A pesar de que este informe está siendo considerado como sesgado y falso por el régimen, o verdadero y demoledor por las oposiciones, la primera reflexión que debería estimular en el colectivo podría ser: ¿por qué entonces promueven los partidos políticos del régimen y de las oposiciones, una vez más, una posición “única”, el ejercicio del Derecho al Sufragio en condiciones imposibles e irreparables, ante hechos documentados por la abundante investigación publicada tanto por el FRENTE PATRIÓTICO (www.frentepatriotico.com) como por la Cátedra Pío Tamayo (www.catedrapiotamayo.blogspot.com) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales-FACES de la Universidad Central de Venezuela-UCV, ESDATA (www.esdata.info) y por el OBSERVATORIO ELECTORAL (www.observatorioelectoralarticulos.blogspot.com), entre otros?
El calificativo de “escándalo” es pertinente, porque han sido las propias acciones y omisiones de la OEA y de la CIDH las que han conducido a legitimar y legalizar un régimen asociado con unas oposiciones, que ante la evidencia de los hechos usurpan tanto por el origen de su autoridad como por sus desempeños todos los poderes públicos, desde la presidencia y la representación del Estado y los poderes nacionales hasta la gestión pública de los estados, los municipios y las parroquias.
El 21JUL2003, miembros-rectores del Consejo Nacional Electoral-CNE recurrimos a la CIDH denunciando la primera de una serie de violaciones flagrantes y en gran escala de la soberanía popular, el sufragio, fundamento de la democracia y del Estado de Derecho, cuando el TSJ suspendió el Referéndum Consultivo sobre la gestión del presidente legítimo para la fecha, el 2FEB2003, solicitado por más de 2.5 millones de ciudadanos y convocado por el CNE. La CIDH la ignoró; también los partidos políticos, los medios de comunicación social, las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales y privadas, las academias, las organizaciones empresariales, los gremios, los sindicatos, la Fuerza Armada Nacional y las iglesias.
La contradicción mayor en la interpretación del Informe estaría en su pretensión de sostener la legitimidad absurda de las autoridades usurpadoras y promover su legitimación por la vía del Sistema Electoral-CNE, para “lavar”, entre otras, la legitimidad de la Asamblea Nacional, mediante un proceso electoral en curso para el 26SEP2010, mientras presentan un cuadro nacional que incluye las violaciones a los derechos: políticos, al acceso a las condiciones de igualdad a las funciones públicas, la discriminación, la modificación arbitraria de competencias, la protesta pacífica; la separación e independencia de poderes, un poder judicial dependiente, jueces provisorios sin estabilidad y con remoción arbitraria, incumplimiento de sentencias internacionales; delegación legislativa en el ejecutivo; violaciones de la libertad de expresión vía leyes especiales, delitos Contra el honor, ley de educación o Código Penal y Orgánico de Justicia Militar, cadenas de radio y televisión, procesos administrativos y penales contra emisoras, regulación arbitraria del espectro radioeléctrico, cancelación de concesiones, de contenidos, al derecho a la vida y a la integridad personal relacionados con el ejercicio de la actividad periodística; libertad de asociación; falta de acceso a la información pública; desprestigio y criminalización de “enemigos”; seguridad ciudadana y violencia en las calles, en las cárceles, contra la mujer, dentro de las instalaciones militares, hospitales, centros educativos; de los derechos económicos, sociales, culturales, gremiales y sindicales.
¿Cómo pueden la CIDH y la OEA, y algunos venezolanos, insistir en que es posible validar algún “acto electoral” en semejantes condiciones objetivas de violaciones absolutas, tanto internas del Sistema Electoral-CNE como políticas-económicas-culturales-sociales que mencionamos parcialmente, en las que sólo una de tales violaciones señaladas conduciría a la suspensión del acto electoral y a la búsqueda del restablecimiento del Estado de Derecho, para poder siquiera retomar el tema?
Para explicar cómo los venezolanos hacen caso omiso y se bloquean ante las realidades confirmadas que no hemos mencionado, adicionalmente a su censura y autocensura en los medios, se debe considerar el peso de una propaganda multimillonaria e internacional que ha conducido a una manipulación de la opinión y a una gestión pública, basadas en lo fundamental en la siembra del miedo y el terror en toda la sociedad.
Alguno de los temas censurados y autocensurados habrían sido: el fraude permanente y continuado del Sistema Electoral-CNE y la usurpación de las “autoridades” proclamadas (en gran escala a partir de 4DIC2005), la asociación del régimen con estados considerados forajidos por la comunidad internacional, con la guerrilla, la subversión regional y mundial, la legitimación de capitales, el narcotráfico, la injerencia en asuntos internos de otras naciones, la entrega de la soberanía a intereses y naciones foráneos mediante acuerdos, contrataciones secretas y la ocupación del territorio, hasta la conformación de VENECUBA, acuerdos todos calificables de traición a la patria, la violación sistemática de los derechos humanos o de lesa humanidad, los programas de exterminio y la impunidad, el saqueo de los recursos públicos, el desarrollo de la industria militar y la industria atómica con tales fines.
Mientras tanto, la otra realidad libre de la censura y de la autocensura incluye las elecciones en general y en particular las de la Asamblea Nacional de 26SEP2010. Cualquier variación sobre el tema “participar votando”, desde testigo hasta candidato será difundido con pasión, así como toda crítica y debate sobre la eficiencia y rendimiento de la gestión de los administradores públicos, elementos fundamentales y únicos para consolidar el horror de la “democracia venezolana en el Siglo XXI”.
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