En el “Informe sobre la promoción de la libertad y la democracia, 2007-VENEZUELA” de la Embajada de los Estados Unidos, conformado por cuatro (4) partes, se resume la “Parte 1” en los siguientes términos: “Venezuela es una democracia constitucional. En diciembre de 2007 el gobierno sometió a referendo un paquete de reformas constitucionales en el cual los electores rechazaron, por un escaso margen, los cambios propuestos en unas votaciones, catalogadas en general como libres y limpias. Se reportaron los siguientes problemas de derechos humanos: ajusticiamientos; desapariciones en las que se encuentran involucradas fuerzas de seguridad; torturas y otros abusos de detenidos; condiciones carcelarias graves, arresto y detenciones arbitrarias; corrupción, ineficiencia y politización del sistema judicial; registro de residencias privadas; intimidación y ataques oficiales a los medios de comunicación independientes; corrupción extendida en todos los niveles de gobierno; violencia contra mujeres; el tráfico de personas; y restricciones de derechos sindicales”.
He considerado necesario denunciar públicamente y ante la oficina del Presidente de los Estados Unidos, Señor Barack H. Obama, la escandalosa contradicción y la manipulación de la realidad venezolana, que ha sido transmitida oficialmente al gobierno y al Estado norteamericano por los responsables de sus oficinas diplomáticas en Caracas. Se habría ya hecho evidente que tal falseamiento de la realidad persiste en la nueva administración, a partir de las declaraciones del Señor Presidente Obama a CNN en Español el 17ABRIL2009, en ocasión de su participación en la Reunión de la Organización de Estados Americanos en la República de Trinidad y Tobago, que ha sido informado de forma errada, al extremo de calificarla de engaño, con relación a la crisis extrema que vive Venezuela.
En primer lugar, ha sido demostrado más allá de duda alguna por diversos informes nacionales y extranjeros, y a pesar de la intervención directa del ex Presidente de los Estados Unidos Señor James E. Carter, que en Venezuela desapareció el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia a partir de 2003, por lo tanto, desde esa fecha, no es admisible desde ningún punto de vista lógico ni ético, denominar nuestro régimen de gobierno “democracia constitucional”.
Una segunda afirmación escandalosa por falsa, un cínico disparate, es calificar las violaciones del Estado de Derecho en cuanto al fondo y a la forma del mecanismo para legitimar la farsa denominada “Referendo Consultivo” de diciembre de 2007, en realidad una manipulación escandalosa de la Constitución, por dos razones formales: primera, porque no es posible, por ser contradictorio con lo establecido en la propia Constitución vigente, someter a consulta popular un proyecto que la contradice abiertamente, y en segundo lugar, por el aspecto estrictamente de la forma de la consulta, porque no cumplía con ninguna de las características indispensables de un “Referéndum”; es decir, violentaba todas las más de cien (100) actividades que deben ser garantizadas para convocar una consulta electoral, cuando la violación de tan sólo una de las etapas, de forma aislada, invalidaría por completo la realización de tal consulta.
La materia electoral es la especialidad a la que me he dedicado a partir de 2000, como miembro del Directorio del CNE designado en el proceso Constituyente por la Comisión Legislativa Nacional, órgano legislativo de transición, removido de manera ilegal e ilegítima por el Tribunal Supremo de Justicia-TSJ el 23AGO2003, ante el que ha sido litigada tal circunstancia, por lo que me considero miembro legítimo del Poder Público Electoral en la condición particular de “exiliado nacional”.
Desde esta perspectiva puedo afirmar, asistido por el respaldo irrefutable de una extensa investigación nacional e internacional disponible, suscrita por profesionales e instituciones de altísimo prestigio académico y técnico también de los Estados Unidos, que la calificación que formula la Embajada en Caracas no se corresponde con la verdad, y está tan alejada de la evidencia disponible para el público que no es sostenible en ningún espacio.
Es necesario preguntarse: ¿Cómo es posible que funcionarios profesionales del servicio exterior norteamericano, adscritos tanto del Departamento de Estado como al Departamento de Defensa de los USA, puedan producir y suscribir informes absolutamente contrarios a la realidad? Esa es una denuncia que corresponde investigar al Estado norteamericano. La preocupación nuestra, es el gran impacto que tales informes han tenido en el reconocimiento y la definición de las políticas de los USA hacia el régimen terrorista, fascista, totalitario, militarista, promotor de la subversión regional y mundial, asociado al narcotráfico, a la legitimación de capitales y a los estados considerados forajidos por la comunidad internacional, que lidera en desprecio el Estado de Derecho y viola permanentemente los derechos humanos, que adicionalmente usurpa los poderes públicos en razón de su origen fraudulento.
Asumiendo la “inocencia” de los funcionarios de los departamentos de Estado y de Defensa de los USA designados en Caracas que prepararon tal informe, en relación con los escándalos políticos, electorales y de violación de los derechos humanos visibles para cualquier residente extranjero en Venezuela, es necesario que las autoridades norteamericanas se pregunten: ¿Cómo es posible, en qué racionalidad podría tener cabida, la contradicción entre la opinión que certifica el supuesto ejercicio democrático venezolano, ante la larga lista, por cierto muy incompleta, de las violaciones de los derechos humanos, de las que sólo podrían ser responsables las autoridades que, repetimos, usurpan todos los poderes públicos en Venezuela?
¿Cómo puede la oficina diplomática de los USA en Caracas, ante tal lista comprobada de violaciones al Estado de Derecho y los derechos humanos, calificar: “… unas votaciones, catalogadas en general como libres y limpias”.
¿Será posible que los asesores directos del Presidente Barack H. Obama preparen un informe que como mínimo se aproxime y refleje nuestra verdadera realidad, para que las autoridades norteamericanas detengan la política de colaboración con el régimen que usurpa todos los poderes públicos en Venezuela, y de esta manera disminuyan y se neutralicen los obstáculos creados y financiados por el régimen, para que se incrementen consistentemente los efectos de los esfuerzos de nuestra sociedad democrática para avanzar hacia el restablecimiento del Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia?
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