La estabilidad política e institucional de Venezuela se encuentra en crisis. El creciente descontento popular es expresión de un serio cuestionamiento al mal llamado “socialismo bolivariano”. El movimiento campesino ha perdido toda esperanza de acceder a las tierras de vocación agrícola, al mismo tiempo que surgen nuevos terratenientes y latifundistas. La producción agropecuaria no garantiza la soberanía alimentaria, más de la mitad del presupuesto nacional debe ser destinado a comprar alimentos en el exterior, de los cuales una porción muy significativa se pierden por mal manejo en los puertos o sitios de almacenamiento.
Esto es solo una pequeña muestra del cúmulo de problemas socio-económicos y políticos que genera el gobierno de la “revolución bolivariana”; no obstante, se vanagloria con una supuesta disminución de la pobreza, del incremento en la matrícula de estudiantes universitarios o del mejoramiento de la calidad de vida del pueblo.
Ciertamente, el gobierno se ufana en decir que ha logrado reducir la pobreza en Venezuela en los últimos once años, pero expertos como el Dr. Roberto Briceño León han señalado que tal reducción no refleja una mayor seguridad ciudadana, por el contrario en los últimos once años se ha duplicado la tasa de homicidios en comparación con la de 1998. Igual tendencia se observa con otros delitos como el secuestro, narcotráfico, sicariato, robo de vehículos y delincuencia policial.
Si la matrícula de estudiantes universitarios fuera superior a los 2 millones desde hace cuatro años, si el analfabetismo fue reducido a cero y si la Misión Ribas forma bachilleres en 2 años, como dice el gobierno, es de esperar que esta mejora educativa se vea reflejada en una disminución significativa de la delincuencia. Pero en realidad ello no ha ocurrido ya que a pesar de esas supuestas mayor educación y menor pobreza lo que se evidencia es una mayor delincuencia. Una sola explicación es posible: los resultados que difunde el gobierno son más propaganda mediática que logros efectivos. He allí una de las contradicciones de esta “revolución bonita”.
Según el Dr. Luis Fuenmayor Toro, si fuera verdad de que están inscrito más de 2 millones de jóvenes en las universidades venezolanas, deberían tenerse respuestas bien precisas a algunas de las siguientes interrogantes: ¿Por qué no existe ninguna información sobre los docentes que se han tenido que requerir para atender esa cantidad de estudiantes? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Cómo están distribuidos entre los distintos programas e instituciones? ¿Cómo los prepararon en tan corto tiempo? ¿Dónde los formaron? ¿Cuáles son sus grados académicos? ¿Sus condiciones laborales y académicas? ¿Hacen investigación?
Las respuestas a estas interrogantes son difíciles y engorrosas de buscar u obtener porque las estadísticas de la Misión Sucre, la Universidad Bolivariana y la UNEFA, no son llevadas por ningún organismo técnico-profesional distinto de estas instituciones, como ocurre con el resto del sector universitario. No son estadísticas validadas y por lo tanto no son creíbles.
Son estas contradicciones, entre muchas otras, las que definen cada vez más el contexto en el cual se inscribe la creciente ilegitimidad del actual gobierno “socialista-bolivariano-revolucionario”. Las luchas sociales han comenzado a ser impulsadas por nuevos liderazgos obreros, estudiantiles, campesinos, indígenas, educadores, profesionales y religiosos, quienes con autonomía e independencia prefiguran un proceso de cambios socio-políticos que producirá el desplazamiento del actual poder constituido.
No obstante, el Movimiento Progresista (MOVPRO) alerta al pueblo trujillano sobre las claras y evidentes intenciones del gobierno nacional de no respetar las expresiones de soberanía política y autodeterminación histórica del pueblo venezolano y, en consecuencia, está urdiendo tácticas para entorpecer las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre. No sería extraño que se aplicara un amplio plan represivo en contra del derecho a la vida, reunión, manifestación pública, libertad de expresión, huelga, inviolabilidad del hogar y al debido proceso, a nombre de la “revolución y el socialismo”, con la anuencia de los poderes públicos quienes han demostrado una total sumisión ante el poder ejecutivo nacional.
Definitivamente, este “socialismo-revolución” de pacotilla ni tiene principios ni valores, menos aún futuro.
Edgar Jaimes (*)
(*) Candidato a la Asamblea Nacional por la lista del MOVPRO, estado Trujillo.
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