lunes, 11 de noviembre de 2019
EL TSJ ORDENA HACER LAS ELECCIONES UNIVERSITARIAS
EL TSJ ORDENA HACER LAS ELECCIONES UNIVERSITARIAS
Ignacio Avalos Gutiérrez
Los
tiempos suelen cambiar
Es obvio
que han cambiado las circunstancias que rodean a la universidad actual y es
obvio que hay que mirarla dentro de un entorno dibujado por otros hechos, muy
distintos a los que hasta hace no mucho determinaban sus características y su
razón de ser. Hoy en día se encuentra inmersa en un nuevo ámbito, determinado
principalmente por las características que se desprende del ritmo actual del
desarrollo tecno científico, factor medular en la conformación y desempeño de
las sociedades actuales. Y en consecuencia hay que situarla, entonces, rodeada
por una nueva institucionalidad de la que forman parte otros y muy diversos
actores sociales con los que interactúa, los cuales se desempeñan según otras
lógicas y muestran diferentes capacidades a la vez que se mueven de acuerdo a
sus particulares intereses en lo que atañe a la generación, distribución,
enseñanza y uso del conocimiento en sus diversos formatos.
Se trata,
pues, de un escenario distinto determinado, además por las posibilidades
que se abren vía la digitalización; por las consecuencias que generan el
volumen y la rapidez con la que hoy en día se generan, difunden, se utilizan y
vuelven obsoletos los conocimientos; por la aparición de nuevas
disciplinas y sub disciplinas; por el trabajo trans disciplinario e
interdisciplinario; por el predominio visible del financiamiento privado sobre
el público; por la modificación de los derechos de propiedad intelectual; e,
igualmente, por la globalización de las actividades de investigación e
innovación y el replanteamiento de los espacios nacionales, lo que está
generando una nueva distribución de las capacidades tecno científicas a
nivel internacional, con una clara expansión de varios países asiáticos,
notablemente China, pero también otras naciones, como India, Corea
del Sur y Japón, siendo éste un dato nada menor desde el punto de vista geo
político.
La Cuarta
Revolución Tecnológica
Es esta
época, la de la “sociedad del conocimiento”, la que nos lleva a reflexionar
sobre el sentido de la transformación que debe experimentar la actual
universidad. Recordemos que dentro del marco esbozado arriba transcurre la
Cuarta Revolución Tecnológica, sustentada en la convergencia de tecnologías
digitales, físicas y biológicas, generadoras de innovaciones que originan
fuertes impactos en todas las esferas de la actividad social, de los que
deriva la necesidad de ir creando nuevos modelos de análisis a partir del
trabajo sinérgico entre las ciencias sociales y humanas y las ciencias
naturales, con el propósito de ir descifrando y regulando eventos muy
complejos, puestos de manifiesto en alteraciones muy significativas en la vida
humana (piénsese en los efectos que se desprenden de la inteligencia artificial
o de las neurociencias, por solo citar apenas dos entre infinidad de ejemplos).
La
Universidad en el Siglo XXI
Frente al
cuadro descrito arriba, a las universidades – que ya no tienen el monopolio
sobre el conocimiento, es importante destacarlo - les toca emprender un crucial
e impostergable tarea. Se trata de encarar la reforma de las funciones y
actividades que le son propias, dadas las nuevas circunstancias que pautan el
transcurrir de estos tiempos, tal como, dicho sea de paso, lo está haciendo una
buena parte de las universidades del mundo, empeñadas en modificar sus
estructuras, sus normas de organización, el contenido de las carreras, los
modos de enseñar e investigar, en fin, en ir variando los procesos de producción,
circulación y uso del conocimiento en función de la nueva sociedad emergente,
moldeando, así, nuevas realidades institucionales, culturales e
identidades. Todo ello a sabiendas de que en ellas reposa, en importante
medida, el encargo de descifrar, canalizar y aprovechar los cambios tecno
científicos que están ocurriendo.
La tarea
es, entonces, analizar las universidades en términos de este nuevo escenario
que de una u otra forma, dibujan los desafíos, las oportunidades y amenazas que
condicionan las estrategias que les han de permitir navegar de acuerdo a los
vientos que soplan.
En este
sentido, alude resumidamente la Unesco, a la necesidad de generar “…. un
conocimiento multidisciplinar desde perspectivas social, económica, cultural y
científica. Esta generación de conocimiento debe dar respuesta a desafíos
globales como la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del
agua, el diálogo intercultural, las energías renovables y la salud público
entre otros ,,,,”. Tal es, en pocas palabras del reto que significa
repensar la universidad pública.
El TSJ
ordena las elecciones
Imposible
no ubicar dentro de las consideraciones anteriores, el reciente y arbitrario
decreto del TSJ, mediante el que se obliga a convocar a elecciones en diversas universidades
nacionales, imponiendo incluso las reglas que se deben seguir para identificar
quienes pueden ser los votantes y hasta la manera como se contarán los
sufragios, vulnerando, así, la independencia universitaria, tal como lo han
argumentado los expertos en la materia, alegando que el contenido del fulano
Decreto, viola hasta la última coma del artículo 109 de Constitución Nacional,
el que consagra y describe la autonomía.
Esta
medida representa el último capítulo (por ahora) del continuo maltrato contra
las universidades públicas y autónomas, iniciado en el año 2003 y cuyo
resultado ha sido condenarlas a funcionar en circunstancias de sobrevivencia en
casi todas las competencias institucionales que le corresponden, ni hablar,
desde luego, de asomarse a los retos que trae consigo el futuro aquí descrito.
Por otro lado, y aunque sea de pasada, resulta imposible no mencionar, a
propósito de lo anterior, que la creación de varias universidades “oficiales” a
lo largo de estas dos últimas décadas ha tenido precarios resultados
académicos, aunque han servido, sin duda, para presumir de una abultada
matrícula de estudiantes a nivel de la educación superior.
De esta
manera, mediante unos comicios diseñados de acuerdo a un formato cada vez más
en desuso en el mundo en las elecciones universitarias, el gobierno encara el
tema de la actualización de la universidad sustentándolo en una concepción que
busca el acoplamiento de la academia con la propuesta política oficial, que no
tiene ningún sentido, si hemos de mirarla a través de las claves dentro de las
que se mueve el siglo XXI.
Sin que
uno sepa muy bien el motivo de su última ocurrencia, el Gobierno, a través del
TSJ (¿no hay separación de poderes?) reitera una vez más la pretensión de
vigilar (¿exagerada la palabra?) la actividad académica. Habla, como lo ha
hecho en otras ocasiones, de ponerla al servicio del desarrollo nacional,
entendido éste, es la impresión que deja, como un popurrí de propuestas
ideológicamente contradictorias, técnicamente poco factibles y envueltas en una
épica muy venida a menos, cuyo resultado ha sido una severa crisis de la que
apenas una minoría de los venezolanos ha conseguido salir ilesa.
Expresado de otra manera, intenta, como ya señalé, de convertir a las
universidades autónomas en un espacio fiel a un proyecto regido por un
pensamiento uniforme, que no admite contradicciones y que se encuentra ubicado
completamente a las espaldas de los códigos que rigen esta época
El Nacional, jueves 7 de noviembre de 2019
sábado, 9 de noviembre de 2019
CONVULSIÓN POLÍTICA
CONVULSIÓN
POLÍTICA
Luis Marín
La convulsión política en América Latina: ¿Hacia la
revolución militar-socialista-bolivariana y la liquidación del neoliberalismo?
Pregunta la Cátedra Pío Tamayo de la Universidad Central de Venezuela y se
responde lo siguiente.
Primero, nos restringimos al contexto de América Latina,
en particular, las manifestaciones en Ecuador, luego en Chile, el retorno de
Cristina Kirchner en Argentina, el descomunal fraude electoral de Evo Morales
en Bolivia y los más recientes disturbios en Colombia: “La brisita bolivariana
a punto de convertirse en huracán”.
Luego, la explicación del Foro de Sao Paulo, dicho por
ellos mismos: todo corresponde a un plan diseñado en Caracas, en su encuentro
XXV, del 25 al 28 de julio, donde se desglosan país por país, sus resoluciones.
Por ejemplo, en Ecuador apoyan al prófugo Rafael Correa y
sus secuaces, Ricardo Patiño, Jorge Glas y la enrevesada trama de espionaje
internacional representada por Julian Assange y Oli Bini, enfrentando al
“tránsfuga” Lenin Moreno.
En Chile, impulsan “la cumbre de los pueblos”, contra el
foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), con los resultados
conocidos. Hoy celebran la suspensión de ambos eventos, una pedrada en la
vitrina del liberalismo: “Hacia los 50 años del triunfo de Salvador Allende”.
En Argentina, respaldan a la pareja de Alberto y Cristina
Fernández contra el gobierno de Mauricio Macri; así como en Bolivia apoyan al
“hermano Evo” en su aspiración a un cuarto mandato, siendo ya el dictador que
más tiempo a gobernado Bolivia en toda su historia.
En Colombia tercian por los acuerdos de La Habana
FARC-Santos, calificando al gobierno de Ivan Duque como “genocida”, a favor del
“Movimiento Defendamos la Paz”; así como acusan al presidente de Paraguay, Abdo
Benitez de “neofascista”, por su entendimiento con Bolsonaro y Macri en la
llamada Triplefrontera.
En Nicaragua apoyan la “pacificación” de Ortega-Morillo,
como en Cuba promueven el “Encuentro antiimperialista de solidaridad, por la
democracia y contra el neoliberalismo” realizado en La Habana del 1º al 3 de
noviembre.
En Brasil impulsan la campaña “Lula libre” a quien
proponen otorgarle el Premio Nobel, promovido por el inefable Adolfo Pérez
Esquivel, mientras orquestan la guerra sucia nacional e internacional contra el
presidente Jair Bolsonaro.
Finalmente, la explicación de la Socialdemocracia,
expresada por sus más conspicuos voceros, admite que sí puede haber cierta
intervención del F de SP, pero no debe sobrestimarse, como ellos pretenden,
exagerando su poder e influencia; en realidad existe un caldo de cultivo para
que estas incitaciones hayan tenido tanto impacto y extensión.
Estas razones serían la desigualdad y la corrupción.
Pero, ¿era Chile menos desigual y corrupto durante los períodos de
Bachelet? Al contrario, la desigualdad en Chile no ha cesado de disminuir, como
de aumentar la transparencia, según los índices internacionales generalmente
aceptados.
Por otra parte, todos los países de AL son desiguales y
corruptos, más que Chile, pongamos por caso, México y ¿por qué no? Cuba, donde
más de la mitad de la población está por debajo del umbral de la pobreza y la
nomenclatura lleva una vida principesca.
Es más, en qué país del mundo no existe desigualdad y
corrupción, ¿en Rusia? ¿China? Esta explicación de la socialdemocracia no
explica nada y solo sirve para enarbolar la única bandera que le queda, que es
la apelación a la “desigualdad”, sin que se sepa exactamente a qué se refiere.
La respuesta verdadera siempre resulta ser la más
sencilla: la razón es que hay una voluntad política detrás
de los disturbios. Pero, ¿por qué es tan difícil verlo o admitirlo? Por la
devoción que tienen las Internacionales Comunistas y Socialistas por las
actividades clandestinas. Siempre procuran actuar tras bastidores y presentar
sus decisiones políticas como si fueran fatalidades
históricas.
En realidad estos disturbios se fraguan en unos comités,
alrededor de unas mesas directivas. Todo lo demás es movilización de las
organizaciones y difusión de propaganda, para lo que se prestan gustosos los
medios de comunicación colonizados por el marxismo cultural. La causa de los
disturbios es el aumento de las tarifas del metro, claman al unísono, luego los
disturbios se extienden a ocho ciudades donde ni siquiera hay metro y de allí a
todo el país.
Las verdaderas razones hay que buscarlas en el endurecimiento
del embargo a Cuba, las sanciones contra Raúl Castro y su familia, de las que
ellos no han hecho la menor mención, así como a los agentes de su entorno,
incluso en Venezuela y Nicaragua; suspensión de los cruceros, vuelos regulares
y remesas familiares; la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton,
contra la que vociferan abiertamente las declaraciones del F de SP.
Replican según la máxima de que la mejor defensa es el
ataque: “Si ustedes quieren derrocar a nuestros gobiernos, nosotros derrocaremos
a los suyos”. Así de simple.
Luis Marín
07-11-19
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SENTENCIAS JUDICIALES COMO RETALIACIÓN
SENTENCIAS JUDICIALES COMO RETALIACIÓN
Absalón Méndez Cegarra
El día
lunes 28 de octubre de 2019, asistimos a un foro convocado por la Cátedra Pío
Tamayo, realizado como es costumbre, en la Sala E de la Biblioteca de la
Universidad Central de Venezuela (UCV) para tratar el tema de la Sentencia de
fecha 27-08-2019, emanada de la Sala
Constitucional del TSJ, mediante la cual ordena a la UCV realizar elecciones de autoridades rectorales
en un plazo de seis meses, contado a partir del momento de publicación de la
Sentencia, siguiendo las indicaciones y proceder establecido por dicha Sala.
Esta
Sentencia, como se ha repetido incesantemente, es inconstitucional e ilegal,
por cuanto viola el artículo 109 de la Constitución, en el cual se establece la
forma como se integra la comunidad universitaria y viola el artículo 9 de la
Ley de Universidades, en cuanto a la atribución de la Universidades autónomas
para darse su propia forma de gobierno.
En el
foro en referencia, intervinimos como ponentes tres profesores y dos
representantes estudiantiles, quienes, con excepción de un ponente disidente,
coincidimos en cuestionar la inconstitucionalidad e ilegalidad de la Sentencia.
La
disidencia estuvo a cargo de un profesor contratado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
a quien hace poco tiempo la Facultad le rescindió el contrato por finalización
de la actividad académica para la cual había sido contratado; pero, debido a
las informalidades con las que se administran en la UCV estas contrataciones,
se brindó la oportunidad para que el profesor interpusiera por ante el TSJ,
acciones jurídicas en solicitud de restitución de su cargo de profesor lo cual logró mediante sentencia judicial.
El
citado profesor, prevalido de esta protección judicial o, posiblemente, por
autosuficiencia y prepotencia que le son características, dada su condición de
militante del PSUV, acompañado de una barra de simpatizantes, se pronunció
totalmente favorable a la Sentencia que obliga a la UCV a celebrar elecciones
dentro de lapso determinado y, a realizarlas como quiere el gobierno que se hagan, es
decir, transgrediendo la Constitución y la Ley.
Pero, este profesor, no sólo se congratuló por
la Sentencia, sino que se ufanó de la influencia que tiene sobre el Poder Judicial,
señalando, que, a su parecer, la Sentencia se quedó corta, pues ha debido ir
mucho allá, como era su pedimento, no solo incorporar a empleados y obreros, en
igualdad de condiciones como votantes, sino a toda la población con lo cual, a
su juicio, se fortalecería la autonomía universitaria. Todos los habitantes de la República deben
votar para elegir a las autoridades de la UCV, lo cual hace a la elección
extraordinariamente popular. Populismo barato. Retaliación contra la UCV por la
terminación del contrato. Típico resentimiento y odio social del chavismo. Así
se imparte justicia en Venezuela.
Ahora bien, resulta que este abogado
constitucionalista, con influencia en el poder judicial y con pretensiones de
ser Rector de la UCV, guarda total y absoluto silencio sobre la elección
popular en las Universidades afines al gobierno y en los Poderes Públicos
Judicial, Electoral y Ciudadano. Un refrán popular dice que “la salsa que es
buena para el pato es buena para la pata”.
Otra
cosa importante del forista disidente es su afirmación categórica que el 27F o
antes, habrá elecciones de autoridades universitarias en la UCV. Ante este
hecho, es necesario que la UCV se apresure a buscar su camino.
Hay, en nuestro criterio, cinco opciones, a
saber: 1. Realizar elecciones en los términos que establece la Ley de
Universidades y el Reglamento de Elecciones Universitarias en ejercicio pleno
de la autonomía universitaria (desacatar la Sentencia del TSJ) 2. No hacer
nada. Esperar que llegue el 27F para ver qué pasa. 3. Elaborar el Reglamento
que pide la Sentencia del TSJ y convocar a elecciones. 4.Negociar con el
gobierno una salida intermedia, mediante la elaboración de un reglamento provisorio,
que, por ejemplo, mantenga, en lo inmediato, en tres sectores (profesores,
estudiantes, egresados) la noción de comunidad universitaria, con votación
universal; pero, aportando, cada sector el 33,33% a la elección de autoridades rectorales;
luego, pueden incorporarse los otros dos sectores, aportando cada uno,
independientemente del padrón electoral, el 20% a la elección.5. Solicitar a la
Asamblea Nacional una reforma parcial urgente de la LOE, al fin y al cabo, la
AN está en mora por cuanto no ha sancionado la Ley de Universidades como lo
ordena la LOE. Nos preocupa que la
opción que gana terreno es la 2. No hacer nada.
lunes, 21 de octubre de 2019
LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA ES BOFETADA AL RÉGIMEN
LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA ES BOFETADA AL RÉGIMEN
Paciano Padrón
Twitter: @padronpaciano
La historia de la democracia en Venezuela está unida a su lucha por la autonomía universitaria, esta es consustancial a la libertad, de modo que nada extraña que hoy, una vez más, las universidades se pongan de pie para reclamar su autonomía, vale decir, para luchar por la democracia en Venezuela. La autonomía universitaria es una bofetada al régimen criminal que no acepta el pensamiento crítico.
“El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía”, reza a su inicio el artículo 109 de nuestra Constitución, para señalar de inmediato que esa autonomía permite a profesores, estudiantes y egresados de su comunidad “dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación”.
El artículo constitucional in comento define en qué consiste la autonomía de nuestras casas de estudios superiores: “Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio, bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley”. De modo pues que autonormarse es esencia de la autonomía, como lo es elegir sus autoridades, determinando cuándo y cómo, y no a través de sentencia inconstitucional del TSJ. Este régimen asesino de libertades está asfixiando a las universidades autónomas, y por qué no decirlo, a las no autónomas también, tanto a las nacionales experimentales que no han alcanzado ni alcanzarán la autonomía durante la vigencia del régimen, como a las privadas, a las que asfixia junto a todo el país. Ya es hora de ponernos de pie para luchar por la democracia y la justicia, por la libertad y el desarrollo.
El gobierno está asesinando a las universidades autónomas, asfixiándolas al no suministrarles los recursos presupuestarios que le permitan subsistir. Que se sepa bien, los profesores de las universidades son héroes nacionales, hombres y mujeres que perciben una remuneración ridícula, que nada tiene que ver con el servicio que prestan ni con el costo de la vida, que ganan menos que cualquier otro trabajador. Gracias a ellos, a su capacidad de sacrificio y a su inmensa vocación docente, todavía nuestras universidades están abiertas. Corresponde ahora convertir esa capacidad de entrega, en lucha frontal contra el régimen opresor para que nuestras universidades sean prósperas y mejores, mucho mejores de lo que han sido. El orgullo de ser venezolano, de ser universitario venezolano, lo experimentamos al ver el triunfo de nuestros profesionales en otros países del mundo, en los que se reconoce y valora su preparación, aptitud y actitud.
“Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión”, precisa la Constitución, para luego ordenar que “Se establece la inviolabilidad del recinto universitario”, para preservarlo de las presiones del gobierno. Este régimen, en 20 años de vigencia de la Constitución, no ha abierto la autonomía a las otras universidades del Estado, violando así la disposición final del artículo 109 constitucional: “Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley”. Es más no solo no han otorgado el estatus autonómico a ninguna universidad en dos décadas, sino que como ya dijimos, son asesinos de la autonomía y de la universidad, enemigos de la inteligencia, adversarios de quien pueda pensar con libertad, sin fanatismo, con racionalidad y crítica.
El régimen no quiere pensadores, quiere seguidores; no quiere hombres libres sino sometidos; no desea pensamiento crítico sino gente subordinada al imperio del amo, que hoy cada vez más se llama castro-comunismo. La universidad en pie de lucha por su autonomía universitaria, consustancial a la democracia.
15 octubre 2019
PACIANO PADRÓN
E-Mail: pacianopadron@gmail.com
Teléfono: (0212) 482-4569
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domingo, 15 de septiembre de 2019
EL IRREPRIMIBLE AFÁN POR DESTRUIR
EL IRREPRIMIBLE AFÁN POR DESTRUIR
La Sentencia del RSJ sobre las Universidades
María de Queipo, sostenía que
“la sabiduría popular sobrepasa los saberes académicos”. Diario El
Nacional, Pág. 5 Nación, 16/08/09
HUMBERTO GARCÍA LARRALDE
Economista. Profesor de la UCV
“Una política del
resentimiento, el miedo y la ira. Ése es el esqueleto fascista: incitación a la
violencia, un vulgar materialismo, un nacionalismo asfixiante, xenofobia, la necesidad
de señalar chivos expiatorios, la banalización del arte, el odio por la vida
intelectual y una feroz resistencia al cosmopolitismo.”
Rob Rieman[1]
Nada mejor que el
epígrafe para entender el absurdo fallo de la sala constitucional del tsj (en minúscula
todo, por lo írrito de su constitución y acción) ordenando elecciones en las
universidades autónomas (públicas) en los próximos seis meses. Es menester
señalar, en primer lugar, que en las universidades o prospectos de
universidades que controla directamente, el fascismo nunca ha realizado
elecciones: designa ejecutivamente al equipo rectoral por su lealtad política.
El artículo 34.3 de la Ley Orgánica de Educación chavista
(base del fallo mencionado), alega que una “democracia participativa, protagónica”
significa igual peso al voto de cada empleado, estudiante, egresado y profesor.
Además de
pervertir de forma absoluta el carácter académico que debe tener la designación
de sus autoridades, constituye un pretexto increíblemente cínico, cuya
invocación debería avergonzar a la ponente[2]. El avance del conocimiento
científico, tecnológico y humanístico no obedece a procedimientos democráticos.
La cura del cáncer, la derrota de la inflación o la composición de una
cautivante obra literaria no se deciden por mayoría. Resultan de algo que el
oscurantismo chavo-madurista aborrece: el talento y la creatividad.
Basta una mirada a
algunos elementos de la LOE, aprobada en 2009, para apreciar la inquina del
fascismo gobernante en contra de la educación. La “fuerza productiva” por
excelencia hoy es el talento humano. Su aplicación generalizada es la base de
la llamada Sociedad del Conocimiento de hoy. Pero en esta
ley no hay referencia alguna a la necesidad de capacitar al país para afrontar
exitosamente los desafíos de esta sociedad globalizada, ni a formar una
ciudadanía universal, insertada ventajosamente en la generación y
aprovechamiento de los avances científicos y tecnológicos de la humanidad.
Por el contrario,
la LOE prioriza los valores nacionales y los “saberes populares, artesanales y
ancestrales”, elementos de una “venezolanidad” primitiva y restringida, aislada
del mundo.[3] En las casi 10.000 palabras de
la ley, la palabra “aprendizaje” (o “aprendizajes”) sólo aparece cuatro veces;
la “escuela”, nueve veces y la palabra “enseñanza”, apenas cuatro veces. La
insistencia en valores propios de un nacionalismo atávico, la ausencia de
referencia a los desafíos de la sociedad del conocimiento moderna, los atisbos
racistas que se asoman aquí y allá en esa ley, permite argüir el carácter
retrógrado y oscurantista de la concepción “educativa” chavista.
Pero, además, con
el absurdo esquema electoral del mencionado artículo 34.3 de la LOE, el
fascismo saldría todavía más aplastado que en las elecciones universitarias
realizadas conforme a la Ley de Universidades vigente: en ninguno de los cinco
padrones electorales especificados ganaría (estudiantes, profesores, empleados,
obreros, egresados). A pesar de la cantada intención de trampear cualquier
elección que pudiese presentarse bajo esta pachotada, en absoluto pudiera
legitimar su eventual “triunfo” en las circunstancias de hoy. No es ganar la
universidad a través de un sistema electoral insensato lo que se pretende. Es
simple y llanamente su destrucción.
El disparate
jurídico del fallo --viola el art. 109 de la Constitución que consagra la
autonomía universitaria; es extra petita, al sentenciar fuera de lo
solicitado[4]; anula preceptos
de la Ley de Universidades; y otros desatinos más, ampara la intención de
destruir a nuestras más prestigiosas Casas de Estudio que siempre exhibió el
chavismo. Poco a poco, cual “tragavenado” constrictora, fue estrechando ámbitos
de gestión autónoma, reduciéndoles el presupuesto, atacándolas con bandas
violentas que destruían equipos y enseres e intimidaban sus estudiantes, para
finalmente, condenar a sus profesores con sueldos de hambre, obligando a muchos
a buscar horizontes foráneos que podrían proporcionarle una vida digna.
El fascismo se
alimenta del resentimiento, la envidia, la sed de venganza y los temores que
resultan de la inseguridad que provocan los cambios asociados al progreso de la
humanidad. No hay nada que lo amenace más que la búsqueda de la verdad, la
contraposición de ideas, la asimilación crítica de los avances del pensamiento
universal, el cultivo de la belleza, del respeto, la convivencia y la libertad.
Son éstos, precisamente, los valores y fines que, precisamente, corresponde
cultivar una verdadera universidad. El primitivismo, la ignorancia y la visión
de secta que alimenta el oscurantismo –bases del imaginario castro-comunista y chavista--
son su antítesis.
El único y
verdadero sentido del fallo es terminar por destruir a la universidad
venezolana de calidad, con todo lo que significa. De un régimen que se
atrinchera invocando la violencia, el atraso y su divorcio de todo lo que huele
a progreso y a libertad, no podía esperarse nada distinto.
Lo irracional del
fascismo se pone de manifiesto, por demás, cuando en momentos en que está
claramente de salida en Venezuela, en sus estertores finales y cada vez más
arrinconado, decide abrirse un nuevo frente con este estúpido fallo, en vez de
procurar acuerdos que les ofrezcan ciertas garantías a sus integrantes una vez
se produzca la liberación del país. Invocando de nuevo la fábula de la rana y
el escorpión: está en su naturaleza destruir.
humgarl@gmail.com
[1] Para combatir esta era.
Consideraciones urgentes sobre el fascismo y el humanismo. Penguin Random
House, Grupo Editorial, 2017.
[3] La presidenta de la Comisión
de Educación, Cultura y Deportes de la AN de entonces, María de
Queipo, sostenía que “la sabiduría popular sobrepasa los saberes académicos”.
Diario El Nacional, Pág. 5 Nación, 16/08/09
[4] Recurso de nulidad introducido
por rectores de las universidades nacionales sobre el artículo 34.3 de la LOE.
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lunes, 2 de septiembre de 2019
¿OTRA TRAMPA PARA LA UCV?
¿OTRA TRAMPA PARA LA UCV?
Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y
convocatoria
a elecciones de autoridades universitarias
ABSALÓN MÉNDEZ CEGARRA
“Con
la verdad, ni ofendo ni temo” Eslogan del Diario Vespertino El Mundo. Venezuela.
Hemos leído con el detenimiento que el caso
amerita la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 27 de agosto de
2019, que ordena a la Universidad Central de Venezuela realizar en el lapso de
seis (6) meses, contado desde la fecha de publicación de la sentencia,
elecciones de autoridades universitarias, cuyo período de ejercicio se
encuentre vencido. La Magistrada ponente es: Carmen Zuleta de Merchán.
Esta sentencia permaneció en el congelador
por mucho tiempo. Salió en el momento que el gobierno nacional ha considerado,
aunque parezca lo contrario, que el viento sopla a su favor, aspecto muy
importante a examinar en el contexto universitario. El gobierno nacional es más
inteligente de lo que suponen sus adversarios y, por eso, se mantiene en el
poder. No nos llamemos a engaños. El gobierno ha explorado todos los
escenarios. Y, muchos de ellos, les son favorables. No nos equivoquemos.
Intentaremos un análisis preliminar de la
sentencia y del contexto universitario actual procurando ganarle espacio a la
razón y no a la emoción, nada fácil por lo demás en este caso.
¿POR QUÉ LA SENTENCIA?
En la asamblea de profesores realizada el día
miércoles de esta semana, convocada por la APUCV, con asistencia masiva, se
trató ligeramente el punto, quizás sin haber hecho una lectura cuidadosa del
texto de la sentencia, nada enjundioso, por lo demás, desde el punto de vista
estrictamente jurídico. En la asamblea se aprobó, sin más, rechazar la
sentencia, con lo cual estuvimos de acuerdo.
La decisión judicial de marras es la
respuesta provisional a la solicitud de nulidad del artículo 34.3 de la Ley
Orgánica de Educación (LOE), interpuesta, a través de sus representantes
legales, por la máxima autoridad rectoral de la UCV, en el año 2009, recién
promulgada dicha Ley, acompañada de una solicitud de suspensión cautelar del
mencionado artículo, a los fines de evitar la perturbación de la vida
universitaria y el año académico.
El fundamento de la solicitud del artículo
34.3 era y es muy claro y categórico. Dicho artículo es inconstitucional, por
cuanto viola la noción de comunidad universitaria establecida en el artículo
109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), al
incorporar sectores distintos a los profesores, estudiantes y egresados, como
integrantes de la comunidad universitaria.
En un acto de populismo, demagogia y búsqueda
de clientela electoral, se agrega a la noción de comunidad universitaria otros
actores, importantes, sin duda, como trabajadores universitarios,
convirtiéndola en un vulgar espacio en donde todo el que quiera puede
participar, en igualdad de condiciones, vulgarizando, así, la comunidad
académica que debe ser la Universidad, como sí se tratase de una verbena de
pueblo en fiestas patronales.
Poco faltó para que la Ley expresamente
señale, aunque lo insinúa, que toda persona que pase en algún momento por el
Campus Universitario es miembro de la comunidad universitaria con derecho a
elegir las autoridades que la rigen. Este punto, en verdad, es el fondo de la
acción judicial universitaria.
La decisión se produce 10 años más tarde, a
la espera de la definitiva, la cual ya conocemos sin mucho esfuerzo, cual es la
de declarar sin lugar la acción de nulidad del artículo 34.3 de la LOE. A
manera de antesala o abre boca se dicta de manera extremadamente simplista esta
decisión judicial, en momentos, como es costumbre, de prácticamente inactividad
de la vida universitaria, supuestamente, por disfrute del receso vacacional de
los miembros de la comunidad universitaria.
Hasta aquí estamos de acuerdo. En el contexto
en el cual se produce la sentencia y sus antecedentes. La prolongación del
mandato o ejercicio de las autoridades electas en el año 2008 es otra cosa, muy
diferente, que requiere mayor profundidad analítica, más allá de las pasiones.
LA TRAMPA JUDICIAL
La sentencia acorrala, entrampa, a los
universitarios de un lado y de otro, razón por la que decimos que la Sala
Constitucional del TSJ, existente, ha actuado con inteligencia y evaluado el
contexto universitario actual.
Hasta el mes de enero del año 2019 el
análisis universitario resultaba más fácil. Las autoridades universitarias,
incluye rectorales, decanales y representantes profesorales al cogobierno,
electas en el año 2008, prolongaron su período de ejercicio por decisión de la
Sala Electoral del TSJ; pero, acotado a un lapso que nadie, ni siquiera el
sector judicial, hizo cumplir.
El argumento válido para no hacer elecciones
y que las autoridades universitarias se mantuviesen en el ejercicio de sus
cargos, fue, no hay elecciones porque lo prohíbe el TSJ, sin profundizar en el
contenido de la decisión judicial que establecía un lapso de interinato y la
obligación de presentar en un lapso perentorio, muy corto, un nuevo Reglamento
Electoral apegado a lo establecido en el artículo 34.3 de la LOE. Este
Reglamento no fue elaborado.
El interinato o encargaduría se prolongó
hasta nuestros días; y, en cambio, se acudió a la vía judicial en solicitud de
nulidad del artículo 34.3. Una justicia cómoda, cómplice y acomodaticia, no se
dio por enterada, no declaró la urgencia del caso, al asunto se le podía dar
largas y, a pesar de las múltiples diligencias hechas por la parte
actora, el TSJ esperó el momento
adecuado para decidir parcialmente con lugar lo solicitado, en forma totalmente
contraria a lo pedido en la demanda, es
decir, decidió sobre algo no solicitado, ultra petita en el argot jurídico y,
ese momento, es hoy, ignoramos si
favorable o no a los intereses políticos en juego. Ya veremos.
¿ACATAR O NO LA SENTENCIA?
Por lo pronto, es menester decidir acatar o
no acatar la sentencia y atenernos a sus consecuencias. Aquí está montada la
trampa.
¿Qué ocurre sí se acata la sentencia y vamos
a elecciones en el lapso de 6 meses? ¿Qué ocurre si no acatamos la sentencia?
¿Se mantienen las actuales autoridades universitarias elegidas en el año 2008
en el ejercicio de sus cargos? ¿El gobierno interviene las Universidades y
nombra, a dedo, a las autoridades sustitutas?
¿Estamos en capacidad de declararnos en
rebeldía y convocar un proceso electoral regulado por la legislación
universitaria vigente en uso de las facultades autonómicas? ¿Por qué no lo
hemos hecho? Sobre todo, a partir de
enero del año 2019, cuando desconocimos el gobierno de Nicolás Maduro y la
legalidad-legitimidad del TSJ, procediendo, en consecuencia, a nombrar un
Presidente Encargado y un TSJ en el exilio.
Otra pregunta más, ¿Por qué la Asamblea
Nacional no ha procedido a derogar la LOE, con lo cual, la actual situación
tendría un cariz totalmente distinto? Conjunto de preguntas nada fáciles de
responder por su complejidad, pero, qué debemos hacer el esfuerzo de
responderlas para la tranquilidad de todos.
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
Extraña sobre manera que en la UCV no se
hubiese hecho valer la facultad autonómica de la Universidad a partir del año
2011 cuando venció el período de ejercicio rectoral de las autoridades
universitarias electas el año 2008, decanales y de representantes profesorales
ante el co-gobierno universitario.
La Ley de Universidades no fue derogada por
la LOE, al contrario, se mantenía y mantiene vigente. La Ley de Universidades
creó las instancias con atribuciones para elegir las autoridades rectorales y
decanales: Claustro Universitario y Asambleas de Facultad. Nunca, en los diez
últimos años, ha sido convocado el Claustro y las Asambleas de Facultad para
nada, ni siquiera para rendir cuentas de gestión. ¿Podemos hacerlo ahora?
¿Por qué permanecimos pasivos e inactivos,
por no decir, resignados? ¿Por temor a ir presos por desacato? Bueno, el miedo
es libre. Y, todos tenemos miedos. ¿Por qué los estudiantes sí realizaron, sus
elecciones como gremio y no pasó nada? Los representantes profesorales no
estaban afectados por la medida de suspensión de la Sala Electoral del TSJ,
pues, en su elección solo participamos los profesores y, esta elección, la cual
debe hacerse cada tres años, no se hizo. ¿Quién lo impidió? Las reclamaciones
al respecto nunca fueron atendidas.
El momento para ejercer la autonomía
universitaria y la rebeldía universitaria, también, era ese, 2009, cuando se
promulgó intencionalmente la LOE y el legislativo y ejecutivo se acobardaron y
dejaron incompleta la aplicación de la LOE al no cumplir con el mandato de la
propia ley de dictar una Ley Especial de Universidades, al no hacerlo, quedó
vigente la Ley de Universidades. Los universitarios, muy de nuestro agrado, nos
negamos a cumplirla, por lo que nociones como las de autonomía universitaria
solo sirven para inflar piezas oratorias.
¿Y AHORA QUÉ?
Ya tenemos una primera decisión en el
ambiente y tenemos la otra en puerta. Ambas contrarias a la petición de los
accionantes de la nulidad y de la medida cautelar de efectos. ¿Qué vamos a
hacer?
Las rechazamos, desacatamos. Bien.
Compartimos la tesis. ¿Habrá o no
elecciones universitarias en lo inmediato promovidas por las actuales
autoridades universitarias reguladas por las normas universitarias vigentes?
Esta nos parece la mejor salida. La otra, la permanencia como encargados en el
ejercicio de las posiciones para las cuales fueron electas en el año 2008, nos
parece inconveniente.
El riego es que el gobierno de oficio o por
instancia de parte, que no faltará, las anule, destituya de sus cargos y nombre
nuevas autoridades como lo hace con frecuencia en el remedo de universidades
creadas últimamente. Hemos caído en la trampa. Sí, tal cosa ocurre como es
esperable ¿cuál puede ser la reacción de la comunidad universitaria inactiva de
nuestros días?
La otra vía, posiblemente del gusto de
amplios sectores universitarios, aceptamos y cumplimos la decisión judicial. En
6 meses, en enero del 2020, tendremos elecciones universitarias. Los profesores
sin distingo de condición académica alguna, incluyendo a los profesores
jubilados; los estudiantes de pre y postgrado; egresados; personal administrativo;
y, personal obrero, elegiremos con el voto directo y secreto, en igualdad, uno
a uno, y, en ejercicio de la autonomía universitaria, a las nuevas autoridades
universitarias. Cinco padrones electorales, convocados por la actual Comisión
Electoral y con nueva reglamentación, elegiremos las autoridades
universitarias. Para ello, se suspende cautelarmente la aplicación de los
artículos 31, 32 y 65 de la Ley de Universidades vigente; pero, queda vivo el
artículo 9 de la Ley de Universidades (Autonomía Universitaria) y el 26.
Numeral 17 (Reglamentar las elecciones universitarias).
Lo curioso, entre otras cosas, es que a la
Sala Constitucional se le pidió una cosa: nulidad del artículo 34.3 de la LOE y
suspensión cautelar de su aplicación y, decidió sobre una cosa completamente
distinta, no solicitada, la suspensión cautelar de los artículos 31 (el voto
para la elección de Rector); 32 (invalidez de la elección) y 65 (elección de
decanos), medida absurda que carece de sustentación jurídica, pues, al mantener
el artículo 34.3 su vigencia, el camino a seguir es el que establece dicha
norma, no hay otro.
¿QUÉ HA EVALUADO EL GOBIERNO Y SU INSTRUMENTO
EL TSJ?
Que las Universidades autónomas de hoy son algo
completamente distintas a las del pasado. En ellas el gobierno tiene adeptos y
seguidores en cuantía considerable, en especial, en el sector profesoral,
personal administrativo, obrero y en los egresados. En algunos de estos
sectores tiene influencia indiscutible y puede forzar, sí es el caso, su
voluntad. Pensemos en SITRAUCV. Su dirigencia es marcadamente chavista.
Sindicato de Obreros del Comedor, igualmente. Los egresados, en buena medida,
son funcionarios públicos. Y, algo para reflexionar. El éxodo. La inmigración
casi masiva de estudiantes y profesores a quién beneficia, sin duda, al
gobierno nacional y sus pretensiones de ponerle la mano directamente a las
pocas Universidades que quedan con vida en el país.
Este, en nuestro criterio, es el escenario
que ha evaluado el gobierno nacional. Hoy, puede ganar una elección. Basta que
tres de los padrones electorales le den su mayoría y tendremos autoridades
universitarias, decanales y representantes profesorales afectos al gobierno, de
hecho, ya los tenemos, no habrá sorpresas.
PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES
Los universitarios hemos perdido múltiples
oportunidades para haber logrado una nueva Ley de Universidades. Se han
elaborado proyectos distintos que no han recibido ningún impulso legislativo.
Nos ha resultado muy cómodo vivir con una Ley que no cumplimos y que nadie nos
obliga a cumplir. Igual con la Reglamentación universitaria. Todas las normas
que hubiesen permitido tener una Universidad de altura las hemos resquebrajado.
Hemos ninguneado los requisitos para ser
autoridad universitaria, decanos, representantes profesorales, ingreso a la
Universidad, profesores ordinarios, carrera académica, alumnos regulares,
evaluaciones, etc. Hemos castigado la diligencia para ascender y premiado la
negligencia para cumplir con el requisito del ascenso en el escalafón
universitario, en fin, hemos prostituido lo más importante de la regulación de
la vida académica universitaria.
En mi modesta opinión, cualquiera que sea el
escenario que tomemos, resulta importante extremar los requisitos para ser
autoridad universitaria y decano, pues, no faltará quien alegue que todo
elector puede ser elegido. En una votación no cualificada, uno a uno, cualquier
cosa puede ocurrir.
Finalmente, un refrán popular, “la salsa que
es buena para el pato es buena para la pata”. Elección amplia, plural,
democrática en todas la Universidades del país. El gobierno con la sentencia en
referencia apuesta a una medición de fuerzas. Vamos a contarnos todos de una
vez. Sin miedos. Sin excusas.
Últimas preguntas ¿Qué va a hacer la Asamblea
Nacional? ¿Va a dejar sola a la Universidad venezolana?
Mis respetos.
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