La institución universitaria es asediada por varios flancos a la vez, a la vista de todos, sin que el orden en que se mencionen estos ataques implique una valoración de su gravedad o importancia.
Primero, está el tema de la ingobernabilidad, en el que intervienen, desde dentro, grupos armados de estudiantes, elementos del Cuerpo de Vigilantes, sindicalistas, combinados con elementos externos, motorizados y delincuencia común, todos con el fin de que sean las mismas autoridades universitarias quienes se vean forzadas a pedir la intervención de la fuerza pública para restablecer el orden interno.
Pero como quiera que la comunidad universitaria no se dejará arrastrar por ese camino, entonces vienen las manifestaciones orquestadas desde afuera, pidiendo una nueva Ley de Universidades, el replanteamiento de la autonomía, una “constituyente universitaria”, lo que llaman “acceso irrestricto” a la universidad y sin más tapujos, plantean la necesidad de que la universidad se ponga al servicio de la construcción del socialismo.
Ninguno de estos puntos resiste el menor análisis crítico. Comenzando por el último, la institución universitaria no tiene porqué estar al servicio de ningún proyecto político particular, tanto menos si es un proyecto personalista. Eso es contrario a la idea misma de universidad, que supone apertura a todas las corrientes del pensamiento, consideración de todas las opciones y la creación de otras nuevas.
El acceso irrestricto a las aulas universitarias no sólo es imposible sino incluso indeseable desde cualquier punto de vista. En 60 años de comunismo en China y 50 en Cuba, no hay noticia de que en estos países haya acceso irrestricto a la educación universitaria, al contrario, son los países con la más abismal disparidad de proporción entre la población general y la población universitaria, siendo tan distintos, salvo el hecho de ser comunistas.
Pero lo más importante es que esta disparidad no es más significativa que la que pueda existir entre la población general y el número de escritores, poetas o artistas plásticos, con todo lo útiles y respetables que éstos nos puedan parecer; pero a nadie se le ocurre que todo el mundo tenga que ser saltimbanqui o volatinero. En estos casos se reconoce que se requieren cierta vocación, interés, ánimo, disposición propia y talento personal para dedicarse a lo que sea que uno se dedique, sin desmerecer a los demás y sin entrar en consideraciones acerca del mercado profesional.
Dicho con palabras más crudas: concentrar las opciones personales de una colectividad en el acceso a las universidades autónomas es una falacia y como ocurre con todas ellas, además de la percepción distorsionada de la realidad, conducen a evaluaciones erróneas y soluciones equivocadas.
La “constituyente universitaria” no puede interpretarse sino como un lapsus calami, porque las asambleas constituyentes sólo tienen como finalidad redactar una Constitución y la universidad no se rige por ningún instrumento jurídico semejante.
Lo que esta propuesta pone de relieve es la manera como el chavismo interpreta la expresión “constituyente”, esto es, como una suerte de caída y mesa limpia, para dejar fuera de juego a los poderes establecidos y concentrar todo el poder en una instancia extra legal, vale decir, no sometida a ley alguna. Idénticamente el mismo sentido que le atribuye el general Baduel a su llamado reiterado a “constituyente”, una forma de revocar el mandato de todos los poderes públicos ahora en funciones.
El instrumento que sí existe es la Ley de Universidades y éste es otro punto de ataque, no por último menos relevante, porque por aquí es que se está fraguando la intervención de las universidades autónomas, por la vía de “replantear” la autonomía universitaria, que no puede ser “contrarrevolucionaria”.
Por autonomía siempre se ha entendido “auto legislación”, la facultad de dictar las propias normas, pero es más: el derecho a no obedecer sino las reglas que uno mismo se ha dado, lo cual implica participar en la elaboración de la legislación que va a regularnos.
La autonomía se ha extendido y especificado para manifestarse como autonomía política, que es auto dirigirse, nombrar las propias autoridades; autonomía administrativa, que es obtener y distribuir los recursos según el propio criterio o definir el orden de prioridades sin interferencias extrañas; autonomía académica, que implica desde el diseño curricular y los planes de estudio hasta la libertad de cátedra; sin que estas excluyan otras formas de autonomía digamos “territorial” en el campus universitario que es el ámbito espacial de desenvolvimiento de todas las demás, incluyendo la seguridad de personas y bienes.
La autonomía no es sólo una garantía para el funcionamiento libre de la universidad y para el desarrollo de la enseñanza y la investigación, sino que es condición sine qua non para que pueda hablarse de universidad, no en balde se ha dicho que atiende a su esencia, al punto que sin autonomía habrá otra cosa pero no hay “universidad”.
De manera que la autonomía no es negociable ni está sujeta a discusión, como no pueden estarlo la libertad o los derechos humanos, que son conquistas universales no renunciables, por lo que atacarla es inaceptable y no es una posición respetable.
DIÁLOGO. Generalmente se mencionan por lo menos dos condiciones para que exista algo que merezca tal nombre: la veracidad y la sinceridad. Y esto es elemental, porque no se concibe ni siquiera una charla con un mentiroso contumaz, con alguien por definición indigno de confianza, con quienes tanto menos se puede llegar a acuerdos que se sabe de antemano que no se van a cumplir.
La sinceridad presupone adhesión a los principios que inspiran el diálogo, porque no tiene sentido exigir adhesión a unas propuestas que en realidad no se profesan. Este punto ha sido suficientemente reiterado por las autoridades de la UCV en relación al problema del voto, que se quiere exacerbar en las universidades autónomas, pero que no se practica en absoluto en las universidades oficiales, donde no se elige a nadie y el derecho al voto prácticamente no existe.
El voto ha sido desvirtuado por el régimen reinante en dos sentidos totalmente opuestos, por un lado, utilizándolo para fines que no le corresponden, sometiendo a elección cuestiones no elegibles y por el otro, esterilizándolo o haciéndolo inútil al punto de que en la propuesta del 2D se asentaba constitucionalmente que el “poder popular” no nace del sufragio “ni de elección alguna”.
En el caso de las universidades se trata de generar confusión mediante argumentos falaces y descarnadamente demagógicos, usando la primera fórmula, la exacerbación del voto. Así como los profesores eligen a sus representantes gremiales, los estudiantes a su vez los suyos, los empleados y obreros a sus sindicatos, sin que nadie pretenda derechos en las elecciones de los otros, la universidad, que es una comunidad compleja, elige a sus autoridades en el claustro, formado por una representación de profesores y estudiantes que ciertamente se ha venido complicando con el tiempo, pero animada siempre por el deseo de conciliar el mayor consenso con un equilibrio que no pierda de vista de que se trata de una comunidad académica.
La incompatibilidad real entre el principio de la mayoría con los mecanismos académicos que toman en cuenta otros criterios como el escalafón, antigüedad, dedicación, concursos y la jerarquía del conocimiento, que implican valores que no están sujetos a un escrutinio mayoritario, pone de relieve la falacia democrática con la que convivimos cotidianamente (de que la mayoría es todo) hasta que algún incauto tiene la osadía de ponerla a prueba.
Los mecanismos de cooptación no son originarios de la universidad, sino que provienen de la Iglesia y de las Fuerzas Armadas, que son el modelo de toda jerarquía burocrática. Y así como los que le enrostran a la universidad (pero sólo a las autónomas) una votación universal y sin distingo para elegir a sus autoridades tienen una magnífica oportunidad para exigirle lo mismo a las FFAA (y no lo hacen), por lo menos deberían practicar lo que predican y elegir ellos mismos a sus autoridades o a quien sea que los dirija.
Mientras tanto, las comunidades académicas pueden aprovechar la movida para explicitar sus valores sin ningún complejo y de paso pagar una deuda pendiente con la sociedad toda, algo que sí forma parte de sus competencias: delimitar otra vez, como un asunto de la mayor urgencia, para qué sirve y para qué definitivamente no sirve el voto.
Por ejemplo, así como el voto no sirve para resolver controversias en materia de conocimiento científico, ni para cuestiones de valores, de religión y conciencia moral, tampoco sirve para dejar sin efecto derechos humanos universalmente aceptados, como el derecho de propiedad, igualdad ante la ley y a ser juzgado por sus jueces naturales, cosas que parecieran estar en la mente no sólo de militares conspiradores sino también de algunos sacerdotes.
Hay que decirles que no basta con “preguntarle a la gente” si están de acuerdo o no con alguna medida para que ésta se convierta en válida como por arte de magia, sino que hay que pasearse muy bien por su contenido y sobre todo por sus consecuencias, porque no siempre “la mayoría” está en condiciones de apreciar estos aspectos de las cuestiones que se le someten a “opinión” y de hecho, no siempre saben lo que les conviene.
Hay que denunciar a las encuestadoras que constantemente someten a juicio de “opinión” cuestiones que son de “valor”, como si todo fuera igual y equivalente a preferir una marca de refresco o un candidato respecto de otro cualquiera.
Por ejemplo, no se puede someter a una encuesta si la gente está de acuerdo con que cierren a Globovisión, como lo hicieron con RCTV, porque nadie tiene derecho a violar los derechos de los demás, ni siquiera la mayoría; por este camino se va a encuestar si la gente está de acuerdo con el exterminio de los judíos o con la abolición de la propiedad privada de la tierra o de los medios de producción.
Como quiera que no existe posibilidad alguna de que el régimen vaya a renunciar a sus propósitos de imponer un sistema totalitario castrocomunista, no puede sino concluirse que las agresiones contra las universidades van a continuar (como contra todo el sistema educativo) para convertirlas en heraldos de la revolución, en fábricas del “hombre nuevo”.
Porque lo que estos militares conspiradores no pueden soportar son autoridades que no sean subordinados, esto es, agentes que reciban órdenes y tengan como el mayor motivo de orgullo la obediencia irrestricta, según aquella repugnante consigna: “¡Comandante en Jefe, ordene, ordene, ordene!”
Ciertamente la universidad tiene un compromiso con el país y con la sociedad a la que se debe, que es consustancial a su supervivencia y puede resumirse en muy pocas palabras: decir la verdad.
Claro que, como siempre ha sido, esto acarrea la amenaza de crucifixión, por lo que tendrá que elegir: si morir en la negación de su propia esencia o dar un ejemplo que quizás la lleve a vivir para siempre.
Luis Marín
24-06-09
No hay comentarios:
Publicar un comentario