¡ELECCIONES YA!
Humberto García Larralde
Quienes ocupan hoy las
posiciones de mando del régimen no quieren gobernar.
No rectifican sus
políticas económicas para abatir la inflación, unificar el tipo de cambio y
liberar a las fuerzas productivas de los numerosos controles que las asfixian,
para poder así abastecer al país de los bienes y servicios que requiere a
precios asequibles y generar el empleo productivo que demanda el desarrollo
nacional. No lo hacen a sabiendas de la inviabilidad de sus políticas y a pesar
de que economistas de reconocida trayectoria y seriedad han señalado
reiteradamente las medidas que, en un corto plazo, devolverían el poder de
compra a los venezolanos y permitirían abastecer los anaqueles con alimentos y
medicinas.
No rectifican las
decisiones tomadas por un tribunal supremo írrito que han desconocido las
potestades de la Asamblea Nacional para aprobar leyes, el Presupuesto Nacional,
fiscalizar al Ejecutivo y nombrar los titulares del propio tribunal y del CNE.
No lo hacen a pesar del señalamiento de calificados juristas, y de la condena
internacional, prácticamente unánime, de que con tales decisiones se ha
cometido un golpe de estado en contra de un poder electo.
No rectifican el uso
de la violencia para enfrentar la protesta popular que pide cambio, cívica y
pacíficamente, y arremeten en su contra con bombas lacrimógenas y otros medios
de represión, provocando la muerte de manifestantes. No lo hacen a pesar de la
prohibición expresa del artículo 68 de la Constitución de usar sustancias
tóxicas y armas de fuego en el control de manifestaciones pacíficas, y de la
conminación de organismos nacionales e internacionales a que sean respetados
los derechos civiles y políticos consagrados en los Capítulos III y IV, Título
Primero, de nuestra Carta Magna.
No rectifican
liberando los presos políticos. Al contrario, continúan criminalizando la protesta
y apresando a quienes en ellas participan, sometiendo a algunos a tortura para
que acusen a dirigentes democráticos de delitos inventados. No lo hacen a pesar
de haberse demostrado que las imputaciones contra estos presos son fabricadas;
que, en su contra, se ha violado flagrantemente el debido proceso; que el
artículo 46 de la Constitución proscribe la tortura; de las admoniciones de
organismos defensores de derechos humanos y de las salvaguardas contempladas en
la Constitución sobre estos derechos, así como en los acuerdos internacionales
firmados por Venezuela sobre la materia.
No rectifican
respetando el voto como instrumento supremo de la soberanía popular, sino que
secuestran las elecciones de gobernadores, anulan tramposamente el proceso para
convocar al referendo revocatorio del presidente y se niegan a publicar el
calendario de las elecciones municipales. No lo hacen a pesar del terminante
señalamiento de los Principios Fundamentales de la Carta Magna en sus artículos
5° y 6°, sobre el ejercicio de la soberanía popular y los fundamentos de la
democracia.
No rectifican
restableciendo el hilo constitucional referente a la división de poderes, el
respeto al Estado de derecho y la no militancia política de miembros de la
Fuerza Armada, y persisten en su atropello al orden jurídico. No lo hacen a
pesar de los incontrovertibles mandatos recogidos en los artículos 2, 7, 25,
333 y 350 sobre la vigencia suprema de la Constitución, y sobre la
responsabilidad que tienen los órganos del poder público y la ciudadanía por
asegurar su cumplimiento. En particular, violan los preceptos que limitan
claramente las actuaciones del Poder Ejecutivo, y los que establecen las
potestades del Poder Legislativo y la independencia del Poder Judicial.
En fin, los que hoy
ocupan el poder no rectifican a pesar de los imprescriptibles e irrebatibles
imperativos de los artículos 3 y 141 de la Constitución, que rezan,
respectivamente:
“El Estado tiene como
fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su
dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de
una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar
del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes
reconocidos y consagrados en esta Constitución”;
“La Administración
Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los
principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia,
transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la
función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.
Y no rectifican, no
por ignorancia e incapacidad -aunque de ésta última han hecho gran despliegue-,
sino que sencillamente se niegan a hacerlo. Consideran a Venezuela su botín
particular, por lo que no rinden cuentas de sus actuaciones y se sacuden todo
control ciudadano, violando elementos esenciales de un Estado Democrático y
Social de Derecho. En vez, han implantado un Estado Patrimonial, al margen de
la Constitución, que confunde el patrimonio público con el suyo particular,
configurando un régimen de expoliación de la riqueza social a través de
corruptelas e irregularidades de todo tipo fomentadas por los controles,
condenando a la población al hambre, la enfermedad y la muerte.
En resumen, el país se
enfrenta a una oligarquía cruel y despótica, que ha abdicado de su obligación a
gobernar por el bienestar de todos los venezolanos en aras de proseguir
intereses personales, echando por la borda el respeto por el orden
constitucional. Esta oligarquía ha demostrado de manera flagrante y reiterada
que no le importa el sufrimiento de los venezolanos ni sus derechos
inalienables.
En virtud de lo
anterior, y acatando lo dispuesto en el artículo 333 de nuestra Carta Magna que
reza:
“Esta Constitución no
perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere
derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
En tal eventualidad,
todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el
deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”,
corresponde a los
ciudadanos venezolanos hacer realidad el acuerdo de la Asamblea Nacional para que se efectúen
elecciones generales este año, incluyendo la que designa el Presidente de la
República, como única salida pacífica viable a la tragedia actual. La
movilización masiva y reiterada en reclamo de este objetivo, capaz de
conquistar condiciones de pulcritud que respeten fielmente el ejercicio de la
voluntad popular, habrá de devolvernos posibilidades reales de una vida digna y
esperanzadora. Ello pasa, necesariamente, por la designación, conforme a
derecho, de nuevos integrantes para el CNE y el TSJ, que el régimen insiste en
negar. Esto se hace aún más perentorio ante la payasada que acaba de anunciar
el tsj al ordenar al CNE fijar un nuevo calendario para la renovación de los
partidos, excusa burda que busca prorrogar la convocatoria a cualquier
elección.
Esta convocatoria
ofrece un vehículo decisivo para que se cumplan las cuatro demandas hechas al
régimen por las fuerzas democráticas: la liberación de los presos políticos; el
respeto a la autonomía de poderes, en particular, de la Asamblea Nacional; la
publicación del calendario electoral; y la apertura de canales de ayuda
humanitaria para atender los graves padecimientos sufridos por la población.
Es urgente abrirle al
país el cambio que merece. Corresponde a la Fuerza Armada respetar la voluntad
soberana del pueblo venezolano y abstenerse por interferir y, mucho menos,
prestarse para reprimir, esta Decisión Ciudadana.
Humberto García
Larralde
economista, profesor
de la UCV
28 abril 2017
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