RÓMULO LARES – CRÍTICA A LA RIC

Señores administradores y usuarios de la

Red Internacional del Colectivo-RIC

Caracas

Muy estimados señoras y señores:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de manifestarles mi preocupación por lo siguiente:

Considero que no estaríamos administrando la página-blog de la Red Internacional del Colectivo-RIC, en la dirección del fortalecimiento de los objetivos declarados en su Acta Constitutiva.

Llamo la atención de los administradores sobre el esfuerzo para la comunicación, información y promoción de la opinión que pretende asumir la RIC.

Estimo, que a pesar de la trascendencia de los temas que son publicados, los que por consiguiente en última instancia contribuirían “a incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida del colectivo venezolano y transitar por los caminos que conducen a la creación de una verdadera democracia”, no atacan el objetivo en primera instancia. Considero, que estaría comprobada la hipótesis que promueve la prioridad de la “creación de una verdadera democracia”, como condición indispensable para “el mejoramiento de las condiciones de vida del colectivo venezolano”. En ese orden.

En virtud de lo anterior, agradecería a los administradores del gran esfuerzo que representa la RIC, que evaluemos y decidamos sobre la necesidad de pasar al ataque de diversos objetivos específicos declarados en su constitución, que no estarían siendo atendidos de forma adecuada, sobre todo lo relacionado con: 1) “impulsar el acercamiento de los grupos, frentes o individualidades que andan en el mismo trabajo al servicio del colectivo y por la construcción de una historia diferente”; 2) “Crear una específica red de información………..y la programación de las necesarias movilizaciones en defensa de la acción destinada a crear la verdadera democracia en Venezuela”; 3) “Servir de centro de información de las actividades promovidas por afiliados o no que redunden en beneficio de la organización, acción y proyección del colectivo”; 4) “Servir de base y fundamento comunicacional para el estudio y discusión de temas fundamentales para la formación teórico-práctica”.

Agradecería también, la publicación de este comentario y solicito de los usuarios y contribuyentes de la RIC, sus opiniones y comentarios.

Con la mayor estima y consideración. Muy atentamente,

Rómulo Lares Sánchez

Caracas, 25 de abril de 2010

P.S:

Revisión al 22JUNIO2010

Como ejemplo-referencia de esta “autocrítica” a la RIC, refiero el documento: “El Estado de Derecho y la Perpetuación del Poder” de Edgar Jaimes del 20 de junio de 2010.

Este tipo de documento, recurrente del autor, además de que podría ser considerado propaganda electoral, en este caso, adicionalmente, presenta la contradicción de que se viste de defensor del “Estado de Derecho, imperio de la ley, estado de legalidad o rigor de ley”, para promover precisamente la burla de todos estos conceptos, que está en la estructura y praxis del Poder Electoral-CNE, lo que permitiría señalar el nivel de confusión o de cinismo de los argumentos.

¿Cómo pretender referir los índices de gobernabilidad del Banco Mundial, diseñados para naciones y estados que existen dentro del Estado de Derecho, para el caso de Venezuela? Estos índices permitirían una clasificación de referencia de un Estado libre, una república, dentro del concierto universal de naciones, categoría en la que algunas naciones primitivas y atrasadas como la nuestra bajo el régimen actual, no podrían ser medidas, pero pretenden ser comparadas, con el objeto de confundir a la opinión pública. Las mediciones de las percepciones ciudadanas bajo un estado de incertidumbre, miedo y de terror, pierden su sentido.

Pero la crítica central sería que, en cualquier caso, presentar a los usuarios de la RIC, documentos que contradicen su orientación y adicionalmente en mi criterio, presentan y promueven una candidatura que como toda participación en el Sistema Nacional Electoral-CNE, máxime en la condición de promoción con el nivel superior, el de candidato, a la actividad fundamental de convalidación, “legitimación” y “legalización” del régimen totalitario del crimen organizado transnacional que somete a Venezuela, porque cualquier análisis “ideológico” o práctico de la política venezolana, sólo muestra al régimen y sus oposiciones como socios en el fraude electoral y político permanente y continuado.

La participación en un fraude, en un acto criminal, -cualesquiera que sean las “buenas intensiones”, transforma a los actores en cómplices o socios-, como es la manipulación de la opinión pública, del colectivo, para hacerle creer que vivimos en una democracia imperfecta, que el voto representa la voluntad del colectivo-soberano, que decide o elige, cuando la realidad del fraude ha sido demostrada también en la Cátedra Pío Tamayo-CPT, y que adicionalmente estamos sometidos a una ocupación extranjera, que desapareció el Estado de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos, además de que encubre todos los problemas administrativos y políticos relacionados con el saqueo a futuro de los activos de la Nación y la injerencia política-financiera y militar en los asuntos internos de otras naciones.

Los patrocinadores del fraude político-electoral deben asumir su responsabilidad en los crímenes de lesa patria y lesa humanidad por los que los usurpadores de la representación del Estado venezolano tendrán que responder, así como todos sus socios y cómplices.

Asumir el penoso papel, apoyados en el prestigio universitario, gremial, regional o vecinal, de promover o cooperar –por omisión o por acción- con estos crímenes, teniendo como contrapartida la defensa del Sistema Electoral-CNE, se asuma o no posteriormente la representación fraudulenta extendida por el CNE, no “lava” el crimen a pesar de que las mayorías “aparezcan” también en el “acto electoral” convalidando la fraudulenta elección, por el contrario, lo agravan, al legitimar al sufragio venezolano tanto nacional como internacionalmente como existente, legitimando y convalidando autoridades nacionales y regionales fraudulentas en su origen y bufas en su desempeño, también en aquellos casos en los que el “candidato” se declara y actúa con “honestidad”.

Lamentamos que esa “honestidad” no se manifieste denunciando el fraude antes que promoviendo la complicidad del colectivo, tampoco inocente porque poseen la mayoría de edad los autorizados a participar, pero sí atenuada por la confusión que generan estas invitaciones de sus “líderes” y por la censura y autocensura de los medios de comunicación social, academias, universidades, gremios, sindicatos e iglesias.

Con la mayor estima y consideración.

RL