El amigo Vianco Martínez nos envía este comunicado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en el cual se expone que, a cinco meses de la agresión a la que fuera sometido, la justicia dominicana no se ha pronunciado. Nada extraordinario ni en aquel país ni en el nuestro. La labor del comunicador social comprometido con su profesión, sin ataduras a los grandes medios, ni a intereses algunos, que no sean los que se ajustan a la verdad y a la justicia, cada vez encuentran mayores obstáculos para realizar su trabajo. Importa que, en algún momento la solidaridad entre quienes deben afrontar aislada y solitariamente estos obstáculos, pueda funcionar para reacomodar estos entuertos y sobre todo para evitar agresiones, amenazas e intimadaciones. Con ese propósito lo difundimos. MS
Al cumplirse este viernes el quinto mes de la agresión contra el periodista Vianco Martínez en el Teatro Nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reiteró su reclamo de justicia, y dijo que esa organización se mantiene vigilante ante el curso del proceso.
Olivo de León, secretario general del SNTP, aseguró que la acción judicial del comunicador para que sean sancionados los espalderos del empresario artístico Saymon Díaz que perpetraron el hecho, es una lucha de todo el periodismo dominicano.
"Han pasado cinco meses del atropello contra nuestro compañero Vianco Martínez y los periodistas de República Dominicana seguimos esperando castigo para los culpables", indicó De León.
De León dijo que a pesar de la dilación en la toma de las decisiones judiciales correspondientes, el gremio que dirige ha puesto su confianza en el Ministerio Público, donde aún se encuentra el proceso.
El dirigente gremial adujo que el ejercicio del periodismo está garantizado por la Constitución de la República y no puede ser obstaculizado por elementos sin autoridad de ningún tipo para intervenir en aquellos lugares públicos donde se producen las noticias.
"El sistema de derecho -enfatizó- se agrieta profundamente cuando a unos sujetos sin ninguna autoridad moral ni institucional se les premia con la impunidad y con la indiferencia cuando utilizan la violencia en contra de un ciudadano indefenso que lo único que procuraba era una entrevista para un libro de su autoría".
De León aseguró que Vianco Martínez, en la búsqueda de su entrevista, actúo con total apego a los principios del periodismo y no faltó en ningún momento a las normas de convivencia ni violentó las reglamentaciones del Teatro Nacional.
"Hemos confirmado por todas las vías posibles que Vianco Martinez en todo momento actuó como un reportero, sin sobrepasar los límites y sin proferir ofensa alguna contra nadie. Por tanto, no había motivos para utilizar la violencia en su contra", añadió De León.
Dijo que tanto Rafael Emilio Vargas y Josué Vargas, como el empresario Saymon Díaz, sobre quien pesan serias dudas del papel que jugó aquella noche, se extralimitaron y pusieron en ridículo la autoridad del propio Teatro Nacional.
Según Olivo De León, los agresores de Martínez están planteando incidentes al proceso en su contra para evitar que se haga justicia, y advirtió que esa organización no descansará hasta que el caso sea resuelto.
"Estamos confiando en que el Ministerio Público llevará el reclamo de justicia de Vianco Martínez hasta las últimas consecuencias, a pesar de las presiones que ejercen para obstaculizar el proceso".
Recordó que tras su agresión, el comunicador optó por los mecanismos legales para que sean sancionados sus agresores.
La agresión contra Vianco Martinez fue perpetrada por los espalderos de Saymon Díaz, Rafael Emilio Vargas y Josué Vargas, de la compañía privada de seguridad Centauro Security Group, la noche del 23 de agosto del año pasado en el Teatro Nacional, mientras esperaba para entrevistar al cantautor español Pedro Guerra.
Tras el hecho, Saymon Díaz, dueño del concierto de Guerra, en una declaración pública, justificó el atropello con el argumento de que él no le había dado "permiso" al comunicador para ingresar al recinto del Teatro Nacional.
En su primera visita a la Fiscalía del Distrito Nacional, el espaldero Josué Vargas, uno de los imputados, declaró a la prensa que a Martínez lo que hicieron fue "aplicarle los procedimientos" y reiteró que ellos no le habían dado permiso al comunicador para entrar al Teatro Nacional.
De su lado, Rafael Emilio Vargas, ejecutivo de Centauro, dijo que él no había acudido a las reiteradas citaciones de la Fiscalía debido a que trabajaba "para la seguridad del Estado".
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA PRENSA
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