RENUNCIA
A LA PRESIDENCIA
Luis
Marín
La Cátedra
Pío Tamayo de la UCV realizó un foro con María Corina Machado el lunes 22-02-16
para debatir sobre la renuncia, a la que se añadió el abandono del cargo como
otra propuesta sobrevenida a la que no podía dejar de prestarle atención, en el
entendido de que las otras opciones han sido ya bastante discutidas, aunque no
agotadas.
El tema de
La Salida alcanzó el primer lugar en la palestra pública, lo que ya de por sí
es un gran éxito para sus proponentes, al punto de que el mismo Maduro propuso
que le hicieran un referéndum revocatorio, no porque se le hubiera ocurrido
sino para hacer lo mismo que hizo Chávez para meter a la oposición en ese
pantano con los resultados que son harto conocidos y en los que ya nadie debería
volver a caer.
Pero el
consenso se deshace en el cómo: referendo revocatorio, asamblea
constituyente, reforma o enmienda constitucional, renuncia, abandono del cargo
e incluso la usurpación, que es lo que se infiere de pedir la partida de
nacimiento del “ilegítimo”.
Como
antecedentes de renuncias presidenciales pueden encontrarse uno remoto y otro
muy reciente. El primero fue José María Vargas que renunció en 1836, con la
salvedad de que en realidad nunca quiso ser elegido, aceptó con mucha reticencia
el mandato y una vez escarmentado le rogó al Congreso que lo relevara de esa
obligación para la que no se consideraba capacitado.
Un caso
único en la historia y muy caro a la UCV que todavía sigue llamando a la del
Rector “la silla de Vargas”, que ocupó de 1827 a 1829. Mucho ha cambiado desde
entonces: la actual rectora es quien la ha ocupado por más tiempo, rompiendo el
record anterior de siete años que ostentaba Jesús María Bianco.
Sin que esto
implique ninguna acusación, porque ha sido el régimen quien a través de su
Tribunal Supremo de Justicia ha impedido que se hagan elecciones en las
universidades y todos los cargos tienden a volverse interinos y sin término
definido.
El caso más
reciente fue el de Chávez, que podríamos denominar como el mundo al revés del
general Lucas Rincón, que puede resumirse en su célebre frase: “Se le solicitó
al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó”.
Una
confusión ilustrativa de la turbulencia mental de Lucas Rincón: ¿Quién
renuncia? ¿Quién acepta? El que renuncia no es el que acepta. En Derecho, la
renuncia es una declaración unilateral de voluntad a la que sigue la
aceptación. Es lo que recoge la Ley del Estatuto de la Función Pública que
exige sólo dos requisitos: que sea escrita y debidamente aceptada. Importa
añadir que si la renuncia no es aceptada el funcionario debe permanecer en el
cargo, en todo caso, mantenerse allí mientras llega su reemplazo.
Ahora bien,
el Presidente es un funcionario electivo (no de carrera) para un período fijo
determinado y aunque la renuncia está contemplada no está reglamentada, ni hay
precedentes salvo el de Vargas, pero en aquel entonces como elegía
indirectamente el Congreso es comprensible su ruego para que éste le aceptara
la renuncia.
No es el
caso hoy que la elección es universal, directa y secreta; pero es absurdo
pensar que se renuncie ante el pueblo y esperar que éste acepte. La solución
obvia es que haya un consentimiento tácito y funcione el mecanismo para cubrir
la vacante.
La
Asociación de Profesores de la UCV acogió en un comunicado la tesis de la
renuncia pero a ninguno se le escapa la respuesta que tradicionalmente se da a
estas demandas acuñada por Rómulo Betancourt: “Yo no renuncio, ni me
renuncian”.
Con lo que
resulta doblemente necesario considerar la siguiente alternativa.
ABANDONO DEL CARGO
Debe
realizarse una lectura concatenada de los artículos 232 y 233 de la
Constitución. El primero dice que el presidente es responsable de sus actos y
del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo y añade, está
obligado a: Procurar la garantía de los derechos y libertades de los
venezolanos; así como la independencia, integridad, soberanía del territorio y
defensa de la República.
Y como si
estuviera haciendo un traje a la medida concluye: “La declaración de los
estados de excepción no modifica el principio de su responsabilidad”.
Al margen de
la redacción desmañada del constituyente sobre la que no podemos detenernos en
este momento, lo cierto es que la mera lectura da para preguntarse si el
derecho de los venezolanos a la vida, propiedad, dignidad o la libertad de
pensamiento, expresión y comunicación, están garantizados, por poner sólo unos
pocos ejemplos.
No hablemos
de la independencia, integridad soberanía del territorio o la defensa de la
República, es decir, vale preguntarse si el presidente está haciendo su trabajo
o si lo está haciendo satisfactoriamente.
Toda la
doctrina y la jurisprudencia esta conteste unánimemente en que el abandono no
se refiere solamente al abandono físico del cargo, que el funcionario se
ausente, que se vaya, como hizo Fujimori; sino también que aunque esté en su
despacho no haga lo que tiene que hacer, que no cumpla con las obligaciones
inherentes al cargo.
En todo
caso, quien hace la calificación del abandono es la Asamblea Nacional, según la
Constitución que establece en su artículo 233, entre las faltas absolutas del
presidente, el abandono del cargo “declarado como tal por la Asamblea
Nacional”.
Por supuesto
que la AN puede declarar el abandono del cargo, porque es su prerrogativa y la
Constitución no pone ninguna condición adicional; pero el mecanismo sólo puede
funcionar sobre la base de que se cumplan otros supuestos.
El primero
sería un acuerdo político de altísimo nivel que haga que el vicepresidente
asuma el cargo vacante, el CNE convoque a elecciones en 30 días, etcétera
(quizás John Kerry tenga que reunirse de nuevo con Raúl Castro para que nos
arreglen la vida); si no hay acuerdo, la declaratoria de ausencia naufragaría
ante el TSJ como todas las leyes que no tengan el consenso oficialista.
El segundo
supuesto sería una intervención militar que imponga el imperio de la
Constitución; pero esto forma parte de las cosas de las que no se habla, aunque
todo el mundo las sepa, por razones de corrección política y hasta de seguridad
personal.
HISTORIA CIRCULAR
Es
inevitable hacer referencia al caso de Carlos Andrés Pérez que probablemente
está en el inicio de todo el descalabro institucional que caracteriza a la
Venezuela del siglo XXI como si efectivamente la historia se vengara de quienes
no atienden sus lecciones.
En efecto,
todo este debate ya se dio durante el período de CAP, los obstáculos eran
básicamente los mismos así como las soluciones que se ofrecieron para
sortearlos, concluyendo en lo que hoy se considera como un craso error: la
judicialización de la política o tratar de resolver los problemas políticos en
los tribunales.
Haberse ido
por el camino de la responsabilidad penal atribuyéndole un delito espurio, como
ese de la malversación genérica porque no se pudo demostrar ningún peculado,
hoy se considera como un “sucedáneo perverso” de la responsabilidad política,
que es lo que ha debido regularse desde entonces, si se hubiera aprendido algo.
En cambio,
aquel aprendizaje le sirvió al régimen para anticiparse a tomar la Fiscalía
General y al TSJ, previendo aquella solución desafortunada y como el apremio
provenía de los sucesivos intentos de golpe militar, ahora los neutralizan
transmutándolos en compañía anónima, para que terminen de hundirse en el
excremento del diablo.
Así culmina
la destrucción de la poca institucionalidad que se había logrado construir en
medio siglo de esfuerzos. Es algo que se admita que no se debió dinamitar la
institución presidencial para sacar a un individuo, por mucho que se le haya
odiado; pero aun no se ha dado el paso de regular la responsabilidad política,
que es el problema de fondo.
Venezuela no
tiene un régimen parlamentario que permita que la Asamblea decrete la
responsabilidad política del primer ministro, por ejemplo, y se adelanten las
elecciones. No se previó ninguna solución institucional al caso CAP y se cayó
en lo mismo, andar inventando cómo salir de una situación insostenible mediante
alguna argucia más o menos presentable.
La gran
paradoja sigue siendo que si los militares son la causa del problema, ¿cómo se
van a convertir ahora en parte de la solución?
Luis
Marín
23-02-16
