Como quiera que el presidente Chávez y otros voceros del gobierno han venido dando demasiadas explicaciones sobre las bondades de la citada ley, no queda sino hacer un modesto análisis como un simple ciudadano del alcance y motivos que se desprenden de la lectura del proyecto, así como de las declaraciones de los distintos voceros y contrastarlos con la realidad, para que sirvan de base al común del pueblo para ayudarlo a construir su propia idea del problema.
¿Qué se deduce de la lectura del proyecto de ley?
Del título podemos inferir que el objeto fundamental es el de “Reordenar el Mercado Interno”. Lo que nos hace presuponer, de acuerdo con el significado que le asigna la Real Academia de la Lengua Castellana a la palabra “reordenar”, cual es volver a ordenar una cosa, lo que nos hace pensar que el legislador, el presidente Chávez por su puesto, reconoce que después de una década al frente del gobierno revolucionario, “no se ha podido poner orden en el mercado interno de los hidrocarburos líquidos, lo cual es grave.
Pero en su Artículo 1º se indica que el objeto es “reservar al Estado” (que en la nomenclatura estatal, significa “claro y raspao”, la intervención o expropiación de la actividad comercial) por razones de conveniencia nacional, con el carácter de servicio público, las siguientes actividades y alcance:
Intermediación (entre PDVSA y los dueños o administradores de las bombas -E/S-), para el suministro al mercado venezolano de los combustibles líquidos (gasolinas, kerosen, varsol, diesel, gasoil, o fuel oil, jet A1, y otros).
Servicio que ejecutará el Estado en forma directa, a través de una empresa filial de PDVSA; y en un régimen monopólico de gestión. A tal fin, abanderará (en ausencia de una definición apropiada en el DRAE, impondrá el logo de la filial y suministrará sus hidrocarburos líquidos, grasas, aceites y ligas para freno) a todas y cada una de las 1.520 E/S del país, y construirá adicionalmente, un 25% más en todo el territorio nacional.
Las actividades de transporte terrestre, acuático y de cabotaje de combustibles líquidos.
Dejando claramente establecido que la presente ley solo aplicará al transporte terrestre; y que la titularidad del servicio no va a gestionarla, en su totalidad y de manera directa el Estado, sino que continuará permitiendo la existencia de unos cuantos autores privados minoritarios en la prestación de éste servicio público. Pero eso sí, aplicando la “reserva’ a aquellas empresas privadas, que a “criterio discrecional” del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo (MPPEP), desarrollan “concentraciones de mercado” (término etéreo, no definido en el presente proyecto, susceptible de ser interpretado de diversas maneras); los que tengan en “propiedad” u “operación” cinco (5) o más unidades de transporte terrestre, incluyendo el denominado “chuto” o camión tractor y la cisterna; así como también, suministren los combustibles líquidos a las empresas del Estado y a las empresas privadas del sector industrial, del sector de alimentos y otros productos o insumos de primera necesidad. En este particular se incluye, sin especificar el número de unidades de transporte terrestre, a los que surten de kerosén (varsol,versión purificada del mismo) a las lavanderías al seco (aun cuando no la utilicen como combustible), a las que suministren diesel, gasoil o fueloil, a las unidades de generación eléctrica de emergencia de hospitales y clínicas (como lo vivimos el 1º de septiembre, en vivo y directo todo el país encadenado, cuando un fallo en la distribución eléctrica nacional lo puso una vez más en jaque), para el secado de granos, y cocimiento de alimentos y otros.
Es oportuno significar que, en el Decreto con Rango de Ley Orgánica de Hidrocarburos (DCRLOH) vigente, en lo que respecta a la “Comercialización de los hidrocarburos”, prevé que el transporte, almacenamiento, suministro, distribución y expendio interno e los hidrocarburos, destinados directa e indirectamente al consumo colectivo, constituyen un servicio público. Y que el Ejecutivo, por órgano del MPPEP, fijará los precios de los productos derivados de los hidrocarburos …. señala que podrá fijar los precios de los combustibles mediante bandas o cualquier otro sistema que resulte adecuado a los fines revistos en el Decreto Ley, tomado en cuenta las inversiones y la rentabilidad de las mismas….y, adoptará medidas para garantizar el suministro, la eficiencia del servicio y evitar interrupciones.
No queda duda alguna que, el Ejecutivo tiene, y siempre ha tenido, el deber ineludible y la plena responsabilidad por la buena marcha de la comercialización, transporte y distribución de los hidrocarburos líquidos en el país.
¡Mas claro no canta un gallo!. Las actividades que se pretenden “reordenar”, siempre han sido de “servicio público”, y si ha existido alguna deficiencia en el servicio, abastecimiento, o perjuicio en cuanto a la justa distribución del margen entre los precios de los combustibles que PDVSA debe vender a los “intermediarios’ y los precios regulados por el MPPEM de venta al público, han sido del absoluto control y responsabilidad del Ejecutivo.
No vengan ahora con otro “cuento chino”. A pretender endilgar éstas responsabilidades y cargarle su culpa al sector privado, disparando “por mampuesto” contra las empresas trasnacionales de hidrocarburos, y arrastrar conjuntamente con ellos a los inversionistas privados nacionales.
Inversionistas representados por tres generaciones de dignos inmigrantes, que han apostado a Venezuela, su país de adopción y de nacimiento de sus hijos, para invertir todo el producto de su trabajo tesonero y honesto. Y ser hoy humillados con epitetos de traidores, capitalistas, burgueses, guarimberos, golpistas, escuálidos, pitiyanquis, y sometidos al escarnio público por el Presidente de la República, al acusarlos públicamente de ser “factor perturbador” en la marcha del Estado. Hecho grave, toda vez que la acusación proviene de quien debiera ostentar la más alta investidura de Presidente de Venezuela, pero que lastimosamente no hace distingos cuando se trata de ofender y dividir, cada vez más profundamente, al pueblo que lo llevó al poder.
En la Ley se deja a la discrecionalidad del MPPEP, la “calificación de bienes y servicios complementarios, de las actividades reservadas…”.Con lo cual se verán afectados los talleres y equipos propios utilizados para el mantenimiento, reparación y servicios, así como los repuestos de las unidades de transporte de los intermediarios; y los equipos de suministro de gasolina y diesel para los clientes finales, picos, mangueras, tanques, bombas sumergidas, repuestos y otros de las E/S/.
La Ley contempla en su Artículo 5º, la creación de una empresa estatal de transporte terrestre de hidrocarburos líquidos, filial de PDVSA, y se le transfiere todas las empresas y activos sujetas a la reserva establecida.
En otras palabras, se estatizan esas empresas y todas las unidades de transporte que sean de su propiedad, o que estén operando bajo su responsabilidad y administración. Así como también, otros activos que el MPPEM discrecionalmente considere. Procedimiento que refleja el comportamiento abusivo y chantajista que emplea el Ejecutivo, apegada a esa legalidad que ninguno de los poderes públicos jamás pondría en duda, y de ésta manera hacerse con toda una infraestructura operativa y eficiente para cubrir una responsabilidad legal que había venido desempeñando con poca o ninguna eficiencia o que considere debe hacer para cimentar su revolución. Tal y como la ha hecho con las estatizaciones de CANTV, ELECAR, SIDOR, BANCO VENEZUELA, y recientemente con las CEMENTERAS. ¡Y vienen más, prevenido y al bate!.
Se cumple así la máxima sarcástica, aviesamente expresada por el profesor Aristóbulo Istúriz ¡Vamos a pelá’ ese boche”, en un programa de televisión en el canal propiedad del PSUV, en ocasión del despojo a RCTV de sus canales y sistemas de trasmisión,.
La Ley establece que los activos adquiridos serán “valorados” en un proceso de negociación de 60 días; o “apropiados”, según sea la aceptación de las empresas afectadas, vencido éste plazo. Para la valoración del “justiprecio” se tomarán en cuenta las inversiones realizadas y su “valor en libros”. En ningún caso, se tomarán en cuenta ni el lucro cesante ni los daños indirectos. Pareciendo ignorar, aunque más bien pareciera que no se pasearon por ella, o si lo hicieron, no lo entendieron, que la DCRLOH vigente, establece en el párrafo final del Artículo 65º el derecho que tienen los propietarios de recibir el “Fondo de Comercio”(conjunto de elementos intangibles o inmateriales de la empresa que impliquen valor para ésta), Un elemento más a considerar en la indemnización que aplica cuando se revoca el derecho de operación otorgado, como es el caso cuando se expropia.
Para su cálculo se considera que el valor de la empresa en funcionamiento es el Valor de Rendimiento. Por otra parte, el Valor Sustancial es el valor de reposición actualizado de todos los bienes y derechos que componen la empresa menos las deudas que ésta tiene con terceros (pasivo exigible). Se trata entonces del valor de los capitales propios según los valores de reposición actualizados. Entonces el Fondo de Comercio se calcula mediante la diferencia entre el valor de rendimiento y el valor sustancial.
¡No se dejen engatuzar!.
¿Cuáles son las razones esgrimido por el Gobierno para aprobar la Ley?
Centraremos el análisis en algunas de las copiosas opiniones emitidas por diversos voceros del gobierno, por todos los medios de comunicación al alcance del PSUV, de explicar las “aparentes verdades y razones”, disculpen la calificación, para imponernos la ley en referencia.
Personajes diversos, pero todos dirigidos por el verbo incendiario del líder supremo del proceso revolucionario, y repitiendo cual corifeos, como son: el ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo, presidente de PDVSA, y Vicepresidente del PSUV, Ing, Rafael Ramírez, las diputadas y diputados de la espúrea Asamblea Nacional, Cilia Flores, presidenta, Ángel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, Mario Isea, jefe de la fracción del PSUV, Desireé Santos Amaral, diputada, Juan Carlos Dugarte diputado, Mario Silva, Vicepresidente del PSUV, candidato a gobernador por el estado Carabobo, y conductor del programa didáctico y cultural, “La Hojilla” del principal canal de televisión del PSUV.
He aquí las razones esgrimidas:
· “La Ley permitirá eliminar a los intermediarios capitalistas del combustible venezolano…….Pdvsa les vende a éstas empresas los combustibles para que luego éstas, sin hacer ninguna inversión, se los lleven a los expendedores a un precio más alto para obtener mayor ganancia, en detrimento del propietario de la estación de gasolina…..la Ley garantizará que a través de la venta directa por parte de PDVSA, los pequeños propietarios de las E/S obtengan mayores beneficios y ganancias al no existir el intermediario que aumenta el precio…..son un factor pertubador…..!se van! ”.
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Al respecto, el Ministro PPEP, aseveró que el dinero que se ganaban las empresas que distribuían el combustible por medio del transporte, será el que se usará para el arreglo de las E/S”, lo cual hace presuponer que muy poco mejorará la situación económica de los arrendatarios o dueños de las E/S, ya que no podrán compartir parte de la tajada del transporte, a menos que el gobierno tenga en la manga un probable aumento del precio de los combustibles, pero conociendo que el miedo afecta gravemente los esfínteres, ésta situación no pase de una mera especulación.
No es necesario identificar el personaje, el verbo encendido, los epitetos malintencionados, la intención de buscar culpables de los desaciertos de su gobierno revolucionario, abrir brechas que dividan aun más a los actores, en éste caso a los intermediarios, transportistas y dueños o concesionarios de las E/S, pretendiendo destruir una relación comercial de años de armónico funcionamiento, siguiendo la mala conseja de ¡Divide y Vencerás!.
· De igual manera, “la Ley permitirá disminuir (aquí fue prudente) el contrabando de extracción debido a que muchos de estos grandes intermediarios se les vende una gran cantidad de combustibles y éstos no rinden cuentas al Estado (ni el MPPEP se los exige como bien se lo señala el DCRLOH) ni a la empresa petrolera sobre el destino de los combustibles otorgados”.
·
Señor presidente, el contrabando de extracción existe entre países limítrofes, no solo de los combustibles líquidos, sino de fertilizantes y alimentos de primera necesidad, fundamentalmente porque persiste una diferencia de precios abismal en ambos países, atribuibles por una parte a las disponibilidades desiguales de recursos naturales, medidas restrictivas de precios sin razones sólidas para mantenerlos, problemas de distribución, complicidad de las autoridades encargadas de reprimirlo, necesidades sociales locales de los habitantes de ambos países, y la disponibilidad de dinero malhabido producto del narcotráfico que busca cualquier medida y oportunidad para lavar los ingentes ingresos del negocio.
Es que acaso sus sistemas de seguridad e inteligencia, y el atrevimiento de muchos periodistas y autoridades fronterizas de denunciarlos, y usted pretenda desconocerlo. No le compete a usted como Comandante en jefe del Ejecutivo y del Ejercito Nacional Bolivariano, designar a las máximas autoridades civiles y militares para vigilar esa ineludible responsabilidad del Ejecutivo que usted preside, para que se restringa al máximo el contrabando de extracción en todos los rubros.
Disculpe, pero…¡Cuéntenos ahora, una de vaqueros!.
· Ministro PPEP, “la Ley lo que busca es facultar al Estado venezolano para que éste pueda garantizar el suministro de la gasolina por ser un servicio pública”.
¡Este si es verdad que mató la perra!. Sus múltiples y polifacéticas actividades: Ministro y Presidente de PDVSA, y ahora de Vicepresidente del PSUV, ejercicio de los cargos compatibles por la gracia del Jefe Supremo (Decreto por medio) y en permanente campaña política por el PSUV. Amén, de encabezar la comparsa que siempre acompaña al Jefe Supremo para todo evento público y de periplos aéreos en el “chupa dólares”, no le han permitido tener tiempo para leer y enterarse, o de por lo menos atender a sus asesores para que le informen, que todo lo que pretenden imponer en ésta Ley, está contemplado y le ha sido delegado por su Jefe Supremo, a través de los dos principales cargos públicos que ostenta, de ministro y presidente de PDVSA, en el Decreto Presidencial con Rango de Ley Orgánica de Hidrocarburos(DCRLOH). ¡Acuérdese que la ignorancia de la ley no lo exime de sus responsabilidades!.
Otras perlas adicionales del mismo personaje:
“…la mala distribución y el deficiente servicio de algunos puntos en el país (pensamos se refería a los transportes manejados y las E/S atendidas por Deltaven), hicieron que el Ejecutivo llevara el proyecto al Poder Legislativo”. Ratificando con ello su ignorancia de la Ley hermana que lo faculta ampliamente…..
”…con esta nueva legislación la mayoría de las bombas estarán abiertas las 24 horas y con todos los servicios que necesitan los venezolanos”. Desconociendo que entre las verdaderas razones de no operar continuamente están el escaso margen económico de operación de las E/s, la inseguridad de operar especialmente de noche, cuando las autoridades de los órganos de seguridad del Estado, no están de servicio sino para cobrar matracas.
Lo de los baños confortables y limpios, le será gratamente reconocido hasta por su Jefe Supremo, que de vez en cuando y ahora con más frecuencia, está urgido de conseguir donde desalojar sus pensamientos y obras.
· Diputado del PSUV Angel Rodriguez, presidente de la Comisión de Energía y Minas de la AN, “la Ley viene a garantizar que los insumos lleguen a las estaciones de servicio”. Otro más que no conoce la DCRLOH, y funge de presidente de la Comisión de Energía y Minas (dos ministerios, como le recalcaba hoy en el programa Algo más del Canal “i”).
· ¡Crasa ignorancia!. Uno de estos días va a caer en cuenta que es diputado a la Asamblea Nacional, espúrea por cierto. ¡Duerme bajo el catre, para que no te vayas a caer de él!.
· Diputada del PSUV, Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional, “éste instrumento garantiza la seguridad jurídica y laboral para los trabajadores”. Releyendo el proyecto que tiene en su sitio web el poder sometido, que usted dignamente preside (que sarcástica quedo la frase), no vemos algún artículo que se refiriera a los derechos de los trabajadores de las empresas estatizadas y el destino de los mismos. Pero si puedo referirle la angustia del “bombero” que me preguntó con esa humildad con que recurre el pueblo a quién pueda darle alguna luz: ¿Señor, usted cree que yo pueda perder mi trabajo ahora que el gobierno va a nacionalizar ésta empresa?
Ante tal descuido, el ministro PPEP se apuró a declarar: “..así como también la Ley garantizará a los trabajadores mejores condiciones de trabajo…hizo mención del Artículo 2 de la Nueva Ley (tómese nota que el proyecto de ley que puso la AN en su hoja web no dice lo que el ministro pretende hacer creer) dice que todos los choferes, mecánicos y demás integrantes de los mayoristas distribuidores pasarán a formar parte de PDVSA e indicó que las empresas que trasladan el combustible a sitios alejados del país seguirán trabajando con la estatal,
Según un vocero de la Cámara Venezolana de Mayoristas de Hidrocarburos (CAVMIH), pasarán a formar parte de PDVSA unos dos mil trabajadores del sector. Humildemente nos preguntamos ¿Qué destino le aguarda al personal auxiliar de administración, vigilantes, y de servicio de esas empresas estatizadas?
Al parecer los primeros pasarán a formar parte del personal de la empresa estatal de transporte, bajo el paraguas del contrato petrolero, no así para los segundos.
Pero, atención. ¡No todo es tan lindo como lo pintan!. Después que pasen los filtros que garantizan el ingreso a la industria petrolera de solo aquel personal libre de máculas oligárquicas. De no ser escuálidos, ni golpistas, ni guarimbistas. Todo lo cual se puede evidenciar a través de la confrontación con las listas de los gloriosos héroes de la revolución socialista “Tascón” y “Maisanta”. De no aparecer en alguna manifestación contra el Jefe Supremo, en las filmotecas y fototecas en manos de los organismos de seguridad y represión del PSUV. Y aún más, tener evidencia cierta y manifiesta de ser “rojos rojitos”, y aceptar además ser adoctrinados y entrenados como milicianos, prestos a formar parte del glorioso ejército del PSUV y guardia pretoriana del Supreme Jefe, y a empuñar un arma y enfrentarse a su propia familia de exigírselo la revolución bajo el lema “Patria, Socialismo o Muerte, Venceremos”. Sin olvidar la militancia al PSUV con todas las obligaciones de participación y económicas que eso conlleva.
· Hay que tener presente lo expresado por Mario Silva, suerte de vocero nocturno del Presidente, en su programa cultural del Jueves 28 de agosto en el principal canal de televisión del PSUV, cuando dejó colar la especie…”algunos de éstos, los dueños, choferes y empleados de las empresas transportistas estuvieron involucrados en el sabotaje petrolero …..además, refiriéndose a las E/S abanderadas por las empresas privadas, …”venden también chucherías…¿Compran productos nacionales o tráen productos extranjeros?…Habría que averiguar por qué no compran productos nacionales…
· Diputada del PSUV, Desireé Santos Amaral, “ésta Ley garantiza la soberanía nacional sobre los combustibles y de allí la importancia de publicar e texto y repetir hasta el cansancio lo que éste dice, en vista de que existe una campaña de desinformación y de que hay tantos manipuladores”. Exponiendo sus verdaderos sentimientos gobelianos de repetir las mentiras y sostenerlas con vehemencia, como bien lo hace, en todo foro para pretender hacerlas pasar por verdades irrefutables.
¡Heil Hittler!.
Empresa estatal de transporte terrestre de hidrocarburos líquidos.
Nacerá la empresa estatal de transporte terrestre de hidrocarburos líquidos, bajo la égida de PDVSA, con un plantel de unos 2.000 trabajadores del sector entre choferes, mecánicos y personal administrativo. Quienes gozarán de la Convención Colectiva Petrolera y sus familiares de los beneficios sociales que le permite. Contará además con unas 1.600 gandolas y abarcará el 65% del mercado nacional, mientras el restante 35% estará en manos de pequeñas empresas y cooperativas. Ya recibieron el visto bueno y las alabanzas del sector oficial de los sindicatos. Vamos a ver si saldrán en defensa de aquellos trabajadores que no logren pasar los “filtros excluyentes”.
Una recomendación. Estaticen la totalidad del transporte terrestre de hidrocarburos líquidos. Incluyan ese 35% restante. ¿Por qué dejar a etos pequeños minoritarios, humildes venezolanos, en desventaja ante el poderoso Estado para que se extingan de muerte natural?.
El contrabando de extracción de combustibles líquidos.
Para entender la magnitud del contrabando de extracción por la frontera con Colombia (estados Táchira por Cúcuta, Zulia por las Goajiras, Apure por El Arauca); con Brasil (por el estado Bolívar); y con Aruba y Curazao en las costas venezolanas del estado Falcón, es conveniente conocer las cifras aportadas por PDVSA.
Para el año 2007 se estimó que de los 270.000 barriles diarios (bpd) que se producen de combustibles líquidos en las refinerías del país, 30.000 bpd salen de contrabando por las fronteras, equivalente al 12% de la refinación. Dicho volumen ocasiona una pérdida para el país de 1,5 millones de dólares (capitalistas) diarios.
Los datos suministrados por PDVSA registran que más de 15 cooperativas de la etnia Wayú comercializan mensualmente 11 millones de litros en el departamento de la Goajira.
No hay datos muy precisos del negocio con la frontera con el Norte de Santander y El Arauca. No obstante, de él se nutren los “pimpineros”, personas que se encargan de cargar pimpinas de 26 litros de combustible mediante los más diversos medios de tracción human y animal, y que con la inversión de 1,8 Bs. (precio de los 26 litros de gasolina a precio regulado), venden en las ciudades del otro lado de las fronteras al equivalente de 52 Bs., con una ganancia del 1.800%, lo que representa una forma de vida para mucha gente de la que se sustentan sus familias en Cúcuta, Maicao y El Arauca. Que dicho sea de paso, son los menos.
Quienes más se benefician de este ilegal proceso, son los narcoparamilitares colombianos que ven en el mismo una buena oportunidad de lavar los dólares provenientes del narcotráfico. Por último, se benefician también, las autoridades civiles y militares de ambos países que se han corrompido con los sobornos otorgados por los grandes capos. ¡Hay que ver el premio gordo que se saca quien lo designen, y quien lo designa, para el control en las fronteras!.
Pretendiendo desconocer ésta terrible realidad del contrabando y sus causas, los gobiernos de ambos países han establecido un Esquema de Exportación de Combustible, firmado dentro del Contrato Marco por las empresas estatales PDVSA ty ECOPETROL, y a partir del 21 de Agosto de 2008 Venezuela comenzó a entregar inicialmente unos 8 millones de litros por mes de hidrocarburos líquidos (70% de gasolina de 91 octanos, y 30% de gasoil 0,5 automotriz). Volumen que se incrementara hasta la cantidad de 19 millones de litros para el 2012 (fecha en la cual, Dios mediante, el sol le habrá tostado la espalda al Supremo y estaría haciendo maletas, si respeta el ordenamiento jurídico).
Los precios inicialmente convenidos son de 1,12 Bs la gasolina y 8,81 Bs el gasoil, CIF (Costo, Seguro y Flete) plantas de almacenamiento de TERPEL y FEDISPETROLEO (entidad que agrupa a los distribuidores minoritarios de Colombia), situadas en el Norte de Santander, a poca distancia de la línea fronteriza. De allí se distribuirán a 16 diferentes estaciones de servicio fronterizo.
Los precios serán revisados en los cinco primeros días de cada mes, y están sujetos a cambios con la evaluación que se haga.
El producto será cargados en las plantas de llenado de El Vigía en el estado Mérida, y Bajo Grande en el estado Zulia, y transportado mediante 11 gandolas propiedad de PDVSA y operada por la Cooperativa General Cipriano Castro, denominada así en honor a la profunda admiración que le profesa el Supremo a este dictador, y que algún “jaleti” les habrá sugerido a la cooperativa. Dicha cooperativa está integrada por 19 conductores venezolanos.
De los precios establecidos se creará un Fondo Social, a través de un fideicomiso creado y administrado por PDVSA, que se nutrirá del 12% de la factura de combustible, para ser aplicados en proyectos sociales que presenten los Consejos Comunales. Esperamos que dicho Fondo Social no tenga el mismo destino del Fondo de Ahorros y de Pensiones de los Jubilados de PDVSA que todavía permanece en el limbo y del que nada se sabe. ¿Que responda a esto el Director de Finanzas de PDVSA?.
No creemos Presidente, que fuesen culpables los intermediarios y transportistas de éste desaguisado del contrabando, como pretende hacer ver usted y sus corifeos. Búsquelos más bien entre sus colaboradores, especialmente los compañeros de fuerza. Ni creemos tampoco que el Esquema aplicado contribuya significativamente a disminuir el contrabando de extracción como usted pregona. Hay muchos interéses y personas dependiendo económicamente de éste. No le parezca extraño que a pesar de implementar ésta idea, el contrabando se incremente y el producto se comercialize allende la frontera.
¿Qué podemos sacar en claro de lo planteado?
En el vulgo existe la presunción que esta ley formaba parte del “paquetazo”, pero la prudencia y la conseja de su Sala Situacional, le debe haber “sugerido”, y éste aceptado el dejársela para que fuese su Asamblea Nacional quien la promulgara, para continuar con la provocación y tal vez cargar con un poco más de trabajo a esos abnegados e incansables súbditos.
En la discusión de éste proyecto que nos ocupa, está patente el hecho de estar repitiendo artículos incluidos en el DCRLOH.
El Ejecutivo no necesita producir una nueva Ley Orgánica para ejercer el “deber” que bien les establece el Decreto con Rango de Ley Orgánica de Hidrocarburos (DCRLOH), vigente, como acertadamente lo señalara el diputado Tascón, paria y tristemente célebre militante de su hueste. Devenido hoy en opositor acérrimo al proceso revolucionario. ¡No hay peor cuña que la del mismo palo!.
Obsérvese que todos los voceros argumentan que “la Ley garantizará, o la Ley permitirá”. Pero la realidad es que las leyes por sí mismas, no garantizan ni permiten nada. Lo que puede garantizar o permitir, es la correcta aplicación de las leyes. Lamentablemente, con éstos poderes públicos sojuzgados y el poder omnímodo que usted ejerce sobre ellos, difícilmente permitirá una sana aplicación de las leyes, por muy buenas que estas sean.
Es triste escuchar estas expresiones de boca de la gran mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional. Reflejo del desconocimiento de la responsabilidad que tienen en la elaboración de las leyes. Con razón han decidido dejarle a usted esa responsabilidad de legislar. No en vano usted ha demostrado ser más eficiente o tener mejor asesoramiento legal y leguleyo para ello.
Una vez más el gobierno recurre al engaño para tratar de justificar la negligencia, incapacidad, para cumplir con las responsabilidades que le corresponden. Adicionalmente prosigue con su permanente molestar e irritar al pueblo con sus ocurrencias y atrevimientos. Deja el llano prendido y se marcha a otros lares a continuar su labor de comprar alianzas, chequera petrolera en mano, a firmar convenios y memorandos de entendimiento, sobre proyectos concebidos al calor de una reunión o un monólogo como los que nos tiene acostumbrado. Sin mostrar obra conclusa después de una década de promesas, salvo puentes que conducen a “no-where”. Quizás de allá nos traiga un teleférico que atraviese todo el llano paralelo al Eje del Orinoco.
¡Patria, Combustible y Suerte, Joderemos!
¿Jaguar y su Fidel?.
EDUARDO CARDOZO
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