Más allá de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que exhibieron las organizaciones y candidatos que participamos en las elecciones del 26-S, es hora de hacer un análisis ponderado y crítico con base en los resultados obtenidos. En lo que concierne a mi candidatura por la lista del Movimiento Progresista (MOVPRO), expreso mi gratitud a los miles de electores trujillanos que gentilmente atendieron y, en muchos casos, discutieron y analizaron el mensaje contenido en mi Plan de Gestión Parlamentaria (PGP). Este análisis crítico lo fundamento con base en las observaciones siguientes:
1) En las elecciones del 26-S se puso en evidencia la inconstitucionalidad del actual sistema electoral de Venezuela, oportunamente denunciada por destacados analistas políticos y por dirigentes del Bloque Independiente, pero desestimada por la Mesa de la Unidad democrática (MUD). Para conocer detalles de la descomunal trampa-fraude orquestada por los poderes del estado sugiero a los lectores y lectoras que vean y escuchen la explicación expuesta en la siguiente página web http://esdata.info/Salamandra-1
2) Como parte de esta trampa-fraude quedó en evidencia la presunta manipulación de los resultados electorales obtenidos para algunos centros regionales de votación por parte del CNE, porque: ¿cómo se explica que a pesar de contar con “el mejor sistema electoral del mundo” se requirió de 8 horas para dar resultados parciales? En países como Costa Rica, Colombia y Chile, donde el conteo es manual, se dan resultados definitivos después de dos horas de finalizadas las elecciones. El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe explicar esta incongruencia.
3) Es evidente que el electorado venezolano está dividido en dos bloques: los abstencionistas y los votantes. Los primeros totalizan 5.945.000 de personas y los votantes 11.055.000. Según CNE el total de personas convocadas para el 26-S fue de 17.100.000, lo que representó un 34,8 % para los abstencionistas, mientras que los votantes fueron el 65,2 %. Por su parte, del total de votantes, aproximadamente 5.655.000 (51,2 %), apoyaron a la MUD y los restantes 5.400.000, es decir el 48,8 %, son del sector oficialista.
4) No obstante estas cifras, la mayoría del voto popular estará representada por 67 diputados y la minoría oficialista por 98 parlamentarios. He allí la prueba irrefutable de la estafa electoral diseñada y legitimada por el oficialismo que contradice el mandato constitucional establecido en el Artículo 186 de la Carta Magna. En consecuencia, una de las tareas principales del bloque opositor es lograr la derogatoria de la actual Ley Orgánica de los Procesos Electorales (LOPE) para corregir esta piratería del régimen “Chavezista”.
¿Qué debería hacer el polo oposicionista?
A) Construir un Frente Amplio Democrático (FAD) dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Esto permitiría crear las condiciones necesarias para el desarrollo del sentido de pertenencia en el seno de ese FAD, más allá de los factores políticos que lo conforman. Solo así podría ser visto por el pueblo como una alternativa valida.
B) Proponer una visión clara y precisa de la Venezuela deseable, definida con base en metas u objetivos de corto, mediano y largo plazo. Para ello sería útil retomar y actualizar algunas de las ideas propuestas por Gerver Torres en su libro Un sueño para Venezuela ¿Cómo hacerlo realidad? (2001), así como las planteadas por el MOVPRO en su PGP.
C) Hacer valer la cualidad de representantes de una mayoría popular alineada en el libre pensamiento, con un discurso amplio, pertinente y coherente, expresado por una vocería plural y diversa, capaz de tender puentes comunicacionales no solo con el sector oficialista sino con el de los abstencionistas, con el fin de promover en ellos el sentido de inclusión y pertenencia socio-política del FAD, erradicando todo signo de sectarismo, exclusión o rechazo hacia ellos.
D) Estructurar una estrategia comunicacional que permita mantener informado semanalmente a la totalidad del pueblo sobre la actividad parlamentaria del bloque opositor, ahondando sobre aspectos que sean de interés para las comunidades, en especial lo relativo a soluciones globales y específicas para resolver problemas de inseguridad social, ciudadana, desempleo, insalubridad pública, deterioro ambiental, así como la de impulsar políticas dirigidas a mejorar las condiciones de salud, educación, laboral, entretenimiento, ordenamiento del territorio, entre otros derechos humanos, políticos y civiles. La rendición de cuentas, durante cada periodo parlamentario, es fundamental.
Edgar Jaimes (*)
(*) Profesor Titular Jubilado del NURR-ULA, Trujillo.
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