lunes, 11 de noviembre de 2019

EL TSJ ORDENA HACER LAS ELECCIONES UNIVERSITARIAS


EL TSJ ORDENA HACER LAS ELECCIONES UNIVERSITARIAS
Ignacio Avalos Gutiérrez

Los tiempos suelen cambiar

Es obvio que han cambiado las circunstancias que rodean a la universidad actual y es obvio que hay que mirarla dentro de un entorno dibujado por otros hechos, muy distintos a los que hasta hace no mucho determinaban sus características y su razón de ser. Hoy en día se encuentra inmersa en un nuevo ámbito, determinado principalmente por las características que se desprende del ritmo actual del desarrollo tecno científico, factor medular en la conformación y desempeño de las sociedades actuales. Y en consecuencia hay que situarla, entonces, rodeada por una nueva institucionalidad de la que forman parte otros y muy diversos actores sociales con los que interactúa, los cuales se desempeñan según otras lógicas y muestran diferentes capacidades a la vez que se mueven de acuerdo a sus particulares intereses en lo que atañe a la generación, distribución, enseñanza y uso del conocimiento en sus diversos formatos.

Se trata, pues,  de un escenario distinto determinado, además por las posibilidades que se abren vía la digitalización; por las consecuencias que generan el volumen y la rapidez con la que hoy en día se generan, difunden, se utilizan y vuelven obsoletos los conocimientos; por  la aparición de nuevas disciplinas y sub disciplinas; por el trabajo trans disciplinario e interdisciplinario; por el predominio visible del financiamiento privado sobre el público; por la modificación de los derechos de propiedad intelectual; e, igualmente, por la globalización de las actividades de investigación e innovación y el replanteamiento de  los espacios nacionales, lo que está  generando una nueva distribución de las capacidades tecno científicas a nivel internacional, con una clara expansión de varios países asiáticos, notablemente China,  pero también otras naciones, como  India, Corea del Sur y Japón, siendo éste un dato nada menor desde el punto de vista geo político.

La Cuarta Revolución Tecnológica

Es esta época, la de la “sociedad del conocimiento”, la que nos lleva a reflexionar sobre el sentido de la transformación que debe experimentar la actual universidad. Recordemos que dentro del marco esbozado arriba transcurre la Cuarta Revolución Tecnológica, sustentada en la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, generadoras de innovaciones que originan fuertes impactos en todas las esferas de la actividad social, de los que  deriva la necesidad de ir creando nuevos modelos de análisis a partir del trabajo sinérgico entre las ciencias sociales y humanas y las ciencias naturales, con el propósito de ir descifrando y regulando eventos muy complejos, puestos de manifiesto en alteraciones muy significativas en la vida humana (piénsese en los efectos que se desprenden de la inteligencia artificial o de las neurociencias, por solo citar apenas dos entre infinidad de ejemplos).

La Universidad en el Siglo XXI

Frente al cuadro descrito arriba, a las universidades – que ya no tienen el monopolio sobre el conocimiento, es importante destacarlo - les toca emprender un crucial e impostergable tarea.  Se trata de encarar la reforma de las funciones y actividades que le son propias, dadas las nuevas circunstancias que pautan el transcurrir de estos tiempos, tal como, dicho sea de paso, lo está haciendo una buena parte de las universidades del mundo, empeñadas en modificar sus estructuras, sus normas de organización, el contenido de las carreras, los modos de enseñar e investigar, en fin, en ir variando los procesos de producción, circulación y uso del conocimiento en función de la nueva sociedad emergente, moldeando, así,  nuevas realidades institucionales, culturales e identidades.  Todo ello a sabiendas de que en ellas reposa, en importante medida, el encargo de descifrar, canalizar y aprovechar los cambios tecno científicos que están ocurriendo.
  
La tarea es, entonces, analizar las universidades en términos de este nuevo escenario que de una u otra forma, dibujan los desafíos, las oportunidades y amenazas que condicionan las estrategias que les han de permitir navegar de acuerdo a los vientos que soplan.

En este sentido, alude resumidamente la Unesco, a la necesidad de generar “…. un conocimiento multidisciplinar desde perspectivas social, económica, cultural y científica. Esta generación de conocimiento debe dar respuesta a desafíos globales como la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías renovables y la salud público entre otros ,,,,”.  Tal es, en pocas palabras del reto que significa repensar la universidad pública.

El TSJ ordena las elecciones

Imposible no ubicar dentro de las consideraciones anteriores, el reciente y arbitrario decreto del TSJ, mediante el que se obliga a convocar a elecciones en diversas universidades nacionales, imponiendo incluso las reglas que se deben seguir para identificar quienes pueden ser los votantes y hasta la manera como se contarán los sufragios, vulnerando, así, la independencia universitaria, tal como lo han argumentado los expertos en la materia, alegando que el contenido del fulano Decreto, viola hasta la última coma del artículo 109 de Constitución Nacional, el que consagra y describe la autonomía.

Esta medida representa el último capítulo (por ahora) del continuo maltrato contra las universidades públicas y autónomas, iniciado en el año 2003 y cuyo resultado ha sido condenarlas a funcionar en circunstancias de sobrevivencia en casi todas las competencias institucionales que le corresponden, ni hablar, desde luego, de asomarse a los retos que trae consigo el futuro aquí descrito. Por otro lado, y aunque sea de pasada, resulta imposible no mencionar, a propósito de lo anterior, que la creación de varias universidades “oficiales” a lo largo de estas dos últimas décadas ha tenido precarios resultados académicos, aunque han servido, sin duda, para presumir de una abultada matrícula de estudiantes a nivel de la educación superior.

De esta manera, mediante unos comicios diseñados de acuerdo a un formato cada vez más en desuso en el mundo en las elecciones universitarias, el gobierno encara el tema de la actualización de la universidad sustentándolo en una concepción que busca el acoplamiento de la academia con la propuesta política oficial, que no tiene ningún sentido, si hemos de mirarla a través de las claves dentro de las que se mueve el siglo XXI.

Sin que uno sepa muy bien el motivo de su última ocurrencia, el Gobierno, a través del TSJ (¿no hay separación de poderes?) reitera una vez más la pretensión de vigilar (¿exagerada la palabra?) la actividad académica. Habla, como lo ha hecho en otras ocasiones, de ponerla al servicio del desarrollo nacional, entendido éste, es la impresión que deja, como un popurrí de propuestas ideológicamente contradictorias, técnicamente poco factibles y envueltas en una épica muy venida a menos, cuyo resultado ha sido una severa crisis de la que apenas una minoría de los venezolanos ha conseguido salir ilesa.  Expresado de otra manera, intenta, como ya señalé, de convertir a las universidades autónomas en un espacio fiel a un proyecto regido por un pensamiento uniforme, que no admite contradicciones y que se encuentra ubicado completamente a las espaldas de los códigos que rigen esta época

El Nacional, jueves 7 de noviembre de 2019



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sábado, 9 de noviembre de 2019

CONVULSIÓN POLÍTICA

 


CONVULSIÓN POLÍTICA
Luis Marín

La convulsión política en América Latina: ¿Hacia la revolución militar-socialista-bolivariana y la liquidación del neoliberalismo? Pregunta la Cátedra Pío Tamayo de la Universidad Central de Venezuela y se responde lo siguiente.
Primero, nos restringimos al contexto de América Latina, en particular, las manifestaciones en Ecuador, luego en Chile, el retorno de Cristina Kirchner en Argentina, el descomunal fraude electoral de Evo Morales en Bolivia y los más recientes disturbios en Colombia: “La brisita bolivariana a punto de convertirse en huracán”.
Luego, la explicación del Foro de Sao Paulo, dicho por ellos mismos: todo corresponde a un plan diseñado en Caracas, en su encuentro XXV, del 25 al 28 de julio, donde se desglosan país por país, sus resoluciones.
Por ejemplo, en Ecuador apoyan al prófugo Rafael Correa y sus secuaces, Ricardo Patiño, Jorge Glas y la enrevesada trama de espionaje internacional representada por Julian Assange y Oli Bini, enfrentando al “tránsfuga” Lenin Moreno.
En Chile, impulsan “la cumbre de los pueblos”, contra el foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), con los resultados conocidos. Hoy celebran la suspensión de ambos eventos, una pedrada en la vitrina del liberalismo: “Hacia los 50 años del triunfo de Salvador Allende”.
En Argentina, respaldan a la pareja de Alberto y Cristina Fernández contra el gobierno de Mauricio Macri; así como en Bolivia apoyan al “hermano Evo” en su aspiración a un cuarto mandato, siendo ya el dictador que más tiempo a gobernado Bolivia en toda su historia.
En Colombia tercian por los acuerdos de La Habana FARC-Santos, calificando al gobierno de Ivan Duque como “genocida”, a favor del “Movimiento Defendamos la Paz”; así como acusan al presidente de Paraguay, Abdo Benitez de “neofascista”, por su entendimiento con Bolsonaro y Macri en la llamada Triplefrontera.
En Nicaragua apoyan la “pacificación” de Ortega-Morillo, como en Cuba promueven el “Encuentro antiimperialista de solidaridad, por la democracia y contra el neoliberalismo” realizado en La Habana del 1º al 3 de noviembre.
En Brasil impulsan la campaña “Lula libre” a quien proponen otorgarle el Premio Nobel, promovido por el inefable Adolfo Pérez Esquivel, mientras orquestan la guerra sucia nacional e internacional contra el presidente Jair Bolsonaro.
Finalmente, la explicación de la Socialdemocracia, expresada por sus más conspicuos voceros, admite que sí puede haber cierta intervención del F de SP, pero no debe sobrestimarse, como ellos pretenden, exagerando su poder e influencia; en realidad existe un caldo de cultivo para que estas incitaciones hayan tenido tanto impacto y extensión.
Estas razones serían la desigualdad y la corrupción. Pero, ¿era Chile menos desigual y  corrupto durante los períodos de Bachelet? Al contrario, la desigualdad en Chile no ha cesado de disminuir, como de aumentar la transparencia, según los índices internacionales generalmente aceptados.
Por otra parte, todos los países de AL son desiguales y corruptos, más que Chile, pongamos por caso, México y ¿por qué no? Cuba, donde más de la mitad de la población está por debajo del umbral de la pobreza y la nomenclatura lleva una vida principesca.
Es más, en qué país del mundo no existe desigualdad y corrupción, ¿en Rusia? ¿China? Esta explicación de la socialdemocracia no explica nada y solo sirve para enarbolar la única bandera que le queda, que es la apelación a la “desigualdad”, sin que se sepa exactamente a qué se refiere.
La respuesta verdadera siempre resulta ser la más sencilla: la razón es que hay una voluntad política detrás de los disturbios. Pero, ¿por qué es tan difícil verlo o admitirlo? Por la devoción que tienen las Internacionales Comunistas y Socialistas por las actividades clandestinas. Siempre procuran actuar tras bastidores y presentar sus decisiones políticas como si fueran fatalidades históricas.
En realidad estos disturbios se fraguan en unos comités, alrededor de unas mesas directivas. Todo lo demás es movilización de las organizaciones y difusión de propaganda, para lo que se prestan gustosos los medios de comunicación colonizados por el marxismo cultural. La causa de los disturbios es el aumento de las tarifas del metro, claman al unísono, luego los disturbios se extienden a ocho ciudades donde ni siquiera hay metro y de allí a todo el  país.
Las verdaderas razones hay que buscarlas en el endurecimiento del embargo a Cuba, las sanciones contra Raúl Castro y su familia, de las que ellos no han hecho la menor mención, así como a los agentes de su entorno, incluso en Venezuela y Nicaragua; suspensión de los cruceros, vuelos regulares y remesas familiares; la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, contra la que vociferan abiertamente las declaraciones del F de SP.
Replican según la máxima de que la mejor defensa es el ataque: “Si ustedes quieren derrocar a nuestros gobiernos, nosotros derrocaremos a los suyos”. Así de simple.

Luis Marín
07-11-19




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SENTENCIAS JUDICIALES COMO RETALIACIÓN



SENTENCIAS JUDICIALES COMO RETALIACIÓN
Absalón Méndez Cegarra

El día lunes 28 de octubre de 2019, asistimos a un foro convocado por la Cátedra Pío Tamayo, realizado como es costumbre, en la Sala E de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para tratar el tema de la Sentencia de fecha 27-08-2019,  emanada de la Sala Constitucional del TSJ, mediante la cual ordena a la UCV  realizar elecciones de autoridades rectorales en un plazo de seis meses, contado a partir del momento de publicación de la Sentencia, siguiendo las indicaciones y proceder establecido por dicha Sala.

Esta Sentencia, como se ha repetido incesantemente, es inconstitucional e ilegal, por cuanto viola el artículo 109 de la Constitución, en el cual se establece la forma como se integra la comunidad universitaria y viola el artículo 9 de la Ley de Universidades, en cuanto a la atribución de la Universidades autónomas para darse su propia forma de gobierno.

En el foro en referencia, intervinimos como ponentes tres profesores y dos representantes estudiantiles, quienes, con excepción de un ponente disidente, coincidimos en cuestionar la inconstitucionalidad e ilegalidad de la Sentencia.
La disidencia estuvo a cargo de un profesor contratado por  la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas a quien hace poco tiempo la Facultad le rescindió el contrato por finalización de la actividad académica para la cual había sido contratado; pero, debido a las informalidades con las que se administran en la UCV estas contrataciones, se brindó la oportunidad para que el profesor interpusiera por ante el TSJ, acciones jurídicas en solicitud de restitución de su cargo de profesor  lo cual logró mediante sentencia judicial. 

El citado profesor, prevalido de esta protección judicial o, posiblemente, por autosuficiencia y prepotencia que le son características, dada su condición de militante del PSUV, acompañado de una barra de simpatizantes, se pronunció totalmente favorable a la Sentencia que obliga a la UCV a celebrar elecciones dentro de lapso determinado y, a realizarlas   como quiere el gobierno que se hagan, es decir, transgrediendo la Constitución y la Ley.

 Pero, este profesor, no sólo se congratuló por la Sentencia, sino que se ufanó de la influencia que tiene sobre el Poder Judicial, señalando, que, a su parecer, la Sentencia se quedó corta, pues ha debido ir mucho allá, como era su pedimento, no solo incorporar a empleados y obreros, en igualdad de condiciones como votantes, sino a toda la población con lo cual, a su juicio, se fortalecería la autonomía universitaria.  Todos los habitantes de la República deben votar para elegir a las autoridades de la UCV, lo cual hace a la elección extraordinariamente popular. Populismo barato. Retaliación contra la UCV por la terminación del contrato. Típico resentimiento y odio social del chavismo. Así se imparte justicia en Venezuela.

 Ahora bien, resulta que este abogado constitucionalista, con influencia en el poder judicial y con pretensiones de ser Rector de la UCV, guarda total y absoluto silencio sobre la elección popular en las Universidades afines al gobierno y en los Poderes Públicos Judicial, Electoral y Ciudadano. Un refrán popular dice que “la salsa que es buena para el pato es buena para la pata”.
Otra cosa importante del forista disidente es su afirmación categórica que el 27F o antes, habrá elecciones de autoridades universitarias en la UCV. Ante este hecho, es necesario que la UCV se apresure a buscar su camino.  

Hay, en nuestro criterio, cinco opciones, a saber: 1. Realizar elecciones en los términos que establece la Ley de Universidades y el Reglamento de Elecciones Universitarias en ejercicio pleno de la autonomía universitaria (desacatar la Sentencia del TSJ) 2. No hacer nada. Esperar que llegue el 27F para ver qué pasa. 3. Elaborar el Reglamento que pide la Sentencia del TSJ y convocar a elecciones. 4.Negociar con el gobierno una salida intermedia, mediante la elaboración de un reglamento provisorio, que, por ejemplo, mantenga, en lo inmediato, en tres sectores (profesores, estudiantes, egresados) la noción de comunidad universitaria, con votación universal; pero, aportando, cada sector el 33,33% a la elección de autoridades rectorales; luego, pueden incorporarse los otros dos sectores, aportando cada uno, independientemente del padrón electoral, el 20% a la elección.5. Solicitar a la Asamblea Nacional una reforma parcial urgente de la LOE, al fin y al cabo, la AN está en mora por cuanto no ha sancionado la Ley de Universidades como lo ordena la LOE.  Nos preocupa que la opción que gana terreno es la 2. No hacer nada.

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lunes, 21 de octubre de 2019

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA ES BOFETADA AL RÉGIMEN



 LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA ES BOFETADA AL RÉGIMEN
Paciano Padrón

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Twitter: @padronpaciano

         La historia de la democracia en Venezuela está unida a su lucha por la autonomía universitaria, esta es consustancial a la libertad, de modo que nada extraña que hoy, una vez más, las universidades se pongan de pie para reclamar su autonomía, vale decir, para luchar por la democracia en Venezuela. La autonomía universitaria es una bofetada al régimen criminal que no acepta el pensamiento crítico.

         “El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía”, reza a su inicio el artículo 109 de nuestra Constitución, para señalar de inmediato que esa autonomía permite a profesores, estudiantes y egresados de su comunidad “dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación”.

         El artículo constitucional in comento define en qué consiste la autonomía de nuestras casas de estudios superiores: “Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio, bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley”. De modo pues que autonormarse es esencia de la autonomía, como lo es elegir sus autoridades, determinando cuándo y cómo, y no a través de sentencia inconstitucional del TSJ. Este régimen asesino de libertades está asfixiando a las universidades autónomas, y por qué no decirlo, a las no autónomas también, tanto a las nacionales experimentales que no han alcanzado ni alcanzarán la autonomía durante la vigencia del régimen, como a las privadas, a las que asfixia junto a todo el país. Ya es hora de ponernos de pie para luchar por la democracia y la justicia, por la libertad y el desarrollo.

         El gobierno está asesinando a las universidades autónomas, asfixiándolas al no suministrarles los recursos presupuestarios que le permitan subsistir. Que se sepa bien, los profesores de las universidades son héroes nacionales, hombres y mujeres que perciben una remuneración ridícula, que nada tiene que ver con el servicio que prestan ni con el costo de la vida, que ganan menos que cualquier otro trabajador. Gracias a ellos, a su capacidad de sacrificio y a su inmensa vocación docente, todavía nuestras universidades están abiertas. Corresponde ahora convertir esa capacidad de entrega, en lucha frontal contra el régimen opresor para que nuestras universidades sean prósperas y mejores, mucho mejores de lo que han sido. El orgullo de ser venezolano, de ser universitario venezolano, lo experimentamos al ver el triunfo de nuestros profesionales en otros países del mundo, en los que se reconoce y valora su preparación, aptitud y actitud.

         “Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión”, precisa la Constitución, para luego ordenar que “Se establece la inviolabilidad del recinto universitario”, para preservarlo de las presiones del gobierno. Este régimen, en 20 años de vigencia de la Constitución, no ha abierto la autonomía a las otras universidades del Estado, violando así la disposición final del artículo 109 constitucional: “Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley”. Es más no solo no han otorgado el estatus autonómico a ninguna universidad en dos décadas, sino que como ya dijimos, son asesinos de la autonomía y de la universidad, enemigos de la inteligencia, adversarios de quien pueda pensar con libertad, sin fanatismo, con racionalidad y crítica.

El régimen no quiere pensadores, quiere seguidores; no quiere hombres libres sino sometidos; no desea pensamiento crítico sino gente subordinada al imperio del amo, que hoy cada vez más se llama castro-comunismo. La universidad en pie de lucha por su autonomía universitaria, consustancial a la democracia. 

15 octubre 2019

PACIANO PADRÓN
Teléfono: (0212) 482-4569
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domingo, 15 de septiembre de 2019

EL IRREPRIMIBLE AFÁN POR DESTRUIR





EL IRREPRIMIBLE AFÁN POR DESTRUIR

La Sentencia del RSJ sobre las Universidades

María de Queipo, sostenía que “la sabiduría popular sobrepasa los saberes académicos”. Diario El Nacional, Pág. 5 Nación, 16/08/09

                  HUMBERTO GARCÍA LARRALDE
Economista. Profesor de la UCV

“Una política del resentimiento, el miedo y la ira. Ése es el esqueleto fascista: incitación a la violencia, un vulgar materialismo, un nacionalismo asfixiante, xenofobia, la necesidad de señalar chivos expiatorios, la banalización del arte, el odio por la vida intelectual y una feroz resistencia al cosmopolitismo.”
Rob Rieman[1]

Nada mejor que el epígrafe para entender el absurdo fallo de la sala constitucional del tsj (en minúscula todo, por lo írrito de su constitución y acción) ordenando elecciones en las universidades autónomas (públicas) en los próximos seis meses. Es menester señalar, en primer lugar, que en las universidades o prospectos de universidades que controla directamente, el fascismo nunca ha realizado elecciones: designa ejecutivamente al equipo rectoral por su lealtad política. El artículo 34.3 de la Ley Orgánica de Educación chavista (base del fallo mencionado), alega que una “democracia participativa, protagónica” significa igual peso al voto de cada empleado, estudiante, egresado y profesor.

Además de pervertir de forma absoluta el carácter académico que debe tener la designación de sus autoridades, constituye un pretexto increíblemente cínico, cuya invocación debería avergonzar a la ponente[2]. El avance del conocimiento científico, tecnológico y humanístico no obedece a procedimientos democráticos. La cura del cáncer, la derrota de la inflación o la composición de una cautivante obra literaria no se deciden por mayoría. Resultan de algo que el oscurantismo chavo-madurista aborrece: el talento y la creatividad.

Basta una mirada a algunos elementos de la LOE, aprobada en 2009, para apreciar la inquina del fascismo gobernante en contra de la educación. La “fuerza productiva” por excelencia hoy es el talento humano. Su aplicación generalizada es la base de la llamada Sociedad del Conocimiento de hoy. Pero en esta ley no hay referencia alguna a la necesidad de capacitar al país para afrontar exitosamente los desafíos de esta sociedad globalizada, ni a formar una ciudadanía universal, insertada ventajosamente en la generación y aprovechamiento de los avances científicos y tecnológicos de la humanidad.

Por el contrario, la LOE prioriza los valores nacionales y los “saberes populares, artesanales y ancestrales”, elementos de una “venezolanidad” primitiva y restringida, aislada del mundo.[3] En las casi 10.000 palabras de la ley, la palabra “aprendizaje” (o “aprendizajes”) sólo aparece cuatro veces; la “escuela”, nueve veces y la palabra “enseñanza”, apenas cuatro veces. La insistencia en valores propios de un nacionalismo atávico, la ausencia de referencia a los desafíos de la sociedad del conocimiento moderna, los atisbos racistas que se asoman aquí y allá en esa ley, permite argüir el carácter retrógrado y oscurantista de la concepción “educativa” chavista.

Pero, además, con el absurdo esquema electoral del mencionado artículo 34.3 de la LOE, el fascismo saldría todavía más aplastado que en las elecciones universitarias realizadas conforme a la Ley de Universidades vigente: en ninguno de los cinco padrones electorales especificados ganaría (estudiantes, profesores, empleados, obreros, egresados). A pesar de la cantada intención de trampear cualquier elección que pudiese presentarse bajo esta pachotada, en absoluto pudiera legitimar su eventual “triunfo” en las circunstancias de hoy. No es ganar la universidad a través de un sistema electoral insensato lo que se pretende. Es simple y llanamente su destrucción.

El disparate jurídico del fallo --viola el art. 109 de la Constitución que consagra la autonomía universitaria; es extra petita, al sentenciar fuera de lo solicitado[4]; anula preceptos de la Ley de Universidades; y otros desatinos más, ampara la intención de destruir a nuestras más prestigiosas Casas de Estudio que siempre exhibió el chavismo. Poco a poco, cual “tragavenado” constrictora, fue estrechando ámbitos de gestión autónoma, reduciéndoles el presupuesto, atacándolas con bandas violentas que destruían equipos y enseres e intimidaban sus estudiantes, para finalmente, condenar a sus profesores con sueldos de hambre, obligando a muchos a buscar horizontes foráneos que podrían proporcionarle una vida digna.

El fascismo se alimenta del resentimiento, la envidia, la sed de venganza y los temores que resultan de la inseguridad que provocan los cambios asociados al progreso de la humanidad. No hay nada que lo amenace más que la búsqueda de la verdad, la contraposición de ideas, la asimilación crítica de los avances del pensamiento universal, el cultivo de la belleza, del respeto, la convivencia y la libertad. Son éstos, precisamente, los valores y fines que, precisamente, corresponde cultivar una verdadera universidad. El primitivismo, la ignorancia y la visión de secta que alimenta el oscurantismo –bases del imaginario castro-comunista y chavista-- son su antítesis.

El único y verdadero sentido del fallo es terminar por destruir a la universidad venezolana de calidad, con todo lo que significa. De un régimen que se atrinchera invocando la violencia, el atraso y su divorcio de todo lo que huele a progreso y a libertad, no podía esperarse nada distinto.

Lo irracional del fascismo se pone de manifiesto, por demás, cuando en momentos en que está claramente de salida en Venezuela, en sus estertores finales y cada vez más arrinconado, decide abrirse un nuevo frente con este estúpido fallo, en vez de procurar acuerdos que les ofrezcan ciertas garantías a sus integrantes una vez se produzca la liberación del país. Invocando de nuevo la fábula de la rana y el escorpión: está en su naturaleza destruir.

humgarl@gmail.com 


[1] Para combatir esta era. Consideraciones urgentes sobre el fascismo y el humanismo. Penguin Random House, Grupo Editorial, 2017.
[2] La ponente del fallo fue Carmen Zuleta de Merchán
[3] La presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la AN de entonces, María de Queipo, sostenía que “la sabiduría popular sobrepasa los saberes académicos”. Diario El Nacional, Pág. 5 Nación, 16/08/09
[4] Recurso de nulidad introducido por rectores de las universidades nacionales sobre el artículo 34.3 de la LOE.

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lunes, 2 de septiembre de 2019

¿OTRA TRAMPA PARA LA UCV?



¿OTRA TRAMPA PARA LA UCV?


Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y convocatoria
a elecciones de autoridades universitarias 

                                                                                         ABSALÓN MÉNDEZ CEGARRA 


 “Con la verdad, ni ofendo ni temo” Eslogan del Diario Vespertino El Mundo. Venezuela.
                 

Hemos leído con el detenimiento que el caso amerita la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 27 de agosto de 2019, que ordena a la Universidad Central de Venezuela realizar en el lapso de seis (6) meses, contado desde la fecha de publicación de la sentencia, elecciones de autoridades universitarias, cuyo período de ejercicio se encuentre vencido. La Magistrada ponente es: Carmen Zuleta de Merchán.

Esta sentencia permaneció en el congelador por mucho tiempo. Salió en el momento que el gobierno nacional ha considerado, aunque parezca lo contrario, que el viento sopla a su favor, aspecto muy importante a examinar en el contexto universitario. El gobierno nacional es más inteligente de lo que suponen sus adversarios y, por eso, se mantiene en el poder. No nos llamemos a engaños. El gobierno ha explorado todos los escenarios. Y, muchos de ellos, les son favorables. No nos equivoquemos.

Intentaremos un análisis preliminar de la sentencia y del contexto universitario actual procurando ganarle espacio a la razón y no a la emoción, nada fácil por lo demás en este caso.

¿POR QUÉ LA SENTENCIA?

En la asamblea de profesores realizada el día miércoles de esta semana, convocada por la APUCV, con asistencia masiva, se trató ligeramente el punto, quizás sin haber hecho una lectura cuidadosa del texto de la sentencia, nada enjundioso, por lo demás, desde el punto de vista estrictamente jurídico. En la asamblea se aprobó, sin más, rechazar la sentencia, con lo cual estuvimos de acuerdo.

La decisión judicial de marras es la respuesta provisional a la solicitud de nulidad del artículo 34.3 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), interpuesta, a través de sus representantes legales, por la máxima autoridad rectoral de la UCV, en el año 2009, recién promulgada dicha Ley, acompañada de una solicitud de suspensión cautelar del mencionado artículo, a los fines de evitar la perturbación de la vida universitaria y el año académico.

El fundamento de la solicitud del artículo 34.3 era y es muy claro y categórico. Dicho artículo es inconstitucional, por cuanto viola la noción de comunidad universitaria establecida en el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), al incorporar sectores distintos a los profesores, estudiantes y egresados, como integrantes de la comunidad universitaria.

En un acto de populismo, demagogia y búsqueda de clientela electoral, se agrega a la noción de comunidad universitaria otros actores, importantes, sin duda, como trabajadores universitarios, convirtiéndola en un vulgar espacio en donde todo el que quiera puede participar, en igualdad de condiciones, vulgarizando, así, la comunidad académica que debe ser la Universidad, como sí se tratase de una verbena de pueblo en fiestas patronales.

Poco faltó para que la Ley expresamente señale, aunque lo insinúa, que toda persona que pase en algún momento por el Campus Universitario es miembro de la comunidad universitaria con derecho a elegir las autoridades que la rigen. Este punto, en verdad, es el fondo de la acción judicial universitaria.

La decisión se produce 10 años más tarde, a la espera de la definitiva, la cual ya conocemos sin mucho esfuerzo, cual es la de declarar sin lugar la acción de nulidad del artículo 34.3 de la LOE. A manera de antesala o abre boca se dicta de manera extremadamente simplista esta decisión judicial, en momentos, como es costumbre, de prácticamente inactividad de la vida universitaria, supuestamente, por disfrute del receso vacacional de los miembros de la comunidad universitaria.

Hasta aquí estamos de acuerdo. En el contexto en el cual se produce la sentencia y sus antecedentes. La prolongación del mandato o ejercicio de las autoridades electas en el año 2008 es otra cosa, muy diferente, que requiere mayor profundidad analítica, más allá de las pasiones.

LA TRAMPA JUDICIAL

La sentencia acorrala, entrampa, a los universitarios de un lado y de otro, razón por la que decimos que la Sala Constitucional del TSJ, existente, ha actuado con inteligencia y evaluado el contexto universitario actual.

Hasta el mes de enero del año 2019 el análisis universitario resultaba más fácil. Las autoridades universitarias, incluye rectorales, decanales y representantes profesorales al cogobierno, electas en el año 2008, prolongaron su período de ejercicio por decisión de la Sala Electoral del TSJ; pero, acotado a un lapso que nadie, ni siquiera el sector judicial, hizo cumplir.

El argumento válido para no hacer elecciones y que las autoridades universitarias se mantuviesen en el ejercicio de sus cargos, fue, no hay elecciones porque lo prohíbe el TSJ, sin profundizar en el contenido de la decisión judicial que establecía un lapso de interinato y la obligación de presentar en un lapso perentorio, muy corto, un nuevo Reglamento Electoral apegado a lo establecido en el artículo 34.3 de la LOE. Este Reglamento no fue elaborado.

El interinato o encargaduría se prolongó hasta nuestros días; y, en cambio, se acudió a la vía judicial en solicitud de nulidad del artículo 34.3. Una justicia cómoda, cómplice y acomodaticia, no se dio por enterada, no declaró la urgencia del caso, al asunto se le podía dar largas y, a pesar  de  las múltiples diligencias hechas por la parte actora, el TSJ  esperó el momento adecuado para decidir parcialmente con lugar lo solicitado, en forma totalmente contraria a lo pedido  en la demanda, es decir, decidió sobre algo no solicitado, ultra petita en el argot jurídico y, ese momento, es hoy, ignoramos  si favorable o no a los intereses políticos en juego. Ya veremos.

¿ACATAR O NO LA SENTENCIA?

Por lo pronto, es menester decidir acatar o no acatar la sentencia y atenernos a sus consecuencias. Aquí está montada la trampa.

¿Qué ocurre sí se acata la sentencia y vamos a elecciones en el lapso de 6 meses? ¿Qué ocurre si no acatamos la sentencia? ¿Se mantienen las actuales autoridades universitarias elegidas en el año 2008 en el ejercicio de sus cargos? ¿El gobierno interviene las Universidades y nombra, a dedo, a las autoridades sustitutas?

¿Estamos en capacidad de declararnos en rebeldía y convocar un proceso electoral regulado por la legislación universitaria vigente en uso de las facultades autonómicas? ¿Por qué no lo hemos hecho?  Sobre todo, a partir de enero del año 2019, cuando desconocimos el gobierno de Nicolás Maduro y la legalidad-legitimidad del TSJ, procediendo, en consecuencia, a nombrar un Presidente Encargado y un TSJ en el exilio. 

Otra pregunta más, ¿Por qué la Asamblea Nacional no ha procedido a derogar la LOE, con lo cual, la actual situación tendría un cariz totalmente distinto? Conjunto de preguntas nada fáciles de responder por su complejidad, pero, qué debemos hacer el esfuerzo de responderlas para la tranquilidad de todos.

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Extraña sobre manera que en la UCV no se hubiese hecho valer la facultad autonómica de la Universidad a partir del año 2011 cuando venció el período de ejercicio rectoral de las autoridades universitarias electas el año 2008, decanales y de representantes profesorales ante el co-gobierno universitario.

La Ley de Universidades no fue derogada por la LOE, al contrario, se mantenía y mantiene vigente. La Ley de Universidades creó las instancias con atribuciones para elegir las autoridades rectorales y decanales: Claustro Universitario y Asambleas de Facultad. Nunca, en los diez últimos años, ha sido convocado el Claustro y las Asambleas de Facultad para nada, ni siquiera para rendir cuentas de gestión. ¿Podemos hacerlo ahora?

¿Por qué permanecimos pasivos e inactivos, por no decir, resignados? ¿Por temor a ir presos por desacato? Bueno, el miedo es libre. Y, todos tenemos miedos. ¿Por qué los estudiantes sí realizaron, sus elecciones como gremio y no pasó nada? Los representantes profesorales no estaban afectados por la medida de suspensión de la Sala Electoral del TSJ, pues, en su elección solo participamos los profesores y, esta elección, la cual debe hacerse cada tres años, no se hizo. ¿Quién lo impidió? Las reclamaciones al respecto nunca fueron atendidas.

El momento para ejercer la autonomía universitaria y la rebeldía universitaria, también, era ese, 2009, cuando se promulgó intencionalmente la LOE y el legislativo y ejecutivo se acobardaron y dejaron incompleta la aplicación de la LOE al no cumplir con el mandato de la propia ley de dictar una Ley Especial de Universidades, al no hacerlo, quedó vigente la Ley de Universidades. Los universitarios, muy de nuestro agrado, nos negamos a cumplirla, por lo que nociones como las de autonomía universitaria solo sirven para inflar piezas oratorias.

¿Y AHORA QUÉ?

Ya tenemos una primera decisión en el ambiente y tenemos la otra en puerta. Ambas contrarias a la petición de los accionantes de la nulidad y de la medida cautelar de efectos. ¿Qué vamos a hacer?

Las rechazamos, desacatamos. Bien. Compartimos la tesis.  ¿Habrá o no elecciones universitarias en lo inmediato promovidas por las actuales autoridades universitarias reguladas por las normas universitarias vigentes? Esta nos parece la mejor salida. La otra, la permanencia como encargados en el ejercicio de las posiciones para las cuales fueron electas en el año 2008, nos parece inconveniente.

El riego es que el gobierno de oficio o por instancia de parte, que no faltará, las anule, destituya de sus cargos y nombre nuevas autoridades como lo hace con frecuencia en el remedo de universidades creadas últimamente. Hemos caído en la trampa. Sí, tal cosa ocurre como es esperable ¿cuál puede ser la reacción de la comunidad universitaria inactiva de nuestros días?

La otra vía, posiblemente del gusto de amplios sectores universitarios, aceptamos y cumplimos la decisión judicial. En 6 meses, en enero del 2020, tendremos elecciones universitarias. Los profesores sin distingo de condición académica alguna, incluyendo a los profesores jubilados; los estudiantes de pre y postgrado; egresados; personal administrativo; y, personal obrero, elegiremos con el voto directo y secreto, en igualdad, uno a uno, y, en ejercicio de la autonomía universitaria, a las nuevas autoridades universitarias. Cinco padrones electorales, convocados por la actual Comisión Electoral y con nueva reglamentación, elegiremos las autoridades universitarias. Para ello, se suspende cautelarmente la aplicación de los artículos 31, 32 y 65 de la Ley de Universidades vigente; pero, queda vivo el artículo 9 de la Ley de Universidades (Autonomía Universitaria) y el 26. Numeral 17 (Reglamentar las elecciones universitarias).

Lo curioso, entre otras cosas, es que a la Sala Constitucional se le pidió una cosa: nulidad del artículo 34.3 de la LOE y suspensión cautelar de su aplicación y, decidió sobre una cosa completamente distinta, no solicitada, la suspensión cautelar de los artículos 31 (el voto para la elección de Rector); 32 (invalidez de la elección) y 65 (elección de decanos), medida absurda que carece de sustentación jurídica, pues, al mantener el artículo 34.3 su vigencia, el camino a seguir es el que establece dicha norma, no hay otro.

¿QUÉ HA EVALUADO EL GOBIERNO Y SU INSTRUMENTO EL TSJ?

Que las Universidades autónomas de hoy son algo completamente distintas a las del pasado. En ellas el gobierno tiene adeptos y seguidores en cuantía considerable, en especial, en el sector profesoral, personal administrativo, obrero y en los egresados. En algunos de estos sectores tiene influencia indiscutible y puede forzar, sí es el caso, su voluntad. Pensemos en SITRAUCV. Su dirigencia es marcadamente chavista. Sindicato de Obreros del Comedor, igualmente. Los egresados, en buena medida, son funcionarios públicos. Y, algo para reflexionar. El éxodo. La inmigración casi masiva de estudiantes y profesores a quién beneficia, sin duda, al gobierno nacional y sus pretensiones de ponerle la mano directamente a las pocas Universidades que quedan con vida en el país.

Este, en nuestro criterio, es el escenario que ha evaluado el gobierno nacional. Hoy, puede ganar una elección. Basta que tres de los padrones electorales le den su mayoría y tendremos autoridades universitarias, decanales y representantes profesorales afectos al gobierno, de hecho, ya los tenemos, no habrá sorpresas.

PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES

Los universitarios hemos perdido múltiples oportunidades para haber logrado una nueva Ley de Universidades. Se han elaborado proyectos distintos que no han recibido ningún impulso legislativo. Nos ha resultado muy cómodo vivir con una Ley que no cumplimos y que nadie nos obliga a cumplir. Igual con la Reglamentación universitaria. Todas las normas que hubiesen permitido tener una Universidad de altura las hemos resquebrajado.

Hemos ninguneado los requisitos para ser autoridad universitaria, decanos, representantes profesorales, ingreso a la Universidad, profesores ordinarios, carrera académica, alumnos regulares, evaluaciones, etc. Hemos castigado la diligencia para ascender y premiado la negligencia para cumplir con el requisito del ascenso en el escalafón universitario, en fin, hemos prostituido lo más importante de la regulación de la vida académica universitaria.

En mi modesta opinión, cualquiera que sea el escenario que tomemos, resulta importante extremar los requisitos para ser autoridad universitaria y decano, pues, no faltará quien alegue que todo elector puede ser elegido. En una votación no cualificada, uno a uno, cualquier cosa puede ocurrir.

Finalmente, un refrán popular, “la salsa que es buena para el pato es buena para la pata”. Elección amplia, plural, democrática en todas la Universidades del país. El gobierno con la sentencia en referencia apuesta a una medición de fuerzas. Vamos a contarnos todos de una vez. Sin miedos. Sin excusas.

Últimas preguntas ¿Qué va a hacer la Asamblea Nacional? ¿Va a dejar sola a la Universidad venezolana?

Mis respetos.
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