezolanos durante largos años, ¡es culpa del imperio y del FMI!

Para sostener tan cínica tergiversación, se cae a embustes anunciando (artículo 2, # 1) “regulaciones…para garantizar el impulso de los motores Agroalimentario, de producción y distribución de los rubros considerados como estratégicos para la satisfacción de necesidades de los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.” ¡¿Motores!? ¡¿Satisfacción de necesidades!? ¡¡Por Dios, hasta cuándo seguir tomándonos por estúpidos!! Continúa (# 25) con, “El establecimiento de un marco regulatorio transitorio y excepcional que permita…el financiamiento de proyectos del sector agroindustrial para el desarrollo de un nuevo esquema productivo, bajo las líneas de acción emanadas de la Gran Misión Abastecimiento Soberano.” ¡Cómo, si ya destruyó al sistema financiero nacional! Claro, el monopolio de la importación de alimentos de que gozan los militares a cuenta de esa Gran Misión debe poder disfrutarse de otra forma, ahora que no hay divisas. ¡Controlemos directamente al sector agroindustrial!

Continúan con los eufemismos (# 18): “Conformar estructuras organizativas y dictar regulaciones transitorias y excepcionales, para la realización de procedimientos que garanticen la oportuna, eficiente y equitativa producción y distribución de alimentos, materia prima, productos e insumos del sector agroproductivo, industrial, agroalimentario, farmacéutico, de higiene personal y aseo del hogar”. En el # 24: “La activación, potenciación y optimización del funcionamiento de un Sistema de Determinación de Costos, Rendimiento, Precios Justos, y Precios Acordados que ordenen y garanticen el equilibrio de las relaciones comerciales y el acceso a los bienes y servicios fundamentales que determine el Ejecutivo Nacional.“ 

Los # 22, 23 y 26 complementan estas medidas intervencionistas anunciando procesos y mecanismos “de centralización, control y seguimiento” (…) “de los productos, bienes y servicios del sistema agroindustrial nacional; así como, el de producción, almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos, fármacos, productos de higiene personal, aseo del hogar y del sistema eléctrico nacional.” Es decir, el retorno a las prácticas de control de precios e intervenciones que han destruido la oferta de alimentos, desaparecido los fármacos y provocado el colapso del sistema eléctrico.

Por si fuera poco, en su artículo 4° asoma la amenaza de un “corralito” al referirse a “coordinaciones con el Banco Central de Venezuela a los fines de establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda venezolana de curso legal en efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país”. Según los numerales 12, 13 y 14 del artículo 2, ¡siempre podemos usar criptoactivos (Petro) como medios de cambio!

En todo caso, el ejecutivo posee facultades de prestidigitador habilidoso.  El artículo 2 señala (# 3 – 6 y 30) mecanismos financieros, disponibilidad oportuna de billetes y monedas, economías presupuestarias y otros tejemanejes entre fondos, cuando es más que sabido --luego de haber encogido la economía en más de un 70%, destruido la industria petrolera y entrado en default--, que la única fuente de financiamiento que tiene a mano es la “maquinita” del BCV. Pero como los pasivos del Instituto Emisor han sido estirados al límite, el numeral 7 abre opciones adicionales de endeudamiento utilizando como garantías a los “activos productivos del País”.

Finalmente, en todo pregón fascista no podían faltar: “…planes especiales de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la Nación, la seguridad personal y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados.” (Art. 2 # 21), o la alusión al sempiterno “enemigo externo” al señalar (# 35), “Medidas especiales en el orden de la política exterior de la República Bolivariana de Venezuela, en respuesta a la injerencia de otros Estados en contra de funcionarios y ciudadanos venezolanos.”

La adopción de medidas de emergencia ante la pandemia del Covid-19 no está en discusión. Pero se supone que deben ser para ayudar a la población a sobreponerse a este peligro. Lo que anuncia Maduro es el regreso a las prácticas que produjeron la presente catástrofe --antes de que apareciera el Coronavirus--, acompañado de un mayor control de la población. Está en su naturaleza. ¡Razones para insistir ahora en un auténtico Gobierno de Emergencia Nacional para no seguir hundiéndonos aún más!

10/05/2020

Humberto García Larralde
economista, profesor (j) de la Universidad Central de Venezuela
humgarl@gmail.com



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domingo, 3 de mayo de 2020

BAJO CONTROL MILITAR




BAJO CONTROL MILITAR
Luis Marín


“Venezuela: militares bajo control”, es el título de un artículo de Foreign Affairs Latinoamérica, que logró algo que parecía imposible en estos tiempos: generar cierta polémica en un ambiente empantanado entre cuarentena y falta de combustible. La razón, que intenta voltear de revés la hegemonía de la alianza “militar-civil” del bloque en el poder por su contrario, una novedosa “civil-militar” exactamente en sentido contrario.

“Consideramos que el poder civil –con el PSUV como vehículo- infiltró al poder militar y anuló la posibilidad de que ahí surgieran mandos unificados que pudieran rebelarse.” Añadiendo que: “Por eso la estrategia de inducir divisiones dentro de las fuerzas armadas para que una parte abandonara la coalición gobernante no funcionó”.

De manera que “no fue la bota militar la que menoscabó la democracia venezolana, sino el aparato ideológico civil que preparó el fin de unas fuerzas armadas profesionales y debilitó a una sociedad con aspiraciones democráticas”.

En conclusión: “El verdadero poder es civil y reside en el PSUV”. Cito in extenso porque los autores se refutan a sí mismos, ante cualquier observador imparcial; no obstante, vale la pena introducir algunos comentarios antes de otras citas textuales.

Lo primero que salta a la vista es lo tardío de la aparición del PSUV, fundado por Chávez en el 2008, cuando ya tenía 10 años en el poder, 16 de haber insurgido en el escenario político y otros innumerables de conspiraciones cuartelarias. Sus antecedentes fueron el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 y el Movimiento V República, de los que no puede decirse que fueran fuerzas civiles que cooptaron a las fuerzas armadas.

El PSUV considerado aisladamente, sigue privilegiando al factor militar sobre el civil. Fundado por el teniente coronel Chávez, organizado en “batallones, pelotones y escuadras”, su ideólogo fue el general de división Alberto Müller Rojas, militar en condición de activo, miembro del Estado Mayor Presidencial, quién además fue el primer vicepresidente del partido, detrás del propio Chávez.

Desde el principio Müller confesó que las fuerzas armadas estaban politizadas, declaró que no hay militar que no sea político y que lo de fuerzas armadas apolíticas y no beligerantes era, en su opinión, la mentira más grande que jamás se les hubiera inculcado.

La cuestión del papel de los civiles en la alianza ya había sido resuelta incluso antes de los golpes de estado de 1992, en los que las facciones civiles se quedaron esperando unas armas que nunca llegaron, por la desconfianza que los conjurados siempre les dispensaron.

Pero insisten los redactores de FAL en que “el chavismo civil ha desarrollado formidables capacidades de control sobre las fuerzas armadas venezolanas, especialmente por vía de transferencia de conocimientos y experiencias políticas del régimen cubano”.

Doble error sólo explicable por una de las taras del izquierdismo que siempre que habla de dictaduras militares agrega “del cono sur”, como si las del norte del cono no fueran también militares. Desde el principio, la alianza de Castro con Chávez fue una conjura militar (ambos eran caudillos militares) y la transferencia de conocimientos y experiencias opera entre aparatos armados, de inteligencia y contrainteligencia castrenses.

“Esta intervención del poder civil sobre el militar ha fragmentado el mando militar y le ha restado eficacia operativa a las fuerzas armadas (que) han sido larga y duramente intervenidas por el partido de gobierno con el fin de evitar rebeliones militares”.

La condición de país petrolero y la captura de la industria petrolera hicieron que “la cooptación de las fuerzas armadas haya pasado parcialmente desapercibida”. A raíz de los sucesos de abril de 2002 “el partido cooptó a los militares y las fuerzas armadas incorporaron la ideología del gobierno, adoptaron posteriormente el inconstitucional nombre de Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los lemas del PSUV”, algo tanto más sorprendente visto que ese partido todavía no existía.

Hay un “poder civil sobre el militar”. Incluso, “la revolución es comandada por fuerzas civiles y ya no temen la injerencia militar sobre sus cuotas de poder ni el mando en Venezuela”. Así FAL nos propone su prisma renovado de “autoritarismo civil policíaco y no militar, con fuerza en la ideología, la propaganda y el control social estructural”.

“El nuevo papel de los militares en Venezuela es obedecer a ese poderío expresado en el PSUV”. Debe comprenderse el nuevo razonamiento de la FANB: “Guardiana del PSUV”.

En verdad, nunca los militares han tenido tanto poder como hoy que además de político es también económico, para lo que huelgan los ejemplos. En casi dos siglos de vida republicana este país ha sido gobernado siempre por militares, salvo el breve ínterin de José María Vargas en el siglo XIX, que naufragó en esas aguas y ahora hasta le quitaron el nombre a su estado, y los “40 años” del siglo XX de gobierno civil bajo tutela militar.

Sin embargo, vale la pena aclarar que el PSUV no tiene el ascendiente que afirma FAL.
No es un partido de combate, forjado en la lucha por el poder, etcétera. Más bien es un partido gobiernero, que recuerda las Agrupaciones Cívicas Bolivarianas del General Eleazar López Contreras y a los Partidarios de las Políticas del Gobierno del General Isaías Medina Angarita que dieron origen al Partido Democrático Venezolano; o bien al Frente Electoral Independiente del General Marcos Pérez Jiménez.

Salvando las distancias, porque aquellos eran partidos conservadores y éste pretende ser un partido revolucionario, pero que está al final del proceso y no al principio, es de la fase de institucionalización, si se permite la expresión, cuando ya la insurgencia ha terminado.

En Venezuela se suele decir que más que un partido es una empresa del estado, porque su nómina la paga el gobierno. Su primer vicepresidente, el general de división Alberto Müller Rojas, repelía la caterva de oportunistas gritándoles que “quien no aguante dos charlas doctrinarias no puede entrar aquí”.

Su actual vicepresidente, el teniente Diosdado Cabello, que se esmera en superar los modales y el lenguaje sutil del anterior, no ha cambiado la impresión de que menos que militantes, simpatizantes y amigos, le siguen una cáfila de busca puestos.

En su dirección no hay ni rastro de “profundas raíces en la izquierda histórica, castrista, guerrillera, universitaria, intelectual, gremial, sindical y policial en el ejército y sus componentes”, como pretende el artículo de FAL, en cambio, pueden encontrarse militares golpistas, resabios adecos y copeyanos, saltimbanquis y volatineros.

Es absolutamente innecesario demostrar que los llamados chavistas originarios, centauros, juramentados del Samán de Güere o como se les llame, integran una logia militar que de tener alguna doctrina sería el “putschismo”, que inspira cada una de sus actuaciones.

El PSUV es su correa de transmisión, una herramienta y de civil no tiene ni la fachada.

Luis Marín
03-05-20

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