Mi muy apreciado amigo Fernando Ochoa Antich, militar de carrera y de familia, también político y diplomático, destacado en todas esas esferas, insiste en su tesis “En defensa de la Fuerza Armada Nacional” (www.frentepatriotico.com , 16JUN2010). Reconoce que “Los argumentos en contra de la existencia de la Fuerza Armada son muy variados y no fáciles de refutar”, presentando argumentos teóricos y desdeñando las realidades que diluyeron la República y que golpean la conciencia y la existencia de la Nación, que habrían surgido desde la Academia Militar y el Ejército para extenderse a toda la “Institución Militar”.
Es sorprendente que el ex Comandante del Ejército, ex Ministro de la Defensa y de Relaciones Exteriores, el embajador, sea indiferente y contribuya a legitimar la institucionalización de las perversiones y manipulaciones internas de las Fuerzas Armadas y el fraude político al peor estilo de los “Guzmán”, que han promovido “fraudes constitucionales y legales” que van desde la modificación de las normas y la violación de la ley hasta el diseño de constituciones a la medida. No sólo es escandalosa la comparación, en cuanto a la oscuridad de esa época sino a los valores, al desprecio por la evolución de las ideas de Occidente durante 150 años.
Su referencia a “la visión exageradamente idealista que concibe la posibilidad de que el hombre pueda vivir en permanente paz” debería despertar una reflexión profunda en nuestra sociedad, en particular sobre la formación del militar y los valores éticos que han sido promovidos en nuestras escuelas militares, que habrían conducido a la “Institución Militar” a hacerse cómplice primero y hoy socia del crimen organizado transnacional, porque esa es la única ideología que se identifica con los usurpadores de los poderes públicos, la jefatura de las Fuerzas Armadas y la representación del Estado.
No se trata de argumentos en contra de la existencia de la Fuerza Armada de una nación, se trata de la existencia de la Fuerza Armada “bolivariana” usurpadora de las Fuerzas Armadas de la República de Venezuela. Se trata de una institución que es responsable del sostenimiento del régimen totalitario, que se sembró y germinó en la Academia Militar de Venezuela y se implantó en el Ejército, para que traicionara a la patria y entregara la soberanía nacional al crimen organizado transnacional, representado por la subversión, la legitimación de capitales, el narcotráfico, la ocupación cubana y la de otros mercenarios, el saqueo permanente de los activos de la nación, la persecución, acoso y secuestro de los demócratas que sólo reclaman el restablecimiento del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, que denuncian la asociación con regímenes forajidos, con industrias militares y con el desarrollo de la industria nuclear con propósitos militares, así como la injerencia política, financiera y militar en los asuntos internos de otras naciones.
La “Institución Militar” venezolana, el Alto Mando, sus oficiales y su personal administrativo son socios del régimen y, como tales, deberán responder personal y judicialmente por los crímenes de lesa patria y lesa humanidad, que no prescriben y tienen jurisdicción planetaria.
La razón de la existencia de la “Institución Militar”, no puede ser el monopolio legítimo de la violencia para impedir que los ciudadanos utilicen de manera particular la fuerza para dirimir sus conflictos personales. El espíritu republicano liberal democrático no concibe la Fuerza Armada como instrumento para interferir en los asuntos personales de los ciudadanos, sino más bien en la defensa de esos ciudadanos, de las instituciones y de la soberanía nacional ante agresores externos e internos, y ante la incapacidad de la policía para asegurar la protección de sus activos y de su integridad física y mental.
¿Cómo justificar entonces el fortalecimiento de las policías para “preservar la autoridad del Estado”? Esa no es función de la policía. La autoridad del Estado se preserva cuando el Estado actúa con el respeto del Estado de Derecho. “Normalmente, esas organizaciones no tienen suficiente sentido institucional y su intrínseca debilidad puede conducir a la anarquía. Recuerden el siglo XIX venezolano”. ¿Existió el sentido institucional de las policías en el caso de la Policía de Caracas, comandada por el Mayor Santiago Ochoa Briceño, cuando tomó parte y defendió la institucionalidad del gobierno del Presidente Medina Angarita, el 18 de octubre de 1945?
¿O cuando la misma policía defendió a un grupo de ciudadanos que protestaban pacíficamente, de otro grupo respaldado por delincuentes patrocinados por el régimen, que los atacaban con armas de fuego el 11ABR2002, y que conduciría, al secuestro, juicio-farsa y “condena” de 11 miembros del cuerpo?, a pesar de que el General en Jefe Lucas Rincón Romero, acompañado por el Alto Mando Militar informó al país en cadena nacional que responsabilizaban a Hugo Chávez por los sucesos, -“los asesinatos” aún impunes- leyendo: “Los miembros del Alto Mando Militar de la República Bolivariana de Venezuela deploran los lamentables acontecimientos sucedidos en la ciudad capital en el día de ayer. Ante tales hechos, se le solicitó al señor Presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Los integrantes del Alto Mando ponen sus cargos a la orden los cuales entregaremos a los oficiales que sean designados por las nuevas autoridades”
La realidad es que estamos viviendo en el mismo pozo séptico de los valores prevalecientes de la política vigente durante el Siglo XIX venezolano. Entonces, ¿cómo explicar que después de 150 años permanezcamos en el pasado primitivo? Para Ochoa Antich el primer gran problema de la Fuerza Armada Nacional que debilita su prestigio es el origen de la camarilla que gobierna, que surgió de una penetración de la izquierda en la organización militar.
Cuando lo grave, que eliminó su prestigio, es que 1) el origen de la camarilla que gobierna es ilegítimo e ilegal, porque proviene del fraude electoral y político permanente y continuado; 2) esa camarilla que usurpa los cargos, la jefatura y la representación del Estado, adicionalmente actúa al margen del Estado de Derecho y viola los derechos humanos, por lo tanto debe ser desconocida y debe la “Institución Militar”, sus hombres y mujeres, actuar para restablecer la institución y sus autoridades legítimas dentro del Estado de Derecho. Es decir, dar luces y el ejemplo al aplicar las normas y reglamentos de disciplina internos y la propia jurisdicción de la Justicia Militar.
El problema no es que una infección penetre al organismo, el problema es que el organismo no disponga de las defensas propias o de otros “poderes” externos para el tratamiento, para controlar la infección. O lo que es más grave y, en mi criterio sería lo que ha venido ocurriendo, que los propios miembros de la “camarilla” se han extendido hasta controlar, con el apoyo y la contratación de mercenarios cubanos y de otras nacionalidades, tanto los propios mecanismos de control internos como los externos. ¿Qué diferencia de fondo existiría en un régimen descrito como al actual, por el hecho de que el origen de su camarilla, de sus funcionarios fuese la ideología de izquierda o de derecha, o como el impuesto en algunos períodos, cuando se atribuían las promociones militares a las simpatías de la dama de compañía del primer mandatario? En mi criterio no habría diferencias, salvo que esos gobiernos así como el comandante en jefe de la FAN fueron civiles.
La “Institución Militar” y sus hombres, pretenden condicionar la reacción interna para cumplir con su obligación por el respeto de la Constitución y de los Derechos Humanos, a una protesta popular que “justifique” la desobediencia interna, la denuncia y el señalamiento de la asociación de su Alto Mando Militar con el crimen organizado transnacional.
Es decir, la “Institución Militar” no tendría capacidad para debatir sobre la infección interna y las consecuencias sobre el resto del organismo nacional, a menos que el colectivo en la calle le plantee el dilema: ¿le disparo al pueblo o desobedezco al comandante-ilegítimo?, reconoce que no tiene capacidad, no ha sido formada para ello, de comprender que la misma responsabilidad de obedecer una orden es la que tiene para desobedecerla, que la diferencia está en la legalidad de la orden y en la ilegalidad de las consecuencias, aunque la orden fuese “legal”.
Las tesis que expone Fernando Ochoa en su defensa de la FAN, serían útiles para construir la explicación del porqué la “Institución Militar”, primera responsable de la defensa de la soberanía nacional y los derechos de sus ciudadanos, ha permitido que su Alto Mando Militar los haya entregado, primero a delincuentes subalternos surgidos desde su interior y luego a intereses extranjeros. El recuerdo de la masacre de Katyn en Rusia, donde fueron fusilados oficiales del ejército, de la policía y funcionarios polacos (alrededor de 22.000), ordenado por Stalin (¡quien acusaba a Hitler!), así como había ordenado el de oficiales rusos después que organizó su partido y sus milicias, no sería el único temor que tendrían que enfrentar los miembros de la “Institución Militar” venezolana, porque en el Siglo XXI, sería de esperar, que los sobrevivientes impidamos la impunidad acumulada, que los mecanismos de la Corte Penal Internacional funcionen y que las presiones de los ciudadanos agraviados, conduzcan a sus juicios a los indiciados por los crímenes de lesa patria y lesa humanidad.
¿Se pelotearán los líderes de VENECUBA la responsabilidad del desenlace del caso del precipicio venezolano? Después de despedir y asaltar las residencias y los haberes de 22.000 funcionarios de PDVSA y sus filiales, y promover su éxodo-exilio masivo y el de muchos otros por una parte, y por la otra, el balance de alrededor de 140.000 asesinados en 10 años, con miles de casos de exterminio, con una impunidad superior al 90%, ¿qué distancia habría para una mente y alma enfermas con la locura staliniana?
La pusilanimidad e irresponsabilidad de la “Institución Militar”, del Estado representado por sus instituciones, y de las instituciones patronales, sindicales, gremiales, académicas y eclesiásticas, al haber confiado las armas de la República a tan enferma institución no se resolverá con aspirinas ni componendas de salón: “Hugo Chávez debe respetar los límites constitucionales y entender, por ejemplo, que no puede ser de nuevo candidato presidencial. Vienen las elecciones parlamentarias y después las presidenciales. La Fuerza Armada Nacional debe empinarse moralmente y hacer respetar el resultado electoral, limitar el ventajismo del gobierno y hacer cumplir la ley”. ¡Por favor! ¿Cómo no vamos a estar en un foso profundo y oscuro?
El escándalo es que los límites deben primero ser entendidos por quienes pretenden legitimarse como autoridades parlamentarias en el fraude irreversible del 26SEP2010, así como los gobernadores y alcaldes y los miembros de los cuerpos legislativos de los estados y municipios, quienes son los primeros responsables de la legitimación y convalidación del fraude electoral permanente y continuado y de la longevidad del régimen. Esos “liderazgos” locales, se han asociado al crimen organizado transnacional al legitimar sus espacios, también los espacios en los medios de comunicación, sus presupuestos, como compensación a la legitimación nacional e internacional del régimen y están consolidando las bases del fraude político-electoral que es la excusa central y contradictoria para su reconocimiento por parte de la “Institución Militar”.
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