Los acontecimientos políticos, durante la última década en el mundo, demuestran la coincidencia en cuanto a las razones de las crisis existentes.
Si nombráramos al azar ciertos gobiernos, como el de Irak con Saddam Hussein, Irán, Costa de Marfil, Zimbabue, Túnez, Egipto, y Nicaragua y Haití en este lado del mundo, apreciaremos una constante; y es que sus gobernados: sociedad civil, partidos políticos, y demás sectores representativos, han insistido en acusar a estos regímenes de violación de los derechos humanos, irrespeto al Estado de Derecho, condiciones infrahumanas para su subsistencia debido al desempleo y alto costo de la vida, y “fraude electoral”.
En todos estos casos también ha habido otra coincidencia, y es que los distintos sectores de la sociedad civil, como se ha evidenciado recientemente en los casos de Túnez y Egipto, han manifestado públicamente a fin de demostrar hasta qué punto están hartos de tanta burla a la soberanía popular por parte de sus respectivos gobiernos. Estos últimos, aprovechándose de su absoluto poder, y bajo la mirada impotente de los electores, han impuesto condiciones electorales contrarias a sus leyes, garantizándose la permanencia indefinida en el poder.
Si comparáramos todas estas circunstancias con el caso de Venezuela, encontraríamos una situación excepcional, y es que en los casos mencionados anteriormente, es la sociedad civil, opositora a estos regímenes, quien reacciona enérgicamente frente a la existencia de un fraude masivo en sus procesos electorales, mientras que en Venezuela la situación pareciera ser a la inversa.
Si bien es cierto que en ciertas oportunidades, algunos sectores de la sociedad habían denunciado el fraude electoral en Venezuela, en la actualidad, en vez de ser el gobierno bolivariano –por razones obvias- el primer detractor de dichas denuncias de fraude, son los partidos políticos opositores, algunas ONG, e individualidades, quienes frente a tales denuncias se comportan como si los acusados fueran ellos, o como si de la comprobación de dichos fraudes dependiera su desaparición del espectro político venezolano.
Quienes otrora acusaban al régimen venezolano, así como a los organismos electorales, de la utilización del fraude para garantizar el triunfo de sus partidarios, actualmente no sólo parecen haberlo olvidado, sino que reaccionan en contra de quienes de alguna forma se atreven siquiera a mencionar tal posibilidad.
Partidos políticos que con anterioridad afirmaban poseer pruebas de dichos fraudes, hoy en día no sólo ni mencionan la posibilidad remota de su existencia, sino que propician abiertamente la participación electoral. No importa que desde la época de sus denuncias, hasta el momento, las condiciones de falta de transparencia, equidad y objetividad hayan empeorado, y haya sido modificada en diversas oportunidades la legislación electoral en beneficio del régimen, y en detrimento de la ciudadanía. Lo importante “es votar”, dicen ellos. Esto ha llegado hasta el extremo de justificar tal actuación bajo la excusa de que así, si votamos masivamente, las condiciones negativas desaparecerán, e incluso hasta podrían revertirse en contra del gobierno, como si por arte de magia, el registro electoral permanente irregular (y secreto), la cedulación masiva de ciudadanos, las nacionalizaciones a extranjeros sin cumplir los requisitos legales, las migraciones de electores de sus centros de votación hasta lugares extremos del país, la participación de una dudosa empresa de facilitación de la votación, como “Smartmatic”, sin la obligatoria existencia de un proceso de licitación, entre muchos otros vicios, pudieran desaparecer.
Conocidas ONG, cuyo objetivo fundamental- razón por la cual habían recibido cuantiosas sumas de dinero como aportes- era la “lucha en beneficio de la transparencia electoral”, han modificado su discurso; de tal manera que lo que en el pasado fue un fraude electoral, en el presente simplemente es un mero “abuso” del gobierno.
Individualidades que se habían hecho eco de tales denuncias de fraude, no sólo han olvidado los fundamentos de sus afirmaciones, sino que incluso, hasta se presentan como candidatos electorales.
Medios de comunicación que en el pasado facilitaban, o por lo menos permitían, la divulgación de algunos de estos elementos que vician de nulidad dichos procesos electorales, ya no le dan cabida a tales circunstancias.
Sectores de la sociedad que regularmente han servido de plataforma en defensa de los valores fundamentales de la democracia en el país, si bien han sido capaces de organizar manifestaciones, marchas, y todo tipo de operativos a fin de defender el derecho a la vida, la denuncia por la existencia de presos políticos, el derecho al trabajo, a la autonomía universitaria, a la propiedad, a la independencia de los poderes públicos, a la necesidad de unas condiciones dignas de vida, en ningún momento, en doce años de gobierno, se han atrevido a participar organizando eventos en la búsqueda de la “transparencia electoral como garantía de la soberanía popular”.
Faltan 23 meses para que se produzca uno de los procesos electorales más importantes al cual se haya tenido que enfrentar la sociedad venezolana, como es el de las elecciones generales, a fin de designar al presidente de la República y demás autoridades de la organización político territorial del país. Durante todo este tiempo los venezolanos tendremos que enfrentarnos a infinidad de retos, producto del interés de nuestro gobernante Hugo Chávez, de destruir al país mediante la eliminación de los factores de producción, del derecho al trabajo, a la educación, a la propiedad, al libre tránsito, y en general, de todos aquellos derechos inherentes a la persona humana y a la institucionalidad democrática.
Los ejemplos sobran, pero basta con señalar la Ley Habilitante dictada recientemente por la Asamblea Nacional al presidente de la República, para entender hasta qué punto llega la acción aniquiladora de la democracia, como política de Estado. Pero así como los retos señalados son una realidad, otro no menos importante, e incluso de mucha más trascendencia en el tiempo, es la necesidad de la lucha por adecuar las condiciones electorales a lo que establecen la Constitución y Leyes de la República. De su observancia dependerá la escogencia y el triunfo de un candidato presidencial capaz de sustituir la política de destrucción de la Patria, por otra que restablezca los valores democráticos y el espíritu de superación que los venezolanos siempre habíamos mantenido.
Para ello es importante no sólo nuestra participación exigiendo el cumplimiento de los principios electorales reconocidos mundialmente, sino la presencia del sector democrático que actualmente nos representa en la Asamblea Nacional. No es posible que hasta el momento nos limitemos a escuchar larguísimos discursos respecto a los vicios y virtudes de los diputados electos, o a lo que dijo o no dijo el Mandatario Nacional en su discurso ante el organismo legislativo, mientras el tiempo pasa irremediablemente y nadie se acuerda de las garantías electorales vitales para revertir cualquier posibilidad de fraude.
Para quienes insisten en defender lo indefendible, ofuscándose cada vez que se habla de este tema, debemos recordarles que frente a la duda de fraude no existe mejor antídoto que la existencia de un proceso rigurosamente transparente. De allí que, indistintamente de sus posiciones, bastaría con preguntarles; ¿Cuál es el problema de exigir la adecuación del organismo electoral (CNE ) a los principios que establece nuestro ordenamiento jurídico en materia electoral? ¿Cuál es el miedo de luchar porque se cumpla le Ley y se garantice el respeto a nuestra voluntad popular? ¿Será que tienen algo que perder; o es que no se dan cuenta que al final perderemos todos?
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09 de febrero del 2011.
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