Así se titula el informe elaborado por Human Rights Watch (HRW) presentado el jueves 18/09/2008 en Caracas por su Director para las Américas, Dr. José Miguel Vivanco, en el cual se explican los resultados de una investigación desarrollada por HRW durante varias visitas a Venezuela, entre diciembre de 2006 y julio de 2008, así como en información obtenida durante visitas previas, realizadas a partir del año 2002.
También HRW llevó a cabo extensas entrevistas con funcionarios del gobierno, autoridades judiciales, juristas, académicos, defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas en Venezuela, relacionado con la temática de los derechos humanos. La conclusión general del informe de HRW es que pone en evidencia la Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela.
No obstante, la reacción expresada ante dicho informe por parte del gobierno de Venezuela fue precisamente la intolerancia política, por demás desproporcionada, en contra del Dr. Vivanco al ser detenido, vejado y expulsado del país, violentando la Constitución y Leyes de Venezuela y todos los acuerdos firmados por nuestro país con organismos internacionales como la OEA, ONU, AI y la propia HRW, que son los entes encargados de promover los derechos humanos a nivel mundial. Nadie en Venezuela cree en la patraña de argumentos esgrimidos por los funcionarios chavistas, según los cuales la expulsión del Dr. Vivanco y su asesor fue a consecuencia de: “…haber cometido infracciones a la regulación migratoria y violado las leyes nacionales…”
El propósito de este artículo es el de presentar una síntesis del informe presentado por el Dr. Vivanco, que fue la verdadera razón de su expulsión de Venezuela. Dicho informe puede ser leído directamente en la página web de HRW (http://www.hrw.org) para que los lectores de la RIC, del Foro Profesoral y de Empleados de la ULA y del Diario de Los Andes, a través de los cuales se publica esta columna, puedan conocer el estado real de los derechos humanos en Venezuela y se formen un criterio a cerca de la intolerancia política y de otros desmanes que a diario comete el gobierno de Hugo Chávez.
Ciertamente, el próximo diciembre del 2008 se cumplirán 10 años desde la elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela. El Presidente Chávez fue elegido con el compromiso de reformar el profundamente desacreditado sistema político venezolano. Su primer logro importante, la sanción de una nueva Constitución en 1999, fue una oportunidad extraordinaria para que el país fortaleciera el estado de derecho y la protección de los derechos humanos. La Constitución de 1999 amplió significativamente la protección de los derechos humanos, por ejemplo, al otorgarle prevalencia a las obligaciones jurídicas internacionales en esta materia por sobre las leyes internas. También creó un nuevo Tribunal Supremo de Justicia e intentó dotarlo de la independencia institucional necesaria para actuar como el último garante de los derechos fundamentales.
Sin embargo, esta oportunidad histórica ha sido, en gran medida, desperdiciada. El revés más dramático se produjo en abril de 2002, cuando un golpe de estado destituyó temporalmente a Chávez de su cargo y lo reemplazó con un presidente de facto quien, en su primer acto de gobierno, disolvió las instituciones democráticas del país, suspendió la Asamblea Nacional y desarticuló al Tribunal Supremo. A las 40 horas el golpe había llegado a su fin, Chávez volvió a ocupar su cargo y se restableció el orden constitucional. No obstante, si bien esta desestabilización de la democracia venezolana duró menos de dos días, ha acechado a la política de ese país desde entonces al darle al gobierno un pretexto para adoptar un amplio espectro de medidas que han debilitado garantías fundamentales establecidas en la Constitución de 1999.
La discriminación política ha sido una característica definitoria de la presidencia de Chávez. En algunas oportunidades, el propio Chávez ha respaldado abiertamente actos de discriminación. En términos más generales, ha incentivado a sus subordinados a tomar medidas discriminatorias al tachar sistemáticamente a sus opositores de conspiradores antidemocráticos y golpistas, independientemente de que éstos tuvieran o no alguna relación con el golpe de 2002.
Otra característica definitoria de la presidencia de Chávez ha sido el desprecio manifiesto del principio de separación de poderes consagrado en la Constitución de 1999 y, en especial, de la idea que un poder judicial independiente es indispensable para proteger derechos fundamentales. Después del golpe de 2002, lo más perjudicial para el estado de derecho en Venezuela fue que en 2004 Chávez y sus aliados coparan el Tribunal Supremo con aliados del gobierno. Ante la ausencia de una fiscalización judicial creíble, el gobierno de Chávez ha aplicado políticas con frecuencia discriminatorias que han afectado el derecho a la libertad de expresión de los periodistas, el derecho a la libertad de asociación de los trabajadores y la capacidad de la sociedad civil de promover los derechos humanos en Venezuela.
En síntesis, a través de este informe HRW examina de manera pertinente y precisa el estado de la democracia venezolana actual desde una perspectiva de derechos humanos. No aborda todas las cuestiones urgentes de derechos humanos que enfrenta el país hoy en día, muchas de las cuales son anteriores a la presidencia de Chávez. Más bien, se concentra en el impacto que las políticas del gobierno de Chávez han tenido sobre instituciones que desempeñan un rol fundamental para asegurar el respeto de los derechos humanos: los tribunales, los medios de comunicación, los sindicatos y la sociedad civil.
Y usted, amigo lector, ¿qué opina? ¿Será cierto o falso lo que dice el informe de HRW? Mi opinión personal es que lo expresado por ese informe recoge lo que realmente es el régimen de Hugo Chávez, es decir: un sistema autocrático y neo-fascista que es exclusivamente dirigido por una “Cúpula Podrida” de corte Cívico-Militar.
Dr. Edgar Jaimes, Prof. Titular Jubilado del NURR-ULA
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