Estado de Derecho significa imperio de la ley, estado de legalidad o rigor de la ley. Aunque estos términos parecen distintos todos tienen aspectos en común. En efecto, cuando se habla de un estado de legalidad implícitamente se está haciendo referencia a leyes “justas”, no a los caprichos de los gobernantes convertidos en ley.
Cuando se habla del imperio de ley sucede lo mismo, no se trata de la obediencia ciega a cualquier tipo de ley ni de la imposición de la misma en contra del debido proceso. Cuando se habla de Estado de Derecho se hace referencia a nociones íntimamente ligadas a los conceptos de libertad, democracia, restricciones al poder estatal y respeto a las libertades básicas.
Estos términos, de una u otra manera, resaltan la importancia del cumplimiento de la ley, de limitar la discrecionalidad de las autoridades, de la protección de los derechos básicos y del gobierno de las leyes y no de los hombres.
Medir el Estado de Derecho no es una tarea sencilla. Los Indicadores de Gobernabilidad del Banco Mundial son una buena guía al respecto. Según estos indicadores, la cuantificación del Estado de Derecho se centra en medir las percepciones ciudadanas en torno al grado de confianza que tienen en las leyes y su cumplimiento, específicamente en lo que respecta a la calidad de las decisiones que toman los tribunales que imparten justicia, de los procedimientos policiales, del cumplimiento de los contratos sociales y del ejercicio de los derechos de propiedad, así como la prevalencia del crimen y la violencia.
Aunque la definición del Banco Mundial no es perfecta, sin duda muestra el desafío que Venezuela tiene por delante. Ciertamente, pareciera que seguimos empeñados en ir en la dirección contraria, es decir la ampliación de los poderes discrecionales de las autoridades en lugar de buscar cómo limitarlos; generar incertidumbre en torno a la protección de los derechos de propiedad en lugar de promover la certeza jurídica; favorecer cambios constantes en las reglas del juego en lugar de hacerlas más estables y predecibles.
La relación entre el desarrollo económico y el Estado de Derecho es bien conocida: a mayor y mejor protección de los derechos de propiedad, cumplimiento de los contratos, estabilidad de las reglas del juego y la eficacia y prontitud del sistema legal, mayor desarrollo económico. No obstante, es evidente que vamos en la dirección contraria.
Por otro lado, en la Venezuela actual existe una clara e indudable intención, por parte del presidente Chávez, de eternizarse en el poder producto de la ambición y el mesianismo. A lo largo de nuestra historia republicana, los gobernantes de turno, con alguna que otra excepción, han buscado afanosamente concentrar el poder político y eternizarse en el Gobierno.
La concentración del poder permite el ejercicio del mismo sin límites ni controles eficaces. Esto garantiza el abuso de autoridad, que se administre el erario en secreto, a espaldas de la población, sin transparencia ni rendición de cuentas y que se actúe en provecho propio, valiéndose del terror de Estado para amedrentar, silenciar o destruir a la oposición política, así como a los disidentes y críticos del régimen.
La ambición y el mesianismo son la clave de la perpetuación del poder. La ambición es el deseo ardiente de poseer riquezas, fama, poder u honores; en tanto que el mesianismo es el sentirse el líder, el héroe, el caudillo, el salvador, el libertador, el benemérito de la patria. Los métodos para perpetuarse en el poder que se han utilizado son varios: la reelección, la prolongación del período de funciones, el autogolpe y la sucesión de parientes.
La reelección presidencial ha sido el método más apetecido toda vez que a través de elecciones (generalmente amañadas), el gobernante sigue en el ejercicio del poder político, incluso por tiempo indefinido.
De ahí, el porqué de que el constitucionalismo venezolano haya venido insistiendo tanto en la defensa de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, incluso como un deber ciudadano.
Se dice que la diferencia entre un político y un estadista estriba en que el primero se preocupa de la próxima elección, en tanto que el segundo de la próxima generación. Entonces es tiempo de busquemos estadistas.
Edgar Jaimes (*)
(*) Candidato a la Asamblea Nacional por la lista del MOVPRO, estado Trujillo.
3 comentarios:
Señores administradores y usuarios de la
Red Internacional del Colectivo-RIC
Caracas
Copia: Señor Edgar Jaimes
Muy estimados señoras y señores:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de manifestarles mi preocupación por lo siguiente:
Considero que no estaríamos administrando la página-blog de la Red Internacional del Colectivo-RIC, en la dirección del fortalecimiento de los objetivos declarados en su Acta Constitutiva.
Llamo la atención de los administradores sobre el esfuerzo para la comunicación, información y promoción de la opinión que pretende asumir la RIC.
Estimo, que a pesar de la trascendencia de los temas que son publicados, los que por consiguiente en última instancia contribuirían “a incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida del colectivo venezolano y transitar por los caminos que conducen a la creación de una verdadera democracia”, no atacan el objetivo en primera instancia. Considero, que estaría comprobada la hipótesis que promueve la prioridad de la “creación de una verdadera democracia”, como condición indispensable para “el mejoramiento de las condiciones de vida del colectivo venezolano”. En ese orden.
En virtud de lo anterior, agradecería a los administradores del gran esfuerzo que representa la RIC, que evaluemos y decidamos sobre la necesidad de pasar al ataque de diversos objetivos específicos declarados en su constitución, que no estarían siendo atendidos de forma adecuada, sobre todo lo relacionado con: 1) “impulsar el acercamiento de los grupos, frentes o individualidades que andan en el mismo trabajo al servicio del colectivo y por la construcción de una historia diferente”; 2) “Crear una específica red de información………..y la programación de las necesarias movilizaciones en defensa de la acción destinada a crear la verdadera democracia en Venezuela”; 3) “Servir de centro de información de las actividades promovidas por afiliados o no que redunden en beneficio de la organización, acción y proyección del colectivo”; 4) “Servir de base y fundamento comunicacional para el estudio y discusión de temas fundamentales para la formación teórico-práctica”.
Agradecería también, la publicación de este comentario y solicito de los usuarios y contribuyentes de la RIC, sus opiniones y comentarios.
Con la mayor estima y consideración. Muy atentamente,
Rómulo Lares Sánchez
Caracas, 25 de abril de 2010
CONTINUACIÓN CARA RÓMULO LARES SÁNCHEZ 25ABRIL2010
y P.S. REVISIÓN 20JUNIO2010
Los patrocinadores del fraude político-electoral deben asumir su responsabilidad en los crímenes de lesa patria y lesa humanidad por los que los usurpadores de la representación del Estado venezolano tendrán que responder, así como todos sus socios y cómplices.
Asumir el penoso papel, apoyados en el prestigio universitario, gremial, regional o vecinal, de promover o cooperar –por omisión o por acción- con estos crímenes, teniendo como contrapartida la defensa del Sistema Electoral-CNE, se asuma o no posteriormente la representación fraudulenta extendida por el CNE, no “lava” el crimen a pesar de que las mayorías “aparezcan” también en el “acto electoral” convalidando la fraudulenta elección, por el contrario, lo agravan, al legitimar al sufragio venezolano tanto nacional como internacionalmente como existente, legitimando y convalidando autoridades nacionales y regionales fraudulentas en su origen y bufas en su desempeño, también en aquellos casos en los que el “candidato” se declara y actúa con “honestidad”.
Lamentamos que esa “honestidad” no se manifieste denunciando el fraude antes que promoviendo la complicidad del colectivo, tampoco inocente porque poseen la mayoría de edad los autorizados a participar, pero sí atenuada por la confusión que generan estas invitaciones de sus “líderes” y por la censura y autocensura de los medios de comunicación social, academias, universidades, gremios, sindicatos e iglesias.
Con la mayor estima y consideración.
CONTINUACIÓN CARTA RÓMULO LARES SÁNCHEZ 25ABRIL2010
P.S:
Revisión al 22JUNIO2010
Como ejemplo-referencia de esta “autocrítica” a la RIC, refiero el documento: “El Estado de Derecho y la Perpetuación del Poder” de Edgar Jaimes del 20 de junio de 2010.
Este tipo de documento, recurrente del autor, además de que podría ser considerado propaganda electoral, en este caso, adicionalmente, presenta la contradicción de que se viste de defensor del “Estado de Derecho, imperio de la ley, estado de legalidad o rigor de ley”, para promover precisamente la burla de todos estos conceptos, que está en la estructura y praxis del Poder Electoral-CNE, lo que permitiría señalar el nivel de confusión o de cinismo de los argumentos.
¿Cómo pretender referir los índices de gobernabilidad del Banco Mundial, diseñados para naciones y estados que existen dentro del Estado de Derecho, para el caso de Venezuela? Estos índices permitirían una clasificación de referencia de un Estado libre, una república, dentro del concierto universal de naciones, categoría en la que algunas naciones primitivas y atrasadas como la nuestra bajo el régimen actual, no podrían ser medidas, pero pretenden ser comparadas, con el objeto de confundir a la opinión pública. Las mediciones de las percepciones ciudadanas bajo un estado de incertidumbre, miedo y de terror, pierden su sentido.
Pero la crítica central sería que, en cualquier caso, presentar a los usuarios de la RIC, documentos que contradicen su orientación y adicionalmente en mi criterio, presentan y promueven una candidatura que como toda participación en el Sistema Nacional Electoral-CNE, máxime en la condición de promoción con el nivel superior, el de candidato, a la actividad fundamental de convalidación, “legitimación” y “legalización” del régimen totalitario del crimen organizado transnacional que somete a Venezuela, porque cualquier análisis “ideológico” o práctico de la política venezolana, sólo muestra al régimen y sus oposiciones como socios en el fraude electoral y político permanente y continuado.
La participación en un fraude, en un acto criminal, -cualesquiera que sean las “buenas intensiones”, transforma a los actores en cómplices o socios-, como es la manipulación de la opinión pública, del colectivo, para hacerle creer que vivimos en una democracia imperfecta, que el voto representa la voluntad del colectivo-soberano, que decide o elige, cuando la realidad del fraude ha sido demostrada también en la Cátedra Pío Tamayo-CPT, y que adicionalmente estamos sometidos a una ocupación extranjera, que desapareció el Estado de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos, además de que encubre todos los problemas administrativos y políticos relacionados con el saqueo a futuro de los activos de la Nación y la injerencia política-financiera y militar en los asuntos internos de otras naciones.
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