Hemos leído con el detenimiento que el caso
amerita la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 27 de agosto de
2019, que ordena a la Universidad Central de Venezuela realizar en el lapso de
seis (6) meses, contado desde la fecha de publicación de la sentencia,
elecciones de autoridades universitarias, cuyo período de ejercicio se
encuentre vencido. La Magistrada ponente es: Carmen Zuleta de Merchán.
Esta sentencia permaneció en el congelador
por mucho tiempo. Salió en el momento que el gobierno nacional ha considerado,
aunque parezca lo contrario, que el viento sopla a su favor, aspecto muy
importante a examinar en el contexto universitario. El gobierno nacional es más
inteligente de lo que suponen sus adversarios y, por eso, se mantiene en el
poder. No nos llamemos a engaños. El gobierno ha explorado todos los
escenarios. Y, muchos de ellos, les son favorables. No nos equivoquemos.
Intentaremos un análisis preliminar de la
sentencia y del contexto universitario actual procurando ganarle espacio a la
razón y no a la emoción, nada fácil por lo demás en este caso.
¿POR QUÉ LA SENTENCIA?
En la asamblea de profesores realizada el día
miércoles de esta semana, convocada por la APUCV, con asistencia masiva, se
trató ligeramente el punto, quizás sin haber hecho una lectura cuidadosa del
texto de la sentencia, nada enjundioso, por lo demás, desde el punto de vista
estrictamente jurídico. En la asamblea se aprobó, sin más, rechazar la
sentencia, con lo cual estuvimos de acuerdo.
La decisión judicial de marras es la
respuesta provisional a la solicitud de nulidad del artículo 34.3 de la Ley
Orgánica de Educación (LOE), interpuesta, a través de sus representantes
legales, por la máxima autoridad rectoral de la UCV, en el año 2009, recién
promulgada dicha Ley, acompañada de una solicitud de suspensión cautelar del
mencionado artículo, a los fines de evitar la perturbación de la vida
universitaria y el año académico.
El fundamento de la solicitud del artículo
34.3 era y es muy claro y categórico. Dicho artículo es inconstitucional, por
cuanto viola la noción de comunidad universitaria establecida en el artículo
109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), al
incorporar sectores distintos a los profesores, estudiantes y egresados, como
integrantes de la comunidad universitaria.
En un acto de populismo, demagogia y búsqueda
de clientela electoral, se agrega a la noción de comunidad universitaria otros
actores, importantes, sin duda, como trabajadores universitarios,
convirtiéndola en un vulgar espacio en donde todo el que quiera puede
participar, en igualdad de condiciones, vulgarizando, así, la comunidad
académica que debe ser la Universidad, como sí se tratase de una verbena de
pueblo en fiestas patronales.
Poco faltó para que la Ley expresamente
señale, aunque lo insinúa, que toda persona que pase en algún momento por el
Campus Universitario es miembro de la comunidad universitaria con derecho a
elegir las autoridades que la rigen. Este punto, en verdad, es el fondo de la
acción judicial universitaria.
La decisión se produce 10 años más tarde, a
la espera de la definitiva, la cual ya conocemos sin mucho esfuerzo, cual es la
de declarar sin lugar la acción de nulidad del artículo 34.3 de la LOE. A
manera de antesala o abre boca se dicta de manera extremadamente simplista esta
decisión judicial, en momentos, como es costumbre, de prácticamente inactividad
de la vida universitaria, supuestamente, por disfrute del receso vacacional de
los miembros de la comunidad universitaria.
Hasta aquí estamos de acuerdo. En el contexto
en el cual se produce la sentencia y sus antecedentes. La prolongación del
mandato o ejercicio de las autoridades electas en el año 2008 es otra cosa, muy
diferente, que requiere mayor profundidad analítica, más allá de las pasiones.
LA TRAMPA JUDICIAL
La sentencia acorrala, entrampa, a los
universitarios de un lado y de otro, razón por la que decimos que la Sala
Constitucional del TSJ, existente, ha actuado con inteligencia y evaluado el
contexto universitario actual.
Hasta el mes de enero del año 2019 el
análisis universitario resultaba más fácil. Las autoridades universitarias,
incluye rectorales, decanales y representantes profesorales al cogobierno,
electas en el año 2008, prolongaron su período de ejercicio por decisión de la
Sala Electoral del TSJ; pero, acotado a un lapso que nadie, ni siquiera el
sector judicial, hizo cumplir.
El argumento válido para no hacer elecciones
y que las autoridades universitarias se mantuviesen en el ejercicio de sus
cargos, fue, no hay elecciones porque lo prohíbe el TSJ, sin profundizar en el
contenido de la decisión judicial que establecía un lapso de interinato y la
obligación de presentar en un lapso perentorio, muy corto, un nuevo Reglamento
Electoral apegado a lo establecido en el artículo 34.3 de la LOE. Este
Reglamento no fue elaborado.
El interinato o encargaduría se prolongó
hasta nuestros días; y, en cambio, se acudió a la vía judicial en solicitud de
nulidad del artículo 34.3. Una justicia cómoda, cómplice y acomodaticia, no se
dio por enterada, no declaró la urgencia del caso, al asunto se le podía dar
largas y, a pesar de las múltiples diligencias hechas por la parte
actora, el TSJ esperó el momento
adecuado para decidir parcialmente con lugar lo solicitado, en forma totalmente
contraria a lo pedido en la demanda, es
decir, decidió sobre algo no solicitado, ultra petita en el argot jurídico y,
ese momento, es hoy, ignoramos si
favorable o no a los intereses políticos en juego. Ya veremos.
¿ACATAR O NO LA SENTENCIA?
Por lo pronto, es menester decidir acatar o
no acatar la sentencia y atenernos a sus consecuencias. Aquí está montada la
trampa.
¿Qué ocurre sí se acata la sentencia y vamos
a elecciones en el lapso de 6 meses? ¿Qué ocurre si no acatamos la sentencia?
¿Se mantienen las actuales autoridades universitarias elegidas en el año 2008
en el ejercicio de sus cargos? ¿El gobierno interviene las Universidades y
nombra, a dedo, a las autoridades sustitutas?
¿Estamos en capacidad de declararnos en
rebeldía y convocar un proceso electoral regulado por la legislación
universitaria vigente en uso de las facultades autonómicas? ¿Por qué no lo
hemos hecho? Sobre todo, a partir de
enero del año 2019, cuando desconocimos el gobierno de Nicolás Maduro y la
legalidad-legitimidad del TSJ, procediendo, en consecuencia, a nombrar un
Presidente Encargado y un TSJ en el exilio.
Otra pregunta más, ¿Por qué la Asamblea
Nacional no ha procedido a derogar la LOE, con lo cual, la actual situación
tendría un cariz totalmente distinto? Conjunto de preguntas nada fáciles de
responder por su complejidad, pero, qué debemos hacer el esfuerzo de
responderlas para la tranquilidad de todos.
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
Extraña sobre manera que en la UCV no se
hubiese hecho valer la facultad autonómica de la Universidad a partir del año
2011 cuando venció el período de ejercicio rectoral de las autoridades
universitarias electas el año 2008, decanales y de representantes profesorales
ante el co-gobierno universitario.
La Ley de Universidades no fue derogada por
la LOE, al contrario, se mantenía y mantiene vigente. La Ley de Universidades
creó las instancias con atribuciones para elegir las autoridades rectorales y
decanales: Claustro Universitario y Asambleas de Facultad. Nunca, en los diez
últimos años, ha sido convocado el Claustro y las Asambleas de Facultad para
nada, ni siquiera para rendir cuentas de gestión. ¿Podemos hacerlo ahora?
¿Por qué permanecimos pasivos e inactivos,
por no decir, resignados? ¿Por temor a ir presos por desacato? Bueno, el miedo
es libre. Y, todos tenemos miedos. ¿Por qué los estudiantes sí realizaron, sus
elecciones como gremio y no pasó nada? Los representantes profesorales no
estaban afectados por la medida de suspensión de la Sala Electoral del TSJ,
pues, en su elección solo participamos los profesores y, esta elección, la cual
debe hacerse cada tres años, no se hizo. ¿Quién lo impidió? Las reclamaciones
al respecto nunca fueron atendidas.
El momento para ejercer la autonomía
universitaria y la rebeldía universitaria, también, era ese, 2009, cuando se
promulgó intencionalmente la LOE y el legislativo y ejecutivo se acobardaron y
dejaron incompleta la aplicación de la LOE al no cumplir con el mandato de la
propia ley de dictar una Ley Especial de Universidades, al no hacerlo, quedó
vigente la Ley de Universidades. Los universitarios, muy de nuestro agrado, nos
negamos a cumplirla, por lo que nociones como las de autonomía universitaria
solo sirven para inflar piezas oratorias.
¿Y AHORA QUÉ?
Ya tenemos una primera decisión en el
ambiente y tenemos la otra en puerta. Ambas contrarias a la petición de los
accionantes de la nulidad y de la medida cautelar de efectos. ¿Qué vamos a
hacer?
Las rechazamos, desacatamos. Bien.
Compartimos la tesis. ¿Habrá o no
elecciones universitarias en lo inmediato promovidas por las actuales
autoridades universitarias reguladas por las normas universitarias vigentes?
Esta nos parece la mejor salida. La otra, la permanencia como encargados en el
ejercicio de las posiciones para las cuales fueron electas en el año 2008, nos
parece inconveniente.
El riego es que el gobierno de oficio o por
instancia de parte, que no faltará, las anule, destituya de sus cargos y nombre
nuevas autoridades como lo hace con frecuencia en el remedo de universidades
creadas últimamente. Hemos caído en la trampa. Sí, tal cosa ocurre como es
esperable ¿cuál puede ser la reacción de la comunidad universitaria inactiva de
nuestros días?
La otra vía, posiblemente del gusto de
amplios sectores universitarios, aceptamos y cumplimos la decisión judicial. En
6 meses, en enero del 2020, tendremos elecciones universitarias. Los profesores
sin distingo de condición académica alguna, incluyendo a los profesores
jubilados; los estudiantes de pre y postgrado; egresados; personal administrativo;
y, personal obrero, elegiremos con el voto directo y secreto, en igualdad, uno
a uno, y, en ejercicio de la autonomía universitaria, a las nuevas autoridades
universitarias. Cinco padrones electorales, convocados por la actual Comisión
Electoral y con nueva reglamentación, elegiremos las autoridades
universitarias. Para ello, se suspende cautelarmente la aplicación de los
artículos 31, 32 y 65 de la Ley de Universidades vigente; pero, queda vivo el
artículo 9 de la Ley de Universidades (Autonomía Universitaria) y el 26.
Numeral 17 (Reglamentar las elecciones universitarias).
Lo curioso, entre otras cosas, es que a la
Sala Constitucional se le pidió una cosa: nulidad del artículo 34.3 de la LOE y
suspensión cautelar de su aplicación y, decidió sobre una cosa completamente
distinta, no solicitada, la suspensión cautelar de los artículos 31 (el voto
para la elección de Rector); 32 (invalidez de la elección) y 65 (elección de
decanos), medida absurda que carece de sustentación jurídica, pues, al mantener
el artículo 34.3 su vigencia, el camino a seguir es el que establece dicha
norma, no hay otro.
¿QUÉ HA EVALUADO EL GOBIERNO Y SU INSTRUMENTO
EL TSJ?
Que las Universidades autónomas de hoy son algo
completamente distintas a las del pasado. En ellas el gobierno tiene adeptos y
seguidores en cuantía considerable, en especial, en el sector profesoral,
personal administrativo, obrero y en los egresados. En algunos de estos
sectores tiene influencia indiscutible y puede forzar, sí es el caso, su
voluntad. Pensemos en SITRAUCV. Su dirigencia es marcadamente chavista.
Sindicato de Obreros del Comedor, igualmente. Los egresados, en buena medida,
son funcionarios públicos. Y, algo para reflexionar. El éxodo. La inmigración
casi masiva de estudiantes y profesores a quién beneficia, sin duda, al
gobierno nacional y sus pretensiones de ponerle la mano directamente a las
pocas Universidades que quedan con vida en el país.
Este, en nuestro criterio, es el escenario
que ha evaluado el gobierno nacional. Hoy, puede ganar una elección. Basta que
tres de los padrones electorales le den su mayoría y tendremos autoridades
universitarias, decanales y representantes profesorales afectos al gobierno, de
hecho, ya los tenemos, no habrá sorpresas.
PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES
Los universitarios hemos perdido múltiples
oportunidades para haber logrado una nueva Ley de Universidades. Se han
elaborado proyectos distintos que no han recibido ningún impulso legislativo.
Nos ha resultado muy cómodo vivir con una Ley que no cumplimos y que nadie nos
obliga a cumplir. Igual con la Reglamentación universitaria. Todas las normas
que hubiesen permitido tener una Universidad de altura las hemos resquebrajado.
Hemos ninguneado los requisitos para ser
autoridad universitaria, decanos, representantes profesorales, ingreso a la
Universidad, profesores ordinarios, carrera académica, alumnos regulares,
evaluaciones, etc. Hemos castigado la diligencia para ascender y premiado la
negligencia para cumplir con el requisito del ascenso en el escalafón
universitario, en fin, hemos prostituido lo más importante de la regulación de
la vida académica universitaria.
En mi modesta opinión, cualquiera que sea el
escenario que tomemos, resulta importante extremar los requisitos para ser
autoridad universitaria y decano, pues, no faltará quien alegue que todo
elector puede ser elegido. En una votación no cualificada, uno a uno, cualquier
cosa puede ocurrir.
Finalmente, un refrán popular, “la salsa que
es buena para el pato es buena para la pata”. Elección amplia, plural,
democrática en todas la Universidades del país. El gobierno con la sentencia en
referencia apuesta a una medición de fuerzas. Vamos a contarnos todos de una
vez. Sin miedos. Sin excusas.
Últimas preguntas ¿Qué va a hacer la Asamblea
Nacional? ¿Va a dejar sola a la Universidad venezolana?
Mis respetos.
