Posteriormente, el equipo técnico nacional fue consolidado con la participación de las investigaciones de Genaro Mosquera Castellanos y Manuel Rodriguez Mena por una parte, con el respaldo único del FRENTE PATRIÓTICO, de ESDATA y sobre la manipulaciòn de encuestas de Baldomero Vàsquez Soto y Celina Ànez, hasta la publicación internacional acreditada de una serie de documentos sometidos al más estricto filtro académico para su comprobación, entre ellos los de los profesores: Mikkos-Febres Cordero-Perichi-Torres-Delfino-Salas-Prado y Sansó.
La consolidación del respaldo institucional para la denuncia del fraude electoral permanente y continuado y la imposibilidad comprobada de dirimir elección alguna mediante ese sistema, quedó sellada con la recomendación y denuncia al país, a todos los candidatos, desde los aspirantes presidenciales hasta los
aspirantes a miembros de las juntas parroquiales, respaldada o suscrita por más de una docena de ex presidentes, ex vicepresidentes, ex rectores y ex directores de los Consejos Supremo Electoral-CSE y Nacional Electoral-CNE.
Acto que tampoco recibió atención alguna por parte de los medios de comunicación social.
Debo también referir que, actuando en funciones de miembo del directorio desde el CNE en 2003, conjuntamente con Alfredo Avella recurrimos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA en Washington, donde los intereses del crimen organizado establecido en Venezuela están
muy bien representados y han impedido todo avance de esa gestión que fundamenta la violación de los derechos humanos de todos los venezolanos, mientras tramita casos individuales de marginal peso e impacto, en una estrategia de mercadeo para demostrar su atención a tales violaciones pero en realidad de distracción, con la que contribuyen diversas organizaciones no gubernamentales.
Adicionalmente, en gestiones personales he documentado a partir de 2008 detalladamente el caso ante el despacho del Premio Nobel de la Paz y
Presidente de Costa Rica Òscar Arias, en San José, sede de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con el objeto de denunciar los crímenes de lesa patria y de lesa humanidad de Hugo Chávez y de los demás criminales miembros de su régimen, así como también he actuado ante el despacho del Tribunal del Juez Baltazar Garzón en Madrid, e intento desde 2006 la admisión de un recurso sobre las mismas bases del que determinó la detención de Augusto Pinochet, ordenado por la Justicia española a las
autoridades policiales de Inglaterra. Esta opción se hace cada vez más plausible, si tomamos en consideración la primera orden de detención de presidente en ejercicio en el caso de Omar Al-Bashir de Sudán, por parte de la Corte Penal Internacional de La Haya.
Mientras tanto, a pesar de la evidencia en la similitud de los regímenes de Noriega en Panamá y de Chávez, en cuanto al ejercicio abierto del terrorismo de Estado nacional e internacional, la promoción de la industria del narcotráfico, la subversión regional y mundial promovidas por 11 años desde Venezuela con los recursos provenientes del pago de las facturas petroleras de los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Barack H. Obama y su administración actúan de manera contradictoria cuando fortalecen al crimen organizado transnacional que afecta los propios intereses norteamericanos,
reconociendo la legalidad y legitiimidad de un gobierno forajido, que no sólo actúa al margen del Estado de Derecho violando las libertades individuales y económicas, sino en general todos los valores que declaran defender.
El impacto del crimen organizado promovido por Noriega sobre la sociedad norteamericana que determinó la acción de los tribunales del Estado de La Florida, es otro juego de niños al compararse con un emporio desarrollado por Chávez, que adicionó a la promoción del narcotráfico la subversión continental y mundial, que incluye proyectos tales como la asociación con el programa nuclear iraní, la guerrilla colombiana, la intervención en los asuntos internos de diversas naciones con el financiamiento y acción directa en la política, el tráfico de armas, la legitimación de capitales hasta la subversión.
En el caso Noriega, también ilegítimo por el fraude electoral, la acción judicial creó la presión que justificó la decisión de la administración norteamericana de invadir Panamá para detenerlo, con el argumento de la acción de la legítima defensa del interés de Estado. ¿No son suficientes las evidencias de que la acciòn del crimen organizado transnacional financiado con recursos venezolanos provenientes de los EEUU, crea una contradicción insalvable para el Estado norteamericano y lo obliga a tomar una determinación dentro del Estado de Derecho internacional que preserve sus intereses y los de otras naciones afectadas en el continente, incluyendo a Venezuela?
Las evidencias están muy claras y explican muy bien la razón por la que hemos cumplido once (11) años de dominio del crimen organizado transnacional en Venezuela, con el que se han asociado organizaciones e individuos para conformar el disfraz institucional del ejercicio de la política; oposiciones complacientes es un calificativo equivocado, son en realidad cómplices
y socios del crimen organizado y conforman la verdadera fachada que encubre de legitimidad y legalidad ante los muchos incautos, quienes todavía creen que estàn en alguna forma siendo representados por esas oposiciones y otros, ignorantes de la existencia de un sistema electoral diseñado para el fraude permanente y continuado, fraude del que serían entonces las primeras responsables esas mismas oposiciones.
En Venezuela es un hecho que la vía del rescate del Estado de Derecho no pasa por el Sistema Electoral; las nuevas instituciones electorales nacionales, regionales, municipales, parroquiales y las vecindades electorales, sólo podrán organizarse cuando se disponga de una institución coordinadora verdadera y no de un centro de administración de los acuerdos del crimen organizado, me refiero al CNE; la autoridad del Poder Público electoral debe estar en las manos de la sociedad civil y su gestión debe ser íntegramente transparente.
La coincidencia entre los casos de Afghanistan actual y del Perú de Fujimori deben ser considerados para la estrategia de rescate del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia en Venezuela, en ambos casos se retiraron los candidatos únicos frente a esos regímenes totalitarios; en nuestro caso la acción equivalente es la unión de la nación en torno a la denuncia del sistema, de la renuncia a su uso y del rechazo y desprecio de cualquiera que se alquile o se venda para representar allí a las múltiples oposiciones.
Con el propósito de analizar el Caso Venezuela, insistimos en que es necesario que con el patrocinio de universidades nacionales e internacionales de prestigio y con invitados de relevancia internacional en la defensa del Estado de Derecho, desarrollemos un encuentro que incida tanto en la comunidad internacional como en la nacional cómplices del fraude electoral, como está comprobado, y adicionalmente, contribuya a despertar al colectivo nacional, para que reaccionemos y despreciemos también con acciones concurrentes el fraude electoral, para que concedamos la representación del liderazgo al equipo apropiado y conduzcamos la nación hacia la recuperación del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, y que por razones obvias no esta presente en los actores de estos 11 años, pero sí dentro la sociedad civil actual.
Las conclusiones técnicas de la reunión internacional propuesta no podrán sino ratificar los hechos así como las `políticas` equivocadas aplicadas, pero éstas pretenderán repetir una vez más la farsa y prolongar el retroceso y la caída libre del país en la prehistoria. Es ésta una oportunidad de avanzar con seriedad y firmeza hacia el objetivo declarado.
Todo este esfuerzo administrativo, judicial, académico y político cuyo objetivo es rescatar la condición fundamental para la vida en sociedad, el denominado Estado de Derecho, se traduce en lenguaje popular en la captura y enjuiciamiento de todos los responsables de la acción libre del crimen organizado, asociados y cómplices más allá del mundo político, amplio en las esferas financieras, empresariales, académicas, gremiales, sindicales y militares, que requerirá de la acción conjunta tanto del colectivo nacional como de la comunidad internacional.
Vergüenza de quienes insisten en promover el fraude electoral, equivalente a promover los crímenes de lesa patria y de lesa humanidad asociados a sus consecuencias sociales, económicas y políticas.
El rescate de la responsabilidad mancillada de los miembros de la Fuerza Armada Nacional y de los propietarios, administradores y periodistas de los medios de comunicaciòn social serán indispensables para el logro del objetivo común.
Venezuela tiene una historia que pretende ser modificada porque respalda la capacidad de sus recursos humanos para rescatar el rumbo perdido de la civilización occidental, y transformarse en una nación modelo de libertades y de respeto por los derechos del individuo, de promoción de los valores más elevados y para la reunificación de la nación.
Ese es un rumbo necesario para el 2010.
06 de enero del 2010.
