EL MODELO ECONÓMICO DEL RÉGIMEN MADURISTA
Humberto García Larralde
Durante muchos años se discutió si las medidas
económicas tomadas por los gobiernos de Chávez y Maduro respondían a un modelo
propiamente dicho u obedecían más bien a improvisaciones y a la ignorancia del
eterno. Un petróleo rozando los $100/barril admitía, sin duda, muchas
liberalidades. Otros opinaban que se trataba de imponer progresivamente el
comunismo, por lo que su intención era política: de ahí la dificultad de
apreciar una racionalidad económica. Pero ahora que han bajado las aguas de la
bonanza petrolera, emergen elementos de un modelo económico claramente
distinguible. Pero muchos se niegan a percibirlo como tal porque su fin no es
el mayor bienestar para la población -fin o deber ser de lo económico- sino
maximizar la participación en el producto social de quienes detentan el poder.
El modelo sirve a una nueva oligarquía
atrincherada en los nodos de decisión del Estado o en posiciones privilegiadas
para negociar con él. Esta oligarquía tiene carácter binacional, pues incluye a
quienes están al frente del estado cubano, beneficiarios privilegiados de la
depredación sobre Venezuela. Los medios para alcanzar sus fines no tienen que
ver con la salud del aparato productivo interno ni con la capacidad de
optimizar el intercambio con el resto del mundo. Es decir, el modelo no
persigue que la economía crezca, ni que pueda importarse lo requerido para
aumentar el consumo y la producción domésticos.
De ahí su aparente desafío a la lógica
económica. Persigue, más bien, la destrucción de los mecanismos de mercado y de
las salvaguardas del Estado de Derecho que regulan lo económico, con la
intención de sustituirlos por decisiones burocráticas. Éstas suelen ser tomadas
con discrecionalidad en respuesta a la dinámica de intereses de quienes
detentan posiciones de poder. Mecanismos impersonales, institucionales, para el
manejo de la cosa pública son así reemplazados por mecanismos que dependen de
relaciones personales con quienes ocupan cargos en la estructura de mando.
El desmantelamiento del Estado de
Derecho, la falta de controles y la inexistencia del equilibrio de poderes
autónomos, tienen la función de permitir que verdaderas mafias compitan o se
coordinen entre sí -dependiendo de las circunstancias- para esquilmar cotos
particulares de la economía. Con ello se ha venido asentando una economía
de expoliación por parte de la oligarquía, al margen del
proceder institucional de la administración pública y de la ley. El problema
está en que ese modelo destruye capacidades productivas y empobrece
aceleradamente al venezolano. Es, en este sentido, un modelo suicida, la del
parásito que mata a su huésped pero que, en el ínterin, se atiborra. Algunos de
los mecanismos utilizados para parasitar a la nación se describen en el anexo.
El modelo no es transparente respecto al
manejo de recursos, ni los que toman decisiones rinden cuentas de ello. Su
elemento articulador es la corrupción. Para no experimentar contratiempos,
requiere de un poder judicial cómplice y de medios de comunicación sumisos, que
no den cabida a posturas críticas o a denuncias sobre corruptelas. Además,
presupone despojar a la Asamblea Nacional de sus poderes de investigación y de
control sobre el Ejecutivo.
La oligarquía, a través del gobierno de
Maduro, ha tenido bastante éxito, hasta ahora, en “coronar” tal estado de
cosas. Con ello ha podido conformar un Estado Patrimonial o Patrimonialista (el
concepto es de Max Weber), en el cual se disuelve la frontera entre el
patrimonio público y su patrimonio privado. Es decir, ha privatizado la
cosa pública, ¡pero en nombre del socialismo! Pero este modelo económico
excluyente genera rechazo, sobre todo en momentos de crisis como el actual. De
ahí el interés en construir una falsa realidad, color de rosa, a través del
control hegemónico de los medios de comunicación.
Pero, a pesar del abuso que se hace de
ellos con fines propagandísticos -a lo Goebbels-la mayoría de la población cree
cada vez menos en Maduro o en los demás personeros del régimen. Por ejemplo, el
gobierno pregona a los CLAPs como una “conquista del pueblo”, un “triunfo de la
revolución”. Pero en la encuesta Venebarómetro de febrero, solo 10,4% de los
consultados manifestó que deben mantenerse los CLAPs como mecanismo de
distribución de alimentos; 88,7% claman porque se abastezcan los mercados para
poderlos comprar libremente. Como la propaganda no da los resultados esperados,
se apela a la represión. Aparece el terrorismo de Estado, con tribunales
abyectos que criminalizan la protesta y la denuncia, y una policía política
(Sebin) que persigue a líderes opositores.
Sin apoyo militar no podría sostenerse
el régimen oligárquico. Su popularidad apenas roza el 20%, cuando mucho. Es
decir, a falta de apoyo político, su principal y casi único sostén es
castrense. De ahí la importancia de poner a militares en cargos en los que las
oportunidades para el enriquecimiento ilícito sean muy tentadoras con la
finalidad de hacerlos partícipes del régimen de expoliación implantado.
Custodian el tráfico de bienes tras fronteras y a través del territorio
nacional; acompañan al SUNDDE en la requisa de negocios de todo tipo;
monopolizan la importación y distribución de alimentos y medicinas con la Misión
Abastecimiento Soberano; poseen bancos, empresas fabriles, agropecuarias,
de transporte, televisión y de construcción; manejan la compra de armamentos; y
tienen presencia en la Directiva de PdVSA.
Ahora, disponen de una empresa, Camimpeg,
para intermediar en el otorgamiento de concesiones petroleras y mineras. En
fin, se les ha puesto al frente de casi todos los mecanismos descritos en el
anexo, exentos de ser interpelados por la Asamblea Nacional y fuera del
escrutinio de la prensa independiente. A pesar del discurso contra la
corrupción, la intención del gobierno no es evitar que los que tengan
responsabilidades sobre estos asuntos caigan en ella, sino al contrario,
hacerlos cómplices de la economía de expoliación para
comprometerlos con la defensa del Estado Patrimonial.
El modelo económico excluyente y
despótico de la oligarquía cívico-militar es incompatible con la democracia.
Restablecer las garantías del Estado de Derecho, acabar con el gasto
discrecional y sin control, unificar el tipo de cambio y levantar los controles
para liberar a las fuerzas productivas, liquidaría al modelo. De ahí la
ofensiva ideológica “socialista” para satanizar estas propuestas. Pero como no
logra convencer a las mayorías de las bondades de políticas “revolucionarias”
que las han condenado a la miseria, termina cumpliendo otros dos propósitos.
En primer lugar, fanatiza a la minoría
que sigue a Maduro para transformarla en una secta, impermeable a toda crítica
externa, unida como un solo hombre para el combate cuando él diga. Para ello,
han transformado al difunto eterno en una especie de deidad para hacer del
credo chavista una suerte de fe: sus proclamas son verdades reveladas que no se
discuten. Deben ser cumplidas.
El segundo propósito es aislar a los
depredadores del país de la dura increpación del mundo real que los rodea.
Repetir una y otra vez los mismos disparates termina tranquilizándoles la
conciencia; los somete a una especie de sopor fantasioso en el que las únicas
referencias sobre el deber ser son los clichés en que se ha transformado el
ideario “revolucionario”. Ello explica la inusitada crueldad en no rectificar
sus políticas, a pesar del hambre, la malnutrición y las muertes que han
engendrado.
Les rueda la suerte de los venezolanos
cuando, en su imaginario, la Historia los absolverá. En fin, la discutida banalidad
del mal de la que habló Hannah Arendt. Aislados en una burbuja de
fantasías complacientes, el discurso repetitivo que los retrata como campeones
del pueblo contra la opresión ejerce la función de bálsamo moral, condonando
sus maldades. ¡Hasta el punto de que algunos llegan a creérselo!
Ahora Maduro, declara la “guerra del
pan”, emulando a su verdadero padre político, Benito Mussolini, quien, en 1925,
declaró la “guerra del trigo” para hacer a la Italia fascista autosuficiente en
pan (y pasta). Porque, igual que Il Duce, la lucha política es, en
su imaginario, una guerra. De ahí el lenguaje de batallas, de unidades de
combate y la entrega del país al control militar.
De ahí la idiotez de seguir denunciando
una “guerra económica” contra la “revolución” (¡!). Insiste en los CLAPs y la
Tarjeta de la Patria, no como mecanismo idóneo de distribución de alimentos
-que no lo son-, sino como mecanismos para el control social. De ahí también
las campañas de odio a través del discurso maniqueo para alentar el conflicto
final, violento, que busca aplastar a la disidencia. Y para encubrirse, se la
pasa acusando a la oposición de fascista (¡!). Proyección sicológica, sin duda
alguna.
ANEXO
Mecanismos instituidos para expoliar la
riqueza social:
1. El
control de cambio. El monopolio y racionamiento de la oferta de divisas por
parte del Estado a precios ridículamente bajos, generan posibilidades de lucro
espectacular a través del arbitraje. La cotización del dólar paralelo ha estado
oscilando en niveles entre 28 y 44 veces la tasa oficial DIPRO. Quien tenga
acceso al dólar regalado puede multiplicar sus bolívares por esa magnitud en un
santiamén.
2. Los
controles de precio. Propician el desvío y reventa de bienes subsidiados a
precios varias veces superior, además de ofrecer oportunidades para la
extorsión y el decomiso.
3. El
monopolio de la importación y distribución de alimentos y medicinas. Ante
la ausencia de transparencia, de rendición de cuentas y anulado el control de
la representación popular a través de la Asamblea Nacional, la tentación de
desviar muchos de estos productos para comercializarlos directamente a precios
más altos, es inmensa.
4. Leyes
punitivas como la Ley de Tierras, de Precios
Justos y de Seguridad y Soberanía Alimentaria, que proveen
amplias oportunidades de extorsión y de confiscación por parte de los
encargados de administrarlas y/o hacerlas cumplir.
5. El
custodio de las fronteras. Ofrece oportunidades muy tentadoras para
contrabandear gasolina y productos subsidiados a países vecinos, asociándose
para ello con mafias o ejerciéndolo directamente.
6. La
provisión de servicios y/o derechos. Se trata de la vieja y perniciosa
práctica, no inventada por el chavismo, de cobrar por incluir a ciudadanos en
la pensión de vejez, en algunas misiones (vivienda, transporte), en el
otorgamiento de las cajas CLAPs y en el disfrute de otros derechos.
7. El
manejo de fondos públicos. La ausencia de transparencia y de rendición de
cuentas, y las complicidades a distintos niveles, permiten a funcionarios
inescrupulosos meter la mano a partidas presupuestarias, cajas de ahorro o a
los numerosos fondos, con casi total impunidad, siempre y cuando defiendan
agresivamente al gobierno de Maduro y la “revolución”.
8. El
lavado de dinero. Los malabarismos hechos con los dineros mal habidos para
poderlos disfrutar pueden leerse en el libro de Carlos Tablante y Marcos Tarre, El
Gran Saqueo.
9. El
tráfico de drogas. Son demasiadas las denuncias que señalan complicidades
al más alto nivel para el uso de instalaciones públicas y/o en el amparo y
protección del tráfico de estupefacientes a través del territorio nacional para
ser exportados a los países consumidores.
Solo se podrán acabar con estas lacras
con la restitución del Estado de Derecho, la existencia de poderes públicos
autónomos que controlen el gasto público -en primer lugar, la Asamblea
Nacional- y de un Poder Judicial independiente capaz de sancionar a quienes
incurran en estas prácticas, la presencia de medios independientes que
investiguen y denuncien estas corruptelas, y con la implantación de una
economía abierta, en competencia, sin los controles que promueven la
especulación y asfixian la actividad productiva.
Humberto García
Larralde
economista, profesor
de la UCV
No hay comentarios:
Publicar un comentario