LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Humberto García Larralde
En insólito atropello a la Constitución
y a las potestades de la Asamblea Nacional, el TSJ acaba de validar el Decreto
de Emergencia Económica que había rechazado, con razón, la representación
de la voluntad popular. El máximo
tribunal resucita así la patente de corso para que Maduro maneje los recursos
presupuestarios a su libre albedrío, requise haberes del sector privado,
instrumente un corralito e introduzca cualquier otra barbaridad que se le
ocurra, con gravísimas consecuencias para el bienestar de los venezolanos.
¿A qué obedece tamaño desafuero? La
retórica oficialista dirá que ello le permitirá profundizar la ofensiva contra
la “guerra económica” (¡!), es decir, continuar con las mismas disposiciones
que nos trajeron hasta aquí. Y no faltará la referencia a las contraposiciones
ideológicas en juego: la construcción del socialismo, estadio
superior de civilización, que no ha dado sus frutos por el asedio incesante de
la burguesía y el imperio en su contra, enfrentado al vil capitalismo, reino
del egoísmo, la explotación y el desdén por la solidaridad con los pobres.
Desbrozando esta madeja de idioteces
aparece, sin embargo, una explicación mucho más clara, que se adviene, además,
a la visión materialista de la historia, tan preciada por quienes se
autocalifican de marxistas. Es la constatación de poderosos intereses creados
en torno a las enormes fortunas amasadas al amparo de los controles,
regulaciones y el excesivo intervencionismo discrecional del Estado en los
asuntos económicos.
Se trata del arbitraje especulativo
entre un dólar a Bs. 6,30 y otro que vale 150 veces más, la reventa de
productos regulados por varias veces su precio y de la gasolina, en países
vecinos, 8000 veces más cara, las comisiones cobradas para ponerse en estos
manejos, retribuciones abultados al otorgar contratos y/o dólares
preferenciales a empresas de maletín “amigas”, la extorsión a comerciantes y
productores con la amenaza de aplicarles leyes punitivas de interpretación
discrecional, la aquiescencia con el tráfico de drogas, el lavado de dinero y
por otras irregularidades.
En fin, cuando las transacciones
económicas no obedecen a la interacción de demanda y oferta en mercados donde
reina la competencia sino que resultan del arbitrio administrativo de quien
controla el poder, en un contexto de nula transparencia ni rendición de
cuentas, las posibilidades de lucro ilícito se potencian, más en un país
petrolero que captaba hasta hace apenas año y medio enormes rentas en el
mercado internacional.
Se configura así un régimen de
expoliación, consistente en un arreglo orquestado desde un poder político
autocrático para el usufructo discrecional de la riqueza social, en atención a
la correlación de fuerzas fraguadas en torno a sí. En el pasado la estrategia
de “sembrar el petróleo” instrumentó medidas para aprovechar la renta en
función de objetivos de desarrollo que se vieron vulneradas por el otorgamiento
discrecional de privilegios.
Hoy, esta práctica se ha
institucionalizado en un Estado patrimonialista, en el que la
propiedad de lo público se administra como si fuera privada. Adicional a los
“negocios” antes citados, aparecen los privilegios de la camionetota
con guardaespaldas y chófer, los viajes pagados al extranjero para “shopping” o
para acompañar al presidente en sus giras, los dólares preferenciales, “gastos
de representación” y viáticos a la libre, las colitas en las avionetas del
Estado, el pasaporte diplomático sin ocupar cargo alguno de representación en
el extranjero y pare usted de contar.
El disfrute de la
riqueza social queda sujeta a transacciones de naturaleza política mediante las
cuales se trueca obsecuencia y lealtad a quienes detentan el poder, por el
derecho a participar en el usufructo de esa riqueza. En ello juega un papel
crucial la ideología y la “hegemonía comunicacional”, claves para “legitimar”
tal arreglo.
El Estado Patrimonialista se
entroniza al destruirse las instituciones del Estado de Derecho liberal. Se
beneficia, en particular, de la disolución de los derechos de propiedad,
alegando la construcción del “socialismo de siglo XXI”. Bajo la prédica de privilegiar lo
colectivo sobre lo individual, son privatizados los bienes públicos para su
usufructo excluyente y discrecional.
Los recursos de un Estado,
pretendidamente del “pueblo”, pasan a ser detentados por los “revolucionarios”,
pues ellos son, por antonomasia, el “pueblo”. Si Maduro declara que la patente
de corso del Estado de Emergencia Económica durará por todo el
año 2016 y el 2017, en abierto desafío a lo pautado en la Constitución y las
leyes que hablan de un período de 60 días, prorrogable con autorización de la
Asamblea Nacional, es porque, en fin, el país es de él, le pertenece.
El esquema de expoliación sirve a una
oligarquía que se estructura como un entresijo de mafias que cooperan o
compiten entre sí. La lealtad pasa a ser el atributo más importante para
congraciarse con quien controla las oportunidades de lucro en cada situación.
Pero es la cúpula que corona estos grupos la que articula el tinglado de
complicidades entre los distintos estamentos del poder para allanar el camino a
los “negocios”.
La designación tramposa de magistrados
hecha por la Asamblea Nacional anterior los comprometió con estos fines, por lo
que no pestañeó en validar el Decreto de Emergencia Económica para
amparar las medidas de intervención discrecional que han sido la base del poder
de estas mafias, no obstante el terrible daño que han ocasionado al país.
Está en juego la posibilidad de abrirle
a la población la posibilidad de recuperar su futuro y salir del marasmo que lo
agobia con una rectificación profunda del actual esquema de conducción de los
asuntos económicos o continuar empobreciéndola para favorecer a estas mafias.
Los economistas hemos venido insistiendo
en la imperiosa necesidad de sanear las cuentas fiscales, negociar
inteligentemente un generoso financiamiento externo, unificar el tipo de cambio
en torno a sus valores de equilibrio, apagar la “maquinita” del BCV que imprime
dinero sin respaldo, restablecer las seguridades jurídicas a la iniciativa
privada y desmantelar el sistema de controles, para derrotar la pavorosa
inflación y el desabastecimiento que está acabando con la vida de los
venezolanos. Pero el TSJ le da luz verde a Maduro para continuar haciendo
totalmente lo contrario y empobrecer aún más al país. Cada quien con su
conciencia.
Se trata de poner fin al régimen de
expoliación basado en los controles, las regulaciones y el usufructo
discrecional de la renta, lo que supone el fin del Estado patrimonialista. De
ahí la resistencia feroz, “como gata panza arriba” de las mafias ante todo
intento de hacer que se cumpla con la ley y se rectifique la conducción de la
economía. Insistir en el actual esquema representa un crimen contra el
bienestar de los venezolanos. Pero tampoco tiene viabilidad ni futuro alguno.
Ha perdido apoyo popular, la renta es apenas
una fracción de lo que era hace poco, la Fuerza Armada no se sacrificará para
sostener lo insostenible, y la anuencia cómplice de gobiernos “amigos” y de una
opinión pública internacional sensible a los mitos de la revolución
latinoamericana prácticamente se ha desvanecido. Pero obnubilados por el poder
casi irrestricto del que gozaban hasta poco, la oligarquía se niega a ceder. No
rectifica. Es demasiado lo que está en juego y muy costoso, en lo personal,
desprenderse de la impunidad que hoy le depara ese poder mal habido.
Paradójicamente, la habilitación del Decreto
de Emergencia les quita toda excusa para echarle la culpa a otros de
su fracaso. Deja desnudita la naturaleza expoliadora del “modelo socialista” y
su manifiesta incapacidad para satisfacer las necesidades del país. Hace mucho
más clara la necesidad de cambiar de gobierno.
Humberto García
Larralde
economista, profesor
de la UCV
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