Después de diez años de violaciones ininterrumpidas del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia y de los derechos humanos a los residentes en Venezuela, Hugo Chávez y asociados habrían consolidado una imagen falsa ante la opinión internacional, fachada de la verdadera organización criminal transnacional que representan y promueven, usurpando personalmente la representación del Estado y las jefaturas del Poder Ejecutivo y de la Fuerza Armada, y de forma indirecta los demás poderes públicos nacionales, afiliada a la subversión regional y mundial, al narcotráfico y a la legitimación de capitales, que interfiere en los asuntos internos de numerosas naciones, asociada a países considerados forajidos por la comunidad internacional.
Sin embargo, habría sido reconocida por la mayoría de naciones como un actor legítimo y legal en los escenarios internacionales, pretendiendo ahora, en el “escenario” de Honduras, la consagración de los valores del crimen organizado como principios de la concepción y acción del Estado denominado “Socialismo del Siglo XXI”.
Es necesaria una explicación de la velocidad y la unanimidad con las que las organizaciones regionales y mundiales de naciones: ALBA, SICA, OEA, ONU, UE, CAN, UNASUR, MERCOSUR, desconocieron los actos de los poderes públicos legítimos de una nación independiente, democrática y soberana, calificaron sus acciones como retroceso a las épocas primitivas en las que los militares decidían los conflictos civiles y pretendieron ordenar la reversión de tales acciones para restituir al delincuente removido, también por lo incoherente de sus argumentos, así como porque jamás solicitaron ni tomaron en consideración las opiniones de los poderes públicos del estado de Honduras.
Desde el punto de vista jurídico habría sido establecido con claridad que la República de Honduras no ha violado ningún tratado internacional, ni ha agredido a alguna otra nación soberana u organización internacional; tampoco ha sido incoherente en la aplicación de los principios jurídicos universales ni los de su legislación interna. Esto permitiría explicar porqué la comunidad internacional concentró la crítica en la “forma” como fue detenido y tratado el indiciado por el órgano auxiliar de la Justicia designado para su captura, en este caso la Fuerza Armada y al extraditarlo de su territorio; un funcionario público-presidente que según los demás poderes públicos establecidos con la misma legitimidad que la del capturado, se había colocado por encima de la ley hasta acumular 18 causas judiciales en su contra, entre ellas, el abuso de poder, el persistente desconocimiento y desacato de la autoridad de los otros poderes públicos, pero cuya causa fundamental habría sido la violación de los derechos humanos, la grave pretensión de la manipulación del contenido de la Constitución, de forma clandestina y mediante la asociación, participación y complicidad con otras naciones, y también de los procedimientos electorales hasta la acción flagrante para asumir atribuciones de la autoridad electoral.
La tesis del Profesor Enrique Tejera París, de la Fuerza Armada como “Policía Constitucional” ha sido demostrada y ejecutada en Honduras. La captura, para el enjuiciamiento del “Más Buscado de Venezuela”, primer paso para restablecer el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, corresponderá a sus compañeros de armas del “Ejército Forjador de Libertades”, acto que, sin embargo, no será jamás suficiente para rescatar la dignidad de la Fuerzas Armadas Nacionales, perdida ya dentro de la letrina que ha sido su actuación institucional a partir de 1999.
Desde el punto de vista político, también habría quedado establecido que el Gobierno de Honduras resolvió el rompimiento persistente de la constitucionalidad, de la violación de los derechos humanos y de diversas acciones calificadas como de traición a la patria promovidas por el Jefe del Estado, de una manera constitucional, simple y eficaz, con pleno control de la estabilidad política de la nación y sin derramamiento de sangre.
El “Caso Honduras”, nos permitiría observar la presencia de un cambio “revolucionario” del paradigma ético para el Estado y el gobierno de la era de la globalización, que tendría un impacto definitivo en el futuro del planeta, en todos los órdenes, mostrándose primero en la aprobación y la tolerancia de la comunidad internacional de la organización del Estado al margen del Estado de Derecho y en el ejercicio totalitario del control sobre la sociedad y sobre el individuo, como es el caso de Venezuela, condiciones que son las que deberían alarmarnos, porque sí son las que en realidad representarían un verdadero retroceso a los períodos más oscuros del Siglo XX.
Los reacomodos planetarios después del colapso del Muro de Berlín, de la culminación de la guerra fría por una parte, y por la otra, la entrada acelerada en la era de la globalización, de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, parecían fortalecer la evolución de la legislación internacional para comprometer a los Estados y a la comunidad internacional con la protección y respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos, así como la persecución de los infractores por la vía jurisdiccional global y sin prescripción. ¿Pudiera haberse trastocado esta tendencia por el trauma de los eventos de Nueva York y Washington del 11SEPTIEMBRE2001?
Para asombro de muchos, la visión institucional externa nos muestra descarnadamente el verdadero retroceso hacia la locura más profunda del género humano, representada por el respaldo al ejercicio del poder y del gobierno por el crimen organizado transnacional, proclamando las libertades y la democracia pero practicando adicionalmente la cultura del fascismo, el nacional socialismo o el estalinismo concentrados todos en el modelo cubano. No se trataría entonces del retorno a los regímenes totalitarios considerados “típicos” de la América Latina, sino de otro de carácter mucho más grave y de consecuencias hemisféricas y planetarias. Podríamos entonces explicar los discursos de Hugo Chávez y de Raúl Castro exigiendo democracia, “orden constitucional”, la intervención y el bloqueo de una nación, pro no la reacción cómplice de la comunidad internacional.
Este debate ya se había hecho necesario a partir del arribo legítimo al poder, mediante la formalidad electoral, de la “ideología revolucionario del Socialismo del Siglo XXI” y de sus prácticas del crimen organizado transnacional en el desempeño de sus atribuciones, para alarma de cualquier observador verdaderamente interesado por la paz y la estabilidad del hemisferio y del planeta.
La elección del Señor Barack H. Obama a la Presidencia de USA, habría sido una expresión y una esperanza de la decisión creciente de los colectivos nacionales de respaldar gobiernos éticos, es decir, que fortalezcan las instituciones de los Estados para respetar y proteger al hombre, sus libertades y también el medio ambiente, es decir los derechos humanos y la paz. Estimo que así quedó reflejado en la opinión pública norteamericana.
El “Caso Honduras” no puede ser extraído del contexto de la geopolítica regional y mundial, y debemos observar el interés particular para los USA, mostrado por los antecedentes políticos, su base de operaciones militares aéreas en la región, el “Plan Colombia” y la evolución de la gran industria del narcotráfico y de la subversión regional, pero debe también entenderse la importancia para el “Socialismo del Siglo XXI” y en consecuencia para toda la región. ¿Qué grado de veracidad tendría la información según la cual, habría intervenido el embajador norteamericano en Tegucigalpa recomendando al Congreso que no destituyera al Presidente, que los militares habrían decidido no atender, y lo detuvieron y extraditaron?
Otro elementos estarían representados por la sospecha del avance de las negociaciones para el acercamiento entre Cuba y USA, en un contexto que muestra el rompimiento del embargo, que se debilita por una creciente importación de alimentos de procedencia norteamericana que se oculta, a pesar de que habría alcanzado los US$ 720 millones en 2008; por la disminución creciente de la capacidad de cooperación, intercambio y de negocios “fáciles” con Venezuela, hasta el levantamiento de la sanción que excluía a Cuba de la OEA en 1962, con la unanimidad de los países miembros reunidos en Honduras recientemente (7JUNIO2009).
El debate que representa el “Caso Honduras” estaría entre 1) el rescate de los valores éticos de la democracia consagrados en Occidente o, 2) la consolidación de los anti-valores del ejercicio de totalitarismos con fachada de democracia del “Socialismo del Siglo XXI”, de la violación planificada y permanente del Estado de Derecho en el desempeño de una magistratura, encubriendo tal crimen con el supuesto origen legítimo electoral, dejando al descubierto dos contradicciones: 1) que el origen legítimo del funcionario se afecta, destruye y desaparece, de acuerdo con la gravedad del irrespeto de las reglas que estuvieron en el fundamento de la aceptación de su cargo y, 2) que la pérdida de la legitimidad de uno de los poderes públicos no arrastra, en razón del diseño de la separación y la autonomía, el colapso de los demás poderes.
La comunidad internacional ha fundamentado el desconocimiento de las acciones de las autoridades legítimas de Honduras, sólo considerando una supuesta primacía de la legitimidad del origen del Poder Ejecutivo y del mandatario depuesto, como si ese fuese un atributo jurídico superior al de la legitimidad del ejercicio de la autoridad. La usurpación de la jefatura del Estado por el “Socialismo del Siglo XXI” en Venezuela mediante el fraude electoral del Referéndum “Ratificatorio”, condujo inequívocamente a la pérdida de su legitimidad y de su legalidad electoral, de origen, autónoma y distinta de las también perdidas por el ejercicio criminal de las funciones usurpadas. El mismo hecho de colocarse al margen del Estado de Derecho lo habría despojado de la legitimidad y legalidad de su mandato, si es que las hubiese tenido alguna vez.
Un hecho demostrado en Venezuela a partir del 4DIC2005, en el fraude de la elección de una farsa de “Asamblea Nacional”, es que el régimen aplicó la censura absoluta primero, al razonable cuestionamiento y desconocimiento de la legalidad del origen de su autoridad, por la ilegalidad y la ilegitimidad de todos los diputados proclamados por el escandaloso fraude interno del Sistema Electoral, también porque sólo participaron los candidatos del régimen ante el retiro de los candidatos de las oposiciones, como acto de denuncia y de protesta, presentándose ante las urnas sólo un aproximado 15% de los electores supuestamente inscritos, porque tampoco fueron publicados los resultados definitivos ni el Registro de Electores, así como también aplicó la censura en segundo término a la denuncia y desconocimiento del Consejo Nacional Electoral, la institución legitimadora responsable del sistema electoral, que posee rango de Poder Público Nacional.
La comunidad internacional representada por la OEA, el PNUD y con la participación del Centro Carter, no han dicho nada después de 10 años sobre la transformación del régimen democrático venezolano en un régimen del crimen organizado transnacional, a pesar de que durante 2003 y 2004, como actores-mediadores de una mesa de negociación política, contribuyeron durante ocho (8) meses con la consolidación del fraude electoral que transformó a Hugo Chávez en usurpador de la presidencia, de la representación del Estado y de la jefatura de la Fuerza Armada Nacional. Estas instituciones no sólo respaldaron la toma del control del Estado por el crimen organizado, sino que ha venido encubriendo la larga lista de crímenes de lesa patria y lesa humanidad acumulados desde 1999 y la escalada interminable de violaciones del Estado de Derecho, promovida y estimulada por la impunidad que se le garantizaba.
La comunidad internacional también convalidó y legitimó el Sistema Electoral para el fraude continuado y permanente del Consejo Nacional Electoral, mediante el cual se fueron eligiendo fraudulentamente todas las demás autoridades.
Allí está la genialidad perversa y pervertida que ha contado con el respaldo-complicidad de las oposiciones complementarias venezolanas al régimen, que han sido, junto a los medios de comunicación social, la columna vertebral para su legitimación. Se empeñaron en corromperse arrastrando a las mayorías democráticas hacia la participación en el fraude electoral, con pleno conocimiento y muy bien remuneradas, convalidando un Sistema Electoral diseñado para la creación y generación de resultados virtuales, engañando al país y al mundo, a cambio de unos resultados concedidos por el régimen para que se desencadenara una celebración absurda proclamando la existencia del voto y de la democracia, para la promoción de la vía electoral como única alternativa de acción constitucional.
He sostenido que la forma de restablecer el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, sería mediante el reconocimiento de los hechos y de los errores, por lo tanto, de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno y los principios universales del derecho y los particulares establecidos en la Constitución, se debe desconocer la autoridad del tirano y adicionalmente el mecanismo electoral fraudulento y criminal para la legitimación de autoridades, así es como se debería actuar para alcanzar su restablecimiento.
Las ausencias de visión y de valores de las oposiciones complementarias se demostrarían adicionalmente hoy con la contradicción escandalosa de sus demandas ante la OEA en Caracas, al actuar con desprecio del colectivo venezolano mientras argumentan que lo hacen en su nombre y procurando el respeto de la voluntad popular expresada mediante el sufragio del CNE, solicitando la atención y el mismo esfuerzo para el restablecimiento del “orden constitucional” tanto en Honduras como en Venezuela, aunque esto significara la relegitimación de los regímenes del crimen organizado transnacional.
El “Caso Honduras” no ha sido fortuito, en su preparación han participado ciudadanos e instituciones miembros de la “pandilla del socialismo del Siglo XXI”, que han acaparado la atención de las organizaciones multilaterales para que declaren el carácter no negociable de la legitimidad de origen de un Jefe de Estado, desconociendo la idéntica legitimidad de los demás poderes públicos nacionales constituidos pero apegadas al Estado de Derecho. Esta es una similitud relativa con el Caso Venezuela, de allí la trascendencia para el régimen de sostener la legitimidad de Hugo Chávez, perdida el 15AGOSTO2004 en el fraude del Referéndum “Ratificatorio”.
La importancia para Venezuela de este debate estaría en que conduciría al desconocimiento universal del régimen y a su enjuiciamiento por crímenes de lesa patria y lesa humanidad, al desnudar en escala global la ilegalidad e ilegitimidad tanto de Hugo Chávez como las de todas las demás autoridades usurpadas e ilegales. Adicionalmente, con el restablecimiento de la legalidad se cortaría la fuente de recursos para las operaciones internacionales del “crimen organizado del socialismo del Siglo XXI”, generadas tanto por el saqueo de los recursos nacionales, como por su asociación con el narcotráfico y la legitimación de capitales, sin dudas una muy buena noticia para el mundo y para los venezolanos.
La complejidad de nuestra crisis es mayor que la proporción de los tamaños de las dos naciones, por la entronización del régimen durante un período de 10 años, la destrucción de todas las instituciones públicas y privadas, la persecución y discriminación de ciudadanos, la promoción del miedo y el terror, estimulados con la promoción de la delincuencia y la operación de las milicias armadas hasta la capacidad de represión ilimitada, y también por la existencia de cuantiosos recursos para calmar todas las conciencias, además de la falta de legitimidad y la complicidad de todas las instituciones y autoridades públicas, con el respaldo de las denominadas oposiciones complementarias; por todo esto, la solución requerirá de mayores sacrificios para la sociedad democrática, porque enfrentamos adicionalmente la dificultad del reconocimiento de la condición ilegal del resto de las autoridades “elegidas”, de sus acciones contradictorias y de su complicidad con el régimen.
Se requiere de la unidad de la nación alrededor de principios éticos y de un plan coherente, como ha sido la expresión también coherente del colectivo desde 2003, con autonomía de todas las organizaciones y de los partidos políticos, más bien traicionadas con persistencia por éstos, para que se consolide mediante la unión y la participación de las mayorías, y para que a partir de la construcción conjunta de un verdadero Sistema Electoral marchemos por la vía firme hacia el retorno al Estado democrático y social de de Derecho y de Justicia.
La oportunidad que nos ofrece el actual debate, estaría en la posibilidad de que se convirtiera en una trampa-jaula para los representantes y promotores de la pandilla del “Socialismo del Siglo XXI”, particularmente para los de Venezuela, aunque podrían tener cabida todos los del continente. ¿Será ésta la estrategia de la comunidad internacional, que se habría reflejado en la velocidad y la unanimidad con la que se calificó el “Caso Honduras”?
Se impone hoy entonces la tesis simple y directa de la ilegalidad e ilegitimidad del origen de la autoridad de Hugo Chávez, que he sostenido como miembro del Consejo Nacional Electoral designado por la Comisión Legislativa Nacional en 2000 y en el “exilio” a partir de 2003, como consecuencia de la violación de múltiples aspectos críticos en la preparación de todos los actos electorales, transformándolos en fraudes electorales, en particular para este caso, del Referéndum Consultivo del 2FEBRERO2003, del Referéndum Revocatorio de SEPTIEMBRE2003 y del Referéndum “Ratificatorio” del 15AGOSTO2004. Este último fraude ha sido demostrado íntegramente desde esa fecha, tanto por las violaciones escandalosas de diversos componentes fundamentales previos al día de las votaciones, así como por la serie de estudios forenses que también lo confirman de manera irrefutable.
Esta semana se hizo público en Nueva York un hecho relevante, para presionar la confirmación por parte de los USA y de la comunidad internacional, en relación con la ilegitimidad del origen electoral de Hugo Chávez, debido al reconocimiento del error en el que habría incurrido uno de los expertos integrante del panel de especialistas electorales del Centro Carter en 2004, el Profesor Henry Brady, quien hasta ahora no había aceptado que los números reportados por el Referéndum “Ratificatorio” del 15AGOSTO2004 fueran anómalos, criterio en el que se habrían basado también los informes aprobatorios de las misiones de la OEA y del PNUD para declarar la limpieza y validez del fraude electoral que “deslegitimó” al usurpador de la Presidencia. Esto se produjo como consecuencia de la actualización de la investigación de los Profesores venezolanos L. Perichi y D. Torres sobre este caso, en proceso de publicación en el “Statistical Science”, que se habría convertido en la fórmula infalible, de aplicación universal, obligatoria y única para confirmar la manipulación humana fraudulenta de la data electoral, y para orgullo de los venezolanos.
Adicionalmente, se encuentra en proceso de publicación en el mismo templo académico mundial de la estadística, otra investigación realizada por los profesores venezolanos R. Prado y B. Sansó, que confirma las discrepancias entre dos encuestas a boca de urna y los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, en el mismo Referéndum “Ratificatorio”. .
4JULIO2009
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